DENUNCIA DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Mendoza, REPÚBLICA ARGENTINA, 5 de octubre de 2026

A la rectora, la vicerrectora, la secretaria académica,
las consejeras y los consejeros superiores
de la Universidad Nacional de Cuyo de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de la NACIÓN ARGENTINA
S / D

En ejercicio de nuestros derechos humanos fundamentales respecto de la enseñanza pública estatal, en esta presentación denunciamos ante la rectora, la vicerrectora, la secretaria académica, las consejeras y los consejeros superiores violaciones del bien común y del derecho humano a la educación cometidas por esta universidad pública estatal nacional.
En particular, mediante la ordenanza núm. 3/2026–CD la unidad académica pretende la caducidad el 31 de marzo de 2027 del plan de estudios del título de «abogada» o «abogado» reconocido por la RESOLUCIÓN NÚM. 3070/1984 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA
DE LA NACIÓN ARGENTINA, en adelante «Plan A».
Hay personas que se encontraron en la necesidad de superar un infierno, constituido por sus circunstancias, laborales, geográficas, familiares, de salud, etcétera, para lograr cursar el último año de su plan de estudios de origen y aprobar cada asignatura que aprobaron y no están en condiciones de volver a cursar nuevas asignaturas. Muchas de las personas alumnas del primer plan de estudios si son sometidas a la aplicación retroactiva del «plan B» nunca podrán graduarse. Aunque lograran graduarse, la aplicación retroactiva del «plan B» igualmente violaría sus derechos humanos.
Por las razones expuestas en el proyecto de ordenanza que figura más abajo, la universidad tiene el deber jurídico de cumplimiento judicialmente exigible de hacer cesar las violaciones del bien común y de los derechos humanos cometidas por esta universidad.
Las pretendidas normas de caducidad, por las razones expuestas en el proyecto de ordenanza, no son «válidas» en los términos de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA.
En garantía del bien común y de los derechos humanos la universidad tiene el deber jurídico de reafirmar la no «vigencia» de una norma «inválida».
Solicitamos a ustedes, con motivo de la presente denuncia, en cumplimiento de este deber jurídico, en particular, la aprobación de la ordenanza de no ratificación de esta pretendida norma de caducidad.
En su caso, la mora jurídica en elevar las actuaciones por parte de la unidad académica no dispensa a la rectora ni al Consejo Superior de este deber jurídico de administración de la universidad en garantía del bien común y de los derechos humanos.
El proyecto de ordenanza se ubica a continuación y contiene en sus consideraciones los fundamentos de la «invalidez» de esta pretendida norma de caducidad, todavía «no vigente».

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

El expediente núm. […]/2026, mediante el cual la rectora, en garantía de los derechos humanos y el bien común, eleva la propuesta de no ratificación de las normas que pretenden la caducidad, el 31 de marzo de 2027, del plan de estudios del título de «abogada» o «abogado»

reconocido por la RESOLUCIÓN NÚM. 3070/1984 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.

y, CONSIDERANDO:

I. EL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRETENDIDA CADUCIDAD

1. Que mediante la ordenanza núm. 3/2026–CD la Facultad de Derecho pretende la caducidad el 31 de marzo de 2027 del primer plan de estudios del título de «abogada» o
«abogado», reconocido por la RESOLUCIÓN NÚM. 3070/1984 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, en adelante «Plan A».
La unidad académica pretendía inicialmente, mediante la ordenanza núm. 4/2016–CD, que esta caducidad se produjera el 31 de marzo de 2023 y esta norma de caducidad fue ratificada por la ordenanza núm. 5/2017–CS, de ratificación del segundo plan de estudios, en adelante «Plan B».
La pretendida norma de caducidad de la ordenanza núm. 3/2026–CD, que pospuso la fecha de caducidad, el «plazo de gracia», para el 31 de marzo de 2027, no está «vigente», por no haber sido ratificada por el Consejo Superior de acuerdo con lo establecido por el inciso 14 del artículo 20 del estatuto universitario, aprobado por la RESOLUCIÓN NÚM. 356/2020 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA.

2. Que el primer plan de estudios, o «Plan A», del título de «abogada» o «abogado» fue aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo mediante la ordenanza núm. 69/1984–CSP.
Este título fue reconocido por la RESOLUCIÓN NÚM. 3070/1984 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, considerando que los «organismos técnicos del Ministerio de Educación y Justicia han dictaminado favorablemente».
El «Plan A» fue reformado y actualizado sucesivamente por las ordenanzas núms. 23/1990–CS, 45/1998–CS, 29/2003–CS, 112/2005–CS y 8/2020–CD y la resolución núm.
9/2019–CD.
La ordenanza núm. 23/90–C.S., de reforma del «Plan A», textualmente reafirma que:
«e. Con el objeto de relacionar al derecho con el contexto social, se ponderarán los trabajos prácticos en todas las asignaturas, evitando la separación entre la actividad teórica y la práctica.
f. La práctica profesional deberá ser abordada con una metodología participativa, personalizada y con un seguimiento que permita una real evaluación de los aprendizajes.»

3. El segundo, y último por el momento, plan de estudios del título de «abogada» o
«abogado», o «Plan B», fue aprobado por las ordenanzas núms. 4/2016–CD y 5/2017–CS y sucesivamente modificado por las ordenanzas núms. 2/2022–CD, 4/2025–CD y 3/2026–CD y las resoluciones núms. 36/2021–CS, 9/2019–CD y 16/2021–CD.
El segundo plan de estudios, o «plan B», impone a las personas alumnas del «plan A», para obtener el título de «abogada» o «abogado», la carga adicional «retroactiva» «in peius» (de
«lex gravior», más gravosa) del cursado y la aprobación de, como mínimo, las siguientes siete asignaturas o «espacios curriculares» obligatorios del «plan B», asignaturas que no pertenecen al «Plan A».
EN EL SEGUNDO AÑO DE CURSADO DEL PLAN B
(1) Inglés III (cuyo cursado requiere la regularidad de Inglés II) EN EL TERCER AÑO DE CURSADO DEL PLAN B

(2) Mediación I
EN EL TERCERO O CUARTO AÑO DE CURSADO DEL PLAN B
(3) Optativa I
EN EL CUARTO AÑO DE CURSADO DEL PLAN B
(4) Mediación II (cuyo cursado requiere la regularidad de Mediación I)
(5) Metodología de la Investigación I
EN EL QUINTO AÑO DE CURSADO DEL PLAN B
(6) Mediación III (cuyo cursado requiere la regularidad de Mediación II)
(7) Metodología de la Investigación II (cuyo cursado requiere la regularidad de Metodología de la Investigación I).
En el peor de los casos una persona alumna del «Plan A» puede ser sometida a la carga retroactiva de veinte asignaturas adicionales «Plan B», no solamente siete asignaturas adicionales, porque el número de asignaturas retroactivas «in peius» (de «lex gravior», norma más gravosa) depende de las equivalencias que cada persona puede acreditar.

4. Que hay personas que se encontraron en la necesidad de superar un infierno, constituido por sus circunstancias, laborales, geográficas, familiares, de salud, etcétera, para lograr cursar el último año de su plan de estudios de origen y aprobar cada asignatura que aprobaron y no están en condiciones de volver a cursar nuevas asignaturas.
Muchas de las personas alumnas del primer plan de estudios si son sometidas a la aplicación retroactiva del «plan B» nunca podrán graduarse. Aunque lograran graduarse, la aplicación retroactiva del «plan B» igualmente violaría sus derechos humanos.

II. EL PRINCIPIO DE INHERENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

5. Que, en particular, el artículo 13 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES («PIDESC»), con jerarquía constitucional, que debe ser interpretado mediante el principio «pro persona», reconoce que «La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita».
En particular, el artículo 24 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD («CDPD», «CONVENCIÓN DE NUEVA YORK»), con jerarquía
constitucional (LEY NÚM. 27.044 de la NACIÓN ARGENTINA), que debe ser interpretado mediante el principio «pro persona», reafirma en los siguientes términos el derecho humano de las personas con discapacidad a la educación superior.
«Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior […] sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. […]»

6. Que el «plazo de gracia» en caso de sustitución de planes de estudios reconoce de alguna manera, de manera muy parcial, pero reconoce al fin de cuentas, una implicación o
«medio apropiado» (artículo 13 del «PIDESC») del derecho humano a la educación, y esta implicación o «medio apropiado» del derecho humano a la educación es la estabilidad de la estructura fundamental de avance hacia la graduación del plan de estudios.

7. Que el derecho humano a la vida no es solamente de las personas más rápidas ni tiene plazo de caducidad o «plazo de gracia».

El derecho humano a la educación y sus implicaciones o «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC»), como la gratuidad incondicional, la equidad, esa razonable estabilidad de los planes de estudios, etcétera, tampoco son solamente de las personas más rápidas y tampoco tienen plazo de caducidad o «plazo de gracia».
El «plazo de gracia» no da una indulgencia, sino que pretende restringir un derecho humano, el derecho humano a la estabilidad de la estructura fundamental de avance hacia la graduación del plan de estudios.

8. Que este derecho humano, o esta implicación del derecho humano a la educación, naturalmente, por sentido común, ha sido reconocido judicialmente por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, en «Fallos: 322:270», presentado en detalle más abajo, y es una implicación del derecho humano a la educación también reconocida, como se detalla más abajo, por los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos, por la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA y por la legislación del CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

9. Que el «plazo de gracia», en primer lugar, por pretender restringir un derecho humano a las personas que no son tan rápidas o tan fuertes como para aprovechar el «plazo de gracia», y, además, por el presente conjunto de consideraciones jurídicas, es inconstitucional, es decir, ilícito, porque los derechos humanos son la «ley del más débil» y no la «ley del más fuerte».
Luigi Ferrajoli, doctor «honoris causa» de esta universidad entre otras, explica los derechos humanos, reconocidos como derechos fundamentales constitucionales, como «la ley del más débil», en oposición a la ideología más típicamente enemiga de los derechos humanos, la ideología nazi, la ideología de «la ley del más fuerte».
Luigi Ferrajoli lo expresa con las siguientes palabras en su libro «Derechos y garantías; la ley del más débil».
«Los derechos fundamentales se afirman siempre como leyes del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regía y regiría en su ausencia.»
(FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías; la ley del más débil. Madrid –REINO DE ESPAÑA–, Trotta, 2004. Página 54.)
El derecho humano a la enseñanza pública y sus implicaciones o «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC») son de todos los seres humanos, incluso y especialmente de los más débiles, y no solamente de los más rápidos o más fuertes.

10. Que la OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 4 (año 2016) sobre «EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA» del COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD de las NACIONES UNIDAS, creado en virtud de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD («CDPD», «CONVENCIÓN DE NUEVA
YORK»), con jerarquía constitucional (LEY NÚM. 27.044 de la NACIÓN ARGENTINA), realiza en los siguientes términos referencias históricas y filosóficas, porque en materia de interpretación y aplicación de los derechos humanos la Filosofía y la Historiografía son consideraciones fundamentales:
«Históricamente se ha considerado a las personas con discapacidad como beneficiarias de ayudas sociales, pero ahora el derecho internacional las reconoce como titulares de derechos y pueden reclamar su derecho a la educación sin discriminación […].»
El matemático y científico John Forbes Nash vivió durante años con una esquizofrenia no diagnosticada, y ni siquiera sospechada, que se manifestó fundamentalmente después de su graduación, según se ilustra en la película «A Beautiful Mind», «Una mente brillante», ganadora de cuatro premios Óscar.

Con esta condición de vida, John Nash ganó el Premio de Economía del Banco de Suecia en Honor a Nobel de 1994 (conocido como «premio Nobel de Economía»).
En el caso «Buck contra Bell», de 1927, la CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA declaró constitucional la ley médica eugenista del ESTADO DE VIRGINIA que establecía la esterilización forzosa. El juez Oliver Wendell Holmes Jr., en los considerandos de la sentencia, afirmando que Carrie Buck, su madre y su hija podrían tener discapacidad intelectual, declaró que «Tres generaciones de imbéciles son suficientes» («Three generations of imbeciles are enough»). La prensa celebró las «progresistas» ideas expresadas por el juez Holmes respecto de las supuestas actualizaciones de la «ciencia médica» de las universidades de «excelencia académica» y a continuación Carrie Buck, con 21 años de edad, fue víctima de la cirugía eugenista de esterilización forzosa.
Así define «eugenesia» el «DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA» de la REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA:
«Del fr. eugénésie, y este del gr. εὖ eû “bien” y –génésie “–génesis”. 1. f. Med. Estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana.»
En los Juicios de Núremberg los nazis alemanes invocaban en su defensa casos como el de «Buck contra Bell», motivados en la supuesta «ciencia médica» de las universidades de
«excelencia académica», además de invocar la siniestramente famosa «obediencia debida».
Los nazis alemanes, en el marco de su ideología de «la ley del más fuerte», exigieron acreditaciones para tener el derecho a la vida y así asesinaron, como parte del genocidio, estimativamente, posiblemente a un cuarto de millón de personas con discapacidades.
Para los nazis alemanes se trataba de «Lebensunwertes Leben» («vida que no merece ser vivida»).
El siniestramente famoso médico nazi Mengele murió impune en 1979. El ESTADO DE VIRGINIA abrogó la supuestamente «científica» ley médica eugenista, insumo nazi, en 1974.
Las supuestas «actualizaciones e innovaciones» de la «ciencia médica» de las universidades de «excelencia académica» fueron el insumo de esta ley médica eugenista.
Si esta condición de John Nash se hubiera manifestado en mayor medida antes de su graduación, posiblemente las inconstitucionales («Fallos: 322:270») normas, explícitas o implícitas, de castigo del así denominado «rendimiento académico negativo» (sic) u otros
«plazos de gracia» («ley del más fuerte» y no «ley del más débil»), con o sin las así denominadas
«licencias estudiantiles» (sic), habrían dejado a John Nash fuera de la universidad, privado de su graduación, con motivo de estas condiciones durante años no diagnosticadas, y ni siquiera sospechadas, y habrían privado al mundo de un extraordinario científico.
En particular, las normas de castigo del así denominado «rendimiento académico negativo» (sic) violan el derecho humano a la educación, en especial la «accesibilidad», el
«diseño universal» y la «aceptabilidad», e incluso violan los «derechos adquiridos» sobre las
asignaturas aprobadas («Fallos: 322:270»).
«Fallos: 322:270» es la sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA en la causa «Padres de alumnos de colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo – interpone recurso artículo 32 ley 24.521», Ciudad de Buenos Aires, 9 de marzo de 1999, tomo 322, volumen 1, año 1999, febrero–mayo, páginas 270 a 290.
La administración pública universitaria no debe atreverse a burlarse de los años de lucha de una persona humana que interrumpió sus estudios universitarios con motivo, por ejemplo, de una discapacidad, como si la administración pública universitaria pudiera válidamente juzgar una intimidad o una privacidad protegidas por los artículos 18, 19 y 43 y el inciso 22 del artículo 75 de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Privar de su vida a una persona con el motivo encubierto de su discapacidad es más grave que privarla de sus «derechos adquiridos» a sus asignaturas aprobadas («Fallos: 322:270»), mediante el castigo del así denominado «rendimiento académico negativo» (sic) u otros
«plazos de gracia» («ley del más fuerte» y no «ley del más débil») con motivo, indirectamente, de su discapacidad. Pero que la violación del derecho humano a la vida sea más grave que la violación del derecho humano a la universidad no significa que la violación del derecho humano a la enseñanza pública no sea grave.
El 12 de diciembre de 2006, por especial impulso de Gilberto Rincón Gallardo y Meltis (Ciudad de México –ESTADOS UNIDOS MEXICANOS–, 1939 – Ciudad de México, 2008), se aprobó la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(«CDPD», «CONVENCIÓN DE NUEVA YORK»), con jerarquía constitucional (LEY NÚM. 27.044
de la NACIÓN ARGENTINA).
La OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 6 (año 2018) sobre «la igualdad y la no discriminación» del COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD de las NACIONES UNIDAS, creado en virtud de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD declaró que
«2. Al Comité le preocupa el hecho de que las leyes y políticas de los Estados partes sigan considerando la discapacidad desde la perspectiva del modelo médico o de beneficencia, a pesar de que esos modelos son incompatibles con la Convención. El uso persistente de esos paradigmas impide reconocer a las personas con discapacidad como plenos sujetos de derecho y titulares de derechos.»
La asociación civil «Yo también» explica el fundamento de Filosofía Política de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD («CDPD»,
«CONVENCIÓN DE NUEVA YORK») con las siguientes palabras.
«En 2006 empezó una transformación: la discapacidad se considera una condición de

vida.

Este cambio de enfoque no es menor porque, a partir de esta nueva concepción, no se

trata de corregir o curar a una persona, sino de corregir al entorno, a las barreras (físicas y de pensamiento) que hay con respecto a la discapacidad.
Es hacer el mundo más amplio, con más apoyos, sin exclusión y sin idea de gueto social. Las personas con discapacidad no están aisladas y en “tratamiento”. Por el contrario, deben ser integradas a la sociedad, y es una responsabilidad de todos sumarlas, no
etiquetarlas.
La discapacidad es ahora un tema social, basado en derechos humanos.
De la idea de que el mundo se adecue a la discapacidad nació la Convención Internacional de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad. Esta convención de la ONU fue firmada por prácticamente todos los países del mundo, incluido México.»
[ASOCIACIÓN CIVIL «YO TAMBIÉN». ¿Cómo se dice?; El primer diccionario para reportear,
escribir y contar historias sobre discapacidad; De la A a la Z; Una guía sobre todo lo que quisiste saber acerca de cómo se dice o escribe, pero que, por miedo (o tabú), nunca te animaste a preguntar. http://www.yotambien.mx]
En particular, el ritmo de estudio universitario más lento de una persona con discapacidad, o, incluso, la interrupción de sus estudios, pueden no cumplir «plazos de gracia» que son la «ley del más fuerte» y no la «ley del más débil». Estos «plazos de gracia» pueden ser, en particular, de vigencia de «planes de estudios» o de respeto de los derechos adquiridos sobre las asignaturas aprobadas supeditado al «rendimiento académico» (sic).
Este ritmo de estudio más lento, o, incluso, la interrupción de los estudios, de la persona con discapacidad no es, de acuerdo con la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, algo para curar o corregir por parte del denominado

«acompañamiento» (sic) realizado por la administración pública universitaria, sino algo que exige la remoción de las barreras interpuestas por la administración universitaria, barreras que son una violación del derecho humano a la educación.

11. El célebre filósofo académico Umberto Eco (Alessandria, Italia, 1932 – Milán, Italia, 2016), autor de la famosa novela «El nombre de la rosa» (título original «Il nome della rosa», en italiano), formuló las siguientes declaraciones repudiando el derecho humano a la educación.
«El excesivo número de alumnos y la sustitución del papel del docente por Internet son los principales problemas de las universidades, sostuvo el escritor Umberto Eco, para quien estas instituciones académicas deben ser “para una elite” como recordó que fue en sus mejores épocas. “El exceso de alumnos entorpece la actividad académica y aboca a las universidades a la crisis”.»
(Diario La Nación. «Umberto Eco: La Universidad debe ser “para una elite”». Buenos
Aires –REPÚBLICA ARGENTINA–, http://www.lanacion.com.ar, 24 de mayo de 2013.)
Mariano Fernández Enguita, autor de Filosofía política y catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, documenta en los siguientes términos que la ideología de Umberto Eco, enemiga del derecho humano a la educación, nace con los más célebres ilustrados.
«No menos engañosa es la idea de que el movimiento ilustrado quería en general una educación universal e igual. Como los griegos con los ciudadanos, los ilustrados tomaban a los burgueses por los hombres en general, y cuando, por alguna razón, se topaban con los otros, no tenían el menor reparo en negarles sus derechos. Locke es el padre de la Ilustración, y ya hemos visto a quién se preocupaba de educar. La Chalotais, autor de una propuesta de educación nacional, niega el derecho a acceder a ella a los trabajadores, que lo que tienen que hacer es “aprender a manejar el buril y la sierra”. Voltaire, el “príncipe de la luz”, le felicita por ello y opina que la “canaille” no es digna de Ilustración, que la perpetuación de la falta de instrucción de las masas es fundamental y así pensará todo aquel que tenga una propiedad y necesite criados (carta a Damilaville), que “todo está perdido cuando el pueblo se mezcla en la discusión”, que instruir al criado y al zapatero es perder el tiempo (carta a D’Alembert), que sobre su tierra quiere “jornaleros, y no clérigos tonsurados”.»
(FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano. Trabajo, escuela e ideología; Marx y la crítica de la educación. Madrid –REINO DE ESPAÑA–, Akal, 1985. p. 37.)
A pesar del más o menos encubierto rechazo ilustrado al derecho humano a la educación, la verdad es que, en las mismas condiciones esenciales del derecho humano a la vida, existe el derecho humano a la educación.
El filósofo político de la educación Paulo Freire en su libro «Pedagogía del oprimido» da testimonio de la histórica violación del derecho humano a la educación en los siguientes términos:
«El mito del derecho de todos a la educación cuando, en Latinoamérica, existe un
contraste irrisorio entre la totalidad de los alumnos que se matriculan en las escuelas primarias de cada país y aquellos que logran el acceso en las universidades.»
(FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Buenos Aires –REPÚBLICA ARGENTINA–, Siglo Veintiuno, 2015. Página 179.)
Ni «el pobre es pobre porque quiere» ni el que no se gradúa en la universidad no se gradúa
«porque no quiere». El pobre es pobre porque se violan sus derechos humanos, particularmente sus derechos humanos sociales, y el que no se gradúa no se gradúa porque se violan sus derechos humanos, especialmente su derecho humano a la educación.

Simone Weil (París –Francia–, 1909 – Inglaterra, 1943) es entre los autores de Filosofía política y entre los activistas políticos una de las más inmaculadas y heroicas y relató con estas palabras su empleo obrero capitalista en una fábrica industrial:
«Después del año de estancia en la fábrica […] Tenía el alma y el cuerpo hechos pedazos; el contacto con la desdicha había matado mi juventud.
[…] Estando en la fábrica, confundida a los ojos de todos, incluso a mis propios ojos, con la masa anónima, la desdicha de los otros entró en mi carne y en mi alma. Nada me separaba de ella, pues había olvidado realmente mi pasado y no esperaba ningún futuro, pudiendo difícilmente imaginar la posibilidad de sobrevivir a aquellas fatigas.
Lo que allí sufrí me marcó de tal forma que, todavía hoy, cuando un ser humano,
quienquiera que sea y en no importa qué circunstancia, me habla sin brutalidad, no puedo evitar la impresión de que debe haber un error y que, sin duda, ese error va desgraciadamente a disiparse. He recibido para siempre la marca de la esclavitud como la marca de hierro candente que los romanos ponían en la frente de sus esclavos más despreciados.
Desde entonces, me he considerado siempre una esclava.»
(A la espera de Dios. Autobiografía. Madrid –REINO DE ESPAÑA–, Trotta, 2009. Página

40.)

Charles Chaplin en la escena de la fábrica en «Modern Times» (1936, «Tiempos

Modernos») representó estas condiciones materiales de la vida de demasiados obreros hasta hoy en este ilustrado mundo. Esa escena de la fábrica es uno de los segmentos más importantes de la historia del cine desde el punto de vista de la Filosofía política, porque da testimonio pleno del infierno padecido hasta hoy por demasiados obreros de fábrica o de oficina. Esa escena presenta claramente la hipermecanización y el ritmo inhumano que tortura a los más vulnerables, débiles y frágiles hasta destruirlos.
Charles Chaplin puso en imágenes la realidad testimoniada por Simone Weil, graficando el sentido del principio de igualdad de «posibilidades» del derecho humano a la universidad.
Una universidad que no está diseñada incluso para, en palabras de Ferrajoli, el «más débil», para ser, aunque no obligatoria, tan universal como la alfabetización y como la vida, es una universidad literalmente al margen de la Ley; literalmente en la ilicitud, porque los derechos humanos son la «ley del más débil» y las violaciones de los derechos humanos son ilícitos.
El respeto del derecho humano a la enseñanza pública de bien común implica una universidad, aunque no obligatoria, tan universal como la alfabetización y como la vida.
Una universidad, aunque no obligatoria, tan universal como la alfabetización y como la vida, además de ser un deber jurídico de la universidad, es perfectamente factible.
Este es el espíritu de la actual LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA, cuyos principios actualmente vigentes fueron establecidos por la LEY DE IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL NIVEL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, NÚM. 27.204, «Ley Puiggrós», impulsada especialmente por Adriana
Puiggrós y promulgada por la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Adriana Puiggrós, doctora «honoris causa» de la Universidad Nacional de Cuyo entre otras, es maestra, licenciada en Ciencias de la Educación y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires («UBA»), doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México («UNAM») y autora de reconocidos libros en la materia y fue profesora universitaria, investigadora del CONICET, viceministra de Educación de la NACIÓN ARGENTINA, diputada de la NACIÓN ARGENTINA y convencional constituyente de la NACIÓN ARGENTINA.
Debe enfatizarse que hay personas que se encontraron en la necesidad de superar un infierno, constituido por sus circunstancias, laborales, geográficas, familiares, de salud,

etcétera, para lograr cursar el último año de su plan de estudios de origen y aprobar cada asignatura que aprobaron y no están en condiciones de volver a cursar nuevas asignaturas.
Muchas de las personas alumnas del primer plan de estudios si son sometidas a la aplicación retroactiva del «plan B» nunca podrán graduarse. Aunque lograran graduarse, la aplicación retroactiva del «plan B» igualmente violaría sus derechos humanos.
Estas personas también son titulares, de acuerdo con el principio de la «ley del más débil», de las implicaciones o «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC») del derecho humano a la educación respecto de los «planes de estudios».

12. La OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 13 (año 1999), sobre «EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (ARTÍCULO 13 DEL PACTO)» del COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES («CESCR») de las NACIONES UNIDAS, creado en virtud del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES («PIDESC»), con
jerarquía constitucional, reconoce la implicación del derecho humano a la educación, o
«medio apropiado» (artículo 13 del «PIDESC»), a que «los planes de estudio sean flexibles», lo que prohíbe toda clase de «plazos de gracia» («ley del más fuerte» y no «ley del más débil»), en los siguientes términos.
«La enseñanza superior comprende los elementos de disponibilidad [que también puede traducirse como “asequibilidad”], accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en todos los niveles. […] Para que la enseñanza superior responda a las necesidades de los alumnos en distintos contextos sociales y culturales, es preciso que los planes de estudio sean flexibles […].»
La OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 4 (año 2016) sobre «EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA» del COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD de
las NACIONES UNIDAS, creado en virtud de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD («CDPD», «CONVENCIÓN DE NUEVA YORK»), con jerarquía
constitucional (LEY NÚM. 27.044 de la NACIÓN ARGENTINA), reconoce la implicación del derecho humano a la educación, o «medio apropiado» (artículo 13 del «PIDESC»), al «diseño universal» de la enseñanza pública, incluso universitaria, incluso en los «planes de estudios», lo que prohíbe toda clase de «plazos de gracia» («ley del más fuerte» y no «ley del más débil»), en los siguientes términos.
«Históricamente se ha considerado a las personas con discapacidad como beneficiarias de ayudas sociales, pero ahora el derecho internacional las reconoce como titulares de derechos y pueden reclamar su derecho a la educación sin discriminación […].
Las barreras que impiden a las personas con discapacidad acceder a la educación inclusiva pueden deberse a numerosos factores, entre ellos:
a) El hecho de no […] aplicar el modelo de derechos humanos de la discapacidad […].
La educación inclusiva debe entenderse como: a) Un derecho humano fundamental de todo alumno. […]
La inclusión de los alumnos con discapacidad en las clases convencionales sin los consiguientes cambios estructurales, por ejemplo, en la organización, los planes de estudios y las estrategias de enseñanza y aprendizaje, no constituye inclusión. Además, la integración no garantiza automáticamente la transición de la segregación a la inclusión. […]
La educación inclusiva tiene las siguientes características fundamentales: […]
c) Un enfoque que integra a “todas las personas”: se reconoce la capacidad de cada persona para aprender y se depositan grandes expectativas en todos los alumnos, incluidos los que tienen discapacidad. La educación inclusiva ofrece planes de estudio flexibles y métodos de enseñanza y aprendizaje adaptados a las diferentes capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje. […]. El planteamiento de integrar a “todas las personas” tiene por

objeto poner fin a la segregación en los entornos educativos garantizando que la enseñanza se imparta en aulas inclusivas y que los entornos de aprendizaje sean accesibles y dispongan de los apoyos adecuados. El sistema educativo debe ofrecer una respuesta educativa personalizada, en lugar de esperar que los alumnos encajen en el sistema. […]
De conformidad con el artículo 9 de la Convención y con la observación general núm. 2 (2014) del Comité sobre accesibilidad, las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles para todas las personas, sin discriminación. El sistema educativo en su conjunto debe ser accesible, incluidos los edificios, las herramientas de información y comunicación (que abarcan los sistemas de asistencia ambiental o de frecuencia modulada), los planes de estudios, los materiales educativos, los métodos de enseñanza, y los servicios de evaluación, lingüísticos y de apoyo. […] Los Estados partes deben comprometerse a introducir con prontitud el diseño universal. […] El enfoque del diseño universal no excluye que se proporcionen dispositivos, aplicaciones y programas informáticos de apoyo a los alumnos con discapacidad que puedan necesitarlos. […] Los Estados partes deben garantizar que todos los alumnos, incluidos aquellos con discapacidad, tengan acceso al desarrollo rápido de innovaciones y nuevas tecnologías diseñadas para mejorar el aprendizaje. […]
El Comité alienta a los Estados partes a que adopten el enfoque de diseño universal para el aprendizaje, que consiste en un conjunto de principios que estructura las acciones de los maestros y demás personal para crear entornos de aprendizaje adaptables y desarrollar la formación con el fin de responder a las diversas necesidades de todos los alumnos.
[…] La elaboración, el diseño y la aplicación de los planes de estudio han de responder y adecuarse a las necesidades de todos los alumnos, así como ofrecer respuestas educativas apropiadas. […]
Los ajustes razonables se refieren a una persona y son complementarios a la obligación relativa a la accesibilidad. Una persona está legitimada para solicitar medidas de ajuste razonable, incluso si el Estado parte ha cumplido su obligación de garantizar la accesibilidad. […]
Para dar cumplimiento al artículo 24, párrafo 5, los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A fin de asegurar el acceso en condiciones de igualdad, se han de determinar y eliminar las barreras a la educación debidas a la actitud, así como las barreras físicas, lingüísticas, de comunicación, financieras, jurídicas y de otra índole en esos niveles. […]
Los Estados partes deben respetar, proteger y llevar a efecto cada una de las características fundamentales del derecho a la educación inclusiva: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. […]
Los Estados partes deben garantizar que las personas con discapacidad no queden
excluidas de la educación y eliminar las desventajas estructurales para lograr la participación efectiva y la igualdad de todas las personas con discapacidad. Deben adoptar medidas urgentes para eliminar todas las formas de discriminación jurídica, administrativa y de otra índole que obstaculicen el derecho de acceso a la educación inclusiva.»

13. Que las OBSERVACIONES FINALES de este COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, OBSERVACIONES del 24 de marzo de 2023 sobre los informes de la REPÚBLICA ARGENTINA, denuncian «Las barreras existentes para acceder a una educación inclusiva en el nivel superior» y señalan el deber de la administración pública universitaria argentina de «Garantizar la educación inclusiva en el nivel superior, incluyendo el acceso a la educación a distancia».

14. Que la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA reconoce en su artículo 16 el principio de igualdad en los siguientes términos.
Artículo 16 de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA: «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley […].»
El artículo tercero de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con jerarquía constitucional (LEY NÚM. 27.044 de la NACIÓN ARGENTINA) reconoce en los siguientes términos que el principio de igualdad consiste en el respeto por la diferencia:
«Principios generales. Los principios de la presente Convención serán: […] El respeto por
la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas […].»
Debe enfatizarse que el artículo 24 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con jerarquía constitucional (LEY NÚM. 27.044 de la NACIÓN ARGENTINA), reafirma en los siguientes términos el derecho de las personas con discapacidad a la educación superior.
«Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior […] sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. […]»
Luigi Ferrajoli, en su obra «Derechos y garantías; la ley del más débil» explica en los siguientes términos el mandato constitucional de igualdad:
«“Igualdad” es término normativo: quiere decir que los “diferentes” deben ser respetados y tratados como iguales; y que, siendo esta una norma, no basta enunciarla, sino que es necesario observarla y sancionarla. “Diferencia(s)” es término descriptivo: quiere decir que de hecho, entre las personas, hay diferencias, que la identidad de cada persona está dada, precisamente, por sus diferencias, y que son, pues, sus diferencias las que deben ser tuteladas, respetadas y garantizadas en obsequio al principio de igualdad.»
(FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías; la ley del más débil. Madrid –REINO DE ESPAÑA–, Trotta, 2004. Página 79.)
El derecho a la igualdad es el derecho a vivir legítimamente diferente, a ser legítimamente uno mismo, siendo incluso «el más débil». El derecho a la igualdad no implica de ningún modo uniformidad sino no discriminación. Deben combatirse las «desigualdades» para defender las legítimas «diferencias». La Filosofía del Derecho reconoce que el principio de igualdad protege el derecho de ser legítimamente diferente.

15. Que la existencia de una única víctima de un hecho no niega la violación de sus derechos humanos.
Una única víctima de un hecho tiene el derecho humano a la defensa judicial de sus derechos humanos, aunque no haya otras víctimas del mismo hecho.
Aunque, por lo tanto, sería más íntegro moral y jurídicamente omitir esta mención, según la motivación de la ordenanza núm. 4/2025–CD de la unidad académica, existían en el momento de su dictado aproximadamente trescientas personas alumnas del «Plan A».

16. Que así define «derechos humanos» el «DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO» de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), la CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA (CJI) y la ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (ASALE):

«Gral. Conjunto de los derechos inherentes a todas las personas derivados de su propia naturaleza, en cuanto el hombre es un ser intrínsecamente social, que les permiten el libre desarrollo de su personalidad.»
Así define «inherente» el «DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA» de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:
«Del lat. inhaerens, –entis, part. pres. act. de inhaerēre “estar unido”.
1. adj. Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar de

ello.»

Así define «derecho adquirido» el «DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL

JURÍDICO» de la RAE, la CJI y la ASALE:
«Gral. Derecho incorporado al patrimonio de un sujeto como consecuencia de la aplicación de previsiones establecidas en las leyes.
El derecho adquirido debe ser respetado por las modificaciones legislativas o, caso contrario, indemnizada la lesión que la privación posterior produce. […]»
Los derechos humanos no son «derechos adquiridos», porque no se «adquieren» sino que son «inherentes» a la persona humana. El derecho humano a la vida no se «adquiere» sino que directamente se «tiene».
Los derechos humanos no se «adquieren», porque son «inherentes» («PIDESC», «CADH») a la simple condición humana de la persona humana. El derecho humano a la vida no se
«adquiere», sino que simplemente se «tiene» y lo mismo ocurre con el derecho humano a la educación y sus implicaciones o «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC»): no se
«adquieren», porque ningún derecho humano, ni sus implicaciones, «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC») o garantías, se «adquieren».
Las personas humanas son titulares del derecho humano a la educación, y de sus implicaciones esenciales, o «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC»), por la simple condición humana de las personas, sin más, y no por las eventuales adversidades de sus circunstancias de vida u otras condiciones.
Es la simple condición humana lo que hace a las personas humanas titulares del derecho humano a la universidad y de sus implicaciones esenciales, o «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC»), y no otras eventuales situaciones de las personas humanas, como, por ejemplo, los porcentajes de avance en el plan de estudios, el conjunto de asignaturas pendientes, las circunstancias de salud, de discapacidad, laborales, geográficas, etcétera.
Por lo tanto, las personas humanas no tienen la carga de acreditar sus situaciones particulares para ejercer su derecho humano a la educación superior, porque las personas humanas son titulares del derecho humano a la universidad, y son titulares de sus
implicaciones o «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC»), por la simple condición humana, y no por otras condiciones o situaciones.

17. Que la OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 4 (año 2016) sobre «EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA» del COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD de las NACIONES UNIDAS, creado en virtud de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD («CDPD», «CONVENCIÓN DE NUEVA
YORK»), con jerarquía constitucional (LEY NÚM. 27.044 de la NACIÓN ARGENTINA) reconoce el derecho humano o «medio apropiado» (artículo 13 del «PIDESC»), implicado por el derecho humano a la enseñanza pública, al «diseño universal» de la enseñanza pública, «diseño universal» que por regla hace innecesaria la acreditación de la condición de discapacidad o de otras situaciones que resultan íntimas o privadas de las personas.
Los artículos 18, 19 y 43 y el inciso 22 del artículo 75 de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, el artículo 22 de la «CDPD» y el artículo séptimo de la LEY DE LA NACIÓN

ARGENTINA DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, que deben ser interpretados mediante el principio «pro persona», prohíben la exigencia innecesaria de la acreditación de la condición de discapacidad o de otras situaciones que resultan íntimas o privadas.

III. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN

18. Que la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, el Derecho internacional de los derechos humanos y la legislación del CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA reconocen el derecho humano a la enseñanza pública.

19. Que el Derecho internacional de los derechos humanos vigente reconoce el derecho humano a la enseñanza pública particularmente en los siguientes instrumentos:
– DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS,
– PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES,
– CONVENCIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA,
– CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER,
– CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
– PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS («PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA») EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES («PROTOCOLO DE SAN SALVADOR»).
La CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS reconoce «inter alia» en «Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica», en 2012, el principio «pro persona» en los siguientes términos:
«[…] el principio pro homine o pro persona, contemplado en la Convención, en virtud del cual las normas sobre derechos humanos deben ser interpretadas en los términos más favorables para sus titulares.»
El artículo 26 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, con jerarquía constitucional, que debe ser interpretado mediante el principio «pro persona», reconoce que
«el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos».
El artículo 13 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES («PIDESC»), con jerarquía constitucional, que debe ser interpretado mediante el principio «pro persona», reconoce que «La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita».
El PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS («PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA») EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES («PROTOCOLO DE SAN SALVADOR») (LEY 24.658 de
la NACIÓN ARGENTINA) reconoce en su artículo 13, que debe ser interpretado mediante el principio «pro persona», que:
«[…] La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita […].»
De acuerdo con el principio de interpretación «pro persona», con el sentido común crítico y la más evidente naturaleza de los derechos humanos, la mención de los «méritos» por la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS y la mención de la «capacidad» por el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES («PIDESC»)
y por el «PROTOCOLO DE SAN SALVADOR» reconocen, entre otras implicaciones, el valor

habilitante del título de enseñanza pública secundaria para el acceso a la enseñanza pública estatal superior de grado y reconocen el derecho, en defecto y solamente en defecto del título secundario, a un examen de ingreso de conocimientos indispensables.
La ley del CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA reconoce y reafirma el valor habilitante de los títulos de enseñanza pública secundaria para el ingreso en la enseñanza pública estatal superior de grado.
Este valor habilitante de los títulos de la enseñanza pública secundaria es un «derecho adquirido», derivado del derecho humano a la educación.
La ley del «parlamento» (nomenclatura de la CorteIDH, OC–6/86) de la NACIÓN ARGENTINA realiza este reconocimiento y esta reafirmación en los siguientes términos, en los artículos 11 y 30 de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA y en el
artículo séptimo de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Artículo 11 de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA: «Los fines
y objetivos de la política educativa nacional son: […] Garantizar una educación integral que […] habilite […] para el acceso a estudios superiores. […]»
Artículo 30 de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA: «La
Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar […] para la continuación de estudios. Son sus objetivos: […] Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades […] como condiciones necesarias para el acceso a […] los estudios superiores […].»
Artículo séptimo de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA,
sustituido por el artículo cuarto de la LEY DE IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, «Ley Puiggrós»,
NÚM. 27.204, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 11/11/2015: «Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. […] Este ingreso […] en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente […]».
El artículo 35 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA, que debe ser interpretado mediante el principio «pro persona», no contradice al artículo séptimo sino que se refiere a la reglamentación meramente administrativa del ingreso de las personas.
El examen de ingreso general excluyente de la enseñanza pública estatal superior de grado viola el derecho humano a la educación, como lo reafirma la procuradora general de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó, en su dictamen en el expediente «Universidad Nacional de La Matanza y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Cultura y Educación s/ amparo ley 16.986», donde la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA dictó sentencia el 6 de septiembre de 2023 sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión por motivos procedimentales.
El derecho humano a la vida reconoce que si el dinero no es suficiente para alimentar a todos no se debe matar a nadie, sino que se deben procurar los recursos para alimentar a todos. Si la casa es chica el corazón debe ser grande. De la misma manera, el derecho humano a la educación establece que si el presupuesto público es insuficiente las universidades no deben ni establecer aranceles ni establecer exámenes de ingreso sino, entre otras medidas, reclamar el presupuesto público necesario.
La CONVENCIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA, de fecha 14/12/1960 (DECRETO–LEY NÚM. 7.672 de la NACIÓN
ARGENTINA, del 14/9/1963), reconoce el derecho a la educación en los siguientes términos, incluyendo la igualdad de, textualmente, «posibilidades».
Artículo 4º de la CONVENCIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES
EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA: «Los Estados Partes en la presente Convención se

comprometen […] a […] aplicar una política nacional encaminada a promover […] la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza […].»
Joan Subirats Humet, ex ministro de universidades del REINO DE ESPAÑA, doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica la distinción entre igualdad de «oportunidades» e igualdad de
«posibilidades» en la siguiente cita.
«En la tradición liberal, se ha puesto el énfasis en la igualdad de oportunidades. […] La igualdad de oportunidades, de hecho, desconsidera la parte social que todos tenemos. Individualiza trayectorias, éxitos y fracasos. Y de esta manera se despolitiza la desigualdad. […] [Pero la verdad es que] No hay categorías abstractas de personas. Ni tampoco existen las personas que se desarrollen al margen de sus familias, entornos sociales y condicionantes territoriales. […] Todos decimos preferir una sociedad diversa y mezclada, pero actuamos más bien en sentido contrario. Y nos sentimos confortados pensando que las oportunidades existen y que no es culpa nuestra que no sean aprovechadas. Pero la realidad nos indica que seguimos optando por la segmentación, buscando la comodidad de los nuestros. […]»
(SUBIRATS, Joan. Igualdad de posibilidades. Madrid –REINO DE ESPAÑA–, Ediciones El País, elpais.com, 24/5/2006.)
La CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, «Convention on the elimination of all forms of discrimination against women» («CEDAW»), con jerarquía constitucional, en su artículo décimo dispone que «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) Las mismas condiciones de […] acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías […]. b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes […]».
El derecho humano a la enseñanza pública tiene un conjunto de implicaciones, «inter alia», entre otros «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC»), la gratuidad incondicional y, además, la equidad de la enseñanza pública en todas sus fases.

20. Que la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA reconoce el derecho humano a la enseñanza pública en sus artículos 14 y 75, que deben ser interpretados mediante el principio
«pro persona».
El artículo 14 de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA reconoce que:
«Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […] de enseñar y aprender.»
El artículo 75 de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA reconoce que:
«Corresponde al Congreso: […]
17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural […].
18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria […].
19. […] Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, […] a la formación profesional de los trabajadores […].
Sancionar leyes de organización y de base de la educación […] que aseguren […] la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. […].

22. […] La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; […] tienen jerarquía constitucional […].
23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. […]»
En la CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1994 DE LA NACIÓN ARGENTINA,
según consta en su DIARIO DE SESIONES, el convencional Mario Antonio Olmedo explicó en los siguientes términos las palabras «equidad» y «posibilidades» en referencia a la
«educación», del inciso 19 del artículo 75 de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, reafirmando las implicaciones de los principios internacionales de los derechos humanos.
«Estaba manifestando que la UNESCO ha dicho que no basta sólo con la gratuidad, porque la gratuidad es una condición necesaria para cursar estudios o para transitar por el sistema educativo, pero no es condición suficiente. La condición suficiente está dada por la equidad.
¿En qué consiste la equidad?. Consiste en la responsabilidad que tiene el Estado de asistir con la totalidad de sus posibilidades –materiales, pedagógicas, psicológicas y socioeconómicas– en la ayuda de aquellos que tienen ciertos desfasajes para acceder a la misma calidad educativa […]
Los pilares que se montan acá son la igualdad de oportunidades y de posibilidades sin ninguna discriminación. […]. Los otros dos pilares son la gratuidad y la equidad. […]
De esta manera estamos construyendo una verdadera democracia y abriendo la puerta de la educación a todos los ciudadanos argentinos, desde el poblador de las altas montañas hasta el que trabaja en los obrajes del interior de mi provincia. Con el artículo que pretendemos introducir en la Constitución, todos los ciudadanos tendrán asegurada la reivindicación de su dignidad como persona a través de la educación.»
El convencional Jesús Rodríguez, según consta en el DIARIO DE SESIONES de la CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1994 DE LA NACIÓN ARGENTINA, reafirmó las
implicaciones o «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC») del derecho humano a la educación en los siguientes términos.
«Estaba refiriéndome a la consagración de la educación, como el derecho de aprender, en el artículo 14, cuyo único límite, al igual que el de los otros derechos, es su inviolabilidad tal cual lo establece el artículo 19.
La reforma que estamos proponiendo, al decir que la legislación sobre educación debe garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, está obligando al Congreso de la Nación a asegurar este derecho a todos los habitantes del país, ratificando así los ideales de los constituyentes del 53 y la más cara tradición democrática de los argentinos.
Estamos estableciendo expresamente en la Constitución el derecho a recibir en condiciones igualitarias una educación de alta calidad en cualquiera de sus niveles. […]

La prestación del servicio educativo por parte del Estado comporta inevitablemente el cumplimiento de un conjunto de principios que vamos a tratar de sintetizar. El primero es garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades mediante la gratuidad. El segundo, garantizar la igualdad de posibilidades educativas a través del aseguramiento de los recursos necesarios para la prestación de un servicio de igual calidad a todos los concurrentes al sistema educativo oficial. El tercero, garantizar el principio de equidad, estableciendo políticas socioeducativas que eviten la discriminación económica y social en el acceso y permanencia en los distintos niveles del sistema educativo. El cuarto, brindar los recursos financieros suficientes para que la prestación del servicio educativo oficial sea el de mejor nivel de calidad. El quinto, asegurar los derechos establecidos en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional a la población escolar de todos los niveles […]. El sexto, no realizar discriminación alguna entre la población escolar […].
Para nosotros, la democracia no sólo es un muy ingenioso sistema político para seleccionar autoridades y constituir un estilo de vida, sino que es un modo de organización social en el cual la igualdad de oportunidades y de posibilidades de todos los habitantes debe ser un principio básico e irrenunciable.»

21. Que la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA reafirma en los
siguientes términos el reconocimiento del derecho humano a la enseñanza pública.
Artículo 1º de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA: «Están
comprendidas dentro de la presente ley las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional, regulado por la ley 26.206 –Ley de Educación Nacional–.
El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social en el marco de lo establecido por la ley 26.206».
Artículo 2º de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA: «[…] La
responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional […] sobre la educación superior, implica:
a) Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley;
[…] c) Promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales;
d) Establecer las medidas necesarias para equiparar las oportunidades y posibilidades
de las personas con discapacidades permanentes o temporarias. […]».
Artículo séptimo de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA,
sustituido por el artículo cuarto de la LEY DE IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, «Ley Puiggrós»,
NÚM. 27.204, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 11/11/2015: «Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. […] Este ingreso […] en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente […]».
Artículo 13 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA: «Los
estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho:
a) Al acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza.

[…] c) A obtener becas, créditos y otras formas de apoyo económico y social que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades, particularmente para el acceso y permanencia en los estudios de grado […]».
Artículo 33 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA: «Las
instituciones universitarias deben […] asegurar […] la igualdad de oportunidades y posibilidades […]».
El artículo primero de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA reconoce textualmente la aplicación de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA a la «educación superior» en los siguientes términos.
Artículo 1º de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA:
«Están comprendidas dentro de la presente ley las universidades […], todos los cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional, regulado por la ley 26.206 –Ley de Educación Nacional–.
El Estado nacional […] tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social en el marco de lo establecido por la ley 26.206».
La LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA, núm. 26.206, del año
2006, también se aplica a las universidades, porque las universidades también son educación pública, como lo confirma, por ejemplo, Norberto Enrique Fraga en su obra «El régimen jurídico de la educación superior», explicando la anterior ley general de educación de la Nación.
(FRAGA, Norberto Enrique. El régimen jurídico de la educación superior. Buenos Aires, Editorial Dunken, 2000. Página 15.)
La LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA, NÚM. 26.206, reafirma
en los siguientes términos el reconocimiento del derecho humano a la educación.
Artículo 1º de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA: «La
presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan».
Artículo 2º de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA: «La
educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado».
Artículo 4º de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA: «El Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho […]».
Artículo 11 de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA: «Los fines
y objetivos de la política educativa nacional son:
a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.
b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores. […] e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más
desfavorecidos de la sociedad.
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.

[…] h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades.
[…] n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. […]».
Artículo 79 de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA: «El
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación».
Artículo 80 de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA: «Las
políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles […]. El Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. […]».
Artículo 84 de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA: «El Estado
debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural».
Artículo 125 de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA: «Todos/as
los/as alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad, del nivel educativo o modalidad que estén cursando o de las que se establezcan por leyes especiales».
Artículo 126 de la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA: «Los/as
alumnos/as tienen derecho a:
a) Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad […].
d) Ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral.
e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del sistema, e informados/as al respecto. […]».

IV. LA IMPLICACIÓN O «MEDIO APROPIADO» DE «ACEPTABILIDAD» DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

22. Que el COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES («CESCR»)
de las NACIONES UNIDAS, creado en virtud del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES («PIDESC»), con jerarquía constitucional, en su OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 13 (21º PERÍODO DE SESIONES, 1999), sobre «EL DERECHO
A LA EDUCACIÓN (ARTÍCULO 13 DEL PACTO)» reconoció «inter alia» la implicación o «medio apropiado» (artículo 13 del «PIDESC») de «aceptabilidad» del derecho a la educación en los siguientes términos.
«Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes […].»
Existe una implicación del derecho humano a la educación referida a los planes de estudios, «inter alia», entre otros «medios apropiados» reconocidos por el PACTO

INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (artículo 13 del
«PIDESC»), entre otras implicaciones del derecho humano a la educación, además de la gratuidad incondicional, y como elemento de la equidad de la enseñanza pública en todas sus fases.
Esta implicación del derecho humano a la educación consistente en el derecho a que las modificaciones de los planes de estudios respeten los siguientes siete principios de sentido común crítico de «aceptabilidad» («PIDESC») de la enseñanza pública.
Estos siete principios se expresan en las siguientes textuales palabras del ministerio público hechas propias por el tribunal supremo de la Nación, en «Fallos: 322:270».
1) Respetar «la igualdad de oportunidades sin discriminaciones, de conformidad con el
inc. 19 del art. 75 de la Constitución Nacional».
2) Respetar «los demás derechos que la Ley […] reconoce expresamente».
3) Permitir a las personas «materializar el plan de vida por el que hubieren optado al momento de iniciar sus estudios» en el marco de su «autonomía personal».
4) Respetar «las materias o cursos aprobados».
5) Permitir a las personas «continuar sus estudios sin retrotraerse temporalmente».
6) No implicar una mayor «duración» total del plan de estudios resultante para la persona.
7) No implicar nuevos «niveles o ciclos» que no tengan «correlación temporal con los niveles del plan anterior».

23. Que «Fallos: 322:270» es la sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA en la causa «Padres de alumnos de colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo – interpone recurso artículo 32 ley 24.521», Ciudad de Buenos Aires, 9 de marzo de 1999, tomo 322, volumen 1, año 1999, febrero–mayo, páginas 270 a 290.
«Fallos: 322:270» no resolvió contra la universidad, sino a favor de estos siete principios de «sentido común crítico» de «aceptabilidad» de la enseñanza pública, que no fueron limitados por la universidad en el caso tratado en ese juicio. En el caso tratado en ese juicio, la universidad, aplicando la ley del «parlamento» (nomenclatura de la CorteIDH, OC–6/86), limitó el derecho a la educación modificando el título de origen que recibirían las personas alumnas cuando se graduaran, y limitó el derecho a la educación modificando el conjunto de asignaturas del plan de estudios, pero no limitó esos siete principios de «sentido común crítico» de «aceptabilidad» de la enseñanza pública.
Es decir, esa implicación del derecho a la educación, esos siete principios de «sentido común crítico» de «aceptabilidad» de la enseñanza pública, no fueron limitados en ese caso por la universidad. En el caso resuelto por «Fallos: 322:270» el derecho restringido por la ley razonable del «parlamento» (nomenclatura de la CorteIDH, OC–6/86) fue el derecho al título de origen del plan de estudios, porque la ley modificó los títulos de origen.
La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA en los autos citados,
«Fallos: 322:270», intervino con motivo de que la «Ley Federal de Educación», núm. 24.195, de la NACIÓN ARGENTINA, promulgada el 29/4/1993, derogada y sustituida por la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA, NÚM. 26.206, del año 2006, modificó los
planes de estudios de las escuelas secundarias argentinas, o de nivel medio argentino, de educación técnica para adaptarlos al nuevo «nivel polimodal» y padres de personas alumnas de los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo dedujeron el recurso que prevé el artículo 32 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA, NÚM. 24.521, ante la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA.

24. Que la jurisprudencia ha ratificado las consideraciones de «Fallos: 322:270», por remisión expresa a esta última sentencia judicial, por ejemplo, en «Fallos: 324:4048» de la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA (autos «Bonetto, Rodolfo Antonio y otros c/ Sup. Gobierno de la Pcia. de Córdoba y otro s/ acción de amparo», Ciudad de Buenos Aires, 7 de diciembre de 2001, tomo 324, volumen 3, año 2001, octubre–diciembre, páginas
4048 a 4061).
En el octavo considerando de la sentencia de la causa «Rolón, Noelia Soledad contra GCBA sobre amparo», en expediente núm. A2250–2014/0, de la Ciudad de Buenos Aires, del 10 de septiembre de 2015, la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES aplicó
expresamente «Fallos: 322:270» específicamente a la educación superior.

25. Que esta implicación o «medio apropiado» (artículo 13 del «PIDESC») del derecho humano a la enseñanza pública, reconocidos mediante los siete principios de sentido común crítico de aceptabilidad de la enseñanza pública, tienen por objeto la estabilidad de la estructura fundamental de avance hacia la graduación del plan de estudios.
Estos siete principios de «sentido común crítico» de «aceptabilidad» de la enseñanza pública son implicaciones o «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC») naturales y evidentes del derecho humano a la educación. Sin estas siete implicaciones o «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC») no existiría el derecho humano a la educación porque no existiría el derecho de graduarse mediante la aprobación de las asignaturas de un plan de estudios. Esta clase de atropellos es claramente «inaceptable».
Pocas implicaciones son tan connaturales al derecho humano a la educación como los siete principios de «sentido común crítico» de «aceptabilidad» de la enseñanza pública reconocidos por «Fallos: 322:270».
Así define «sentido común» el «DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA» de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:
«1. m. Capacidad de entender o juzgar de forma razonable.»
Por ejemplo, que matar está mal y que cuidar la vida está bien es un dato de «sentido común crítico».
El principio de «sentido común crítico» ha sido defendido por prestigiosos filósofos como Thomas Paine, Bertrand Russell y Manuel Atienza Rodríguez, doctor «honoris causa» de esta universidad entre otras. El filósofo del Derecho Manuel Atienza Rodríguez, doctor «honoris causa» de esta universidad entre otras, enseña que una de las razones fundamentales de la argumentación jurídica es señalar la consecuencia absurda. Si no existiera alguna clase de derecho humano de alguna manera referido a los planes de estudios podría ocurrir el siguiente ejemplo cuyo caso es claramente opuesto al «sentido común crítico» de «aceptabilidad» de la enseñanza pública por ser absurdo.
Una persona alumna aprueba 27 de las 28 asignaturas del plan de estudios del título de
«abogada» o «abogado». Antes de que esta persona apruebe la asignatura número 28, la última asignatura pendiente para su graduación, la universidad sustituye el plan de estudios por motivos de mera optimización e impone a esta persona alumna la obligación de cursar y aprobar veinte nuevas asignaturas, adicionales, retroactivas, para obtener su título de
«abogada». Estas asignaturas son así denominadas «espacios curriculares» (sic).
El plan de estudios del título de «abogada» o «abogado», denominado «plan A», es sustituido por otro plan de estudios, denominado «plan B», que agrega estas veinte asignaturas al plan anterior por razones de mera optimidad, y de ningún modo por razones de inaptitud para el bien común del plan de estudios anterior.
Estas asignaturas son, por ejemplo, tres asignaturas de idioma extranjero inglés, idioma que por ley de educación nacional ya se aprendió en general en la enseñanza secundaria, etcétera.

Estos nuevos «espacios curriculares» (sic) implican para las personas alumnas extender el cursado de la carrera para el título de «abogada» o «abogado» en varios años, debido a que las personas alumnas deben asistir presencialmente al aula durante varios semestres adicionales, para poder «regularizar» y aprobar estas asignaturas adicionales.
Después de estos, aproximadamente, cuatro años de cursado adicional, y de aprobar 19 asignaturas de estas 20 asignaturas adicionales, cuando la persona alumna tiene pendiente, nuevamente, solamente una asignatura para obtener su título de «abogada» o «abogado», la universidad vuelve a cambiar el plan de estudios, por la misma clase de razones de mera optimidad.
Ahora con el pretexto de que «el abogado tiene que saber hablar» (sic), como si casi todo
el trabajo del abogado no fuera escrito, a la universidad se le ocurre agregar, por ejemplo, ocho
«espacios curriculares» (sic) obligatorios de «comunicación oral» para cursar durante ocho semestres, es decir, cuatro años. Porque supuestamente es muy importante para la así denominada «excelencia académica» (sic) que «el abogado sepa hablar» (sic).
Como el abogado en realidad, fundamentalmente, escribe, en contratos, demandas, dictámenes, reclamos administrativos, sentencias, resoluciones, reglamentos, etcétera, el
«claustro» gobernante decide también sumar, para la así denominada «excelencia académica» (sic), dos «espacios curriculares» (sic) de «comunicación escrita», aunque esto también es parte normal de la enseñanza secundaria, como también el idioma extranjero.
Entonces en esta oportunidad la universidad le impone a la persona alumna otras diez nuevas asignaturas adicionales en total, y cuatro años adicionales obligatorios de cursado.
Y así sucesiva y perpetuamente, haciendo absolutamente imposible, perpetuamente imposible, completar un plan de estudios para la graduación y habilitación profesional por parte del Estado.
Negar cualquier clase de derecho de las personas alumnas respecto de, con relación a, o de algún modo referido a, su plan de estudios tiene estas consecuencias absurdas, como que, con esa supuesta atribución universitaria, eventualmente ninguna persona podría graduarse nunca.

26. Que esta pretendida caducidad provoca, en la mecánica de causa y efecto, una grave vulneración de esta implicación o «medio apropiado» (artículo 13 del «PIDESC») del derecho humano a la enseñanza pública de las personas humanas afectadas, alumnas del primer plan de estudios del título de «abogada» o «abogado», o «plan A».
Por lo tanto, esta pretendida caducidad viola los siete principios de sentido común crítico de «aceptabilidad» de la enseñanza pública reconocidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA en «Fallos: 322:270», siete principios que son una implicación o
«medio apropiado» (artículo 13 del «PIDESC») del derecho humano a la educación.
Hay que enfatizar que casi todas las personas alumnas del «Plan A» han completado el
«cursado» del «Plan A» y muchas de ellas no tienen las «posibilidades» de volver a «cursar» durante esos años de «cursado» del «plan B», por evidentes motivos laborales, geográficos, familiares, de salud, de condiciones de discapacidad, etcétera.
Muchas de las personas alumnas del primer plan de estudios si son sometidas a la aplicación retroactiva del «plan B» nunca podrán graduarse.

V. EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD

27. Que el primer plan de estudios, reconocido por la RESOLUCIÓN NÚM. 3070/1984 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, o «Plan A», es
perfectamente apto para el bien común, habida cuenta de que no caducan los títulos de los

graduados bajo el «Plan A», si bien el «Plan A» no sería supuestamente tan optimizado como el segundo plan de estudios, o «Plan B», por carecer el «Plan A», por ejemplo, de las tres asignaturas obligatorias de idioma extranjero inglés que agrega el «Plan B».
Se trata de «un plan del año 1984», pero las personas alumnas de este «plan del año 1984» rindieron, por ejemplo, el examen de Derecho Constitucional considerando la reforma constitucional del año 1994 –posterior al «año 1984»–, la jerarquía constitucional de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD aprobada en
el año 2006 –después del «año 1984»–, etcétera.
Los programas de las asignaturas de cualquier plan de estudios son actualizados anualmente y bajo esos programas se rinden los exámenes cada año.

28. Que el conjunto de asignaturas del «Plan A» es básicamente un subconjunto estrictamente incluido en el conjunto de asignaturas del «Plan B». Esto significa que, por ejemplo, las personas alumnas del «Plan A» y las personas alumnas del «Plan B» compartieron, por ejemplo, exactamente la misma cátedra de Derecho Constitucional, con los mismos programas de la asignatura, con las mismas clases, con los mismos exámenes y con los mismos profesores.
El «Plan A» puede tener un costo adicional literalmente nulo o insignificante, habida cuenta de que con reformas muy accesorias del «Plan A» el «Plan A» puede convertirse en un subconjunto estrictamente incluido en el «Plan B» en términos matemáticos.
La vigencia del «Plan A» puede tener un costo adicional nulo o insignificante si:
1) la asignatura «Práctica profesional» del «Plan A» (ordenanza núm. 112/2005–CS) está a cargo de las cátedras de práctica profesional del «plan B» por extensión;
2) las áreas seminarizadas del «Plan A» están a cargo por extensión de las asignaturas del
«plan B»; y
3) las asignaturas optativas del «Plan A» que no existen en el «plan B», ni tienen la correspondiente equivalencia, son compensadas con la aprobación de las correspondientes asignaturas optativas del «plan B» en condición de alumno libre, sin ninguna necesidad de cursado.

29. Que la sentencia citada, «Fallos: 322:270», referida a la modificación de los planes de estudios, reafirmó el principio de «razonabilidad» en los siguientes términos:
«[…] los derechos individuales pueden ser limitados o restringidos por Ley formal del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Nacional (Fallos: 310:943; 310:2085), aunque el ejercicio del poder de policía no puede traspasar el principio de razonabilidad de las normas (art. 28 de la Constitución Nacional) […].»
«Fallos: 322:270» es la sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA en la causa «Padres de alumnos de colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo – interpone recurso artículo 32 ley 24.521», Ciudad de Buenos Aires, 9 de marzo de 1999, tomo 322, volumen 1, año 1999, febrero–mayo, páginas 270 a 290.
Los principios de «razonabilidad» y de «reserva legal» (legalidad en sentido de parlamentariedad, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, OPINIÓN
CONSULTIVA OC–6/86) establecen que solamente una ley razonable –justificada– del
«parlamento» (nomenclatura de la CorteIDH, OC–6/86) puede crear algún eventual y excepcional «plazo de gracia» («ley del más fuerte» y no «ley del más débil») que restrinja el ejercicio de los derechos humanos o sus implicaciones, a la vida, la alfabetización, la universidad, etcétera.

30. Que la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA establece el deber estatal de promover el «bien común» («bonum commune») de la Filosofía jurídica clásica, como lo confirma «inter alia» la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, que reconoce que «De su Preámbulo y de su contexto se desprende el concepto de que la Constitución se propone “el bienestar común”, el bien común de la filosofía jurídica clásica.», en «Fallos: 179:116» (autos «Quinteros, Leónidas Secundino contra Compañía de Tranvías Anglo Argentina, s. despido», Ciudad de Buenos Aires, 22 de octubre de 1937, tomo 179, año 1937, páginas 116 a 121).
La CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en su OPINIÓN CONSULTIVA OC–6/86, del 9 de mayo de 1986, sobre «LA EXPRESIÓN “LEYES” EN EL ARTÍCULO 30 DE LA
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS», reconoció el principio de bien común en los siguientes términos:
«la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.»
La CONSTITUCIÓN PASTORAL «GAUDIUM ET SPES» SOBRE LA IGLESIA EN EL MUNDO
ACTUAL, publicada en Roma el 7 de diciembre de 1965, define «bien común» («bonum commune») en los siguientes términos:
«el bien común [es] el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección».
Este instrumento permite interpretar la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA mediante el concepto de «bien común» («bonum commune») de la Filosofía jurídica clásica referida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.
La Filosofía del Derecho y la Filosofía Política confirman que los derechos humanos, explícitos o implícitos, a la vida, la alfabetización, la universidad, etcétera, no perjudican el bien común, sino exactamente lo contrario, porque más derechos humanos es mayor bien común y, concretamente, más profesionales universitarios habilitados en menor tiempo es mayor bien común, porque la comunidad necesita con urgencia más graduados universitarios en todas las áreas para, precisamente, contribuir al respeto de los derechos humanos civiles y sociales.

31. Que así define «justicia social» el «DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO» de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), la CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA (CJI) y la ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (ASALE):
«Can. Obligación que tiene el Estado de procurar el equilibrio entre la población a favor de las personas desfavorecidas.
El término fue acuñado en 1840 por Luigi Taparelli d’Azeglio, S. J. (1793–1862), quien quería orientar con él la doctrina del derecho natural de Tomás de Aquino hacia la nueva cuestión social. El Papa León XIII recogió la doctrina en su encíclica Rerum novarum de 1891, que constituye el fundamento de una doctrina social específicamente católica, que se ha profundizado y ampliado en muchas encíclicas y documentos posteriores. Sigue conformando la corriente principal de la doctrina social católica en la actualidad; el propio concepto de justicia social se sigue usando predominantemente en este contexto.»
La OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 4 (año 2016) sobre «el derecho a la educación inclusiva» del COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD de las NACIONES UNIDAS, creado en virtud de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD («CDPD», «CONVENCIÓN DE NUEVA YORK»), con jerarquía

constitucional (LEY NÚM. 27.044 de la NACIÓN ARGENTINA), reconoce el fundamento de justicia social jubilar del derecho humano a la educación, incluso universitaria, en los siguientes términos.
«La educación inclusiva debe entenderse como:
a) Un derecho humano fundamental de todo alumno. […]
c) Un medio para hacer efectivos otros derechos humanos. Es el principal medio para que las personas con discapacidad salgan de la pobreza y obtengan los recursos para participar plenamente en sus comunidades y protegerse de la explotación.»

32. Que el «DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO» de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), la CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA (CJI) y la ASOCIACIÓN
DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (ASALE) define así el «principio de razonabilidad»:
«Const. Principio rector del ordenamiento jurídico que dispone que toda norma, para ser aplicable, deberá someterse al test de razonabilidad, cuyos pasos son tres: el análisis del fin buscado por la medida, el análisis del medio empleado y el análisis de la relación entre el medio y el fin.
Tribunal Constitucional, sentencias TC/0044/12 y TC 0150/17, de la República Dominicana.»
La «razonabilidad» de una norma restrictiva de un derecho fundamental, de acuerdo con la Ciencia del Derecho constitucional y de los derechos humanos y la Filosofía del Derecho, tiene los siguientes cuatro elementos:
1) «finalidad» constitucionalmente válida, de defensa de los derechos humanos y del bien común,
2) «idoneidad» o eficacia fáctica del medio empleado, en la mecánica instrumental de causa y efecto,
3) «necesidad» fáctica del medio empleado, por no existir otros medios eficaces, alternativos, menos restrictivos de los derechos fundamentales y menos lesivos del bien común y
4) «proporcionalidad» moral del medio empleado, que debe estar moralmente justificado, por no restringir el derecho fundamental ni lesionar el bien común de manera moralmente desproporcionada o injustificada.

33. Que la aptitud de un plan de estudios, aunque no sea óptimo, en conjunto con su costo financiero público adicional nulo o insignificante, hacen «irrazonable» la caducidad para sus graduados y alumnos.
Esta aptitud del «Plan A» y este costo adicional nulo o insignificante del «Plan A» hacen
«irrazonable» la restricción del derecho humano a la enseñanza pública mediante la retroactividad del «Plan B».
El artículo 28 de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA invalida esta restricción del derecho humano a la enseñanza pública por ser una restricción «irrazonable».

VI. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

34. Que así define «principio de legalidad» el «DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO» de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), la CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA (CJI) y la ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (ASALE):
«1. Gral. Principio jurídico que sustenta el Estado de derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho.

[…] 5. Adm. Principio conectado con la idea de que los poderes públicos actúan dentro de los límites que las leyes establecen y, en particular, la Administración, en los términos concretos en que la ley se lo permite, parámetro del que se sirven los jueces y tribunales para controlar las decisiones de la Administración. […]»
Así define «principio de reserva legal»:
«Const.; Arg. y Chile. Principio que protege los derechos fundamentales al reservar o limitar únicamente al legislador su regulación, no pudiendo afectarse en ningún caso el núcleo o contenido esencial de dichos derechos. […]»
La CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en su OPINIÓN CONSULTIVA OC–6/86, del 9 de mayo de 1986, sobre «LA EXPRESIÓN “LEYES” EN EL ARTÍCULO 30 DE LA
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS», reconoció el principio de parlamentariedad de la restricción válida de los derechos humanos.
La CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS emplea textualmente la palabra
«Parlamento» en un sentido amplio comprensivo incluso de los Congresos de las Repúblicas, porque la palabra «Parlamento» es la más clara en Ciencia del Derecho y Filosofía del Derecho.
La referida sentencia «Fallos: 322:270», referida a la modificación de los planes de estudios, reafirmó el principio de «reserva legal» (legalidad en sentido de parlamentariedad, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, OPINIÓN CONSULTIVA OC–6/86) en los
siguientes términos:
«[…] los derechos individuales pueden ser limitados o restringidos por Ley formal del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Nacional (Fallos: 310:943; 310:2085), aunque el ejercicio del poder de policía no puede traspasar el principio de razonabilidad de las normas (art. 28 de la Constitución Nacional) […].»
«Fallos: 322:270» es la sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA en la causa «Padres de alumnos de colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo – interpone recurso artículo 32 ley 24.521», Ciudad de Buenos Aires, 9 de marzo de 1999, tomo 322, volumen 1, año 1999, febrero–mayo, páginas 270 a 290.
El convencional Jesús Rodríguez, según consta en el DIARIO DE SESIONES, reafirmó en los siguientes términos el principio de legalidad («reserva legal» en sentido de parlamentariedad, CorteIDH, OC–6/86) en materia del derecho humano a la educación.
«Estaba refiriéndome a la consagración de la educación, como el derecho de aprender, en el artículo 14, cuyo único límite, al igual que el de los otros derechos, es su inviolabilidad tal cual lo establece el artículo 19» de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA.

35. Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA en «Fallos:
319:3148» reconoce que la así denominada «autonomía universitaria» es una atribución administrativa, normativa pero no legislativa, que debe subordinarse al principio legalidad («reserva legal» en sentido de parlamentariedad, CorteIDH, OC–6/86) del Estado constitucional de Derecho, porque la así denominada «autonomía universitaria» tiene como razón de existir la expresión universitaria de la discrepancia de teorías y no la creación universitaria –y no parlamentaria– de restricciones del derecho humano a la educación.
(Autos «Monges, Analía M. c/ U.B.A. –resol. 2314/95–», Ciudad de Buenos Aires, 26 de
diciembre de 1996, tomo 319, volumen 3, año 1996, octubre–diciembre, páginas 3148 a 3202).

36. Que los artículos 29 y 43 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA, que deben ser interpretados mediante el principio «pro persona», asignan atribuciones administrativas para modificar los planes de estudios, pero no asignan atribuciones para restringir el derecho humano a la enseñanza pública caducando los planes

de estudios para los graduados o limitando los siete principios de sentido común crítico de
«aceptabilidad» de la enseñanza pública reconocidos por «Fallos: 322:270».
Es un error interpretar que los artículos 29 y 43 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA asignan a administración pública universitaria la atribución de caducar los títulos habilitantes de las personas graduadas con motivo de la modificación de los planes de estudios de graduación de esas personas. La atribución de modificar los planes de estudios no tiene ese alcance, no tiene el alcance de caducar los títulos de los graduados, porque la habilitación conferida por el título es un derecho adquirido de la persona humana implicado por el derecho humano a la educación y esos artículos, 29 y 43, no asignan a la administración pública universitaria la atribución de caducar los títulos de los graduados con motivo de modificar los planes de estudios de su graduación.
De la misma manera, es un error interpretar que los artículos 29 y 43 de la LEY DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA asignan a la administración pública universitaria la atribución de caducar los planes de estudios para las personas alumnas de estos planes de estudios limitando los siete principios de sentido común crítico de
«aceptabilidad» de la enseñanza pública reconocidos por «Fallos: 322:270». La atribución de modificar los planes de estudios no tiene ese alcance, no tiene el alcance de caducar los planes de estudios para las personas alumnas de esos planes de estudios limitando esos siete principios de sentido común crítico, porque esos siete principios son una implicación del derecho humano a la educación y esos artículos, 29 y 43, no asignan a la administración pública universitaria la atribución de caducar los planes de estudios para las personas alumnas de estos planes de estudios limitando esos siete principios.

37. Que en estricta observancia del Estado constitucional de Derecho reconocido por la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, y especialmente en observancia del principio de legalidad («principio de reserva legal» en sentido de parlamentariedad, CorteIDH, OC–6/86), no existen normas que pretendan crear plazos de caducidad de planes de estudios sustituidos por posteriores planes de estudios, ni en ordenanzas u otras normas de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA («CONEAU»), ni en disposiciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA,
ni en resoluciones del MINISTERIO -O SECRETARÍA- DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, ni en decretos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.
La COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA de la
REPÚBLICA ARGENTINA («CONEAU») no tiene ni pretende tener ninguna atribución para caducar los títulos habilitantes de las personas graduadas ni para limitar los siete principios de sentido común crítico de «aceptabilidad» de la enseñanza pública reconocidos por «Fallos: 322:270».
La intervención de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
UNIVERSITARIA de la REPÚBLICA ARGENTINA («CONEAU») no tiene relevancia jurídica en la determinación del ámbito temporal de vigencia del plan de estudios del título de «abogada» o
«abogado» reconocido por la RESOLUCIÓN NÚM. 3070/1984 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Muy por el contrario, la RESOLUCIÓN NÚM. 299/2021 de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA de la REPÚBLICA ARGENTINA («CONEAU»), de
acreditación de la carrera correspondiente al título de «abogada» o «abogado» de esta universidad, señaló textualmente el deber de la universidad de «mejorar las tasas de egreso de la carrera».
Las tasas históricas de egreso, según información oficial de acceso público, son de:
a) aproximadamente dos personas graduadas cada diez personas ingresantes y

b) una duración real promedio de la carrera para estas dos personas de aproximadamente diez años.
Las «tasas de egreso de la carrera», en palabras de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA de la REPÚBLICA ARGENTINA («CONEAU»),
tasas oficialmente publicadas por la Universidad Nacional de Cuyo, refieren que en el ciclo académico del año 2024, en la carrera del título de «abogada» o «abogado» de esta universidad, después de superar una instancia de ingreso, ingresaron 507 personas y se graduaron 103 personas, de lo que resulta una tasa de graduación del 20,31%, es decir, dos personas graduadas cada diez personas ingresantes.
(https://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/informacion–academica).
La duración real media de la carrera correspondiente al título de «abogada» o «abogado» de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo de los graduados en, por ejemplo, el año 1998, con el primer plan de estudios, es de diez años y una décima, es decir, más del doble de la duración teórica.
(PROGRAMA Mejoramiento del Sistema de Información Universitario –PMSIU– de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN ARGENTINA. Anuario 1999–2000 de Estadísticas Universitarias. Buenos Aires, http://www.me.gov.ar y http://www.ses.me.gov.ar/Publicaciones/publicaciones.html, 2002.
p. 123–132. 306 p. Universidades Nacionales. Cuadro 3.5.1. Indicador relación duración media–duración teórica de las carreras. Promedio de 20 carreras seleccionadas, según Universidad. Fuente: Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitario – PMSIU–).
Esta estadística tiene un valor indicativo histórico de una realidad permanente.
La motivación de los reglamentos administrativos de la pretendida caducidad afirma una supuesta relevancia, en esta pretendida caducidad, de la intervención de la «CONEAU», pero esta supuesta relevancia de la intervención de la «CONEAU» es desmentida «inter alia» por Norberto Fraga en su libro «El régimen jurídico de la educación superior» (FRAGA, Norberto Enrique. El régimen jurídico de la educación superior. Buenos Aires, Editorial Dunken, 2000.).
La «CONEAU» en su sitio oficial de Internet reafirma esta irrelevancia jurídica de la intervención de la «CONEAU» en los siguientes términos textuales:
«Las atribuciones y responsabilidades de la CONEAU se limitan a la acreditación de las carreras, entendiéndose por acreditación un proceso de evaluación de la calidad académica, complementario de la evaluación institucional y dirigido a su mejoramiento que tiene objetivos exclusivamente académicos, efectos sociales y eventualmente políticos, pero no jurídicos. En cambio, las atribuciones y responsabilidades del Ministerio tienen efectos netamente jurídicos.»
(https://www.coneau.gob.ar/coneau/acreditacion-de-carreras/carreras-de- grado/normativa-y-procedimiento)
Adicionalmente, en particular, la «CONEAU» reafirmó esta irrelevancia jurídica mediante comunicación oficial por correo electrónico publicado por el Diario Los Andes, de Mendoza, REPÚBLICA ARGENTINA, en los siguientes términos:
«La CONEAU no prohíbe la coexistencia de planes ni exige una vigencia en particular.» (DE VITA, Verónica. Estudiantes de Económicas reclaman por un cambio de plan que
podría extenderles la carrera. Mendoza –REPÚBLICA ARGENTINA–, Diario Los Andes, www. losandes. com.ar/ sociedad/ estudiantes- economicas- reclaman- un- cambio- plan- que- podria- extenderles- la- carrera- n5985590, 27 de marzo de 2026.)
Esta respuesta oficial mediante correo electrónico forma parte de los siguientes términos textuales de la noticia:

«Estudiantes de Económicas reclaman por un cambio de plan que podría extenderles la carrera. Recientemente un cambio de plan también generó un conflicto con estudiantes de Derecho de la UNCuyo. […] Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se encuentran en medio de un conflicto: denuncian que la migración obligatoria a un nuevo plan de estudios podría demorar su egreso. El planteo se suma a una situación reciente en la Facultad de Derecho, donde una modificación curricular también generó rechazo y organización estudiantil. […] El detonante, según explican, fue la comunicación oficial de que el próximo 31 de marzo dejará de tener vigencia el Plan 1998. A partir de esa fecha, quienes cursaban bajo ese régimen pasarán automáticamente al Plan 2026. “Esto implica que se agreguen materias cuyo dictado no es inmediato, lo que termina retrasando el egreso”, advirtieron. Estiman que unos 100 alumnos se verían afectados.
[…] Verónica Cruz, estudiante de Contador Público Nacional bajo el Plan 1998, describió que no es la primera vez que se sienten perjudicados y explicó la situación: “Nosotros somos del plan 98, después implementaron el plan 2019, que pasó de 37 a 47 materias. Ahí ya nos sentíamos muy perjudicados y muchos no quisimos cambiarnos. Ahora nos dicen que el plan se cierra el 31 de marzo porque se abre el nuevo plan, y que no pueden convivir tres planes vigentes según la CONEAU”. Se trata de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
La estudiante cuestionó ese argumento y aseguró que realizaron consultas directas al organismo. “Mandé mensajes y me respondieron. La CONEAU no prohíbe la coexistencia de planes ni exige una vigencia en particular”, afirmó.
[…] Los alumnos sostienen que la respuesta que recibieron del organismo indica: “La CONEAU no prohíbe la coexistencia de planes ni exige una vigencia en particular […]”.
[…] En ese contexto, los estudiantes remarcan que ya atravesaron modificaciones previas y que este nuevo cambio profundiza la incertidumbre sobre sus tiempos académicos.
Los alumnos elevaron una nota al Decanato de la facultad en la que solicitan que se mantenga la vigencia del Plan 1998 para quienes ya están inscriptos, hasta que se reciba el último estudiante. El pedido abarca las tres carreras de grado: Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía.
Además, destacaron el acompañamiento de estudiantes de Derecho, quienes colaboraron en la redacción del reclamo. “Nos ayudaron con la confección de notas y con la información sobre la CONEAU”, indicó Cruz. […]»

38. Que el reglamento administrativo de la administración pública universitaria que restringe el derecho humano a la enseñanza pública debe motivarse en la norma del
«Parlamento» (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, OPINIÓN CONSULTIVA
OC–6/86) creadora de la restricción de los derechos humanos.
Este deber de la administración pública universitaria no es dispensado por la mención, en esta motivación, de un supuesto compromiso entre la unidad académica y la «CONEAU».
Esto es claro, no solamente en el régimen jurídico de la educación superior, sino también en los principios generales del Estado constitucional de Derecho.
De acuerdo con el principio de «reserva legal» (legalidad en sentido de parlamentariedad, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, OPINIÓN CONSULTIVA OC–6/86) la
motivación de las ordenanzas de caducidad del «plan A» y de retroactividad del «plan B» debía responder la siguiente pregunta:
«¿En qué texto la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA, u otra ley
del “parlamento” (nomenclatura de la CorteIDH, OC–6/86), autorizan a la universidad a limitar

estos siete principios de sentido común crítico de “aceptabilidad” de la enseñanza pública mediante un “plazo de gracia” (“ley del más fuerte” y no “ley del más débil”)?.»
Esa pregunta nunca fue respondida en la motivación de los reglamentos administrativos de la pretendida caducidad, pero esa pregunta debió ser respondida.
Esa respuesta es el requisito fundamental de esos reglamentos administrativos de pretendida caducidad.
La respuesta correcta es «en ningún texto», porque no existe esa autorización por parte del «parlamento» (nomenclatura de la CorteIDH, OC–6/86).
El principio civilizatorio del Estado constitucional de Derecho fue referido por Montesquieu en «De l’ esprit des lois» (1748, traducido como «El espíritu de las leyes») con las siguientes palabras textuales.
«[…] Para que no pueda abusarse del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder contenga al poder. Una constitución puede ser tal, que nadie se vea precisado á hacer aquello á que la ley no le obliga, ni á dejar de hacer lo que le permite.»
(Madrid –REINO DE ESPAÑA–, Librería General de Victoriano Suárez, 1906, Libro XI, Capítulo IV, página 225.)
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 reconoció el Estado de Derecho en los siguientes términos:
«Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.»

VII. EL DEBER JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD

39. Que la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, el Derecho internacional de los derechos humanos y la legislación del CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA reconocen el derecho humano a la enseñanza pública, y una de las implicaciones o «medios apropiados» (artículo 13 del «PIDESC») de este derecho humano es la estabilidad de la estructura fundamental de avance hacia la graduación del plan de estudios, estabilidad consistente en los referidos siete principios de sentido común crítico de «aceptabilidad» («PIDESC») de la enseñanza pública reconocidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA en «Fallos: 322:270»
«Inter alia» los principios jurídicos de «inherencia» de los derechos humanos, bien común, justicia social, razonabilidad, «reserva legal» (legalidad en sentido de parlamentariedad, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, OPINIÓN
CONSULTIVA OC–6/86) y «pro persona» impiden la restricción de la implicación o «medio apropiado» (artículo 13 del «PIDESC») del derecho humano a la enseñanza pública que tiene por objeto la estabilidad de la estructura fundamental de avance hacia la graduación del plan de estudios.

40. Que los derechos humanos respecto de la enseñanza pública estatal son
«inherentes» a las personas humanas, incluso personas con la posibilidad o aspiración de ser alumnas universitarias, personas alumnas universitarias, personas graduadas universitarias o personas con la voluntad de integrar «la participación de la familia y la sociedad» en el proceso de la administración pública de la enseñanza pública.
En particular, la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA en su artículo 14, que debe ser interpretado mediante el principio «pro persona», reconoce el derecho humano fundamental «de peticionar a las autoridades» y en el inciso 19 del artículo 75, que también debe ser interpretado mediante el principio «pro persona», reconoce el derecho humano

fundamental de «la participación de la familia y la sociedad» en el proceso de la administración pública de la enseñanza pública estatal.
La CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en «Velásquez Rodríguez contra Honduras», en 1988, reconoció el deber de los Estados de respetar, garantizar, prevenir, investigar, promover, sancionar y reparar en materia de derechos humanos y, en particular, rechazó todo pretexto administrativo referido a formalismos procedimentales.
Además, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en «Lagos del Campo contra Perú», en 2017, reafirmó que:
«Esta Corte ha reiterado la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, puesto que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello.»

41. Que el inciso 19 del artículo 75 de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA implica el deber de la universidad pública estatal nacional de cumplir con «la responsabilidad indelegable del Estado» en la garantía del derecho humano a la enseñanza pública y en la garantía del bien común mediante la enseñanza pública.
El artículo primero bis de la LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS de la NACIÓN ARGENTINA, NÚM. 19.549, incorporado por la LEY NÚM. 27.742, que debe ser interpretado mediante el principio «pro persona», reconoce el derecho de las personas a ser oídas por la administración pública.
El artículo primero, el artículo segundo, el artículo tercero, el inciso 14 del artículo 20, los incisos primero, segundo y tercero del artículo 27 y el artículo 118 del estatuto universitario, aprobado por la RESOLUCIÓN NÚM. 356/2020 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
ARGENTINA, que deben ser interpretados mediante el principio «pro persona», prescriben el deber jurídico de la rectora de proponer no ratificar por el Consejo Superior «[…] los planes de estudios o sus modificaciones, a propuesta […] de la rector/a […]» en caso de lesión del bien común o los derechos humanos.
El artículo primero, el artículo segundo, el artículo tercero, los incisos 1, 4, 11, 14, 15 y 34 del artículo 20, los incisos 9 y 11 del artículo 34, el artículo 118 y el artículo 166 del estatuto universitario, aprobado por la RESOLUCIÓN NÚM. 356/2020 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, que deben ser interpretados mediante el principio «pro persona», prescriben el deber jurídico del Consejo Superior de ordenar esta no ratificación.
En su caso, la mora jurídica en elevar las actuaciones por parte de la unidad académica no dispensa a la rectora ni al Consejo Superior de este deber jurídico de administración de la universidad en garantía del bien común y de los derechos humanos.

42. Que se ha producido el dictamen favorable proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico y se han cumplido, en particular, además, las prescripciones de la LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA NACIÓN ARGENTINA y la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Por lo expuesto, lo establecido por el inciso 14 del artículo 20 del estatuto universitario, lo informado por la Secretaría Académica de la universidad, lo dictaminado por la Comisión de docencia y concursos y lo aprobado por este cuerpo en sesión del […],

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO ORDENA:

ARTÍCULO 1º.– No ratificar las normas de caducidad dictadas por la unidad académica para el plan de estudios del título de «abogada» o «abogado» reconocido por la RESOLUCIÓN NÚM. 3070/1984 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.
ARTÍCULO 2º.– Este primer plan de estudios permanecerá vigente, en garantía del derecho humano a la educación, y, en particular, en garantía de la estabilidad de la estructura fundamental de avance hacia la graduación del plan de estudios.
ARTÍCULO 3º.– Recomendar a la unidad académica en garantía del derecho humano a la educación que el espacio curricular «Práctica profesional» de este plan de estudios, espacio incorporado por la ordenanza núm. 112/2005–CS, esté por extensión a cargo de las cátedras de práctica profesional del segundo plan de estudios, que las áreas seminarizadas del primer plan de estudios estén a cargo por extensión de las espacios curriculares correspondientes del segundo plan; y que los espacios optativos del primer plan que no existen en el segundo plan, ni tienen la correspondiente equivalencia, sean compensados con la aprobación de los correspondientes espacios optativos del segundo plan.
ARTÍCULO 4º.– Recomendar a la unidad académica en garantía del derecho humano a la educación que las personas alumnas del primer plan de estudios puedan acceder a los exámenes de aprobación de los espacios curriculares mencionados en el artículo anterior sin necesidad de cursado.
ARTÍCULO 5º.– La presente ordenanza se aplicará e interpretará en garantía del derecho humano a la educación en los términos, en particular, de la OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 13 (año 1999), sobre «EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (ARTÍCULO 13 DEL PACTO)» del COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES («CESCR») de las NACIONES UNIDAS, creado en virtud del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES («PIDESC»), y de la OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 4 (año 2016) sobre «EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA» del COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD de las NACIONES UNIDAS, creado en virtud de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD («CDPD»,
«CONVENCIÓN DE NUEVA YORK»).
ARTÍCULO 6º.– Reprodúzcase la presente norma, que se emite en formato digital, con el mismo número en soporte papel.
ARTÍCULO 7º.– Comuníquese y agréguese la presente norma al libro de ordenanzas del Consejo Superior.

Saludamos a ustedes.

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