Equidad de la gratuidad de la educación superior

Las razones de la equidad de la gratuidad de la educación superior.

 

Sumario.

 

A. Introducción.

 

1. La gratuidad de la universidad es un derecho humano establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

2.  El concepto de “gratuidad de la educación superior”.  A cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad, porque donde hay una necesidad humana, hay un derecho humano.

3.  Historia política legislativa internacional.

 

B. La argumentación.

 

1. Los peligros de la universidad privada.

2. La injusticia de la “regulación de las matrículas” por parte de los “colegios” o corporaciones de profesionales.

3. El absurdo del “subsidio a la demanda”.  La educación como “bien público”, como derecho humano y como plan comunitario y colectivo.

4.  Explotación del hombre por el hombre.  Redistribución fiscal del ingreso.  Corrupción, pobreza, desempleo, producción, crecimiento económico, narcotráfico, inseguridad.  Capitalismo y liberalismo.  Estado de Bienestar y seguridad social integral.  Derecha política y populismo.  John Maynard Keynes, Paul Krugman y Joseph Stiglitz.

5.  El problema de la igualdad de oportunidades.

6.  El problema de las medidas de equidad en el contexto social amplio.  Seguridad social universal.  La justicia social general.  La jornada laboral máxima general de seis horas.  La renta básica universal.  Autonomía universitaria para el pueblo.  La equidad del ingreso irrestricto en la educación superior, es decir, de la universalidad de la universidad gratuita.  El examen final escrito y anónimo.  Prohibición de castigo al rendimiento académico supuestamente “negativo”.

7.  El problema de la pobreza de las naciones y la gratuidad de la universidad respecto a las prioridades del gasto público:  “Un país empobrecido no puede darse ciertos lujos”.

8. El problema de los recursos presupuestarios públicos escasos.

9. Distinción entre servicios educativos y para-educativos.

10. El impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual.

11. El impuesto puede ser general.

12. Gratuidad de la educación y seguridad social.

13. El impuesto es seguro.

14. El impuesto puede ser representativo.

15. El mal llamado “arancel pequeño”.

16. El impuesto es socialmente necesario.

17. El impuesto es equitativo.

18. La gratuidad incentiva el estudio de los alumnos y el progreso intelectual.  El estudiante crónico.

19. El arancelamiento es antisolidario.

20. El impuesto ahorra los costos de gestión de una gratuidad condicional.

21. Es justo incluir a los extranjeros.

22. La injusticia del arancel al graduado.

 

A. Introducción.

 

1. La gratuidad de la universidad es un derecho humano establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

 

La ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, mediante su Asamblea General, adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Este documento dice exactamente:

LA  ENSEÑANZA  SUPERIOR DEBE  HACERSE  IGUALMENTE  ACCESIBLE A TODOS, SOBRE LA BASE DE LA CAPACIDAD DE CADA  UNO,  POR  CUANTOS MEDIOS  SEAN  APROPIADOS,  Y EN PARTICULAR, POR LA IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE  LA  ENSEÑANZA  GRATUITA.

(Artículo 13, inciso 2, punto “c”.)

 

2.  El concepto de “gratuidad de la educación superior”.  A cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad, porque donde hay una necesidad humana, hay un derecho humano. 

 

“Gratuidad” de la salud pública, de la educación primaria, de la educación universitaria, etcétera, significa que cada habitante PAGA el servicio público estatal UNIVERSAL de salud, educación, etcétera, EN PROPORCIÓN a la riqueza personal de cada habitante, mediante los IMPUESTOS generales de la población, aplicando el principio moral fundamental de justicia fiscal de dar a cada cual según su necesidad y exigir de cada cual según su capacidad, porque donde hay una necesidad humana, hay un derecho humano.

Los graduados también pagan el servicio universitario mediante los impuestos generales de la población, en proporción a su concreta riqueza personal, independientemente de su título universitario.

No se exige un certificado de libre deuda de impuestos a cada estudiante cada mes, porque sería redundante con el mecanismo general y ordinario de control estatal del cumplimiento impositivo, y generaría un costo burocrático duplicado.  Por legislación impositiva general, el deudor impositivo termina en remate e incluso en prisión.  Por similares motivos, tampoco exigen un certificado de libre deuda impositiva, por ejemplo, ni los bomberos, ni las escuelas primarias para niños, etcétera.  Además, deben pagar impuestos para financiar la universidad no solamente quienes se encuentran estudiando en ellas, sino también quienes ya se graduaron o egresaron.  De hecho, el mayor pago de impuestos es posterior al egreso o graduación de la universidad, por ser mayor el lapso y por ser el lapso donde normalmente la persona se convierte propietaria de inmuebles, automotores, empresas, etcétera.

En el sistema de gratuidad universitaria, la habilitación para el ejercicio profesional la realizan fundamentalmente las universidades públicas estatales nacionales, y no los colegios profesionales de abogados, de ingenieros, de médicos, etcétera, es decir, las respectivas corporaciones de profesionales u asociaciones de profesionales en ejercicio de la profesión.  No obstante, esas corporaciones profesionales, esos colegios corporativos, que suelen constituir oligarquías universitarias, para eliminar la competencia en el mercado y para frustrar la igualdad de oportunidades y de posibilidades, suelen proponer lo que llaman “regulación de la matrícula” por parte de ellas mismas, mediante un examen posterior a la graduación universitaria, examen que ejecutarían estas mismas corporaciones oligárquicas privilegiadas y oligopólicas y que sería el que, en estas propuestas, habilitaría para ejercer la profesión.

Suele acusarse a las universidades privadas de “regalar” o “vender” los títulos a sus alumnos, que también son sus clientes.  Pues en tal caso habrá que establecer que sean las universidades estatales las únicas autorizadas a otorgar títulos, sin perjuicio de la posibilidad de que las universidades privadas impartan conocimientos y preparen estudiantes para que se presenten en el examen tomado por las universidades estatales, o, al menos, mejorar el control estatal sobre la universidad privada.

 

3.  Historia política legislativa internacional.

 

La universidad es gratis en Alemania y otros países y, también, siguiendo el mejor ejemplo internacional, en Argentina, como se puede comprobar en la prensa mundial.  El caso de Alemania es especialmente representativo por tratarse de una nación con un altísimo grado de desarrollo científico, tecnológico, cultural, económico, social, político, etcétera.

Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros.  Franz Strasser.  BBC, Alemania.  […]  Por ejemplo, hay más de 4.600 estudiantes estadounidenses matriculados en universidades alemanas, lo que refleja un aumento del 20% en los últimos tres años.  Mientras Alemania abolió el cobro de matrícula tanto para estudiantes nacionales como extranjeros, en ese mismo período el total de la deuda estudiantil en EE.UU. ascendió a US$ 1,3 billones.  […]  Esta graduada de la Universidad Estatal de Pennsylvania está estudiando una maestría en Cottbus, en el este del país, por menos de US$ 570 al mes, incluyendo alojamiento, transporte y seguro médico.  Y además recibe una beca mensual del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) de US$ 815, con lo que más que cubre sus gastos.  ‘Cuando me di cuenta que, al igual que los alemanes, yo también podía estudiar gratis, me pareció alucinante’, dice Katherine.  ‘El proceso de admisión es bastante sencillo y no cobraban colegiatura.  Fue descubrirlo y pensar: ‘increíble’’.  En comparación, durante el año académico 2014-2015 las universidades privadas en EE.UU. les cobraron en promedio a los estudiantes más de US$ 31.000 en matrícula y colegiaturas, con muchas cobrando más de US$ 50.000.  Las universidades públicas, por su parte, le piden US$ 9.000 a los residentes en sus estados, mientras que los que llegan de afuera tienen que desembolsar US$ 23.000, según el College Board, una organización sin fines de lucro.”  (Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros, www . bbc . com, Franz Strasser, BBC, Alemania, 8 junio 2015).

El Pacto Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y Culturales  de  la  Organización  de las Naciones Unidas se pronuncia a favor de  la  gratuidad  de  la educación  superior.

Según la interpretación seria, lo mismo hace la Constitución de la Nación Argentina de 1994.

El 22 de noviembre de 1949, el presidente de la Nación Argentina, el general Juan Domingo Perón, firmó el Decreto N° 29.337, de Supresión de Aranceles Universitarios.  Por esa razón, en 2007, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, través de la Ley 26.320, declaró el 22 de noviembre como el “Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria”.  La reforma universitaria de 1918 no había incluido la gratuidad universitaria.  Como resultado de estas medidas del General Perón, la matrícula universitaria pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955.  (El fragmento olvidado.  Por Julia Rosenberg.  Historiadora.  Presidencia de la Nación, Secretaría de Políticas Universitarias.

http : // portales . educación . gov . ar / spu / noticias / 64 – aniversario – del – decreto – de – supresión – de -aranceles – universitarios / )

La Ley de Educación Superior de la República Argentina generó en ocasión de su sanción, en 1995, un feroz debate público, político y comunicacional, incluyendo estruendosas manifestaciones estudiantiles, “abrazos” al Congreso nacional, “tomas” de edificios universitarios por parte de los centros de estudiantes, etcétera.  Esta ley, en un artículo de problemática redacción, artículo derogado muchos años después, artículo inconstitucional, parecía autorizar el arancelamiento universitario.

Varios candidatos a la presidencia de la Nación Argentina de las últimas décadas, propusieron públicamente el arancelamiento de la universidad pública.  Varios pronunciamientos judiciales argentinos (contra el Derecho) manifestaron la misma postura.

El presidente de la Nación Argentina Néstor Kirchner, declaró en abril de 2005, que “El arancelamiento de la universidad no tiene sentido.  Tenemos que abrirles las puertas del conocimiento a los jóvenes.”  (Fuerte definición de Kirchner durante la visita a un instituto superior en su gira por Alemania:  “El arancelamiento de la universidad no tiene sentido”.  En:  Página 12, 16   de   abril de   2005.  Argentina, www . pagina12 . com . ar).

El gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner incorporó el siguiente artículo a la Ley de Educación Superior de Argentina:

Artículo 2º bis de la Ley 24.521: Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.  Prohíbase a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.”  (Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

La prensa dio la noticia del registro parlamentario.

11/11/2015 – UNIVERSIDADES – El PRO [el partido político del Presidente Macri, que llegó al poder, en 2015, gracias a su alianza con la Unión Cívica Radical] se opuso a la ley que garantiza la gratuidad de la educación universitaria, promulgada por el Ejecutivo.  El bloque de senadores del PRO estuvo ausente durante la sesión en la que se aprobó la ley que garantiza la gratuidad de la educación universitaria, mientras que los diputados de esa fuerza se opusieron cuando la norma se trató en la Cámara baja.

La ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, cuya promulgación fue publicada hoy en el Boletín Oficial, establece la gratuidad de los estudios superiores y fija la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.

En la sesión del pasado 28 de octubre, los senadores Gabriela Michetti, Alfredo De Angeli y Diego Santilli estuvieron ausentes de la votación, que se aprobó con el voto afirmativo del 100 por ciento de los 52 legisladores presentes.

Asimismo, la norma tuvo su media sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el PRO.

Entre los legisladores de ese momento estaban Gabriela Michetti y un firme postulante a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay.

En esa sesión del 5 de junio también votó en contra Eduardo Amadeo, en ese entonces del bloque Frente Peronista y hoy en Cambiemos, que en un discurso que la diputada Adriana Puiggrós -autora del proyecto- calificó como ‘una joya del neoliberalismo’, se opuso al proyecto porque en la universidad pública ‘hay una invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada’.

La nueva normativa, mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, establece la responsabilidad ‘indelegable y principal’ del Estado respecto de la educación superior, considerándola un ‘bien público’ y un ‘derecho humano’.

Asimismo, garantiza ‘la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas’.

Uno de los puntos más destacados en la nueva ley se encuentra en el bis introducido en el artículo 2, que establece que ‘los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos’. 

El decreto 2358/2015 fue publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Educación, Alberto Sileoni; junto al texto de la nueva normativa.”

( http : // www . telam . com . ar / notas / 201511 / 126745 – educación – universitaria – gratuita – ley – pro . html )

Viernes, 30 de octubre de 2015.  El Congreso prohibió por ley el arancelamiento universitario.  Una garantía para la gratuidad.  El Senado aprobó un proyecto del FpV que modifica la Ley de Educación Superior y establece la responsabilidad ‘indelegable y principal’ del Estado para con las universidades públicas.  El macrismo había votado en contra de la iniciativa en Diputados.  El Congreso aprobó una ley que modifica en uno de sus puntos fundamentales la cuestionada Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.  Respondiendo a una vieja demanda de estudiantes y docentes, el Senado dio en la sesión del miércoles pasado la media sanción que faltaba para convertir en ley el proyecto de Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece taxativamente la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.  ‘Esta ley saca el ladrillo principal de la construcción de la ley del 95’, dijo a Página/12 la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós, autora del proyecto.  No obstante, aclaró que esta reforma no suple la necesidad de elaborar una nueva norma que reemplace íntegramente a la existente.  Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la norma establece la responsabilidad ‘indelegable y principal’ del Estado respecto de la educación superior, considerándola un ‘bien público’ y un ‘derecho humano’, términos que no aparecían en el texto anterior, en el que, según sostienen desde los 90 diversos sectores universitarios, subyacen lineamientos mercantilizadores dictados por los organismos financieros internacionales.  La ley reformada explicita que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la universidad por razones personales o de origen social y hace cargo al Estado de garantizar ese derecho.  El bis introducido en el artículo 2 establece, entre otras cosas, ‘la prohibición de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos’.  […]  Puiggrós señaló que la senadora del PRO Gabriela Michetti había avisado una semana antes que su partido votaría en contra.  Michetti se retiró de la sesión al momento de votar […].  El macrismo sí votó en contra de la iniciativa cuando fue tratada en la Cámara de Diputados, en 2013.  Los legisladores Federico Pinedo y Eduardo Amadeo (entonces en el Frente el Peronista, hoy en Cambiemos) se opusieron, este último con ‘un discurso que es una pieza maestra del neoliberalismo’, señaló Puiggrós.  Según consta en la versión taquigráfica, en aquella ocasión Amadeo dijo que en la universidad pública argentina ‘hay invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada’ y que, por tanto, ‘la universidad pública poco a poco va perdiendo su característica de integradora social’, además de ser ‘ineficiente’.  Siguiendo ese razonamiento, se preguntó: ‘¿Les vamos a seguir regalando la educación?’.  […]  Informe: Delfina Torres Cabreros, www . pagina12 . com . ar , República Argentina.

Chequeado . com.   La verificación del discurso público.  ¿Es verdad que el PRO [el partido de Mauricio Macri] votó en contra de las leyes que marca la campaña de Scioli?.  Ariel Riera y Olivia Sohr.  15 noviembre, 2015.  […]  Estatización AFJP [Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones].  La modificación del sistema previsional fue otra de las leyes discutidas.  El oficialismo [en ese momento, año 2008, era presidenta Cristina Fernández de Kirchner] acompañó mayoritariamente la medida: en Diputados 115 de sus representantes votaron a favor, aunque otros cinco la rechazaron, entre ellos Felipe Solá.  En el PRO, como marca el folleto, sus nueve diputados votaron en contra.  […]  Gratuidad universitaria.  Menos de tres semanas atrás el Senado aprobó una modificación a la Ley de Educación Superior, que entre otras cosas explicita la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones universitarias estatales e impide cualquier cobro directo o indirecto.  Allí, los dos senadores del PRO (Gabriela Michetti y Diego Santilli) se retiraron del recinto, por lo que se cuentan como ausentes.  La medida ya contaba con media sanción en Diputados, en una sesión caracterizada por las ausencias al momento de la votación (108 representantes de 257) y en la que el PRO se dividió entre votos negativos y faltas.”

El documental “Sicko”, de Michael Moore, de 2007, demuestra y defiende el sistema de sanidad universal gratuita de Francia, Canadá, Reino Unido, etcétera.

 

B. La argumentación.

 

1. Los peligros de la universidad privada.

 

Suele acusarse a las universidades privadas de “regalar” o “vender” los títulos a sus alumnos, que también son sus clientes.  Pues en tal caso habrá que establecer que sean las universidades estatales las únicas autorizadas a otorgar títulos, sin perjuicio de la posibilidad de que las universidades privadas impartan conocimientos y preparen estudiantes para que se presenten en el examen tomado por las universidades estatales, o, al menos, mejorar el control estatal sobre la universidad privada.

En cualquier caso, la universidad pública estatal es garantía de objetividad y justicia en la habilitación profesional, incluso condicionando con esa mayor exigencia y excelencia a la universidad privada.

 

2. La injusticia de la “regulación de las matrículas” por parte de los “colegios” o corporaciones de profesionales.

La “habilitación profesional” es la autorización estatal para el ejercicio profesional.  En Argentina la habilitación profesional siempre correspondió al reconocimiento oficial del título universitario, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional.  En virtud de la Ley de Educación Superior de Argentina, la habilitación profesional se otorga de manera colectiva, bajo determinadas condiciones, a todos los poseedores de un determinado título universitario.  En cambio, la “matriculación profesional” es la inscripción en los colegios profesionales de los profesionales de las denominadas “profesiones liberales”.  Las provincias delegan en los colegios profesionales la vigilancia del ejercicio de esas profesiones o “control del ejercicio profesional”, pero estos colegios de profesionales carecen de autoridad para conferir la habilitación profesional.

La Ley de Educación Superior de Argentina habilita al poseedor del título universitario el ejercicio de la profesión, como sucede en Francia y como sucedió en Argentina a lo largo de su historia, pero estableciendo regulaciones durante el proceso de formación universitaria de los alumnos.  Por esto se requiere la acreditación de las carreras universitarias para el reconocimiento oficial por el Estado Nacional.  Esta ley ratifica la histórica posición de Argentina de que el título universitario de grado habilita el ejercicio profesional sin necesidad de ningún examen de habilitación posterior, siguiendo la antigua tradición legislativa -iniciada por la Ley Avellaneda y continuada por las leyes posteriores- que confiere a las universidades la atribución de otorgar los títulos habilitantes, de acuerdo con la tradición latina, napoleónica, diferente a la anglosajona.

El Estado nacional ha delegado en los colegios profesionales o en las jurisdicciones provinciales -de acuerdo como sea la profesión de que se trate- el trámite de matriculación, que se cumple, en general, con el solo requisito de presentación del diploma de grado universitario.

Ley de Educación Superior Argentina, Ley Nº 24.521:  “Régimen de títulos.  Artículo 40: Corresponde EXCLUSIVAMENTE a las instituciones universitarias otorgar el TÍTULO de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado de magister y doctor […].  Artículo 41:  El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado por el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN.  Los títulos oficialmente reconocidos tendrán VALIDEZ NACIONAL.  Artículo 42: Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y HABILITARÁN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias.  […]”

No obstante, periódicamente es noticia el intento de los colegios de profesionales de arrogarse la habilitación profesional, bajo el rótulo de “regular la matrícula”.  Esta clase de propuestas oligárquicas, como la “regulación de las matrículas”, niegan la autoridad de las universidades para determinar la idoneidad profesional, lo que incluso es inconstitucional, pues la Constitución confiere la autoridad de acreditación del conocimiento profesional a las universidades, las cuales cuentan con la debida autonomía, tanto del partido político de turno en el poder, como de los intereses de las corporaciones de profesionales, u oligarquías universitarias.  Es nula o inválida la delegación de facultades de las Universidades a los colegios de profesionales, pues las universidades, al menos las estatales, tienen, o deben tener, un régimen de gobierno democrático y armónico con los principios republicanos.

Es evidente que las corporaciones de profesionales tienen la natural tendencia a evitar la competencia profesional en el mercado y que carecen de la autoridad para determinar la idoneidad profesional para el ingreso en la profesión y para acreditar los conocimientos necesarios para iniciar el ejercicio de la correspondiente rama del conocimiento.  La prueba de esta mala intención es que estos colegios de profesionales, estas oligarquías universitarias, jamás lanzan esta propuesta de “regulación de la matrícula”, sometiéndose ellos mismos al examen post-graduación universitaria, de manera anual, y tomado por las universidades nacionales estatales, y no por ellos mismos.

En cambio, una universidad, además de tener la necesaria imparcialidad e independencia, garantiza objetividad y justicia mediante la amplia pluralidad de exámenes, examinadores e instancias de evaluación.

Es una completa hipocresía de estos colegios de profesionales, generalmente de derecha política, que supuestamente abogan por la “economía de mercado”, por el “capitalismo”, por la “competencia”, por la tesis de que “la frase que hace grande a un país es ‘estás despedido’”, que en materia de mercado profesional aboguen por la limitación de la competencia en el mercado, por el oligopolio, por la represión de la oferta, por la represión de la igualdad de oportunidades y posibilidades de libre competencia.

 

3. El absurdo del “subsidio a la demanda”.  La educación como “bien público”, como derecho humano y como plan comunitario y colectivo.

 

El “subsidio a la demanda” es una propuesta siempre de moda entre los economistas de derecha, que consiste en privatizar todo servicio universitario y que supuestamente el Estado entregue subsidios a los habitantes para que paguen los aranceles de ese servicio privado.

El servicio educativo superior debe ser provisto y producido por el Estado, sin perjuicio de la iniciativa privada paralela, pues es el Estado, mediante universidades autónomas y democráticas, el que debe acreditar y certificar el conocimiento, y quien debe planificar el programa educativo nacional.  El “subsidio a la demanda” es incompatible con estos principios.  El “subsidio a la demanda” conduce en su propia ideología neoliberal, a la eliminación de la universidad pública estatal y su reemplazo por la universidad privada, que supuestamente garantizaría la igualdad de oportunidades mediante supuestos subsidios, pero que estaría dominada por el afán de lucro, y por intereses privados, y no por proyectos comunitarios de Justicia Social.

Solamente el Estado es capaz de inversiones infraestructurales que garanticen un programa comunitario de Justicia Social, pues el Estado no depende del lucro o del mercado sino, precisamente, del proyecto de sociedad colectivamente establecido.  Por ejemplo, posiblemente no resulte “negocio”, o no sea rentable, para una empresa privada proveer enseñanza de determinadas áreas de la ingeniería, o de las ciencias naturales, o de las ciencias sociales, pero ello es necesario para la sociedad, y por lo tanto es el Estado el que debe proveer el servicio universitario.

La educación solamente en algún aspecto es un “bien privado”, es decir, un servicio que puede ser provisto satisfactoriamente por el sector privado, por el mercado.  Predominantemente la educación es un “bien público”, es decir, un servicio que solamente puede ser provisto y producido por el Estado.

El “subsidio a la demanda” es incompatible con la planificación comunitaria de un programa educativo social independiente de intereses lucrativos y partidarios particulares.

 

4.  Explotación del hombre por el hombre.  Redistribución fiscal del ingreso.  Corrupción, pobreza, desempleo, producción, crecimiento económico, narcotráfico, inseguridad.  Capitalismo y liberalismo.  Estado de Bienestar y seguridad social integral.  Derecha política y populismo.  John Maynard Keynes, Paul Krugman y Joseph Stiglitz.      

LAS INJUSTICIAS DEL RÉGIMEN DE MERCADO.  REDISTRIBUCIÓN FISCAL DEL INGRESO.  LEY LABORAL.  CONTROL DE PRECIOS DE LA CANASTA FAMILIAR.

El “ingreso” de una persona es el dinero que esa persona “gana” por mes o por año.  Ésa es la distribución de riqueza total del país que hace el “mercado”.  El “mercado” es el libre juego de la oferta y la demanda de bienes y servicios en la economía.  Podríamos decir que el “mercado” es lo que todos hacemos para ganarnos el pan de cada día.  Pero el “mercado” no distribuye la riqueza (o el “ingreso”) del país con justicia.  Por ejemplo, algunos habitantes, ricos, pueden darse lujos, y otros habitantes, pobres, ni siquiera pueden alimentar su cuerpo; aunque seguramente muchos de estos pobres trabajen más que muchos de esos ricos.  Compárese, por ejemplo, el duro trabajo de un obrero en muchas circunstancias (frío, calor, exposición a tóxicos, dolor, etcétera) con el trabajo de un capitalista acaudalado que heredó un gran conjunto de inversiones (fiestas con aire acondicionado, ceremonias sobre alfombras, discursos con copetín, viajes en avión).  El obrero trabaja igual o más, pero gana menos.  Y no debe tolerarse tanto sufrimiento, el hambre, la desnutrición, la enfermedad, el frío de los niños, etcétera.

No todo servicio a la comunidad es remunerado por el mercado, porque muchas obras solidarias y hasta santas y heroicas, quedan en el anonimato para la sociedad, porque muchas obras para los desposeídos, y no solo desposeídos económicamente, no son reconocidas ni remuneradas por el mercado.  Muchos tienen la suerte de que su trabajo -muchas veces no el más solidario- sea remunerado y muchos no tienen esa suerte, muchas veces los que más se sacrifican por los demás.  Es decir, el mercado tiene serias deficiencias en dar a cada uno lo suyo, en dar a cada cual lo que cada cual “se ganó”, o “merece”.  ¿Qué decir, por ejemplo, del médico que sacrifica su vida para encontrar la cura de una enfermedad, cuya investigación no es remunerada ni por el Estado ni por el mercado?.  ¿Diremos que no “se ganó” ninguna remuneración?.  ¿Qué decir del que se dedica a esclarecer una gran estafa político-económica contra el pueblo, que no recibe ningún sueldo ni del Estado ni del mercado, pero que sacrifica su vida en ese servicio a la comunidad?.  ¿Diremos que no “se ganó” ninguna remuneración?.  Hay temas que solamente los comprende quien entregó su vida por un ideal, y que difícilmente comprenderán aquellos que vieron pasar su vida entera sin meterse en problemas por luchar contra la injusticia, contra el gran crimen social, aquellos que se dedicaron solamente a acumular dinero para sí mismos, y, a lo sumo, para su familia.  La cosmética moral de dedicar, por ejemplo, una hora semanal a alguna obra de “beneficencia”, no cuenta, por supuesto, entre los ejemplos que estamos dando.  Esa maniobra típica de damas oligárquicas de beneficencia suele ser tan solamente el encubrimiento cosmético de una vida de egoísmo y explotación.  Estamos hablando de los que entregan su vida, y hasta son martirizados, luchando por la justicia, por la verdad, por los derechos de todos.  “Qué triste integridad la del pellejo que nunca se jugó por los demás”.

El ideal de un mundo sin pobreza puede lograrse.  Una de sus condiciones es la educación pública gratuita, incluyendo la educación universitaria.

Puede estimarse que un quinto de la población mundial concentra cuatro quintos del ingreso planetario.  “El 0,7% de la población mundial (34 millones) tiene el 45,2% de la riqueza global.”  (Distribución de la riqueza mundial, El País, Madrid, 13/10/15).

Las principales soluciones que la humanidad ha encontrado hasta ahora para este problema, se llaman “redistribución fiscal del ingreso”, “ley laboral” y “control de precios de la canasta familiar”.  Estas dos soluciones las aplican, incluso, todos los grandes países liberales (o “no” comunistas) del mundo:  Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido, Francia, Suecia,   Alemania, etcétera.  Estas soluciones consisten en que el Estado (llamado también “gobierno” o “fisco”) redistribuye el ingreso y fija un salario mínimo legal obligatorio para una jornada laboral máxima.  Para redistribuir fiscalmente el ingreso, el Estado cobra impuestos a los más ricos y con ese dinero recaudado paga servicios para los más pobres (alimento para los niños en las escuelas, educación gratuita, salud gratuita, seguro de desempleo, asignación universal por hijo, subsidios a la electricidad, gas, agua y transporte consumidos por las familias, etcétera).  Esta redistribución fiscal es un “salario indirecto”.  Lo ideal, por supuesto, es que no exista la pobreza, y para que no exista la pobreza, hay que fijar salarios mínimos legales que impidan la pobreza, y garantizar mediante el “salario indirecto” de la “redistribución fiscal del ingreso” condiciones de vida que también impidan la pobreza.  “Pobreza cero” es salario justo por jornada justa, jubilación universal mediante seguridad social estatal, “salario indirecto” de garantía estatal, mediante gratuidad y subsidios, de derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a los servicios públicos, planificación económica estatal, control de precios de la canasta familiar, etcétera.

Por ejemplo, el documental “Sicko”, de Michael Moore, de 2007, demuestra y defiende el sistema de sanidad universal gratuita de Francia, Canadá, Reino Unido, etcétera.

Los “liberales” son, básicamente, los que dicen que es bueno que las empresas no sean propiedad del gobierno, sino que los dueños sean los particulares (es decir, cualquier habitante individualmente o sociedades privadas) y que el gobierno les deje bastante libertad de actuación a estas empresas.

Los supuestos “liberales” suelen decir que “no hay que regalar el pescado, sino que hay que enseñar a pescar”.  Pues bien, “enseñar a pescar” es brindar a todos educación universitaria gratuita, para llegar a la “pobreza cero”.  La educación, el “enseñar a pescar”, debe ser gratuita, porque en el mundo real millones de personas no tienen los “pescados” suficientes para pagar su educación superior.  Los pseudo-liberales se oponen a la gratuidad de la educación universitaria, porque no quieren competencia en la “pesca”.  Los supuestos amantes de la “competencia”, no quieren “competencia”, sino que quieren monopolio u oligopolio del conocimiento.  Es inmoral y abominable que la nueva clase media, la moderna oligarquía universitaria, nacida gracias a la gratuidad de la educación y las políticas del “Estado de bienestar” de la seguridad social integral, iniciada en la década del 40, apoye a gobiernos de derecha, enemigos de la gratuidad de la educación superior, y de la seguridad social en general.  Para que todos puedan “pescar” “libremente”, la “playa” no debe ser privada, no debe estar monopolizada, sino que debe tener acceso público y gratuito para todos.

Para que el pobre pueda estudiar, y pueda dejar de ser pobre, debe tener acceso a la educación universitaria gratuita.  Para que haya universidad gratuita, quienes no son pobres deben financiarla mediante los impuestos que pagan, en proporción a la riqueza de cada cual.  Es decir, que quienes no son pobres, mediante los impuestos que pagan, están pagando, no solamente su propia educación universitaria, sino también la de los pobres.  Entonces establecer un arancel universitario, es absurdo, es una trampa, es un engaño, es cerrar las puertas de la universidad a la mayoría, con la falsa promesa de abrirlas mediante becas y exenciones a cargo de una peligrosísima burocracia administrativa.  Los amantes del arancel universitario son los ricos, pues pagar la educación universitaria mediante impuestos les resulta mucho más caro.  Los pseudo-liberales, que supuestamente detestan la burocracia, son amantes de esta burocracia.  Esas supuestas becas para los pobres supuestamente se financiarían mediante los impuestos de los ricos.  Entonces, en definitiva, los partidarios del arancel prometen que mediante los impuestos de los ricos se financiará la educación del pobre, quien estudiará sin pagar.  Pero la trampa está en la burocracia: habría pocas becas, y los ricos deberían pagar poco impuesto para financiar esas becas, y la mayoría de los pobres quedaría fuera de la universidad.  Es la trampa de la burocracia que defienden estos pseudo-liberales.

Incluso en una sociedad donde, felizmente, no exista la pobreza, en una sociedad de “pobreza cero”, igualmente seguirá siendo necesaria la seguridad social integral estatal, que comprende los fondos de jubilación universal, la salud universal gratuita, la educación universal gratuita, incluso universitaria, subsidios a las familias para el consumo de energía, transporte, etcétera.  Las personas mayores no son todas necesariamente pobres, pero necesitan que la comunidad les garantice la jubilación universal, pues de lo contrario sí se convertirían en pobres.  Casi ningún joven es rico, ni siquiera los hijos de ricos, pues normalmente rico es el padre, no el hijo.  Y la libertad razonable de los jóvenes requiere que tengan acceso a la educación gratuita, incluso universitaria, sin depender del consentimiento o apoyo de los padres.  En uno de los países más avanzados del mundo, Alemania, donde supuestamente se ha dado una de las mayores victorias de la historia humana contra la pobreza, la universidad es gratis, y en el Reino Unido, otra de las naciones más avanzadas, el servicio de salud es gratis para todos, del mismo modo que muchas otras naciones de máximo desarrollo.

La “redistribución fiscal del ingreso” no es regalo de ricos generosos al más pobre, sino justa devolución de bienes a sus verdaderos dueños.  Por ello, el rico que no paga impuestos, roba.  Y su robo es de los más graves y viles, porque le roba su pedazo de pan al niño hambriento.  Mercado no es igual a justo derecho de propiedad.  El mercado es un mecanismo potente de generación de riqueza, de desarrollo de las empresas, de crecimiento de la economía, etcétera.  Pero el mercado tiene importantes errores en lo que hace a la distribución de la riqueza generada.  Esas fallas las corrige el Estado mediante la redistribución del ingreso.

Con los impuestos que le paga la gente al Estado, el Estado le paga a los maestros de escuelas públicas, a los policías, a los médicos de los hospitales públicos, etcétera.

Quien no tiene nada de dinero no debe pagar nada de impuesto.  Quien tiene un poco de dinero debe pagar un poco de impuesto.  Quien tiene mucho dinero debe pagar mucho impuesto.  Es un sistema similar al “diezmo” de   las iglesias.  Cada miembro de la iglesia contribuye al sostenimiento de ella con la décima parte de sus ingresos.  Esto no se considera un “regalo” sino una “devolución”.  Y “no devolver” es “robar”.

Este sistema impositivo es equitativo.  Sería injusto (o inequitativo) que todos los habitantes pagaran la misma cantidad absoluta de dinero de impuesto.  Básicamente, el sistema tributario es proporcional:  impuesto inmobiliario, al automotor, a las ganancias, etcétera.  Estos impuestos son un porcentaje del valor del automotor, de la vivienda, de las ganancias, etcétera.

El valor del arancel de la universidad privada está condicionado por la existencia de la gratuidad y la universalidad de la universidad pública estatal.  La universidad pública deja de ser universal cuando establece “cupos” de ingreso.  Este “cupo” en la universidad pública estatal, explícito o encubierto, por examen eliminatorio de ingreso, por supuesta “regulación de la matrícula profesional”, por horarios de servicio solamente accesibles para privilegiados, por exámenes arbitrarios de las asignaturas, etcétera, provoca un gran aumento del valor del arancel de la universidad privada, y más todavía cuando existe oligopolio o monopolio.  Lo mismo ocurre con el servicio de medicina y en general de atención de la salud.  También por ley de oferta y demanda, el precio de los servicios profesionales (medicina, arquitectura, abogacía, etcétera) está condicionado por la ampliación de la oferta profesional que logra la gratuidad de la universidad.

Toda la población debería completar la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad, en las diversas ramas del conocimiento.  Toda la población adulta debería ser graduada universitaria.

LAS CAUSAS DE LA POBREZA.  EMPLEO, INVERSIÓN, JUSTICIA SOCIAL, DEUDA EXTERNA, EVASIÓN FISCAL, GUARIDAS FISCALES.  KEYNESIANISMO Y NEOLIBERALISMO.

El “keynesianismo” es la tesis económica de John Maynard Keynes, publicada en 1936 como solución a la Gran Depresión de 1929.  Keynes defendió la capacidad estatal de controlar la economía en épocas de recesión o crisis, mediante el gasto presupuestario del Estado, o política fiscal, en virtud del efecto multiplicador del incremento de la demanda agregada.  Las escuelas monetarista y austríaca intentan refutar el keynesianismo, pero el keynesianismo sigue aplicándose en la mayor parte del mundo, y parte de los economistas más importantes son keynesianos, como Paul Krugman y Joseph Stiglitz.  El Estado de Bienestar o Seguridad Social Integral son programas integrantes del keynesianismo.  La derecha política es enemiga del keynesianismo.  La derecha política, en cambio, es “neoliberal”.

La derecha política dice que “hay que bajar los costos, y los salarios son un costo más”, y que los derechos laborales conquistados por los trabajadores generan pobreza, por lo cual se necesita cada vez más “reforma laboral”.  La derecha política dice que la justicia social y el combate contra la explotación son causa de pobreza, porque supuestamente desalientan la “inversión” del capital y la “generación de empleo”.

El ciudadano votante de derecha debería al menos sospechar de la rara idea de que la pobreza se combate rebajando salarios.

El discurso de la derecha política es el discurso del eterno sacrificio para en un futuro indeterminado estar supuestamente mejor.  El inmenso detalle es que la derecha siempre reclama sacrificios al pobre, pero jamás reclama sacrificios al rico, al gran capital, sino todo lo contrario, reclama el eterno sacrificio del pobre a favor del gran capital.  El votante de derecha debería al menos sospechar de este discurso del sacrificio desigual.  El discurso de la derecha es que nadie le “regale” nada a nadie, pero el inmenso detalle es que la derecha jamás denuncia que el pobre le “regala” horas y horas de trabajo al rico, al gran capital.  Ese es el único “regalo” que la derecha no condena.  Trabajar todo el día por un plato de arroz, para la derecha no es un “robo”.  El “robo de vida”, que es la explotación del hombre por el hombre, es el crimen que comete y encubre la derecha.  De ese robo, el robo más grande del mundo y de la historia, jamás hablan los pseudoperiodistas mercenarios de la derecha.  Eso debería llevar a sospecha al ciudadano votante, porque “el tiempo es oro”, y el robo de tiempo, el robo de tiempo de trabajo, es uno de los más graves robos, y de ese robo la derecha es autora y encubridora.

La verdad es que la causa fundamental y estructural de la pobreza es la injusticia social y la explotación del hombre por el hombre, entendiendo por Justicia Social el respeto de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

La verdad es que para lograr “pobreza cero”, hay que establecer salario justo por jornada justa, jubilación universal mediante seguridad social estatal, “salario indirecto” de garantía estatal, mediante gratuidad y subsidios, de derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a los servicios públicos, planificación económica estatal, control de precios de la canasta familiar, etcétera.

La derecha es enemiga de todo eso, necesario para combatir la pobreza, con el pretexto de supuestamente permitir la producción, el empleo y la inversión.

Por ejemplo, “gratuidad” de la educación universitaria significa que CADA habitante PAGA la universidad EN PROPORCIÓN a la riqueza personal de cada habitante, mediante los IMPUESTOS GENERALES de la población, en un sistema perfectamente comparable al “diezmo” de las iglesias, y, de hecho, con ese origen.

Así el servicio se financia con justicia y nadie se queda afuera, si además de la gratuidad se aplican diversas medidas de equidad adicionales.

Seguridad social estatal, es decir, fondos jubilatorios universales estatales, o sistema de “reparto”, significa solidaridad, porque implica, por ejemplo, que el trabajador explotado que no pudo hacer aportes jubilatorios por haber sido sometido por el capital al trabajo clandestino, o “en negro”, igualmente recibirá una jubilación digna, financiada con los fondos estatales generales.  Si los fondos jubilatorios son, en cambio, privados, como quiere la derecha política, estas políticas de solidaridad se hacen imposibles.  Por definición, en un sistema jubilatorio privado (“AFJP”), cada habitante recibe en su retiro solamente lo que aportó durante su vida laboral, y no hay ningún reparto de fondos estatales generales que completen una jubilación digna.

La derecha siempre dice que los gobiernos “populistas” descuidaron el problema de “generación de riqueza” exagerando la “distribución de la riqueza” y que es mucho más grave el problema de “producción” que el de “distribución”.

Pero la verdad es que existe un grave problema de distribución social de la riqueza, y ese problema es causante de pobreza, porque en realidad, y de acuerdo con el keynesianismo, es la distribución de la riqueza la que genera el crecimiento de la economía.  El mundo actual tiene un inmenso problema de justa distribución de la riqueza.  Puede estimarse que un quinto de la población mundial concentra cuatro quintos del ingreso planetario.  “El 0,7% de la población mundial (34 millones) tiene el 45,2% de la riqueza global.”  (Distribución de la riqueza mundial, El País, Madrid, 13/10/15).

Esta injusticia social es la que genera problemas de producción, empleo y desarrollo.  La justicia social es la que permite el desarrollo económico y la revolución productiva.  Es el salario justo, la salud del pueblo, la educación de todos, la planificación económica estatal central, lo que desarrolla la economía y la producción.  Es el salario el que permite vender a la industria, pues la rebaja de salarios provoca caída del nivel de ventas de la industria y del comercio.  A su vez el aumento del nivel general de ventas de la economía del sector privado permite una mayor recaudación impositiva, que permite al Estado desendeudarse e invertir en la infraestructura necesaria para el desarrollo económico, como caminos, energía, ciencia y educación, etcétera.  La caída de los salarios, y la injusticia social en general, es lo que provoca la depresión económica y el endeudamiento del Estado.

Así la derecha genera otro factor estructural de pobreza, que es el endeudamiento del país.  Por ejemplo, en 2017 Argentina es la economía emergente que más deuda externa contrajo en el mundo.  El ranking de la consultora financiera Bloomberg, sobre el período de enero de 2015 a febrero de 2017, el primer lapso del gobierno de derecha en Argentina, después de una década de desendeudamiento externo del gobierno peronista, determina que Argentina aumentó su deuda externa en US$ 55.600 millones.  Es esta deuda externa y eterna la que impide la política satisfactoria de seguridad social, ciencia, educación, salud, etcétera.  La derecha jamás en su discurso denuncia el endeudamiento del país, pues la derecha es la que endeuda los países, generando déficit fiscal.

La derecha también genera déficit fiscal crónico mediante la evasión fiscal del gran capital, que es representado políticamente por la derecha, mediante las botas del golpe de Estado o mediante los votos de un estafado electorado.  Los ultrarricos ocultan su riqueza en guaridas fiscales, es decir, en países extranjeros mal llamados “paraísos” fiscales, pues no son más que “guaridas” para que el gran capital eluda el pago de impuestos en los países donde genera ese dinero.  Esto priva a los Estados locales, donde se originó la riqueza que evade impuestos, de los recursos que necesitan para financiar servicios públicos (como salud o educación) y proyectos de infraestructura (como rutas y hospitales).  Esto agrava la pobreza, por recorte de obras y servicios, y por sobrecarga impositiva sobre las pequeñas empresas y sobre el pueblo trabajador.  El pequeño empresario suele ser votante de la derecha creyendo que un gobierno de ricos aliviará la carga impositiva sobre pequeños industriales y pequeños comerciantes, cuando la realidad es opuesta, pues la derecha traslada sobre los peces chicos la carga impositiva que debería pesar sobre los peces gordos.

El problema de la evasión fiscal y los paraísos fiscales es particularmente alarmante en América Latina, la región más desigual del planeta, según un informe del año pasado del Foro Económico Mundial.” […] “Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), calculó que en 2014 la evasión fiscal de parte de personas y empresas en la región costó más de US$190.000 millones.”  (Paradise Papers: cuán pobres nos hace que los ultrarricos tengan su dinero en paraísos fiscales, Redacción, BBC Mundo, 8 noviembre 2017).

Quien se hizo rico mediante la evasión tributaria, la explotación del obrero y los negociados de saqueo contra el Estado, se hizo rico robando al Estado y al pueblo.  En su inocencia e ingenuidad, el votante de derecha vota al rico porque supuestamente “no va a robar porque es rico”, desconociendo que se hizo rico robando, y seguirá robando para ser todavía más rico, porque la codicia de estos perversos es insaciable.

Por supuesto que la sociedad debe sacrificarse para invertir en el desarrollo de la capacidad productiva, pero ese sacrificio debe ser igualitario, y de ninguna manera realizado por los más pobres, por quienes tienen dificultades incluso de alimentación.  El sacrificio para la inversión en producción no debe realizarse en el salario de los trabajadores.  Pues el salario también es factor de inversión, pues el consumo también es factor de inversión, pues cada trabajador asalariado democráticamente decide mediante su consumo las ramas industriales que es necesario fortalecer.  La minúscula clase capitalista no debe tener el privilegio de decidir autoritariamente y excluyendo al pueblo, qué producir socialmente y cómo producir.  La sociedad es la que debe decidir democráticamente, mediante las instituciones del Estado, qué producir y cómo producir riqueza y bienestar para todos.  La gran inversión tiene que ser estatal, en infraestructura económica (como fuentes de energía, medios de comunicación, transporte, etcétera), ciencia democrática, educación popular, salud universal, etcétera.  La rebaja salarial no tiene relación con esa gran inversión necesaria, que debe ser estatal y democrática.

La verdad es que la derecha política desea que exista una pobreza importante, y un desempleo alto, porque son los pobres y los desempleados quienes aceptan empleos con bajos salarios, y con precarias condiciones laborales, y hacen posible el descenso general de los salarios y la precarización general de las condiciones de trabajo.  Debería ser evidente para el ciudadano votante que el objetivo de la derecha es la caída del salario y de las condiciones dignas y seguras de labor.  De hecho, es bastante explícito el programa de la derecha política.

LA MEDICIÓN DE LA POBREZA.  SUPUESTAS ESTADÍSTICAS Y JUSTICIA SOCIAL.

Muchas estadísticas que se publican sobre la pobreza no son confiables, porque no son compatibles con el contexto de políticas de justicia social.  Lo confiable para medir la pobreza son las políticas de justicia social que todos podemos verificar por nuestros propios medios, como por ejemplo, que nuestra abuela que nunca pudo aportar por haber estado siempre en “negro” se pudo jubilar gracias a la estatización de los fondos jubilatorios, o que nuestro sobrino pudo estudiar en la universidad estatal gratuita.  ¿Cómo es posible, por ejemplo, que si hay mayores derechos laborales y sociales de los trabajadores, haya mayor pobreza?.

A los gobiernos de justicia social la derecha los acusa de “populistas”.  La derecha gana elecciones prometiendo que “podemos vivir mejor” que en épocas de “populismo”, pero gobierna diciendo que “vivíamos demasiado bien” en tiempos de “populismo”.  El votante de derecha debería, al menos, sospechar de este discurso.  ¿Cómo es posible que si “vivíamos demasiado bien” en tiempos de “populismo” haya habido tanta supuesta pobreza?.  ¿Cómo es posible que si los salarios eran “demasiado altos” en tiempos “populistas” haya habido tanta supuesta pobreza?.  ¿Cómo es posible que si la electricidad y el gas eran “demasiado baratos” haya habido tanta supuesta pobreza en tiempos “populistas”?.

La derecha tiene un discurso así: “Usted no me prestó ningún caldero, además yo se lo devolví a Usted sano, y cuando Usted me lo prestó ya estaba roto”.

Para el votante que no se deja engañar por falsas estadísticas sobre pobreza, sino que confía en lo que vio con sus propios ojos, la derecha tiene esta explicación de las épocas de justicia social: “Estábamos bien en los tiempos de ‘populismo’, pero íbamos mal; en cambio ahora, con el gobierno de derecha, estamos mal, pero vamos bien, porque ahora estamos pagando la ‘fiesta populista’”.  La derecha dice que “hay que pasar el invierno” en todas las estaciones del año, todos los años.

DERECHA POLÍTICA, SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA SOCIAL.

El comportamiento parlamentario de la derecha política, como podemos comprobar fácilmente, es enemigo de la justicia social.

Chequeado . com.   La verificación del discurso público.  ¿Es verdad que el PRO [el partido de Mauricio Macri] votó en contra de las leyes que marca la campaña de Scioli?.  Ariel Riera y Olivia Sohr.  15 noviembre, 2015.  […]  Estatización AFJP [Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones].  La modificación del sistema previsional fue otra de las leyes discutidas.  El oficialismo [en ese momento, año 2008, era presidenta Cristina Fernández de Kirchner] acompañó mayoritariamente la medida: en Diputados 115 de sus representantes votaron a favor, aunque otros cinco la rechazaron, entre ellos Felipe Solá.  En el PRO, como marca el folleto, sus nueve diputados votaron en contra.  […]  Gratuidad universitaria.  Menos de tres semanas atrás el Senado aprobó una modificación a la Ley de Educación Superior, que entre otras cosas explicita la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones universitarias estatales e impide cualquier cobro directo o indirecto.  Allí, los dos senadores del PRO (Gabriela Michetti y Diego Santilli) se retiraron del recinto, por lo que se cuentan como ausentes.  La medida ya contaba con media sanción en Diputados, en una sesión caracterizada por las ausencias al momento de la votación (108 representantes de 257) y en la que el PRO se dividió entre votos negativos y faltas.”

Al votarse en el Senado la estatización de las AFJP, rechazaron la propuesta oficialista la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Cívico y Social de Catamarca, Fuerza Republicana (Tucumán), los partido Renovador (Salta) y Nuevo (Córdoba), los peronistas disidentes y los oficialistas Juan Carlos Romero (Salta) y Sonia Escudero.  Pocos años después la UCR consumaría su entrega a la “derecha”, en palabras textuales del ex presidente fallecido Raúl Alfonsín, permitiendo que el macrismo conquistara la presidencia de la Nación.  Obviamente, los traidores de los principios de la histórica UCR, dicen que si Raúl Alfonsín viviera habría hecho la alianza que en vida condenó.  El traidor, obviamente, no tiene vergüenza ni siquiera de poner palabras en boca de una persona fallecida que no puede defenderse.

INSEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO.  SEGURIDAD Y JUSTICIA SOCIAL.  CORRUPCIÓN POLICIAL Y JUDICIAL.  LEY PENAL.  DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS PROCESALES.

Una frecuente propaganda de la derecha es un supuesto combate contra el narcotráfico y la inseguridad pública en general, entendiendo por ésta básicamente los robos o asaltos a mano armada, cometidos por las supuestas “manzanas podridas” de la sociedad.  La supuesta propuesta de la derecha contra la inseguridad y el narcotráfico se basaría en la “mano dura”, consistente en aumento del personal policial armado, elevación de penas, devaluación del principio de inocencia, expansión de la prisión sin condena y disminución de la edad de imputabilidad.

La realidad es que la inseguridad y el narcotráfico tienen como causa profunda principalmente a la explotación y a la injusticia social en general, porque la explotación y la injusticia social destruyen las personas, destruyen su integridad física y mental, destruyen las familias, quiebran a las personas.  “Ningún pibe nace chorro”.  Ningún niño nace delincuente.  Es la vulneración de sus fundamentales derechos humanos prácticamente desde bebé, lo que hace que los niños más vulnerables se terminen quebrando en su ser y caigan en el delito.

El votante de derecha debería desconfiar del simplista, cínico e hipócrita discurso de la derecha sobre “manzanas podridas” y “mano dura” y, dado que el votante de derecha se suele autocalificar como “católico”, debería escuchar, al menos, al Papa Francisco.  Pero la televisión argentina ha logrado que buena parte del pueblo católico argentino odie al Papa argentino, el Papa Francisco, y buena parte del electorado ha quedado muy a la derecha del Vaticano:  “En este contexto, en las últimas décadas se difundió la convicción de que a través de la pena pública se pueden resolver los más disparatados problemas sociales, como si para las más diversas enfermedades se nos recomendaría la misma medicina.  No se trata de confianza en alguna función social tradicionalmente atribuida a la pena pública, sino más bien en la creencia de que mediante tal pena se pueden obtener los beneficios que requerirían la implementación de otro tipo de política social, económica y de inclusión social.  No se buscan sólo chivos expiatorios que paguen con su libertad y con su vida por todos los males sociales, como era típico en las sociedades primitivas, pero además de esto algunas veces existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos: figuras estereotipadas, que concentran en sí mismas todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas.  Los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos que, en su momento, permitieron la expansión de las ideas racistas.”  (Discurso del Papa Francisco a la Delegación Internacional de Derecho Penal).

Además, por supuesto, la verdad es que es necesario erradicar la corrupción de la policía, los fiscales y los jueces.  Esto se logra democratizando el aparato policial y judicial del Estado, con medidas que jamás propone la derecha, como el juicio por jurado popular, la elección popular periódica del jefe de los fiscales, o procurador general, y el control democrático popular directo del aparato policial del Estado.

Una década de gobierno de derecha destruye una sociedad.  Y reconstruir el tejido social demanda al menos dos décadas, porque es más rápido destruir que construir.  Pero el gobierno de justicia social que sucede al gobierno de derecha, es injustamente acusado de ser el causante de un problema de inseguridad heredado, que es lento resolver, porque se trata de reconstruir familias destruidas, y de rescatar muchas personas destruidas en su integridad física y mental.  Los gobiernos de justicia social, por las políticas de justicia social en sí mismas, libran así el único combate de fondo contra la inseguridad y el narcotráfico.

La derecha jamás reconoce que las causas profundas del narcotráfico están en la injusticia social, y que las causas profundas de la inseguridad pública están en la explotación del hombre por el hombre.  La derecha, para supuestamente combatir el narcotráfico y la inseguridad propone en primer lugar a la policía, al aparato armado del Estado, sin hablar nunca de la profunda democratización que necesita la policía para impedir su profunda y perpetua corrupción.  La derecha habla solamente de “mano dura”, o, para disimular su brutalidad, “mano firme”.

La derecha política pone el foco también en la “elevación de penas”, lo cual es absurdo, y es una política de encubrimiento y de impunidad, porque lo que hay que elevar es el índice de esclarecimiento del crimen, lo cual se logra con las reformas judiciales democratizadoras.

La experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales, ni logra disminuir los índices de delincuencia.”  (Carta del Papa Francisco al Congreso Internacional de Derecho Penal).  “San Juan Pablo II condenó la pena de muerte (cf. Carta enc. Evangelium vitae, 56), como lo hace también el Catecismo de la Iglesia católica (n. 2267).”  (Discurso del Papa Francisco a la Delegación Internacional de Derecho Penal).

Más todavía, deberían despenalizarse muchísimas conductas, porque no tienen gravedad suficiente para el castigo penal, que es el más extremo, y, además, la penalización de muchas conductas es fuente de corrupción policial y judicial.  La verdad es que no todo problema social se resuelve con la ley penal, y puede ser “peor el remedio que la enfermedad”.

Se ha debilitado la concepción del derecho penal como ultima ratio, como último recurso a la sanción, limitado a los hechos más graves contra los intereses individuales y colectivos más dignos de protección.  Se ha debilitado también el debate sobre la sustitución de la cárcel con otras sanciones penales alternativas.  En este contexto, la misión de los juristas no puede ser otra más que la de limitar y contener tales tendencias.”  (Discurso del Papa Francisco a la Delegación Internacional de Derecho Penal).

La derecha es también enemiga de lo que llama “derechos humanos”, refiriéndose con esa expresión básicamente al “principio de inocencia”, es decir al principio moral y jurídico de que toda persona debe ser considerada inocente, y por tanto, estar en libertad, si no se ha demostrado públicamente y con certeza su culpa por un fiscal ante un tribunal imparcial que dicte sentencia firme con oportunidad de derecho de defensa, para que cada persona quede protegida de falsas denuncias, confusiones y gravísimas injusticias.

Por ser enemiga del principio de inocencia, la derecha es partidaria de la prisión sin condena, de la prisión durante el juicio penal, no solamente como excepción para casos extremos y muy fundados de peligro de fuga u obstáculo a la investigación.

La prisión preventiva -cuando de forma abusiva procura un anticipo de la pena, previa a la condena, o como medida que se aplica ante la sospecha más o menos fundada de un delito cometido- constituye otra forma contemporánea de pena ilícita oculta, más allá de un barniz de legalidad.”  (Discurso del Papa Francisco a la delegación internacional de Derecho Penal).

La verdad es que el Derecho procesal debe lograr tanto la condena del culpable como la absolución del inocente.  El procedimiento penal es la salvaguardia de los hombres de bien, de los inocentes.  Es moralmente preferible la absolución de cien culpables a la condena de un inocente.  A eso tienden las garantías constitucionales.  La verdad es que los derechos humanos, las garantías constitucionales, existen para proteger a los inocentes, a los decentes, a los hombres de bien, y para que los verdaderos culpables no queden en libertad por causa de la condena de un inocente.

La verdad es que las garantías constitucionales del proceso penal protegen a los inocentes y, además, combaten la impunidad de los culpables.

“[…] encomendándolos al Señor Jesús, que en los días de su vida terrena, fue apresado y condenado injustamente a muerte, y se identificó con todos los encarcelados, culpables o no (‘Estuve preso y me visitaron’, Mt 25,36).”  (Carta del Papa Francisco al Congreso Internacional de Derecho Penal).

La derecha descalifica a estos principios fundamentales de la civilización como “garantismo” y “derechos humanos solamente para los delincuentes”.

El discurso de la derecha sobre la inseguridad y el narcotráfico es una gran estafa, un fraude contra la ciudadanía, una maniobra, en realidad, de encubrimiento e impunidad, escondida en cantos de sirena de “mano dura contra los delincuentes”, contra las supuestas “manzanas podridas”.  El poder, el gran capital, y la derecha, que los representa, en realidad necesitan al “ladrón de gallinas”, para dar pretexto a la existencia de un aparato policial estatal que tiene como verdadera función, oculta, encubierta, la ilegítima represión de la protesta social y de la organización popular y para encubrir a los “ladrones de guante blanco”, a la explotación y a la injusticia social.

El gran capital, y la derecha, que lo representa, prefieren a un adolescente drogado y asaltante que a un adolescente pensante y denunciante de la explotación y de la injusticia social.

Ya tenemos varias décadas perdidas pensando y creyendo que todo se resuelve aislando, apartando, encarcelando, sacándonos los problemas de encima, creyendo que esas medidas solucionan verdaderamente los problemas.  […]  La misericordia divina nos recuerda que las cárceles son un síntoma de cómo estamos en sociedad, son un síntoma en muchos casos de silencios y de omisiones que han provocado una cultura del descarte.  Son un síntoma de una cultura que ha dejado de apostar por la vida; de una sociedad que, poco a poco, ha ido abandonando a sus hijos.  […]  El problema de la seguridad no se agota solamente encarcelando, sino que es un llamado a intervenir afrontando las causas estructurales y culturales de la inseguridad, que afectan a todo el entramado social.  La preocupación de Jesús por atender a los hambrientos, a los sedientos, a los sin techo o a los presos (Mt 25,34-40), era para expresar las entrañas de misericordia del Padre, que se vuelve un imperativo moral para toda sociedad que desea tener las condiciones necesarias para una mejor convivencia.  […]  Trabajen para que esta sociedad que usa y tira a la gente, no siga cobrándose víctimas.  Y, al decirles estas cosas, recuerdo aquellas palabras de Jesús: «El que esté sin pecado que tire la primera piedra», y yo me tendría que ir.  Al decirles estas cosas no lo hago como quien da cátedra, con el dedo en alto, lo hago desde la experiencia de mis propias heridas, de errores y pecados que el Señor quiso perdonar y reeducar.  Lo hago desde la conciencia de que, sin su gracia y mi vigilancia, podría volver a repetirlos.  Hermanos, siempre me pregunto al entrar a una cárcel: «¿Por qué ellos y no yo?».  Y es un misterio de la misericordia divina; pero esa misericordia divina hoy la estamos celebrando todos mirando hacia delante en esperanza.”

(La Santa Sede, Viaje apostólico del Papa Francisco a México, 12-18 de febrero de 2016, Visita al Centro de Readaptación Social -Cereso 3- de Ciudad Juárez, miércoles 17 de febrero de 2016, https : // w2. vatican. va).

LA CORRUPCIÓN.  SOBORNOS.  SOBREPRECIO DE LA OBRA PÚBLICA.  GUARIDAS FISCALES.  CORRUPCIÓN JUDICIAL.

La derecha política, suele culpar también de la pobreza a la llamada “corrupción”, que consiste básicamente, para la derecha, en sobornos a funcionarios por sobreprecios en licitaciones de obra pública y de compras del Estado en general.  Este fenómeno llamado “corrupción” perjudica el combate contra la pobreza, pero no es, obviamente, la causa estructural de la pobreza, en particular en una república donde mínimamente existen los mecanismos normales de control de los fondos públicos, con aprobación parlamentaria del presupuesto público y organismos independientes de control de las cuentas públicas, es decir, del proceso de ingresos y gastos del Estado.  Sí es importante causa de pobreza la corrupción que permite la evasión tributaria en las guaridas fiscales, mal llamadas “paraísos fiscales”, pero la derecha nunca habla de esta corrupción, una de las más graves.  El votante de derecha debería al menos sospechar del muy selectivo discurso de derecha sobre la corrupción, que habla de quien recibe sobornos, pero no de quien los paga -que también saquea al Estado mediante el sobreprecio de la obra pública-, ni de quien evade impuestos mediante guaridas fiscales, investigadas, por ejemplo, en los “Panamá Papers” y “Paradise Papers”.

La derecha política, en realidad, no combate la llamada “corrupción”, porque la corrupción se combate promoviendo mejoras judiciales como el juicio por jurado popular, la elección directa y periódica por el pueblo del jefe de los fiscales o procurador general, el control democrático directo del aparato policial del Estado, las apropiadas condiciones laborales del factor humano judicial de esclarecimiento del crimen, y en general reformas constitucionales que profundicen la democracia y el control popular sobre el gobierno.

La derecha política jamás plantea estas reformas judiciales.  Seguramente porque la derecha política está acusada de la mayor corrupción.  Por ejemplo Alejandro Olmos Gaona, Periodista Independiente, informa, como se puede chequear en expedientes judiciales públicos:

“[…] Simultáneamente con la Comunicación A31 del Banco Central que comenzó el procedimiento de la estatización de la deuda privada en junio de 1981, se constituyó la offshore Kagemusha, de la cual Mauricio Macri fue Vicepresidente, que está vigente, y sobre la cual no ha dado explicación alguna.  En ese procedimiento de estatización de la deuda privada, que permitió transferir a todo el pueblo argentino las especulaciones de gran cantidad de empresarios, la familia Macri se vio favorecida con la transferencia al Estado Nacional de las siguientes sumas: Sevel 124.142.000 dólares, Sideco americana 60.751.000 dólares, Fiat: 51.000.000.  En el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, se encuentran las pruebas de parte de la auditoría hecha entre 1983 y 1985 por auditores del Banco Central que mostraron la fraudulencia de las operaciones del endeudamiento privado.  En el año 2001, las siguientes empresas de la familia Macri y de las cuales Mauricio era directivo y accionista fugaron al exterior las siguientes sumas: Sideco 27.128.866 dólares, Socma 9.316.000 dólares, Socma Americana 6.415.344, Correo Argentino 4.891.000.  Todo lo cual fue debidamente documentado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas en el año 2001.  También cabe recordar, que siendo Mauricio Macri Presidente de Sevel en el año 1994, 42.000 vehículos fueron fabricados con fallas en su caja de dirección, provocando en un caso la muerte de unas personas, lo que determinó no solo que SEVEL pagara una indemnización, sino que se viera obligada a revisar todos los automotores fabricados y repararlos en un fallo inédito.  Finalmente, hay que recordar, el procesamiento de Franco Macri y Mauricio Macri, por el delito de contrabando producido a través de 1900 vehículos.  La Corte Suprema de la mayoría automática del menemismo, los sobreseyó, no por inexistencia del delito, sino por un artilugio judicial, que fue fulminado en los dictámenes en disidencia de los Ministros de la Corte Carlos Fayt, Augusto C. Belluscio y Enrique Petracchi.  […]  Las fuentes son: Causa Olmos I, Causa Olmos II, causa Olmos III, que tramitan en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del Dr. Ramos, por la Secretaría N° 4, interviene el Ministerio Público Fiscal a través del Dr. Federico Delgado; Comisión Investigadora de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados de la Nación.  Respecto a la causa por contrabando está en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo referido a los 42.000 autos, en la Cámara Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal”.

Los que deben y pueden castigar la llamada “corrupción” de los políticos, si la comprueban, son los tribunales.  Esto es obvio, pero la derecha dice que la corrupción se combate con el “voto”.  El votante de la derecha debería sospechar de este raro discurso político.

Dado que la derecha política en realidad no quiere combatir la corrupción, jamás plantea las reformas judiciales necesarias, y ni siquiera menciona los mecanismos de esclarecimiento del crimen.

Los jueces y fiscales se han caracterizado históricamente por obedecer a la derecha política hasta el punto de ser cómplices del terrorismo de Estado, de la destrucción inconstitucional de derechos sociales y de campañas electorales mentirosas de la derecha, que coordinan a la prensa mentirosa con el aparato judicial mentiroso.

Los Mártires de Chicago, inocentes luchadores por la justicia social, fueron condenados a muerte o prisión, por fiscales y tribunales corruptos.  No fue ni la primera ni la última vez en que los luchadores por la justicia social son acusados por fiscales corruptos y condenados por tribunales corruptos.

La Carta del Papa Francisco al Congreso Internacional de Derecho Penal declara: “[…] encomendándolos al Señor Jesús, que en los días de su vida terrena, fue apresado y condenado injustamente a muerte, y se identificó con todos los encarcelados, culpables o no (‘Estuve preso y me visitaron’, Mt 25,36).”

La televisión dominante es propiedad del gran capital y es usada por el gran capital como aparato de propaganda política simuladora de periodismo.  Los periodistas no van presos por mentir.  La ley penal no castiga las injurias y calumnias que los supuestos periodistas cometen mintiendo contra los políticos de la justicia social.  No existe en la ley penal delito de injuria cuando se trata de supuestas noticias políticas.  Por lo tanto los falsos periodistas mercenarios de la derecha pueden acusar falsamente e impunemente de “corrupción” a los políticos de la justicia social.  Estos falsos periodistas pueden engañar a la mitad del electorado, aprovechándose de la inocencia del pueblo y del desconocimiento general que existe sobre los temas de justicia social.  Entonces los ciudadanos, de buena fe, aunque engañados, se llenan de odio contra los políticos de la justicia social, porque es difícil que los políticos de la justicia social se defiendan de las falsas acusaciones frente a la ciudadanía.

La realidad es que no suele existir ni una sola prueba real de corrupción contra los políticos de la justicia social, y el ciudadano que llegó a odiarlos, no tiene ni una sola prueba, no conoce ni una sola prueba, pero se convence de su odio porque “la televisión lo dice” y por tanto “es verdad”.

Los tribunales y los fiscales, que históricamente han sido en su mayoría meros mercenarios de la derecha, y cómplices de las políticas de injusticia social, pueden decretar embargos multimillonarios contra los políticos de la justicia social, sin que exista ninguna sentencia firme de condena, e incluso encarcelarlos sin sentencia firme de condena, sin haber existido oportunidad de defensa en juicio para la demostración de inocencia.  Pero la audiencia televisiva, en su desconocimiento de las reglas básicas del proceso penal, se convence de que los que sufren estos embargos y estas detenciones son culpables, aunque todavía de ninguna manera se haya demostrado su culpabilidad.

La derecha política, dado que no quiere en realidad combatir la corrupción, en lugar de poner el foco en la democratización de los tribunales, pone el acento en el voto electoral, porque el voto es la más débil de las herramientas para combatir la llamada “corrupción”, pues el voto puede ser manipulado por propagandistas mentirosos simuladores de periodismo, sin dar derecho de defensa al supuesto corrupto, y sin seguir un debido proceso judicial de investigación y demostración de culpas.

Votar a un condenado por un real acto de corrupción, aunque el candidato tenga un programa de justicia social, tampoco sería, obviamente, positivo, pero difícilmente un condenado por corrupción tendrá posibilidades como candidato pues sus adversarios u opositores basarían la campaña electoral en esa condena por corrupción.

Hay que comprobar si realmente el candidato con un programa de justicia social está condenado con sentencia firme, o solamente está enjuiciado o procesado sin existir condena todavía, pues las falsas denuncias o falsas acusaciones son comunes en política.  De hecho, la derecha se especializa en denunciar falsamente a los políticos de la justicia social.

La prensa dominante, que es propiedad de la derecha, es decir, del gran capital, convierte estas falsas acusaciones en la supuesta “noticia” permanente, pero cuando el falsamente acusado es declarado inocente por los tribunales, esta prensa mentirosa hace total silencio sobre el tema.

Los “fueros parlamentarios” no impiden que un parlamentario (diputado o senador) sea enjuiciado y condenado, sino que solamente impiden que sea efectivamente encarcelado, pues para la ejecución efectiva de la sentencia de condena se requiere que la cámara parlamentaria respectiva retire los fueros del condenado.  Defender los fueros de un parlamentario antes de la sentencia firme de condena no es “encubrir corruptos” sino garantizar que un fiscal o juez corrupto no priven injustamente de libertad, antes de la sentencia firme de condena, a un parlamentario posiblemente inocente que lucha por la justicia social.

El voto ciudadano debe apoyar siempre los candidatos de la justicia social, desconfiando siempre incluso de las condenas por supuestos casos de corrupción, más todavía si la sentencia de condena no está firme, es decir, no ha podido ser controlada todavía por el tribunal superior.  La supuesta corrupción es muy difícil de evaluar por el ciudadano, y es demasiado común la falsa acusación y hasta la condena de inocentes.  El pueblo debe votar políticas de justicia social que puede comprobar en su vida diaria y, definitivamente, no basar su voto en las campañas propagandísticas de la prensa del capital simuladora de periodismo, sobre retorcidos expedientes judiciales referentes a supuestas irregularidades administrativas de supuesta “corrupción”, expedientes de cientos o miles de páginas que casi nadie puede ni necesita leer para poder votar por la justicia social.

Esto no es votar al que “roba pero hace”, de ninguna manera.  Esto es votar al que se puede comprobar por todos que no roba mediante la explotación laboral y el saqueo de la Patria.

La derecha intenta convencer al pueblo, mediante sus propagandistas mentirosos simuladores de periodismo, de usar el voto contra la “corrupción” y no contra la “injusticia social” ni contra la “explotación”.  La palabra “explotación” no figura en el discurso de la derecha, y la palabra “corrupción” es la favorita del político de derecha y de sus mercenarios que simulan ser periodistas.

El gran capital y la derecha política, que lo representa, se hicieron ricos robándole al Estado, explotando al pueblo y saqueando a la Patria, mediante presidentes y parlamentarios títeres del gran capital, con la complicidad de la prensa mentirosa del capital.

Con el supuesto “voto contra la corrupción” la derecha y el gran capital se garantizan la impunidad y el encubrimiento, pues con ese voto no se combate realmente ni la corrupción ni la explotación.

HUELGAS, CORTES DE RUTAS, TOMAS DE ESCUELAS Y UNIVERSIDADES

La derecha se opone a que los sectores populares usen la huelga como medio de autodefensa contra la explotación que realiza el gran capital contra los trabajadores.  La derecha es enemiga de que el pueblo realice corte de rutas, de calles o tome escuelas, universidades u otros establecimientos públicos como protesta social contra el gobierno.

La verdad es que la explotación del hombre por el hombre obliga a la parte débil de la relación laboral, es decir, el trabajador, a abstenerse de realizar las tareas para el gran capital, como medio de reclamo de una jornada laboral humana, condiciones dignas y seguras de labor y salario justo.

El culpable de la huelga es el gran capital, que es la parte fuerte de la relación laboral, la parte que comete la explotación del hombre por el hombre.

Según la legislación vigente, día no trabajado es día no pagado, pero la huelga no es causa justa de despido ni de ninguna sanción.  En los países mínimamente civilizados existe este derecho de los sindicatos a la huelga, siempre que no se afecten derechos humanos fundamentales, por lo que deben existir guardias mínimas en hospitales para emergencias, etcétera.  No obstante, la parte patronal, el gran capital, dispone en la práctica de un enorme poder de disuasión mediante diversas represalias contra los trabajadores, para lograr que no adhieran a una huelga resuelta por el sindicato.

Por este motivo se justifica el corte de rutas por parte de los sindicatos, con el paso libre para toda eventual emergencia, para que los trabajadores no sean obligados por la patronal a violar la huelga, para que tengan la legítima excusa de la falta de transporte.  La verdad es que un par de horas de molestias de tránsito, con el paso libre para toda eventual emergencia, está justificado por el derecho de las familias a su salud, a su alimentación, a su techo, a su educación, a su dignidad.  Todos estos derechos son superiores al derecho a un tránsito cómodo.  Basuras que simulan ser periodistas, pero no son más que mentirosos propagandistas de la derecha, defienden como supremo derecho humano el derecho a transitar cómodamente por las autopistas.

La verdad es que, por ejemplo, la gratuidad de la educación universitaria se defendió mediante tomas de facultades por los estudiantes, cuando los gobiernos de derecha intentaron establecer el arancelamiento en los años 90 en Argentina.

El agua pura del pueblo de Mendoza, Argentina, se defendió con un corte de ruta en Alvear que conquistó la famosa Ley 7722 de control de la megaminería contaminante, secante y saqueante.  Las asambleas populares mediante esta metodología de reclamo, de denuncia y de protesta, han protegido los derechos humanos del pueblo y los intereses de la Nación, cuando no había otra herramienta posible para enfrentar a un poder enemigo de los derechos del pueblo y de la Nación.

El poder es dueño también de la televisión, de la prensa y de todo medio masivo de comunicación, y obviamente, el poder también es dueño de los pseudoperiodistas mercenarios y mentirosos que hacen propaganda política simuladora de información.  Muchas veces la única alternativa que tiene el pueblo en defensa de sus derechos frente al poder es el corte de ruta o la toma de una facultad.

La derecha suele decir que “comparte el reclamo pero no el método”, cuando la verdad es que no comparte el reclamo, pues los métodos más criminales han sido usados por la derecha, como bombardear la plaza de Mayo en 1955 en un intento de golpe de Estado contra el peronismo, matando a más de 308 personas e hiriendo a más de 700, y asesinar a 30.000 opositores políticos a partir del golpe de Estado contra el peronismo de 1976, además de torturar de las maneras más perversas, violar y robar.

Éste es el poder siniestro y perverso, autor del terrorismo de Estado, que con sus pseudoperiodistas condena un corte popular de ruta o una toma estudiantil de escuelas, que en defensa de los superiores derechos del pueblo y de la Nación, causan una molestia de tránsito, con el paso siempre habilitado para cualquier eventual emergencia, sin causar ningún otro inconveniente, sin usar armas, como lo hace la derecha, que siempre es asesina, porque siempre que puede impone políticas asesinas.

Está totalmente justificado afectar el derecho de transitar por alguna ruta o tomar escuelas, en defensa de derechos superiores del pueblo y la Nación.

La derecha no hace escándalo cuando el derecho de circular se afecta por el festejo de un partido de fútbol, para realizar las pericias policiales en un accidente de tránsito con lesionados, para efectuar alguna obra vial, o incluso alguna instalación cloacal domiciliaria particular.  La derecha es cínica.

Los desposeídos, los oprimidos, los explotados, los saqueados, no tienen otra alternativa que reunirse en el espacio público en asambleas populares, y gritar la insoportable injusticia en el medio de la calle, pues no son, como la derecha, dueños de la televisión, ni de cadenas de provisión de alimentos que pueden cortar para desabastecer a un pueblo y hacer caer a un gobierno, ni de grandes capitales que pueden despedir empleados en represalia por una huelga.

Este derecho a la protesta de las asambleas populares debería estar legalmente garantizado en lugar de condenado, porque se trata de una garantía de respeto de los derechos humanos fundamentales.

Las leyes fundamentales de una Nación, lamentablemente, no necesitan para su vigencia ser aprobadas mediante plebiscito.  Entonces al pueblo no le queda más remedio que la protesta, cuando los supuestos representantes, supuestos mandatarios, traicionan al electorado ciudadano, que es el legítimo mandante, estableciendo intolerablemente injustas políticas tributarias, de endeudamiento externo nacional, de presupuesto público, de jornada de trabajo, de salario mínimo legal, de jubilaciones, de educación, de salud, etcétera.

El derecho de protesta es garante de la soberanía popular y de la democracia.

La derecha condena que en estas protestas haya manifestantes encapuchados, pero no condena que el gobierno traidor del pueblo use la policía de investigaciones y los servicios de inteligencia (espionaje) del Estado para infiltrar las manifestaciones populares con agentes disfrazados de civiles, para generar disturbios y tener pretexto para golpear, reprimir, detener personas y armar causas penales fraudulentas basadas en falsas denuncias.  La política represiva de la derecha es ilegal, inconstitucional y asesina.  Los gobiernos de derecha dan al aparato armado del Estado (policía y demás cuerpos de “seguridad pública”) esta directiva textual: “Golpeen y disparen contra los manifestantes, contra el pueblo, y si muere algún ciudadano, que muera; habrá impunidad para el personal policial, porque este gobierno garantizará la impunidad, porque el juez que desobedezca a la presidencia o la gobernación, será destituido”.

LA HISTORIA DEMUESTRA QUE VOTAR TIENE SENTIDO

La derecha política, con su habitual contradicción, al mismo tiempo que promueve el voto contra el pobre, intenta convencer al electorado de que votar no tiene sentido, promoviendo mentiras como las siguientes: “todos los candidatos son iguales”, “ningún político cumple sus promesas”, “todo político es corrupto”, “gane quien gane hay que seguir trabajando igual” (por el mismo salario, la misma jornada laboral, con las mismas condiciones de seguridad), “son lo mismo”, etcétera.  El mensaje de la derecha es: “no votar, y si se vota, votar contra el pobre”.

Pero la verdad es que, por ejemplo, votar a Juan Domingo Perón o a Salvador Allende tuvo sentido, tanto sentido, que el gran capital hizo golpes de Estado (en 1955 y 1976 contra el peronismo, y en 1973 contra Salvador Allende), usando a las fuerzas armadas para derrocar a estos políticos de la Justicia Social elegidos por el pueblo.  Evidentemente, Perón y Allende no fueron iguales a la derecha, cumplieron sus promesas de Justicia Social y no fueron corruptos.

No es “lo mismo” un gobierno que logra la disminución, por ejemplo, de las tasas de mortalidad infantil y embarazo adolescente, que otro que las aumenta.  No es “lo mismo” un gobierno que logra el aumento, por ejemplo, de la estatura promedio de los niños, por su mejor nutrición, que otro que la disminuye.  No es “lo mismo” un gobierno que aumenta el número de estudiantes universitarios que otro que lo disminuye.  No da “lo mismo” votar por un partido, por otro, o no votar.  No da “lo mismo” una ley de jornada laboral semanal de 45 horas, 40 ó 30.  No da “lo mismo” para la familia, para el matrimonio, para los niños, para la salud, para la cultura, etcétera.

El buen ciudadano se informa sobre política para averiguar qué políticos luchan por la Justicia Social, por la reducción de la jornada laboral, por un salario suficiente para acceder a la canasta familiar, por condiciones dignas y seguras de labor, por la salud universal gratuita, por la educación universitaria universal gratuita, etcétera.

El gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht (1898-1955) dijo: “El peor analfabeto es el analfabeto político.  El que no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.  El que no sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado o de las medicinas, dependen de decisiones políticas.  El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política.  No sabe el imbécil, que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.

La derecha hace política contra el pueblo, y para lograrlo necesita hacer política sin el pueblo.  Por eso la derecha promueve en el pueblo la posición “apolítica”.  El “apolítico” es cómplice de los peores políticos.

Para combatir la pobreza y la inseguridad, el electorado debe castigar las políticas contrarias a la justicia social, chequeando la conducta parlamentaria de los políticos.  El voto también debe favorecer las políticas de democratización de la justicia, como el juicio por jurado popular, la elección popular periódica del jefe de los fiscales, etcétera, que son las auténticas herramientas de lucha contra la corrupción, herramientas jamás defendidas por la derecha.

El voto valioso es el voto a políticos de la justicia social.  El voto popular debe, en primer lugar, defender la justicia social, y los tribunales y fiscales deben combatir la corrupción de los gobernantes, porque si el voto popular no combate la injusticia social ni la explotación, tampoco lo harán los jueces, que se limitan a aplicar las leyes, por más injustas y explotadoras que estas leyes sean.

El voto de la ciudadanía debe custodiar, por ejemplo, la jubilación de nuestros padres y la educación universitaria de nuestros hijos o sobrinos, la seguridad social de todos los mayores y la ciencia y la educación de todos.

Votar a la derecha, según textual declaración oficial de los curas por los pobres de Argentina, es “pecado”, por ser un voto causante de pobreza, por ser un voto enemigo de la justicia social, por ser un voto a favor de la explotación del hombre por el hombre.

La televisión, que es del gran capital, intenta convencer a la ciudadanía, al electorado, de votar contra la justicia social, argumentando falsamente que la justicia social es en realidad negativa.  Por ejemplo, la derecha argumenta falsamente que la asignación universal por hijo (AUH, un salario familiar universal pagado por el Estado) solamente “mantiene vagos” (o flojos, o perezosos, o haraganes) y provoca que las adolescentes “se embaracen por un plan” social, como la AUH.  Las estadísticas científicas demuestran, por supuesto, que estas campañas de la derecha son totalmente falsas.

La derecha aporta falsos argumentos al votante de clase social media, que dicen que la clase baja, los pobres, los, según la derecha, “negros de m****a”, son la causa de todos los problemas del país, y que se necesita votar contra los pobres, contra la clase baja, para lograr supuestamente mejorar.

Votar contra el pobre, viola los principios morales y religiosos básicos de solidaridad, y por este motivo los curas por los pobres de Argentina han declarado oficialmente y textualmente que votar a la derecha, en concreto a la alianza “Cambiemos”, es un pecado para el cristianismo y el catolicismo.

El voto de derecha es el voto contra el pobre, en un racismo de clase, y el remordimiento de consciencia o sentimiento de culpa se sofoca con pretextos como una supuesta lucha contra una supuesta corrupción (de la que no suele existir ni una sola prueba real) de los candidatos de la justicia social, e ideas desmentidas por las estadísticas científicas, como que “el pobre es pobre por vago, por flojo, por haragán”, “a mí nadie me regaló nada, logré todo gracias a mi esfuerzo personal individual”, “me cansé de mantener vagos con mis impuestos”, etcétera.

La televisión es del gran capital, y emplea sofisticados mecanismos de marketing y propaganda política, que generan en el electorado de derecha sentimientos irracionales de profundo odio hacia los políticos de la justicia social.  Tan grande es el odio provocado que se pierde la capacidad del ciudadano para informarse y razonar sobre la justicia social.  Las estrategias de propaganda política de la derecha emplean sofisticadas herramientas de psicología perversa para manipular subconscientemente a la opinión pública de la ciudadanía y mantenerla así en el engaño y en la estafa electoral.  La derecha permanentemente opera para anular las capacidades racionales del pueblo, profundizar la ignorancia y potenciar las emociones irracionales.  La televisión, propiedad del gran capital, simula informar pero en realidad hace propaganda mentirosa de derecha.  Pseudoperiodistas mercenarios se hacen millonarios mintiendo contra la Justicia Social.

5.  El problema de la igualdad de oportunidades.

 

Uno de los principales objetivos de la redistribución del ingreso es lograr la igualdad de oportunidades.

Debe lograrse que quien trabaje más y mejor, gane más dinero; pero también debe lograrse que todos puedan estudiar en las mejores condiciones razonablemente posibles.  No es justo que el pobre gane poco toda su vida porque nunca tuvo oportunidad de estudiar.  Mediante la redistribución del ingreso se paga la educación gratuita (con los impuestos).  La educación gratuita permite igualdad de oportunidades de acceso a la educación y a trabajos mejores.  Lo ideal es que no exista la pobreza.  Es decir, lo ideal es que no existan personas pobres.  Y una de las principales herramientas para que no existan personas pobres es la educación gratuita, incluso la universitaria.  En cualquier etapa de su vida la persona tiene derecho a la educación, incluso universitaria.  Incluso si la persona ya tiene hijos, con las obligaciones financieras que eso implica.  Por ejemplo, según la Ley argentina, el salario mínimo mensual para la jornada legal completa de trabajo es a partir del 1° de enero de 2017, de PESOS OCHO MIL SESENTA ($ 8.060), que equivalen aproximadamente a 525 US$ (dólares de Estados Unidos de América).  Por ejemplo, una de las universidades privadas más tradicionales de Argentina, la Universidad Católica Argentina, tiene un arancel mensual en 2017 para la carrera de Medicina, de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 13.240), que equivalen aproximadamente a 862 US$ (dólares de Estados Unidos de América).  Es decir, el salario mínimo legal, aunque se destinara completamente al arancel universitario, no es suficiente para pagarlo, ni mucho menos.  Además, no se podría pagar, obviamente, ni vivienda, ni alimentación, ni vestimenta, ni servicios públicos, ni transporte, etcétera.  Obviamente, existen aranceles menores en Argentina, incluso para Medicina, pero este ejemplo es plenamente relevante.  Muchas universidades son inaccesibles para el obrero, no solamente por sus aranceles, sino por sus horarios de clases obligatorias, de prácticas obligatorias de laboratorio, etcétera, que se superponen con la jornada laboral.  No siempre existe, por ejemplo, el turno noche, ni el sistema de enseñanza no presencial, es decir mediante Internet.

NO  ES “SUFICIENTE” (AUNQUE ES “NECESARIA”) LA GRATUIDAD  DE LA  ENSEÑANZA  PARA  IGUALAR  LAS  OPORTUNIDADES  ENTRE  LOS ESTUDIANTES  DE DISTINTOS NIVELES DE INGRESO.  HAY DOS  VÍAS QUE   DEBEN  SUMARSE  PARA  EL  LOGRO  DE  LA  IGUALDAD   DE OPORTUNIDADES:

1. LA GRATUIDAD (COMO MEDIDA MÍNIMA O BÁSICA)

2. DIVERSAS MEDIDAS DE EQUIDAD.

 

6.  El problema de las medidas de equidad en el contexto social amplio.  Seguridad social universal.  La justicia social general.  La jornada laboral máxima general de seis horas.  La renta básica universal.  Autonomía universitaria para el pueblo.  La equidad del ingreso irrestricto en la educación superior, es decir, de la universalidad de la universidad gratuita.  El examen final escrito y anónimo.  Prohibición de castigo al rendimiento académico supuestamente “negativo”.

 

Estas diversas medidas de “equidad” que se suman a la gratuidad están incluidas, junto con la gratuidad, en la efectiva protección integral de los derechos humanos de los niños, los adolescentes y los adultos.  Especialmente se trata de las que mencionaré enseguida.  Cuando pasemos revista a estas medidas, sobre todo los habitantes de Iberoamérica, Asia o África, podremos pensar que se trata de la “Isla de la Fantasía” o del “País de Nunca Jamás”.  Pero, por ejemplo, Suecia, es un país que históricamente se ha acercado mucho a esto.  Estas políticas se aplican efectivamente en algunos países del mundo (no en todos, evidentemente).  Algunas se aplican solamente en algunas universidades del mundo.  Otras quizá no se han aplicado nunca, y son, entonces, todavía solamente una propuesta para construir una mayor equidad.  La mayoría de las propuestas de equidad están indicadas en las convenciones internacionales sobre derechos humanos y en las constituciones nacionales.

Aquí estoy argumentando sobre qué medidas educativas son (o serían) equitativas.  Es parte de mi argumentación “moral”.

A continuación, entonces, enumeraré las principales medidas de equidad.  Por supuesto, propongo, establecer todas estas medidas simultáneamente, y de ningún modo postergar la gratuidad hasta tanto se haya logrado la equidad absoluta en la sociedad.  Debe establecerse la gratuidad absoluta de la universidad pública de inmediato en los países donde todavía no existe, y, al mismo tiempo, también de inmediato, avanzar en las medidas de equidad necesarias para complementar a la gratuidad.

 

2.1.  Un  sistema  de salud pública física y  psíquica  y  de nutrición  neurológica completa universal accesible a todos los  niños (incluso  los más pobres) desde su concepción, y a su  madre desde antes de la concepción, dando aplicación a la doctrina de las Naciones Unidas de la protección integral de los derechos humanos de los niños y de los adolescentes, consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño, de Nueva York, 1989.

2.2. Un régimen serio de seguridad social universal, especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde su concepción hasta la conclusión del período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y la lactancia, que reemplace la tradicional, horrorosa y paupérrima “guarda del patronato del Estado sobre los menores en situación irregular”.  Idealmente, debería establecerse en particular la “renta básica universal”, propuesta por Philippe Van Parijs, autor del libro “Real Freedom for All”.  En castellano, existe, por ejemplo, “Las condiciones materiales de la libertad”, de Daniel Raventós.  La Ley del Congreso, o su incorporación constitucional como derecho humano, puede ser de un artículo único:  “Artículo 1.  Derecho a la Renta Básica.  Se establece el derecho de todo persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas.  La Renta Básica se constituye como derecho individual, universal e incondicional.”

(http://ilprentabasica.org/texto-de-la-ilp/)

Al menos debería establecerse una provisión menor de subsistencia de emergencia, es decir, una renta universal inferior al planteo anterior.

2.3.    La    situación   ideal   que    debería    lograrse progresivamente,  es  un  sistema  económico  y  social  que permita que los estudiantes de menores recursos no  trabajen o  trabajen  poco mientras cursan los niveles  de  educación (superior e inferiores).  Hay que insistir en que idealmente, debería establecerse en particular la “renta básica universal”.  El estudio serio es un duro trabajo.  Este   sistema debe incluir   ciertas   becas, préstamos, y justicia social general en la sociedad.  La jornada laboral general máxima justa es de 6 horas diarias, 30 horas semanales y diez meses y medio anuales.  El estudiante universitario debe poder trabajar incluso menos, como máximo unas cuatro horas cada día en condiciones dignas, y así financiar sus necesidades básicas, y estudiar el resto del día laborable.  El Estado debería posibilitar esto.

2.4. Enseñanza efectiva para todos de técnicas de estudio, aprendizaje y pensamiento, durante los doce años previos al nivel superior, con la misma intensidad horaria y jerarquía que Matemática o Lengua.

2.5. En todos los niveles de educación preuniversitarios, brindar un servicio educativo de efectiva calidad didáctica y científica, de modo que todos -ricos y pobres- lleguen igualmente formados al nivel superior.

2.6.  INGRESO IRRESTRICTO EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.  La gratuidad debe implicar la universalidad del acceso a la educación superior.  Así lo establece la Ley de Educación Superior de Argentina de acuerdo con la modificación incorporada por el gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner: “Artículo 7º – Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior.  Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador.”  (Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

Es de una brutalidad inconcebible determinar el futuro de una persona con “un” examen, el “examen de ingreso”, que se rinde “un” día, en “un” instante de la vida de una persona, para privar a esa persona de la oportunidad de realizar la carrera universitaria que desea.  Haber aprobado el nivel de educación preuniversitario, aprobación compuesta de muchísimos exámenes, en muchísimas oportunidades, o bien aprobar el examen para los mayores de 25 años, en la primera oportunidad o en oportunidades subsiguientes, es la única selección admisible para el ingreso en la universidad.  Otra clase de selección o exclusión es irracional e inmoral.  También es inmoral e irracional determinar el ingreso en la universidad en función del promedio de calificaciones de la educación preuniversitaria, pues precisamente los más pobres, desamparados y vulnerados en sus derechos, probablemente hayan logrado un menor nivel de calificaciones.  Este tipo de exclusiones privan de la oportunidad de la educación superior precisamente a quienes más lo merecen, porque son los que mayor injusticia social sufrieron en su niñez y en su adolescencia.

Además, la sociedad se privaría de tantos genios que no sobresalieron nunca por estudiar para aprobar y obtener buenas calificaciones, sino que estudiaron siempre para aprender, para investigar y para expandir la frontera del conocimiento humano.

Toda exclusión en el ingreso en la universidad es injusta, incluso la edad, por ejemplo, la usual edad de injusta exclusión en el ingreso laboral, los 40 años de edad.  De hecho, una persona de más de 40 años de edad, injustamente excluida del ingreso laboral, tiene todavía más necesidad de ingresar en la universidad gratuita.

La universidad debe ser gratuita y universal, para toda la población joven y adulta.  Debe estar prohibido todo examen de ingreso y todo cupo.

2.7. UN COMPONENTE CENTRAL DE LA “EQUIDAD” ES UN RAZONABLE DISEÑO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA, ORIENTADO A LO QUE SE DENOMINA “EDUCACIÓN ABIERTA” (QUE INCLUYE A LA EDUCACIÓN A DISTANCIA).  Lamentablemente, la universidad estatal suele tener horarios incompatibles con los horarios de trabajo de los estudiantes, por lo cual un pequeño porcentaje de los estudiantes puede asistir normalmente a las clases.  Esto se soluciona con la educación abierta y a distancia, aprovechando las modernas tecnologías, en particular internet.

2.8. Una universidad más equitativa debe ser verdaderamente autónoma del gobierno de turno, pero considero que el gobierno universitario autónomo no debe ser elegido por los profesores empleados de las universidades, y ni siquiera por los privilegiados que logran permanecer estudiando en estas, sino por todo el Pueblo de la Nación, para que participen de la elección todos los excluidos por las políticas elitistas de un gobierno universitario autónomo, pero elitista.  El carácter anti-obrero que en la práctica tiene la universidad pública estatal, por horarios incompatibles con el trabajo del estudiante, métodos de enseñanza solamente aptos para privilegiados, etcétera, se corrige mediante la democratización de la universidad pública estatal, mediante la elección de autoridades universitarias por el voto popular directo.  La universidad privada, debido al control del mercado, suele tener tiene métodos y condiciones de enseñanza mucho más democráticos, razonables y justos que la universidad pública, pues las injusticias acarrean pérdidas de clientes.  Este control del mercado sobre la universidad privada, en la universidad pública debe ser reemplazado por el control del voto popular directo de autoridades universitarias.

2.9. Los exámenes finales en mi opinión deben ser por regla, mientras sea posible, escritos y anónimos, para evitar la arbitrariedad, la corrupción, la injusticia y un agotamiento absolutamente injustificado por estrés extremo de los alumnos.  Los estudiantes se quejan -con razón- de la arbitrariedad y hasta la locura de los exámenes orales de las universidades públicas estatales, y de su injustificada dificultad para ser aprobados.  La solución es en la medida de lo posible la obligatoriedad del examen escrito y anónimo, para evitar arbitrariedades, discriminaciones, etcétera.

2.10.  Medidas establecidas en la redacción que dio a la Ley de Educación Superior de Argentina el gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner, como becas, consideración de las discapacidades, etcétera:

“Artículo 2º – […]  La responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación superior, implica:

a) Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley;

b) Proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias económicas verificables;

c) Promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales;

d) Establecer las medidas necesarias para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias; […]” (Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

2.11.  Prohibición de toda norma de exclusión de estudiantes por lentitud en el estudio.  Quien menos tuvo o tiene en la vida, o aquel con circunstancias más desfavorables, o aquel con opciones de vida menos comunes, pero no por ello menos meritorias, probablemente aprobará menos exámenes por año, pero no por ello es justo privarlo de los logros alcanzados y expulsarlo de la universidad.

 

El ideal de un mundo sin pobreza puede lograrse.  Una de sus condiciones necesarias es la educación pública gratuita, incluyendo la educación universitaria.  Otras condiciones necesarias, aunque no sean suficientes, que deben sumarse para lograr un mundo sin pobreza, son las que hemos enumerado.

 

7.  El problema de la pobreza de las naciones y la gratuidad de la universidad respecto a las prioridades del gasto público:  “Un país empobrecido no puede darse ciertos lujos”.

 

1.  Es falso que sobren profesionales.  Es falso que haya exceso   de “oferta” profesional.  El día   que   sobren profesionales, las personas más pobres podrán acceder a sus servicios, porque serán más baratos.  No habrá un abismo entre el ingreso de un profesional y el de un obrero.  Habrá, por ejemplo, más profesionales en el campo y menos cola de personas de pocos recursos para ser atendidas médicamente.  Faltan muchas décadas para que exista “exceso de oferta profesional”.  Ese día habrá desaparecido la oligarquía universitaria, y todo obrero tendrá una remuneración mensual no demasiado inferior a la de un profesional promedio, lo cual es lo justo.  ¿O es justo que “sobren” obreros pero no que “sobren” profesionales?.  ¿O los que alzan su voz por el exceso de profesionales tienen la misma preocupación por el exceso de obreros, que, por supuesto, es aprovechado para la reducción general de salarios y la precarización de condiciones de trabajo?.

Nadie, autoritariamente, debería cerrar a nadie las puertas de su vocación.  No hay argumentos válidos para limitar la oferta profesional.

2.    Quien  genera  riqueza  hoy,  lo  hace  gracias   al conocimiento  que  la sociedad en su  conjunto  posee.  Por ejemplo,  el empresario se enriquece y crea trabajo a  causa de  su  trabajo  como empresario,  pero  también  debido  al conocimiento  de los ingenieros que preparan  las  máquinas, etcétera.

3.   La ignorancia produce en muchas personas falta de trabajo, también es causa de enfermedades y en otros casos crea condiciones de delito.  La falencia de inversión pública en educación genera enormes problemas sociales.

4.  Toda persona del siglo veintiuno tiene el derecho moral de tratar de adquirir una formación lo más alta que pueda, en cualquiera de las innumerables áreas del saber.  Eso  es gran  parte  del  mandato ancestral de “ganarse  el  pan”  y “cuidar  los  hijos, el cónyuge y el prójimo”  en  el  siglo veintiuno.

5.  El arancelamiento universitario público favorece que hayan pocos profesionales, que presten servicios mediocres, y que cobren excesivos honorarios.  Los verdaderos   liberales quieren competencia en el mercado.  La competencia verdadera exige igualdad de oportunidades.  Los verdaderos liberales -que es raro encontrar- quieren la gratuidad de la educación universitaria pública.  Los ricos antiliberales -aunque erróneamente se los llame “liberales”- quieren el arancelamiento, porque no quieren competencia.

6. Los mismos motivos que existen para la gratuidad de la educación primaria pública (inicial y general básica) existen para la gratuidad de la educación superior.

7. Un país -con mayor razón si está empobrecido- “no” puede darse el “lujo” de “no” tener una universidad pública gratuita.  “Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico.  Y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen.  La ciencia no es cara, cara es la ignorancia.”  Es ya parte del sentido común, desde las revoluciones ilustradas del siglo XVIII, que “saber es poder”, que “somos la civilización del conocimiento”, que “la riqueza de las naciones es la educación de su pueblo” y que “debemos educar al soberano”.

 

8. El problema de los recursos presupuestarios públicos escasos.

 

Si lo recaudado mediante impuestos es poco y el  presupuesto es escaso, debe reducirse el gasto en:

1. Sistemas, según creo, obsoletos y carísimos de enseñanza universitaria, como el puramente presencial (el usual, el de los alumnos sentados en un aula anotando lo que ya está, o puede estar, escrito en un manual).

2. Muchos profesores que en realidad no enseñan.

3. Muchos investigadores que en realidad no investigan.

4. Muchos cursos para-curriculares y de postgrado no prioritarios.

5. Muchas actividades de extensión no prioritarias.

Una universidad con más alumnos no es -por esa razón- una universidad más   cara para el pueblo contribuyente (“contribuyente” es el que paga impuestos).  Lo que cuesta caro no son los alumnos ni el lapso de graduación de estos.  Lo que cuesta caro a los contribuyentes es la dirigencia política (diputados, presidentes, jueces, etcétera) corrupta y toda la burocracia inútil que crece a su alrededor.  Un pueblo educado no permite el robo que hacen los políticos y sus burócratas.  Lo que sale caro a los pueblos es la ignorancia.

Es contradictorio decir que “debido a que el Estado no tiene dinero para financiar la universidad, hay que arancelarla”.  Lo  real es que si el arancel es la solución,  quiere  decir que  con  los  aranceles  puede  pagarse  el  costo  de   la universidad.  Si se puede arancelar, quiere decir que hay dinero para pagar el arancel.  Si hay dinero para pagar el arancel, se pueden pagar, en lugar del arancel, impuestos destinados a educación.  Y si se pueden pagar impuestos, la universidad puede ser gratis.  La verdad es que, quien dice que se puede arancelar, debe aceptar, para no contradecirse, que la universidad puede ser gratis.  Queda por analizar el problema del llamado “arancel pequeño”, que en realidad es un “semiarancel”, y que analizaremos más abajo.

 

9.  Distinción entre servicios educativos y para-educativos.

 

Los servicios para-educativos son aquellos servicios que no son educativos, pero que acompañan al servicio educativo.

 

Por “educación” se entienden los siguientes servicios:

1. Acreditación del conocimiento del estudiante (exámenes, inscripciones, libreta universitaria, diploma).

2. Publicación del conocimiento (clases, biblioteca, escritos de cátedra).

3. Consultas al docente.

4. Prácticas de laboratorio y análogas.

No son propiamente servicios públicos de “educación”, a los fines de su gratuidad, en principio:

1. Trabajo de estudio que realiza el alumno (es decir, el ingreso financiero del alumno no es parte del servicio educativo).

2. Transporte del alumno (es decir, el subsidio al transporte del estudiante, que es muy positivo, no forma parte, no obstante, del servicio educativo propiamente dicho).

3. Útiles del alumno.

4. Libros y materiales escritos que compra el alumno.

5. Certificaciones extraordinarias (certificados analíticos, etcétera).

La playa de estacionamiento de la universidad no está incluida en el servicio propiamente “educativo”.  Puede y debe ser arancelada tanto para docentes como para estudiantes.  Así también otros servicios y beneficios para-educativos o extra-educativos.  Pero el arancel por estos servicios debe ser razonable y no exceder los valores de mercado.

 

10.   El impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual.

 

El arancel es fijo.  Por ejemplo, el “rico” (usemos este término práctico) paga 150  dólares por  mes,  el  de  clase  media  (ni  rico  ni  pobre,  sino intermedio)  también paga 150 dólares mensuales, y el  pobre que no puede pagar nada solamente estudia si es becado (con  beca completa o parcial).  Solamente “algunos” pobres serán becados.

Es correcto que una universidad privada cubra sus costos así, porque sus costos son de aproximadamente 150 dólares por alumno.

Pero no es justo que la universidad pública adopte ese sistema.  Es equitativo que:

– el pobre que no puede pagar nada, no pague la porción  de 150 dólares que le correspondería, (que quede eximido);

– quien  solamente  puede pagar su porción,  pague  150  dólares mensuales;

– quien  puede pagar su parte y la de un pobre,  pague  300 dólares,

– quien puede pagar su parte y las de dos pobres, pague 450 dólares mensuales.

– y así sucesivamente.

Este financiamiento solamente es posibilitado por el sistema tributario (sistema de impuestos).  Ello es así porque el impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual.

Hay que aclarar que la educación superior puede costar por cada alumno y por mes, mucho menos que 150 dólares.  Eso es lo máximo (y no lo mínimo) que la educación privada puede cobrar.  La educación estatal a distancia o mixta es infinitamente más barata, en términos absolutos y relativos.

 

11.  El impuesto puede ser general.

 

El arancel se cobra solamente a quien estudia.  Solamente los alumnos, y no el resto de la población, pagarían aranceles.  Si la universidad pública cobrara sumas proporcionales a la riqueza individual solamente  a  quien  estudia  en  ella, al rico le convendrá ir  a la facultad privada, donde no tiene que  subsidiar  al pobre  (donde  no  tiene  que  pagarle  al  pobre).  ¿Quién financiará entonces la universidad pública?  El pobre no, porque no puede -no tiene plata-, el rico tampoco, porque se habrá ido a la facultad privada.  A la universidad pública, entonces, solamente asistirían los que pueden pagar su arancel y solamente su arancel.  La universidad pública se convertiría, de hecho, en una universidad privada más.  Y en tal caso, la igualdad de oportunidades de educación para el pobre habría desaparecido.

Debe financiar obligatoriamente el servicio tanto quien lo usa como quien no lo usa.  Supongamos que quien carece de dinero quiere estudiar y que quien tiene dinero de sobra no quiere estudiar, o ya estudió.  Hay que diseñar   una universidad donde todos estudien (o lo hayan hecho) y donde todos -por consiguiente- la financien.

 

12. Gratuidad de la educación y seguridad social.

 

Los padres pueden pelearse con los hijos y no financiarles la universidad o cierta carrera que a los progenitores les disgusta.  También puede ocurrir con motivo del divorcio.  En otros casos, por ejemplo, los progenitores, a cambio de un plato de comida, generan tal tormento sicofísico en el hijo, que lo obligan a independizarse económicamente de ellos.

Es falso con demasiada frecuencia que el patrimonio de los padres es el de los hijos.

“Todos” los jóvenes del mundo, en cierto sentido, son “pobres”.  Los “ricos”, si lo son, son sus “padres”.

La educación gratuita, además de una garantía en protección del pobre, es también una garantía que protege al niño y al joven de los abusos de los adultos.

El Estado liberal social establece un sistema de seguridad social.  Dos de sus ramas más importantes son el sistema de educación pública y el sistema de previsión social de la ancianidad.

Cada generación adulta (económicamente activa) subsidia a la generación joven mediante la educación gratuita y a la generación anciana mediante la jubilación y la pensión.  Cada generación adulta, a su vez, fue subsidiada cuando joven y será subsidiada cuando se convierta en anciana.  Todos los padres financian la educación de todos los hijos.  Cuando estos hijos sean adultos financiarán la ancianidad de todos los padres.

Se trata de un seguro solidario intergeneracional de ingreso y retiro respecto del mercado laboral.

 

13.  El impuesto es seguro.

 

A la hora del error o falta humanos, más vale equivocarse o errar en favor del pobre.  Debe establecerse la gratuidad  y perseguirse el financiamiento mediante un sistema tributario justo, que le cobre mucho al rico, nada al pobre, un poco al que tiene poco, y así sucesivamente.

Es preferible que un rico estudie sin contribuir al financiamiento educativo, por fallas del sistema tributario (porque no se le cobran impuestos), antes que un pobre quede fuera de la universidad por errores de un sistema arancelario con exenciones destinadas al pobre, y que por error no se le apliquen.

En épocas de crisis económicas, la injusticia de un arancel sería mucho mayor, porque mucha más gente que no puede pagar quedaría sin estudiar (porque mucha más gente pobre vería reducidos sus ingresos).

 

14.  El impuesto puede ser representativo.

 

El   organismo encargado de la recaudación (cobro)   de impuestos   es   la “Dirección   General   Impositiva”   (o Administración Federal de Ingresos Públicos, o como se llame).  Si la DGI funciona mal, debe mejorarse su funcionamiento,   y   no   crear   un   organismo   paralelo -seguramente   con los mismos vicios- que   aumente   la burocracia.  El partidario del arancel debe aceptar que termina   proponiendo una Dirección   General   Impositiva paralela dependiente de las Universidades.  Cada universidad debería crear dentro de sí misma una pequeña DGI similar a la DGI originaria y principal.  Lo cual es un absurdo aumento de la burocracia, la ineficiencia y la injusticia.

Esa “comisión administradora de la DGI paralela  dependiente de  las  universidades” representaría a  la  elite  (pequeño grupo  privilegiado)  universitaria,  no  a  la   población.  Representaría  a  los  profesores  -que  son  empleados  con intereses de empleados, como todo empleado- y a los  alumnos -que   no  representan  la  composición  de  la   sociedad-.  Evidentemente, en muchas naciones todavía pocos pobres (aunque muchos más de lo que se piensa), no obstante la gratuidad, acceden a la universidad.  En la sociedad en general predominan los pobres.  En la universidad no.  Los pobres no están representados por los alumnos de la universidad.  Tampoco por los profesores.

Una  comisión  formada por los empleados  del  sistema  -los profesores-  y predominantemente por alumnos no  pobres,  no favorecería  las medidas de equidad que hemos enumerado  más arriba.  Digámoslo así:  un sistema administrado por ricos no favorece al pobre.

El  Congreso  Nacional es quien hace -y así  debe  ser-  las leyes  tributarias  y  las leyes  de  funcionamiento  de  la Dirección General Impositiva.  Los miembros del Congreso son elegidos mediante un voto por cada ciudadano del país.  El rico tiene un solo voto para elegir diputados.  El pobre también tiene un voto para elegir diputados.  Es de esperar que se vote cada vez mejor, a pesar de que la prensa, el sistema de medios masivos de comunicación, normalmente son instrumentos comprados por el gran capital y los poderosos para engañar al electorado.  El Congreso Nacional, que es quien gobierna a la DGI que ya existe, sí representa -y puede y debe representar cada vez más- a toda la población, ricos y pobres, empleados públicos, empleados privados y trabajadores independientes.  La mejor representatividad del Congreso es un cambio que puede hacerse y debe hacerse.  La equidad gubernamental tiene un solo método básico:  “justicia tributaria”.  Hay soluciones para que la DGI combata la evasión fiscal.  Pero solamente un pueblo sano y educado puede exigirlas.

 

15. El mal llamado “arancel pequeño”.

 

Algunos hablan de lo que llaman “arancel pequeño” (de, por ejemplo, veinte dólares por mes y por alumno).  Este “pequeño arancel” solamente lo pagaría “el que pueda”.  En realidad no hay aranceles “pequeños” ni “grandes”.  El único “arancel” verdadero es el que cubre el “costo” individual del servicio.  Si el pago no cubre el costo es   un “semiarancel”.  Un  semiarancel  de  veinte dólares  no alcanzaría  para  pagar  el costo  de  la  universidad en su estructura vigente.  No cubriría   casi   nada.  La educación   debería   seguirse financiando (pagando, sosteniendo) mediante impuestos.  Es decir, que el semiarancel sería inútil, inservible.  Pero el semiarancel sí provocaría algo:  causaría un obstáculo más que impediría que el pobre ingrese a la universidad.

El arancel es el gran engaño que el rico astuto le hace al “opinador”   improvisado que se cree “progresista pero realista” (“progresista” significa “liberal bastante socialista”).  El semiarancel es un engaño todavía más sutil, una segunda carta bajo la manga del rico.  El rico piensa:  “Está bien, pago la educación del pobre, mediante los impuestos.  Pero, de todos modos, voy a evitar que ingrese en la universidad, y que luego me compita a mí cuando se convierta en profesional.  Lo elimino -u obstaculizo- con el semiarancel.”  Completa su engaño diciendo:  “Eximiremos al pobre del arancel” (“semiarancel”).

Y allí vuelve a proponer una DGI paralela.  Nadie  sueñe con que será posible que funcione bien  la  DGI paralela  si  no  se logra hacer funcionar  bien  a  la  DGI originaria.  Por otro lado, esta DGI paralela sería mucho más peligrosa que la originaria, porque podría cobrarle arancel al pobre, y dejarlo fuera de la universidad.

El semiarancel quedará perpetuamente establecido.  Además, aumentará hasta convertirse en un arancel verdadero.

 

16. El impuesto es socialmente necesario.

 

El individuo necesita ser educado y que otros individuos sean educados.  Ello es un motivo más por el cual cada individuo, se eduque o no, debe financiar la educación -en proporción a su riqueza-, porque todos necesitamos que todos estemos   educados.  Y la educación es   una   necesidad   enormemente importante en la actual sociedad, tan complejizada y tecnologizada:  la educación ahorra dinero en medicina, en policía y en funerales.

 

17. El impuesto es equitativo.

 

El rico debe pagar impuestos para sostener la educación, no solamente porque él o su hijo usa o usó el servicio.  Los debe pagar porque ello es una justa distribución de la riqueza entre los seres humanos.  No importa si el rico o su hijo estudia o no.  Debe devolver a la comunidad lo que el mercado injustamente le otorgó de más.

En el mostrador o ventanilla (o enlace de internet) de la DGI, o Administración Tributaria, el rico paga su facultad, la del pobre, y la beca del pobre.  El rico quiere pagar arancel, porque le resulta más barato que el impuesto.  El rico quiere pagar en la oficina de la universidad, y no en el edificio de la DGI (Administración Tributaria).

TODO ALUMNO “PAGA” SU EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA, EQUITATIVAMENTE, CUANDO, EN EL CURSO DE TODA SU VIDA, PAGA LOS IMPUESTOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO.  EL ALUMNO “DEVUELVE” EQUITATIVAMENTE EL FINANCIAMIENTO DE SU EDUCACIÓN GRATUITA, PAGANDO LOS IMPUESTOS EN EL MOSTRADOR O VENTANILLA DE LA ADMINISTRACIÓN IMPOSITIVA DEL ESTADO, A LO LARGO DE TODA SU VIDA.

Los partidos políticos de la derecha, es decir, los partidos políticos de los ricos, siempre han promovido el arancelamiento de la universidad.  Los ricos siempre han dicho que prefieren pagarse su universidad mediante los aranceles.  Es natural que los ricos sean “arancelistas” porque así solamente pagan su estudio universitario, y no subsidian a ningún pobre.  Los ricos, y, por lo tanto, sus partidos políticos, los partidos de derecha, siempre se han opuesto a la gratuidad de la universidad, porque en caso de gratuidad absoluta, los ricos deben pagar, mediante los impuestos de un sistema tributario progresivo, no solamente su propio estudio universitario, sino además también el estudio universitario de los pobres.  El pretexto de la derecha para promover el arancelamiento de la universidad pública siempre ha sido, supuestamente, evitar que los pobres paguen mediante los impuestos la educación de los ricos.  Pero obviamente es muy sospechosa la supuesta preocupación de los ricos por la economía familiar de los pobres y por las condiciones de vida de los pobres, dado que al mismo tiempo los ricos se oponen al aumento del salario de la clase obrera y a la reducción de su jornada laboral.

Los ricos pagan campañas políticas en las elecciones para que esos futuros gobernantes, cuando sean elegidos, no les cobren impuestos.  Un político que haga  mucha  propaganda publicitaria  cara,  seguramente  va a  tener  que  devolver muchos  favores, y seguramente no al pobre, sino a  costa  del pobre.

Los ricos han montado una campaña periodística a favor del arancel.  El   debate no debe   ser   “¿La nación debe arancelar?”, a pesar de su perpetuo retorno a la prensa, sino “¿La nación debe hacer funcionar la DGI?”.  Sobre esta última pregunta no verás campañas de prensa.  Es muy sencillo hacer funcionar la DGI, la Administración Tributaria.  Estados Unidos de Norteamérica,   Reino Unido,   Alemania,   Suecia,   Francia, etcétera, ya descubrieron cómo se hace.  Solamente hay que copiarles el método.  Para ello solamente se requiere “voluntad política”.  Eso quiere decir “políticos que quieran ser decentes”.  Hay que votar mejor.  Nadie espere que un político inmoral lleve adelante una política moral.  No le pidamos peras al olmo.

Por supuesto que las actuales democracias son muy poco democráticas, pero la solución es hacer más democráticos los gobiernos, y no arancelar las universidades.

 

18.  La gratuidad incentiva el estudio de los alumnos y el progreso intelectual.  El estudiante crónico.

 

El alumno evalúa la relación costo-beneficio de su decisión de ser o no ser un estudiante que aprueba rápidamente los exámenes, no en función de los eventuales aranceles pagados desperdiciados o aprovechados, sino, principalmente, respecto del curso de su vida:  el respeto de su novio/a, o de su eventual novio/a, de sus parientes, amigos, etcétera, su futuro laboral, sus eventuales ingresos económicos, el riesgo del financiamiento económico actual de su vida, el desarrollo de sus intereses intelectuales, etcétera.  Los alumnos estudian más debido a que quieren salir adelante en la vida, en particular, y no por causa del eventual arancelamiento.  El que no quiere estudiar, ni paga arancel en la universidad privada, ni concurre a la universidad pública gratuita.  Los aranceles desperdiciados son un factor de escasa relevancia en las reales decisiones académicas del estudiante.

El arancel, más que fomentar el estudio, lo priva de incentivos.  A todos los sacrificios que implica el estudio, el arancel agrega un costo adicional.

Una vez más, los mal autodenominados “liberales”, intentan ingresar autoritariamente, paternalistamente, totalitariamente, en la vida íntima de las personas, hipertrofiando la presencia estatal.  Estos señores intentan condenar las conductas que no son corrientes, que no se adecuan a lo convencional.  Pero ocurre que no siempre lo corriente es lo correcto, que no siempre lo convencional es lo conveniente, y que no siempre las instituciones son perfectas (recuérdese las instituciones milenarias de la esclavitud, la tiranía, la opresión contra la mujer, etcétera).  Las instituciones de hoy tampoco son perfectas (el estado calamitoso del mundo lo demuestra).  No es saludable condenar a todo aquél que no corre ciegamente al compás de la institución.  Muchas veces, “quien mucho corre, mucho se equivoca”.  Muchas veces, el caballo que marcha más rápido, arrastra su carro lleno solamente de malas hierbas, y el caballo que avanza más lento, trae, él solo, un cargamento de oro.

El estudiante crónico no cuesta más al presupuesto público que el estudiante no crónico.  Cuando el estudiante llamado “crónico” utiliza el servicio educativo, obviamente, “cuesta”, pero en ese momento no es “crónico”, porque está aprovechando el servicio educativo, y en los lapsos en que abandona los estudios, deja de “costar”.  El estudiante que completa su carrera universitaria en diez años, o en veinticinco, no cuesta más que el que la completa en cinco años.  Porque el número total de exámenes rendidos puede ser el mismo por el estudiante crónico y por el estudiante no crónico.  El costo es, en este caso, el salario de los profesores que realizan las evaluaciones en los exámenes, y no representa un mayor costo el estudiante que rinde un examen por año, que aquel que cinco exámenes por año.

No es necesariamente algo negativo que un estudiante vaya lento.

Puede haber motivos más que justificados para que un estudiante vaya lento, como estarse sacrificando por sus hermanos, sus padres, sus abuelos, o incluso por personas que no son ni siquiera sus familiares cercanos.

 

19.  El arancelamiento es antisolidario.

 

Por ejemplo, si un alumno sufre la enfermedad grave de un familiar, es probable que tenga que correr de médico en médico, de hospital en hospital, de laboratorio en laboratorio, de angustia en angustia, de trabajo en trabajo.  Su rendimiento académico, obviamente, disminuirá notablemente.  El arancel hace leña del árbol caído.  El arancel es caníbal.  El arancel revictimiza a la víctima.  Hay innumerables situaciones análogas a este ejemplo de la enfermedad.  El arancel siempre cometerá injusticia.

 

20.  El impuesto ahorra los costos de gestión de una gratuidad condicional.

 

El sistema impositivo no tiene el costo de financiar la burocracia que controlaría y determinaría quién es merecedor de la exención del arancel, es decir, de la gratuidad del servicio.  Este costo de gestión burocrática suele ser bastante alto, y además proclive obviamente a la corrupción, al error, a la arbitrariedad, a la estigmatización del beneficiario, etcétera.

 

21. Es justo incluir a los extranjeros.

 

Es justo que también el estudiante extranjero tenga derecho a la gratuidad de la universidad pública.  Hay que rechazar y combatir la explotación y la opresión en el extranjero, pero no rechazar al extranjero que busca refugio, ni tampoco al que decide libremente vivir en el extranjero.  El estudiante extranjero también paga impuestos en el país en el que realiza sus estudios universitarios, al menos durante el lapso en que habita en el territorio.  Así el estudiante extranjero contribuye de cierta manera a la financiación del sistema.  El estudiante extranjero no necesariamente retornará a su país de origen después de su graduación, y tampoco el estudiante nacional necesariamente permanecerá en su país de origen después de su graduación.  El porcentaje de estudiantes extranjeros siempre es muy pequeño, incluso en países con universidad gratuita.  No es nada fácil irse a vivir a otro país.  Nada fácil.  Y debe imperar la solidaridad internacional, porque, hay que promover el concepto moral universal de que todo ser humano es hermano de todo ser humano.  Cada habitante del territorio, sea este habitante nacional o extranjero, durante el lapso de permanencia en el territorio, paga los impuestos de dicho territorio y al mismo tiempo tiene derecho a los servicios financiados con dichos impuestos.  Si alguna injusticia es detectada en materia de extranjeros en la universidad pública gratuita, la solución de ninguna manera es el arancel, sino, de ser necesaria y razonable, la regulación impositiva.  Aunque en términos aritméticos no resulte una compensación inmediata, debe predominar el principio de solidaridad internacional, incluso aunque no exista reciprocidad entre países, porque hay que promover un planeta con universidad gratuita.  Una de las mejores maneras es que estudiantes originarios de países donde no existe la universidad gratuita vuelvan a sus países a dar su testimonio de que la universidad pública y gratuita es posible.

En Argentina, y en la mayoría de los países, la inmensa mayoría de los habitantes somos extranjeros, o bien hijos de extranjeros, o bien nietos de extranjeros.  Hoy la minoría de la población es verdaderamente originaria del territorio, porque solamente la minoría de los habitantes pertenece a los pueblos originarios del territorio.  Resulta sumamente inmoral entonces, negar a las nuevas generaciones lo que no se nos negó a nosotros, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos.  Además, otra actitud contradiría el espíritu de la Constitución Nacional argentina, que dice: “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina”, “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos”, “Todos sus habitantes son iguales ante la ley”, “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.

El Papa Francisco recuerda que Jesús dijo: “Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui EXTRANJERO, y me RECIBIERON; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y vinieron a mí”, que Jesús, María y José tuvieron que migrar huyendo de la persecución y que Abraham y el pueblo de Israel fueron migrantes.  (Papa Francisco, Audiencia General, 26 de octubre de 2016).

Consideremos, por ejemplo, la situación de Alemania, donde la universidad es gratuita, incluso para los extranjeros.  “Lo que gana Alemania.  Ahora, con un costo promedio para el país de US$ 14.600 al año por estudiante, la pregunta es: ¿qué gana Alemania?.  Solo en Berlín, por ejemplo, hay 25.000 estudiantes extranjeros, lo que implica una factura anual de US$364,3 millones que es pagada, en última instancia, por los contribuyentes alemanes.  ‘Pero para nosotros no deja de ser atractivo cuando gente de otros países traen conocimiento y experiencias que terminan creando trabajo, como cuando esos estudiantes tienen una idea de negocio y se quedan en Berlín para realizarla’, dice el secretario para temas de ciencia de Berlín, Steffen Krach.  Y según Sebastian Fohrbeck, del DAAD, el 50% de los estudiantes extranjeros se queda viviendo en Alemania.  ‘Incluso sin cobrar matrícula, basta que un 40% se quede por cinco años y pague impuestos para que recuperemos los costos, o sea que el sistema funciona bien’, explica Fohrbeck, para quien la migración de gente calificada también es una buena solución para un país con una población con cada vez más pensionados y cada vez menos jóvenes ingresando al mundo del trabajo.  […]  ‘No vamos a empezar a cobrarle colegiatura a los estudiantes extranjeros’, asegura Krach, el secretario para asuntos de ciencia.  ‘No queremos que la posibilidad de entrar a la universidad dependa del estatus social y no queremos que el intercambio entre países dependa únicamente de temas financieros’, promete.  Y, de regreso en EE.UU., la madre de Hunter, Amy, no deja de preguntarse por qué su propio país no pudo ofrecerle a su hijo una educación de calidad a un precio que ella pudiera permitirse.  ‘Siento que mi hijo está teniendo allá una educación maravillosa, de forma completamente gratis.  Traición tal vez sea una palabra muy fuerte, pero ¿por qué no podemos hacerlo aquí?’, se pregunta.  Y Sebastian Fohrbeck, del DAAD, cree que tanto EE.UU. como otros países podrían aprender algo de la experiencia alemana.  ‘Nadie en EE.UU. se pregunta por qué la escuela secundaria es gratuita’, dice.  ‘Y nuestro éxito económico prueba que no estamos completamente equivocados (al también asegurar la gratuidad de la educación universitaria).  Si uno educa bien a su fuerza de trabajo, eso beneficia a todo el país’, concluye.”  (Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros, http://www.bbc.com, Franz Strasser, BBC, Alemania, 8 junio 2015).

 

22. La injusticia del arancel al graduado.

 

Los más nobles médicos, abogados, ingenieros, etcétera, nótese, los más nobles, brindan gratuitamente, incluso a pérdida, sus servicios profesionales a los más pobres y a las causas sociales más desamparadas, donde es muy difícil lograr una remuneración para ninguno de los luchadores, y en consecuencia su nivel de ingresos es muy bajo.  Lo justo es que el graduado universitario contribuya al financiamiento de la educación pública y gratuita simplemente en proporción a su nivel de ingreso, en proporción a su riqueza, del mismo modo que la generalidad de la población.  Hay que estimular esta conducta noble, desinteresada respecto del lucro, en la generalidad de los graduados, en lugar de desalentarla mediante el arancel al graduado, que es una presión hacia el lucro y el egoísmo, en lugar de hacia el servicio desinteresado y solidario al bien común y al prójimo.  Claro, esto tal vez sea difícil de comprender para quien no ha hecho personalmente el sacrificio de una vida entera que implica tal nobleza.  Una cosa es la supuesta caridad con lo que me sobra, y otra es la solidaridad que desangra una vida entera para luchar contra el poder perverso.  Se hace justicia respecto del graduado simplemente mediante el pago por el graduado de los impuestos generales de la población en proporción a la riqueza concreta personal de cada habitante.  El impuesto al graduado es un arancel diferido, y es la negación del principio de equidad de que la educación debe ser financiada por cada habitante en proporción a su riqueza personal mediante los impuestos.

Debería ser obvio que, por ejemplo, un graduado docente va a tener una riqueza mil veces menor que, por ejemplo, un futbolista famoso sin graduación y que, por lo tanto, el impuesto no debe estar en función de la graduación sino de la riqueza personal de cada habitante.

Además, por ejemplo, no existen impuestos especiales para quienes completaron la escuela primaria, o la escuela secundaria.  Tampoco deben existir para quienes completaron la educación terciaria, superior o universitaria.

 

=== FIN ===

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