Equidad de la gratuidad de la educación superior

Equidad de la gratuidad de la educación superior.

 

Exposición de divulgación

de una argumentación moral científica

a favor de

la gratuidad absoluta de la universidad pública.

 

 

Sumario.

 

  1. Introducción.
  2. Datos de autoría y edición.
  3. Destinatarios del texto: un trabajo para todo público y para varias disciplinas científicas.
  4. Formulación del problema.
  5. Justificación del trabajo.
  6. Hipótesis del trabajo.
  7. Marco teórico.
  8. Metodología.
  9. Antecedentes del tema. Historia legislativa.  Partidos políticos.
  10. Etapas de esta investigación.
  11. Bibliografía fundamental. Remisión.
  12. La argumentación.
  13. El problema de la redistribución fiscal del ingreso.
  14. El problema de la igualdad de oportunidades.
  15. El problema de las medidas de equidad en el contexto social amplio. Seguridad social universal.  La justicia social general.  La jornada laboral máxima general de seis horas.  La renta básica universal.  Autonomía universitaria para el pueblo.  La equidad del ingreso irrestricto en la educación superior.  El examen final escrito y anónimo.  Prohibición de castigo al rendimiento académico supuestamente “negativo”.
  16. El problema de la pobreza de las naciones y la gratuidad de la universidad respecto a las prioridades del gasto público: “Un país empobrecido no puede darse ciertos lujos”.
  17. El problema de los recursos presupuestarios públicos escasos.
  18. Distinción entre servicios educativos y para-educativos.
  19. El impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual.
  20. El impuesto puede ser general.
  21. Gratuidad de la educación y seguridad social.
  22. El impuesto es seguro.
  23. El impuesto puede ser representativo.
  24. El mal llamado “arancel pequeño”.
  25. El impuesto es socialmente necesario.
  26. El impuesto es equitativo.
  27. La gratuidad incentiva el estudio de los alumnos y el progreso intelectual. El estudiante crónico.
  28. El arancelamiento es antisolidario.
  29. El impuesto ahorra los costos de gestión de una gratuidad condicional.
  30. Es justo incluir a los extranjeros.
  31. La injusticia del arancel al graduado.
  32. El absurdo del “subsidio a la demanda”.
  33. Conclusión.
  34. Invitación final.

 

 

1. Introducción.

 

2. Datos de autoría y edición.

 

José Mariano Rodríguez Suoni.

Mendoza (Argentina), edición del autor, 2006-2016.

El público puede reproducir libremente este escrito, sin alterarlo y citando a su autor.

 

3. Destinatarios del texto: un trabajo para todo público y para varias disciplinas científicas. 

 

Este es un trabajo de investigación científica y filosófica, pero también de divulgación científica y filosófica.  Está destinado a especialistas de diversas disciplinas científicas, pero también a todo público.  Concebí la investigación desde su inicio dirigida a la comunidad ciudadana global.

La novedad de esta investigación consiste en una efectiva, radical y amplia interdisciplinariedad, que integra los aportes de distintas disciplinas.

 

4. Formulación del problema.

 

El método científico hipotético-deductivo tiene tres elementos fundamentales:

  1. problema,
  2. hipótesis,
  3. evidencia.

Es decir, frente a un problema, se formula una hipótesis explicativa, la cual se intenta confirmar mediante evidencia.

En este apartado trataré el “problema” que aborda mi investigación.  En apartados siguientes me referiré a la “hipótesis” y a las “evidencias”.

Esta investigación intenta resolver un aspecto del problema genérico de la “justicia”.  Intento dar una de las repuestas a la gran pregunta “¿Qué es justo?”.  En este caso, la pregunta (o el  “problema”) es:

“¿Qué es justo, la gratuidad o el arancelamiento de la universidad pública?.”

El problema, entonces, es sobre lo justo, lo equitativo, lo conveniente, lo apropiado, lo idóneo, desde todo punto de vista (jurídico, económico, sociológico, político, educativo, etcétera).

El trabajo consiste en la exposición de divulgación de una argumentación moral científica a favor de la gratuidad absoluta de la universidad pública.  El resultado buscado  en  la  investigación  es  una “argumentación  moral”,  un  “razonamiento sobre la justicia”, una  fundamentación  objetiva  sobre  la equidad.

El problema es comparable a otros grandes y clásicos debates “morales”:  “¿Es justa la pena de muerte?”; “¿Es más justo el juicio por jurados populares que el de tribunales técnicos?”; “¿Es justa la despenalización del aborto?”; “¿Es justa la admisión del divorcio vincular?”; etcétera.

Intento evidenciar científicamente que la gratuidad absoluta de la educación superior pública es la mejor alternativa en justicia y equidad.  Esta es mi hipótesis.  Existe la hipótesis  rival,  con alta  popularidad  en  políticos,  científicos sociales, comunicadores sociales y  buena  parte  de  la población, que afirma que la gratuidad absoluta de la universidad pública es “inequitativa”.  Este es, entonces, el problema:  “¿Quién tiene razón en este debate?”.

Mi problema es la justicia.  Mi pregunta es sobre la justicia.

 

5. Justificación del trabajo.

 

Es ya parte del sentido común, desde las revoluciones ilustradas del siglo XVIII, que “saber es poder”, que “somos la civilización del conocimiento”, que “la riqueza de las naciones es la educación de su pueblo” y que “debemos educar al soberano”.  Lo que no es parte del sentido común es que la gratuidad absoluta de la universidad pública es el mejor camino para que las naciones se eduquen en el nivel superior de conocimiento.  La educación universitaria es evidentemente trascendente para el desarrollo de las naciones.  Igualmente importante es conocer la mejor vía para financiar este servicio público, de manera que toda la población tenga posibilidades de recibirlo.

Mi trabajo se dedica, precisamente, a dejar claro que la gratuidad absoluta, sin excepciones de ninguna clase, es la vía más justa, más equitativa, más idónea, más conveniente, más práctica, más realista.

La Organización de las Naciones Unidas, mediante su Asamblea General, adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Este documento dice exactamente:

La  enseñanza  superior debe  hacerse  igualmente  accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada  uno,  por  cuantos medios  sean  apropiados,  y en particular, por la implantación progresiva de  la  enseñanza  gratuita.

(Artículo 13, inciso 2, punto “c”.)

Mi exposición clarifica, en el debate gratuidad-arancelamiento, que las Naciones Unidas “tienen razón”, o que tienen las “mejores razones”, y que este derecho humano, entonces, es de total justicia, equidad y realismo.

Esta investigación trata sobre un aspecto de la justicia de las leyes y la vigencia de los derechos humanos.  El tema mismo indica de algún modo su importancia.  Se trata de un aporte al mundo científico y filosófico, a la política legislativa en todos los ámbitos de gobierno, y a la conciencia pública sobre los asuntos cívicos esenciales.

 

6. Hipótesis del trabajo.

 

La hipótesis que intento justificar (o confirmar) sostiene que la gratuidad absoluta de la educación superior pública, es la medida gubernamental más equitativa que puede adoptar una nación en relación con el problema del financiamiento de este servicio, y que esta decisión tiene gran importancia desde la perspectiva de la justicia social y del desarrollo cívico, político, económico, social y cultural de los pueblos.

 

7. Marco teórico.

 

Uso la expresión “marco teórico” en el sentido del cuerpo de teorías científicas bien confirmadas previamente a mi investigación, cuerpo científico que adopto como fundamento inicial de mi tesis.  El marco teórico de esta investigación es necesariamente científico e interdisciplinario.  Está constituido fundamentalmente por estas disciplinas científicas:

 

  1. Filosofía.
  2. Epistemología.
  3. Ética.
  4. Psicología.
  5. Ciencias de la comunicación.
  6. Ciencias de la Educación.
  7. Sociología.
  8. Economía de las Finanzas Públicas.
  9. Politología y Ciencia de la administración pública.
  10. Historia.
  11. Geografía.
  12. Jurispericia del Derecho internacional.
  13. Jurispericia del Derecho constitucional.
  14. Jurispericia del Derecho administrativo.
  15. Jurispericia del Derecho tributario y de las finanzas públicas.
  16. Jurispericia del Derecho de la seguridad social.

 

La Epistemología general de la investigación corresponde a la teoría de la ciencia postpopperiana, en la línea de, por ejemplo, Hans Albert.  Mi investigación, entonces, se rige por la Epistemología considerada estándar, por el método científico conocido como “hipotético-deductivo”.

En  el terreno ético y moral, los presupuestos básicos adoptados sostienen la superioridad  del  modelo republicano, liberal, social y ecológico, representado con las naturales variantes por los países de la Unión  Europea,  Estados  Unidos,  Canadá,  Australia,  etcétera,  y  expresado  en  los   instrumentos internacionales  de  derechos  humanos  del  ámbito de la ONU, la  OEA,  la  Unión  Europea,  etcétera.  Adhiero al estándar ético y moral internacional.

 

8. Metodología.

 

El método científico hipotético-deductivo responde básicamente al esquema problema-hipótesis-evidencia.  He tratado ya el problema y la hipótesis de mi investigación.  En apartados subsiguientes presentaré las principales evidencias a favor de mi hipótesis.  Asocio la “metodología” especialmente al plan de verificación empírica (o confrontación con la experiencia, o confirmación fáctica) de la hipótesis.

Busco llegar a confirmar mi hipótesis, y, también, “desconfirmar” la hipótesis rival, a pesar de su buena popularidad.  Pienso que puedo justificar mi hipótesis, aportando argumentos (o razones) altamente confiables a favor de la verdad de la hipótesis.

La Organización de las Naciones Unidas sostiene la gratuidad de la educación superior, también lo hace la historia de muchos pueblos iberoamericanos y europeos.  Pretendo evidenciar mediante los aportes de las ciencias humanas y sociales, que la ONU “tiene razón”, que la ONU tiene “las mejores razones”.

Ninguna disciplina es plenamente científica si no es de algún modo interdisciplinaria.  La Ciencia es, por definición, interdisciplinaria.  La Ciencia, en esencia, es “sistemática”.  Cada disciplina científica intenta insertarse armónicamente como parte de un “sistema” teórico general admitido por la comunidad científica.  La Ciencia, de hecho, reposa sobre la convicción de que el universo está regido por leyes que lo explican.  La Ciencia se basa en el criterio de que el universo es ordenado, congruente, regular, uniforme, organizado, sistemático.  Cada fenómeno problemático,  entonces,  como integrante  armónico  del  universo  material,  biológico,  social  y  cultural,  solamente  puede  ser comprendido  con  alguna dosis de interdisciplinariedad.  La superioridad científica de una hipótesis crece en proporción directa con su compatibilidad con hipótesis científicas previas bien confirmadas.  La interdisciplinariedad es la mejor expresión del respeto a este principio.  Como dice la sabiduría popular:  “Cuatro ojos ven más que dos.”  En la Ciencia se trata de “ver”, de “conocer”, de tomar “consciencia”.

Mi investigación calificaría como “filosófica”, por su omnicomprensividad interdisciplinaria.  La visión panorámica de la realidad es esencial a la Filosofía, “reina y madre de las ciencias”.  Las argumentaciones morales, por ser necesariamente interdisciplinarias, cuando son científicas, son generalmente “filosóficas”.  La verdadera Ciencia es siempre “filosófica”, por su consideración interdisciplinaria de la evidencia.

 

9. Antecedentes del tema. Historia legislativa.  Partidos políticos.  

 

Nada indica que el problema se considere “resuelto” por la comunidad científica.  La Ley de Educación Superior de la República Argentina generó en ocasión de su sanción un feroz debate público, político y comunicacional, incluyendo estruendosas manifestaciones estudiantiles, “abrazos” al Congreso nacional, “tomas” de edificios universitarios por parte de los centros de estudiantes, etcétera.  Esta ley, en un artículo de problemática redacción, artículo hoy derogado, artículo que entiendo que era inconstitucional, o, como prefiero decir, “anticonstitucional”, parecía autorizar el arancelamiento universitario.

Este problema de redacción fue resuelto durante el gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner mediante la incorporación del siguiente artículo:

Artículo 2º bis de la Ley 24.521: Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.  Prohíbase a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.”  (Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

La prensa dio la noticia del registro parlamentario.

11/11/2015 – UNIVERSIDADES – El PRO [el partido político del Presidente Macri, que llegó al poder, en 2015, gracias a su alianza con la Unión Cívica Radical] se opuso a la ley que garantiza la gratuidad de la educación universitaria, promulgada por el Ejecutivo.  El bloque de senadores del PRO estuvo ausente durante la sesión en la que se aprobó la ley que garantiza la gratuidad de la educación universitaria, mientras que los diputados de esa fuerza se opusieron cuando la norma se trató en la Cámara baja.

La ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, cuya promulgación fue publicada hoy en el Boletín Oficial, establece la gratuidad de los estudios superiores y fija la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.

En la sesión del pasado 28 de octubre, los senadores Gabriela Michetti, Alfredo De Angeli y Diego Santilli estuvieron ausentes de la votación, que se aprobó con el voto afirmativo del 100 por ciento de los 52 legisladores presentes.

Asimismo, la norma tuvo su media sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el PRO.

Entre los legisladores de ese momento estaban Gabriela Michetti y un firme postulante a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay.

En esa sesión del 5 de junio también votó en contra Eduardo Amadeo, en ese entonces del bloque Frente Peronista y hoy en Cambiemos, que en un discurso que la diputada Adriana Puiggrós -autora del proyecto- calificó como ‘una joya del neoliberalismo’, se opuso al proyecto porque en la universidad pública ‘hay una invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada’.

La nueva normativa, mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, establece la responsabilidad ‘indelegable y principal’ del Estado respecto de la educación superior, considerándola un ‘bien público’ y un ‘derecho humano’.

Asimismo, garantiza ‘la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas’.

Uno de los puntos más destacados en la nueva ley se encuentra en el bis introducido en el artículo 2, que establece que ‘los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos’. 

El decreto 2358/2015 fue publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Educación, Alberto Sileoni; junto al texto de la nueva normativa.

(http:// http://www.telam.com.ar/ notas/ 201511/ 126745- educacion- universitaria- gratuita- ley- pro.html)

 

El 22 de noviembre de 1949, el presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón, firmó el Decreto N° 29.337, de Supresión de Aranceles Universitarios.  Por esa razón, en 2007, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, través de la Ley 26.320, declaró el 22 de noviembre como el “Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria”.

La reforma universitaria de 1918, por lo tanto, no había incluido la gratuidad universitaria.

Como resultado de estas medidas del General Perón, la matrícula universitaria pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955.  (El fragmento olvidado.  Por Julia Rosenberg.  Historiadora.  Presidencia de la Nación, Secretaría de Políticas Universitarias.

http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/64-aniversario-del-decreto-de-supresion-de-aranceles-universitarios/)

Como es de público conocimiento, varios candidatos a la presidencia de la Nación Argentina de la última década, con buenas posibilidades electorales, unos economistas, otro abogado, etcétera, han propuesto públicamente el arancelamiento de la universidad pública.  Varios pronunciamientos judiciales argentinos (que considero contra el Derecho) manifiestan la misma postura.

Este debate existe en la Politología, en la Jurispericia, en la Economía, en la Filosofía, etcétera.  Esta  situación  de  posturas  rivales se refleja  en  documentos  emitidos  por  congresos internacionales  que  tratan  el tema del financiamiento universitario, incluso en  el  ámbito  de  las Naciones  Unidas.  Está de moda entre los economistas plantear respecto de la educación pública el “subsidio a la demanda”, difícilmente compatible con la gratuidad absoluta del servicio y con la planificación comunitaria de un programa educativo social independiente de intereses lucrativos y partidarios particulares.

Es usual presentar por políticos, periodistas, gente común, etcétera, la fotografía imaginaria de la playa de estacionamiento de automotores de la universidad.  Los estudiantes, se dice, llegan en automóviles caros, no pagan arancel, y los pobres, que no logran, a pesar de la gratuidad, acceder a la universidad, financian con sus impuestos la educación de los ricos.  Normalmente se reduce el problema y su solución al “flash” emotivo que produce esta remanida imagen.  Entiendo que ese tratamiento del problema, del cual resulta una postura favorable al arancelamiento, a pesar de su astucia persuasiva, tiene escasa seriedad científica.  Muchos profesionales de las ciencias humanas y sociales repiten la falsedad de que “la universidad gratuita no se ha visto en ningún lugar del mundo, salvo Argentina”.  La verdad es que la universidad es gratis en Venezuela, México, Suecia, Finlandia, Francia, también, siguiendo el mejor ejemplo internacional, en Argentina, etcétera.

Por ejemplo, cito la siguiente fuente.

Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros.  Franz Strasser.  BBC, Alemania.  […]  Por ejemplo, hay más de 4.600 estudiantes estadounidenses matriculados en universidades alemanas, lo que refleja un aumento del 20% en los últimos tres años.  Mientras Alemania abolió el cobro de matrícula tanto para estudiantes nacionales como extranjeros, en ese mismo período el total de la deuda estudiantil en EE.UU. ascendió a US$ 1,3 billones.  […]  Esta graduada de la Universidad Estatal de Pennsylvania está estudiando una maestría en Cottbus, en el este del país, por menos de US$ 570 al mes, incluyendo alojamiento, transporte y seguro médico.  Y además recibe una beca mensual del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) de US$ 815, con lo que más que cubre sus gastos.  ‘Cuando me di cuenta que, al igual que los alemanes, yo también podía estudiar gratis, me pareció alucinante’, dice Katherine.  ‘El proceso de admisión es bastante sencillo y no cobraban colegiatura.  Fue descubrirlo y pensar: ‘increíble’’.  En comparación, durante el año académico 2014-2015 las universidades privadas en EE.UU. les cobraron en promedio a los estudiantes más de US$ 31.000 en matrícula y colegiaturas, con muchas cobrando más de US$ 50.000.  Las universidades públicas, por su parte, le piden US$ 9.000 a los residentes en sus estados, mientras que los que llegan de afuera tienen que desembolsar US$ 23.000, según el College Board, una organización sin fines de lucro.”  (Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros, http://www.bbc.com, Franz Strasser, BBC, Alemania, 8 junio 2015).

Hay que distinguir “postura política” de “hipótesis científica”.  En el ámbito “político”, y “no” en el “científico”, es claro que la postura a favor de la gratuidad no es nueva.  De hecho, el Pacto Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y Culturales  de  la  Organización  de las Naciones Unidas se pronuncia a favor de  la  gratuidad  de  la educación  superior.  Según la interpretación que entiendo más seria, de hecho, la única que considero “seria”, lo mismo hace la Constitución de la Nación Argentina de 1994.  El fallecido ex presidente de la Nación Néstor Kirchner, tuvo que decir públicamente en abril de 2005, que “El arancelamiento de la universidad no tiene sentido.  Tenemos que abrirles las puertas del conocimiento a los jóvenes.”  (Fuerte definición de Kirchner durante la visita a un instituto superior en su gira por Alemania:  “El arancelamiento de la universidad no tiene sentido”.  En:  Página 12, 16   de   abril de   2005.  Argentina, http://www.pagina12.com.ar).

 

10. Etapas de esta investigación.

 

Esta investigación es el fruto de muchos años de reflexión.

He estado pensando en los temas de este trabajo desde alrededor de 1990, antes de iniciar la carrera de Abogacía, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina).

En  la  carrera de Abogacía estudié muchas materias desde la perspectiva  de  este  problema: Filosofía,  Economía, Politología, Sociología, Teoría del Derecho, Derecho y Economía de  las  Finanzas Públicas,  Derecho  constitucional,  Derecho administrativo, Derecho de la  Seguridad  Social,  Derecho tributario, Derecho internacional público, etcétera.

He dialogado, a lo largo de los años, innumerables veces sobre el problema con especialistas de diversas disciplinas (Derecho, Economía, Filosofía, etcétera) y con personas en su calidad de ciudadanos (familiares, amigos, compañeros de estudio, etcétera).

He estado siempre pendiente, casi obsesivamente, de las argumentaciones propuestas en los medios masivos de comunicación, por políticos, economistas, etcétera.  He realizado una exhaustiva navegación en Internet sobre el tema.

He estudiado una bibliografía interdisciplinaria relacionada con esta investigación.

Finalmente, presento aquí el resultado de estos largos años de esfuerzo.

 

11. Bibliografía fundamental. Remisión.

 

Resulta suficiente remitir aquí a un repertorio especializado de 111 publicaciones específicas sobre el tema.

Argentina.  Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.  Guía bibliográfica comentada Nº 2:  Financiamiento de la Educación Superior.  Buenos Aires, http://www.me.gov.ar, s.f.  (Repertorio bibliográfico con un listado de 111 textos, que incluye las bibliotecas de ubicación).

 

12. La argumentación.

 

13. El problema de la redistribución fiscal del ingreso.

 

El “ingreso” de una persona es el dinero que esa persona gana por mes o por año.  Ésa es la distribución de riqueza total del país que hace el “mercado”.  El “mercado” es el libre juego de la oferta y la demanda de bienes y servicios en la economía.  Podríamos decir que el “mercado” es lo que todos hacemos para ganarnos el pan de cada día.  Pero el “mercado” no distribuye la riqueza (o el “ingreso”) del país con total justicia.  Por ejemplo, algunos habitantes, ricos, pueden darse lujos, y otros habitantes, pobres, ni siquiera pueden alimentar su cuerpo; aunque seguramente algunos de estos pobres trabajen más que algunos de esos ricos.  Compárese, por ejemplo, el duro trabajo de un obrero en muchas circunstancias (frío, calor, exposición a tóxicos, dolor) con el trabajo de un capitalista acaudalado que heredó un gran conjunto de inversiones (fiestas con aire acondicionado, ceremonias sobre alfombras, discursos con copetín, viajes en avión).  El obrero trabaja igual o más, pero gana menos.  Y no debe tolerarse tanto sufrimiento, el hambre, la desnutrición, la enfermedad, el frío de los niños, etcétera.

Puede estimarse que un quinto de la población mundial concentra cuatro quintos del ingreso planetario.  “El 0,7% de la población mundial (34 millones) tiene el 45,2% de la riqueza global.”  (Distribución de la riqueza mundial, El País, Madrid, 13/10/15).

La mejor solución que la humanidad ha encontrado hasta ahora para este problema, se llama “redistribución fiscal del ingreso”.  Esta solución la aplican todos los grandes países liberales (o “no” comunistas) del mundo:  Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido, Francia, Suecia,   Alemania, etcétera.  Esta solución consiste en que el Estado (llamado también “gobierno” o “fisco”) redistribuye el ingreso.  Para hacerlo, el Estado cobra impuestos a los más ricos y con ese dinero paga servicios para los más pobres (vaso de leche en las escuelas, educación gratuita, salud gratuita, seguro de desempleo, etcétera).

Los “liberales” son, básicamente, los que dicen que es bueno que las empresas no sean propiedad del gobierno, sino que los dueños sean los particulares (es decir, cualquier habitante individualmente o sociedades privadas) y que el gobierno les deje bastante libertad de actuación a estas empresas.

La “redistribución fiscal del ingreso” no es regalo de ricos generosos al más pobre, sino justa devolución de bienes a sus verdaderos dueños.  Por ello, el rico que no paga impuestos, roba.  Y su robo es de los más graves y viles, porque le roba su pedazo de pan al niño hambriento.  Mercado no es igual a justo derecho de propiedad.  El mercado es un mecanismo potente de generación de riqueza, de desarrollo de las empresas, de crecimiento de la economía, etcétera.  Pero el mercado tiene importantes errores en lo que hace a la distribución de la riqueza generada.  Esas fallas las corrige el Estado mediante la redistribución del ingreso.

Con los impuestos que le paga la gente al Estado, el Estado le paga a los maestros de escuelas públicas, a los policías, a los médicos de los hospitales públicos, etcétera.

Quien no tiene nada de dinero no debe pagar nada de impuesto.  Quien tiene un poco de dinero debe pagar un poco de impuesto.  Quien tiene mucho dinero debe pagar mucho impuesto.  Es un sistema similar al “diezmo” de   las iglesias.  Cada miembro de la iglesia contribuye al sostenimiento de ella con la décima parte de sus ingresos.  Esto no se considera un “regalo” sino una “devolución”.  Y “no devolver” es “robar”.

Este sistema impositivo es equitativo.  Sería injusto (o inequitativo) que todos los habitantes pagaran la misma cantidad absoluta de dinero de impuesto.  Básicamente, el sistema tributario es proporcional:  impuesto inmobiliario, al automotor, a las ganancias, etcétera.  Estos impuestos son un porcentaje del valor del automotor, de la vivienda, de las ganancias, etcétera.

 

14. El problema de la igualdad de oportunidades.

 

Uno de los principales objetivos de la redistribución del ingreso es lograr la igualdad de oportunidades.

Debe lograrse que quien trabaje más y mejor, gane más dinero; pero también debe lograrse que todos puedan estudiar en las mejores condiciones razonablemente posibles.  No es justo que el pobre gane poco toda su vida porque nunca tuvo oportunidad de estudiar.  Mediante la redistribución del ingreso se paga la educación gratuita (con los impuestos).  La educación gratuita permite igualdad de oportunidades de acceso a la educación y a trabajos mejores.

No  es “suficiente” (aunque es “necesaria”) la gratuidad  de la  enseñanza  para  igualar  las  oportunidades  entre  los estudiantes  de distintos niveles de ingreso.  Hay dos  vías que   deben  sumarse  para  el  logro  de  la  igualdad   de oportunidades:

  1. la gratuidad (como medida mínima o básica)
  2. diversas medidas de equidad.

 

15. El problema de las medidas de equidad en el contexto social amplio. Seguridad social universal.  La justicia social general.  La jornada laboral máxima general de seis horas.  La renta básica universal.  Autonomía universitaria para el pueblo.  La equidad del ingreso irrestricto en la educación superior.  El examen final escrito y anónimo.  Prohibición de castigo al rendimiento académico supuestamente “negativo”. 

 

Estas diversas medidas de “equidad” que se suman a la gratuidad están incluidas, junto con la gratuidad, en la efectiva protección integral de los derechos humanos de los niños, los adolescentes y los adultos.  Especialmente se trata de las que mencionaré enseguida.  Cuando pasemos revista a estas medidas, sobre todo los habitantes de Iberoamérica, Asia o África, podremos pensar que se trata de la “Isla de la Fantasía” o del “País de Nunca Jamás”.  Pero, por ejemplo, Suecia, es un país que históricamente se ha acercado mucho a esto.  Estas políticas se aplican efectivamente en algunos países del mundo (no en todos, evidentemente).  Algunas se aplican solamente en algunas universidades del mundo.  Otras quizá no se han aplicado nunca, y son, entonces, todavía solamente una propuesta para construir una mayor equidad.  La mayoría de las propuestas de equidad están indicadas en las convenciones internacionales sobre derechos humanos y en las constituciones nacionales.

Aquí estoy argumentando sobre qué medidas educativas son (o serían) equitativas.  Es parte de mi argumentación “moral”.

A continuación, entonces, enumeraré las principales medidas de equidad.  Por supuesto, propongo, establecer todas estas medidas simultáneamente, y de ningún modo postergar la gratuidad hasta tanto se haya logrado la equidad absoluta en la sociedad.  Debe establecerse la gratuidad absoluta de la universidad pública de inmediato en los países donde todavía no existe, y, al mismo tiempo, también de inmediato, avanzar en las medidas de equidad necesarias para complementar a la gratuidad.

 

2.1.  Un  sistema  de salud pública física y  psíquica  y  de nutrición  neurológica completa accesible a todos los  niños (incluso  los más pobres) desde su concepción, y a su  madre desde antes de la concepción, dando aplicación a la doctrina de las Naciones Unidas de la protección integral de los derechos humanos de los niños y de los adolescentes, consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño, de Nueva York, 1989.

2.2. Un régimen serio de seguridad social universal, especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde su concepción hasta la conclusión del período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y la lactancia, que reemplace la tradicional, horrorosa y paupérrima “guarda del patronato del Estado sobre los menores en situación irregular”.  Idealmente, debería establecerse en particular la “renta básica universal”, propuesta por Philippe Van Parijs, autor del libro “Real Freedom for All”.  En castellano, existe, por ejemplo, “Las condiciones materiales de la libertad”, de Daniel Raventós.  La Ley del Congreso, o su incorporación constitucional como derecho humano, puede ser de un artículo único:  “Artículo 1.  Derecho a la Renta Básica.  Se establece el derecho de todo persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas.  La Renta Básica se constituye como derecho individual, universal e incondicional.”

(http://ilprentabasica.org/texto-de-la-ilp/)

Al menos debería establecerse una provisión menor de subsistencia de emergencia, es decir, una renta universal inferior al planteo anterior.

2.3.    La    situación   ideal   que    debería    lograrse progresivamente,  es  un  sistema  económico  y  social  que permita que los estudiantes de menores recursos no  trabajen o  trabajen  poco mientras cursan los niveles  de  educación (superior e inferiores).  Hay que insistir en que idealmente, debería establecerse en particular la “renta básica universal”.  El estudio serio es un duro trabajo.  Este   sistema debe incluir   ciertas   becas, préstamos, y justicia social general en la sociedad.  La jornada laboral general máxima justa es de 6 horas diarias, 30 horas semanales y diez meses y medio anuales.  El estudiante universitario debe poder trabajar incluso menos, unas cuatro horas cada día en condiciones dignas, y así financiar sus necesidades básicas, y estudiar el resto del día laborable.  El Estado debería posibilitar esto.

2.4. Enseñanza efectiva para todos de técnicas de estudio, aprendizaje y pensamiento, durante los doce años previos al nivel superior, con la misma intensidad horaria y jerarquía que Matemática o Lengua.

2.5. En todos los niveles de educación preuniversitarios, brindar un servicio educativo de efectiva calidad didáctica y científica, de modo que todos -ricos y pobres- lleguen igualmente formados al nivel superior.

2.6.  Ingreso irrestricto en la universidad pública.  Así lo establece la Ley de Educación Superior de Argentina de acuerdo con la modificación incorporada por el gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner: “Artículo 7º – Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior.  Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador.”  (Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

Es de una brutalidad inconcebible determinar el futuro de una persona con “un” examen, el “examen de ingreso”, que se rinde “un” día, en “un” instante de la vida de una persona, para privar a esa persona de la oportunidad de realizar la carrera universitaria que desea.  Haber aprobado el nivel de educación preuniversitario, aprobación compuesta de muchísimos exámenes, en muchísimas oportunidades, o bien aprobar el examen para los mayores de 25 años, en la primera oportunidad o en oportunidades subsiguientes, es la única selección admisible para el ingreso en la universidad.  Otra clase de selección o exclusión es irracional e inmoral.  También es inmoral e irracional determinar el ingreso en la universidad en función del promedio de calificaciones de la educación preuniversitaria, pues precisamente los más pobres, desamparados y vulnerados en sus derechos, probablemente hayan logrado un menor nivel de calificaciones.  Este tipo de exclusiones privan de la oportunidad de la educación superior precisamente a quienes más lo merecen, porque son los que mayor injusticia social sufrieron en su niñez y en su adolescencia.

Además, la sociedad se privaría de tantos genios que no sobresalieron nunca por estudiar para aprobar y obtener buenas calificaciones, sino que estudiaron siempre para aprender, para investigar y para expandir la frontera del conocimiento humano.

2.7. Entiendo que un componente central de la “equidad” es UN RAZONABLE diseño del sistema de enseñanza, orientado a lo que se denomina “educación abierta” (que incluye a la educación a distancia).  Lamentablemente, la universidad estatal suele tener horarios incompatibles con los horarios de trabajo de los estudiantes, por lo cual un pequeño porcentaje de los estudiantes puede asistir normalmente a las clases.  Esto se soluciona con la educación abierta y a distancia, aprovechando las modernas tecnologías, en particular internet.

2.8. Una universidad más equitativa debe ser verdaderamente autónoma del gobierno de turno, pero considero que el gobierno universitario autónomo no debe ser elegido por los profesores empleados de las universidades, y ni siquiera por los privilegiados que logran permanecer estudiando en estas, sino por todo el Pueblo de la Nación, para que participen de la elección todos los excluidos por las políticas elitistas de un gobierno universitario autónomo, pero elitista.

2.9. Los exámenes finales en mi opinión deben ser por regla, mientras sea posible, escritos y anónimos, para evitar la arbitrariedad, la corrupción, la injusticia y un agotamiento absolutamente injustificado por estrés extremo de los alumnos.

2.10.  Medidas establecidas en la redacción que dio a la Ley de Educación Superior de Argentina el gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner, como becas, consideración de las discapacidades, etcétera:

Artículo 2º – […]  La responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación superior, implica:

  1. a) Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley;
  2. b) Proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias económicas verificables;
  3. c) Promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales;
  4. d) Establecer las medidas necesarias para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias; […]” (Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

2.11.  Prohibición de toda norma de exclusión de estudiantes por lentitud en el estudio.  Quien menos tuvo o tiene en la vida, o aquel con circunstancias más desfavorables, o aquel con opciones de vida menos comunes, pero no por ello menos meritorias, probablemente aprobará menos exámenes por año, pero no por ello es justo privarlo de los logros alcanzados y expulsarlo de la universidad.

 

16. El problema de la pobreza de las naciones y la gratuidad de la universidad respecto a las prioridades del gasto público: “Un país empobrecido no puede darse ciertos lujos”

 

  1. Es falso que sobren profesionales. Es falso que haya exceso   de “oferta” profesional.  El día   que   sobren profesionales, las personas más pobres podrán acceder a sus servicios, porque serán más baratos.  No habrá un abismo entre el ingreso de un profesional y el de un obrero.  Habrá, por ejemplo, más profesionales en el campo y menos cola para el médico.
  2. Quien genera  riqueza  hoy,  lo  hace  gracias   al conocimiento  que  la sociedad en su  conjunto  posee.  Por ejemplo,  el empresario se enriquece y crea trabajo a  causa de  su  trabajo  como empresario,  pero  también  debido  al conocimiento  de los ingenieros que preparan  las  máquinas, etcétera.
  3. La ignorancia produce en muchas personas falta de trabajo, también es causa de enfermedades y en otros casos crea condiciones de delito. La falencia de inversión pública en educación genera enormes problemas sociales.
  4. Toda persona del siglo veintiuno tiene el derecho moral de tratar de adquirir una formación lo más alta que pueda, en cualquiera de las innumerables áreas del saber. Eso  es gran  parte  del  mandato ancestral de “ganarse  el  pan”  y “cuidar  los  hijos, el cónyuge y el prójimo”  en  el  siglo veintiuno.
  5. El arancelamiento universitario público favorece que hayan pocos profesionales, que presten servicios mediocres, y que cobren excesivos honorarios. Los verdaderos   liberales quieren competencia en el mercado.  La competencia verdadera exige igualdad de oportunidades.  Los verdaderos liberales -que es raro encontrar- quieren la gratuidad de la educación universitaria pública.  Los ricos antiliberales -aunque erróneamente se los llame “liberales”- quieren el arancelamiento, porque no quieren competencia.
  6. Los mismos motivos que existen para la gratuidad de la educación primaria pública (inicial y general básica) existen para la gratuidad de la educación superior.

Un país -con mayor razón si está empobrecido- “no” puede darse el “lujo” de “no” tener una universidad pública gratuita.

 

17. El problema de los recursos presupuestarios públicos escasos.

 

Si lo recaudado mediante impuestos es poco y el  presupuesto es escaso, debe reducirse el gasto en:

  1. Sistemas, según creo, obsoletos y carísimos de enseñanza universitaria, como el puramente presencial (el usual, el de los alumnos sentados en un aula anotando lo que ya está, o puede estar, escrito en un manual).
  2. Muchos profesores que en realidad no enseñan.
  3. Muchos investigadores que en realidad no investigan.
  4. Muchos cursos para-curriculares y de postgrado no prioritarios.
  5. Muchas actividades de extensión no prioritarias.

Una universidad con más alumnos no es -por esa razón- una universidad más   cara para el pueblo contribuyente (“contribuyente” es el que paga impuestos).  Lo que cuesta caro no son los alumnos ni el lapso de graduación de estos.  Lo que cuesta caro a los contribuyentes es la dirigencia política (diputados, presidentes, jueces, etcétera) corrupta y toda la burocracia inútil que crece a su alrededor.  Un pueblo educado no permite el robo que hacen los políticos y sus burócratas.  Lo que sale caro a los pueblos es la ignorancia.

Es contradictorio decir que “debido a que el Estado no tiene dinero para financiar la universidad, hay que arancelarla”.  Lo  real es que si el arancel es la solución,  quiere  decir que  con  los  aranceles  puede  pagarse  el  costo  de   la universidad.  Si se puede arancelar, quiere decir que hay dinero para pagar el arancel.  Si hay dinero para pagar el arancel, se pueden pagar, en lugar del arancel, impuestos destinados a educación.  Y si se pueden pagar impuestos, la universidad puede ser gratis.  La verdad es que, quien dice que se puede arancelar, debe aceptar, para no contradecirse, que la universidad puede ser gratis.  Queda por analizar el problema del llamado “arancel pequeño”, que en realidad es un “semiarancel”, y que analizaremos más abajo.

 

18. Distinción entre servicios educativos y para-educativos.

 

Los servicios para-educativos son aquellos servicios que no son educativos, pero que acompañan al servicio educativo.

 

Por “educación” se entienden los siguientes servicios:

  1. Acreditación del conocimiento del estudiante (exámenes, inscripciones, libreta universitaria, diploma).
  2. Publicación del conocimiento (clases, biblioteca, escritos de cátedra).
  3. Consultas al docente.
  4. Prácticas de laboratorio y análogas.

No son propiamente servicios públicos de “educación”, a los fines de su gratuidad, en principio:

  1. Trabajo de estudio que realiza el alumno (es decir, el ingreso financiero del alumno no es parte del servicio educativo).
  2. Transporte del alumno (es decir, el subsidio al transporte del estudiante, que es muy positivo, no forma parte, no obstante, del servicio educativo propiamente dicho).
  3. Útiles del alumno.
  4. Libros y materiales escritos que compra el alumno.
  5. Certificaciones extraordinarias (certificados analíticos, etcétera).

La playa de estacionamiento de la universidad no está incluida en el servicio propiamente “educativo”.  Puede y debe ser arancelada tanto para docentes como para estudiantes.  Así también otros servicios y beneficios para-educativos o extra-educativos.  Pero el arancel por estos servicios debe ser razonable y no exceder los valores de mercado.

 

19. El impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual.

 

El arancel es fijo.  Por ejemplo, el “rico” (usemos este término práctico) paga 150  dólares por  mes,  el  de  clase  media  (ni  rico  ni  pobre,  sino intermedio)  también paga 150 dólares mensuales, y el  pobre que no puede pagar nada solamente estudia si es becado (con  beca completa o parcial).  Solamente “algunos” pobres serán becados.

Es correcto que una universidad privada cubra sus costos así, porque sus costos son de aproximadamente 150 dólares por alumno.

Pero no es justo que la universidad pública adopte ese sistema.  Es equitativo que:

– el pobre que no puede pagar nada, no pague la porción  de 150 dólares que le correspondería, (que quede eximido);

– quien  solamente  puede pagar su porción,  pague  150  dólares mensuales;

– quien  puede pagar su parte y la de un pobre,  pague  300 dólares,

– quien puede pagar su parte y las de dos pobres, pague 450 dólares mensuales.

– y así sucesivamente.

Este financiamiento solamente es posibilitado por el sistema tributario (sistema de impuestos).  Ello es así porque el impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual.

Hay que aclarar que la educación superior puede costar por cada alumno y por mes, mucho menos que 150 dólares.  Eso es lo máximo (y no lo mínimo) que la educación privada puede cobrar.  La educación estatal a distancia o mixta es infinitamente más barata, en términos absolutos y relativos.

 

20. El impuesto puede ser general.

 

El arancel se cobra solamente a quien estudia.  Solamente los alumnos, y no el resto de la población, pagarían aranceles.  Si la universidad pública cobrara sumas proporcionales a la riqueza individual solamente  a  quien  estudia  en  ella, al rico le convendrá ir  a la facultad privada, donde no tiene que  subsidiar  al pobre  (donde  no  tiene  que  pagarle  al  pobre).  ¿Quién financiará entonces la universidad pública?  El pobre no, porque no puede -no tiene plata-, el rico tampoco, porque se habrá ido a la facultad privada.  A la universidad pública, entonces, solamente asistirían los que pueden pagar su arancel y solamente su arancel.  La universidad pública se convertiría, de hecho, en una universidad privada más.  Y en tal caso, la igualdad de oportunidades de educación para el pobre habría desaparecido.

Debe financiar obligatoriamente el servicio tanto quien lo usa como quien no lo usa.  Supongamos que quien carece de dinero quiere estudiar y que quien tiene dinero de sobra no quiere estudiar, o ya estudió.  Hay que diseñar   una universidad donde todos estudien (o lo hayan hecho) y donde todos -por consiguiente- la financien.

 

21. Gratuidad de la educación y seguridad social.

 

Los padres pueden pelearse con los hijos y no financiarles la universidad o cierta carrera que a los progenitores les disgusta.  También puede ocurrir con motivo del divorcio.  En otros casos, por ejemplo, los progenitores, a cambio de un plato de comida, generan tal tormento sicofísico en el hijo, que lo obligan a independizarse económicamente de ellos.

Es falso con demasiada frecuencia que el patrimonio de los padres es el de los hijos.

“Todos” los jóvenes del mundo, en cierto sentido, son “pobres”.  Los “ricos”, si lo son, son sus “padres”.

La educación gratuita, además de una garantía en protección del pobre, es también una garantía que protege al niño y al joven de los abusos de los adultos.

El Estado liberal social establece un sistema de seguridad social.  Dos de sus ramas más importantes son el sistema de educación pública y el sistema de previsión social de la ancianidad.

Cada generación adulta (económicamente activa) subsidia a la generación joven mediante la educación gratuita y a la generación anciana mediante la jubilación y la pensión.  Cada generación adulta, a su vez, fue subsidiada cuando joven y será subsidiada cuando se convierta en anciana.  Todos los padres financian la educación de todos los hijos.  Cuando estos hijos sean adultos financiarán la ancianidad de todos los padres.

Se trata de un seguro solidario intergeneracional de ingreso y retiro respecto del mercado laboral.

 

22. El impuesto es seguro.

 

A la hora del error o falta humanos, más vale equivocarse o errar en favor del pobre.  Debe establecerse la gratuidad  y perseguirse el financiamiento mediante un sistema tributario justo, que le cobre mucho al rico, nada al pobre, un poco al que tiene poco, y así sucesivamente.

Es preferible que un rico estudie sin contribuir al financiamiento educativo, por fallas del sistema tributario (porque no se le cobran impuestos), antes que un pobre quede fuera de la universidad por errores de un sistema arancelario con exenciones destinadas al pobre, y que por error no se le apliquen.

En épocas de crisis económicas, la injusticia de un arancel sería mucho mayor, porque mucha más gente que no puede pagar quedaría sin estudiar (porque mucha más gente pobre vería reducidos sus ingresos).

 

23. El impuesto puede ser representativo.

 

El   organismo encargado de la recaudación (cobro)   de impuestos   es   la “Dirección   General   Impositiva”   (o Administración Federal de Ingresos Públicos, o como se llame).  Si la DGI funciona mal, debe mejorarse su funcionamiento,   y   no   crear   un   organismo   paralelo -seguramente   con los mismos vicios- que   aumente   la burocracia.  El partidario del arancel debe aceptar que termina   proponiendo una Dirección   General   Impositiva paralela dependiente de las Universidades.  Cada universidad debería crear dentro de sí misma una pequeña DGI similar a la DGI originaria y principal.  Lo cual es un absurdo aumento de la burocracia, la ineficiencia y la injusticia.

Esa “comisión administradora de la DGI paralela  dependiente de  las  universidades” representaría a  la  elite  (pequeño grupo  privilegiado)  universitaria,  no  a  la   población.  Representaría  a  los  profesores  -que  son  empleados  con intereses de empleados, como todo empleado- y a los  alumnos -que   no  representan  la  composición  de  la   sociedad-.  Evidentemente, en muchas naciones todavía pocos pobres (aunque muchos más de lo que se piensa), no obstante la gratuidad, acceden a la universidad.  En la sociedad en general predominan los pobres.  En la universidad no.  Los pobres no están representados por los alumnos de la universidad.  Tampoco por los profesores.

Una  comisión  formada por los empleados  del  sistema  -los profesores-  y predominantemente por alumnos no  pobres,  no favorecería  las medidas de equidad que hemos enumerado  más arriba.  Digámoslo así:  un sistema administrado por ricos no favorece al pobre.

El  Congreso  Nacional es quien hace -y así  debe  ser-  las leyes  tributarias  y  las leyes  de  funcionamiento  de  la Dirección General Impositiva.  Los miembros del Congreso son elegidos mediante un voto por cada ciudadano del país.  El rico tiene un solo voto para elegir diputados.  El pobre también tiene un voto para elegir diputados.  Es de esperar que se vote cada vez mejor, a pesar de que la prensa, el sistema de medios masivos de comunicación, normalmente son instrumentos comprados por el gran capital y los poderosos para engañar al electorado.  El Congreso Nacional, que es quien gobierna a la DGI que ya existe, sí representa -y puede y debe representar cada vez más- a toda la población, ricos y pobres, empleados públicos, empleados privados y trabajadores independientes.  La mejor representatividad del Congreso es un cambio que puede hacerse y debe hacerse.  La equidad gubernamental tiene un solo método básico:  “justicia tributaria”.  Hay soluciones para que la DGI combata la evasión fiscal.  Pero solamente un pueblo sano y educado puede exigirlas.

 

24. El mal llamado “arancel pequeño”.

 

Algunos hablan de lo que llaman “arancel pequeño” (de, por ejemplo, veinte dólares por mes y por alumno).  Este “pequeño arancel” solamente lo pagaría “el que pueda”.  En realidad no hay aranceles “pequeños” ni “grandes”.  El único “arancel” verdadero es el que cubre el “costo” individual del servicio.  Si el pago no cubre el costo es   un “semiarancel”.  Un  semiarancel  de  veinte dólares  no alcanzaría  para  pagar  el costo  de  la  universidad en su estructura vigente.  No cubriría   casi   nada.  La educación   debería   seguirse financiando (pagando, sosteniendo) mediante impuestos.  Es decir, que el semiarancel sería inútil, inservible.  Pero el semiarancel sí provocaría algo:  causaría un obstáculo más que impediría que el pobre ingrese a la universidad.

El arancel es el gran engaño que el rico astuto le hace al “opinador”   improvisado que se cree “progresista pero realista” (“progresista” significa “liberal bastante socialista”).  El semiarancel es un engaño todavía más sutil, una segunda carta bajo la manga del rico.  El rico piensa:  “Está bien, pago la educación del pobre, mediante los impuestos.  Pero, de todos modos, voy a evitar que ingrese en la universidad, y que luego me compita a mí cuando se convierta en profesional.  Lo elimino -u obstaculizo- con el semiarancel.”  Completa su engaño diciendo:  “Eximiremos al pobre del arancel” (“semiarancel”).

Y allí vuelve a proponer una DGI paralela.  Nadie  sueñe con que será posible que funcione bien  la  DGI paralela  si  no  se logra hacer funcionar  bien  a  la  DGI originaria.  Por otro lado, esta DGI paralela sería mucho más peligrosa que la originaria, porque podría cobrarle arancel al pobre, y dejarlo fuera de la universidad.

El semiarancel quedará perpetuamente establecido.  Además, aumentará hasta convertirse en un arancel verdadero.

 

25. El impuesto es socialmente necesario.

 

El individuo necesita ser educado y que otros individuos sean educados.  Ello es un motivo más por el cual cada individuo, se eduque o no, debe financiar la educación -en proporción a su riqueza-, porque todos necesitamos que todos estemos   educados.  Y la educación es   una   necesidad   enormemente importante en la actual sociedad, tan complejizada y tecnologizada:  la educación ahorra dinero en medicina, en policía y en funerales.

 

26. El impuesto es equitativo.

 

El rico debe pagar impuestos para sostener la educación, no solamente porque él o su hijo usa o usó el servicio.  Los debe pagar porque ello es una justa distribución de la riqueza entre los seres humanos.  No importa si el rico o su hijo estudia o no.  Debe devolver a la comunidad lo que el mercado injustamente le otorgó de más.

En el mostrador o ventanilla (o enlace de internet) de la DGI, o Administración Tributaria, el rico paga su facultad, la del pobre, y la beca del pobre.  El rico quiere pagar arancel, porque le resulta más barato que el impuesto.  El rico quiere pagar en la oficina de la universidad, y no en el edificio de la DGI (Administración Tributaria).

Todo alumno “paga” su educación pública y gratuita, equitativamente, cuando, en el curso de toda su vida, paga los impuestos del sistema tributario.  El alumno “devuelve” equitativamente el financiamiento de su educación gratuita, pagando los impuestos en el mostrador o ventanilla de la Administración impositiva del Estado, a lo largo de toda su vida.

Los partidos políticos de la derecha, es decir, los partidos políticos de los ricos, siempre han promovido el arancelamiento de la universidad.  Los ricos siempre han dicho que prefieren pagarse su universidad mediante los aranceles.  Es natural que los ricos sean “arancelistas” porque así solamente pagan su estudio universitario, y no subsidian a ningún pobre.  Los ricos, y, por lo tanto, sus partidos políticos, los partidos de derecha, siempre se han opuesto a la gratuidad de la universidad, porque en caso de gratuidad absoluta, los ricos deben pagar, mediante los impuestos de un sistema tributario progresivo, no solamente su propio estudio universitario, sino además también el estudio universitario de los pobres.  El pretexto de la derecha para promover el arancelamiento de la universidad pública siempre ha sido, supuestamente, evitar que los pobres paguen mediante los impuestos la educación de los ricos.  Pero obviamente es muy sospechosa la supuesta preocupación de los ricos por la economía familiar de los pobres y por las condiciones de vida de los pobres, dado que al mismo tiempo los ricos se oponen al aumento del salario de la clase obrera y a la reducción de su jornada laboral.

Los ricos pagan campañas políticas en las elecciones para que esos futuros gobernantes, cuando sean elegidos, no les cobren impuestos.  Un político que haga  mucha  propaganda publicitaria  cara,  seguramente  va a  tener  que  devolver muchos  favores, y seguramente no al pobre, sino a  costa  del pobre.

Los ricos han montado una campaña periodística a favor del arancel.  El   debate no debe   ser   “¿La nación debe arancelar?”, a pesar de su perpetuo retorno a la prensa, sino “¿La nación debe hacer funcionar la DGI?”.  Sobre esta última pregunta no verás campañas de prensa.  Es muy sencillo hacer funcionar la DGI, la Administración Tributaria.  Estados Unidos de Norteamérica,   Reino Unido,   Alemania,   Suecia,   Francia, etcétera, ya descubrieron cómo se hace.  Solamente hay que copiarles el método.  Para ello solamente se requiere “voluntad política”.  Eso quiere decir “políticos que quieran ser decentes”.  Hay que votar mejor.  Nadie espere que un político inmoral lleve adelante una política moral.  No le pidamos peras al olmo.

Por supuesto que las actuales democracias son muy poco democráticas, pero la solución es hacer más democráticos los gobiernos, y no arancelar las universidades.

 

27. La gratuidad incentiva el estudio de los alumnos y el progreso intelectual. El estudiante crónico. 

 

El alumno evalúa la relación costo-beneficio de su decisión de ser o no ser un estudiante que aprueba rápidamente los exámenes, no en función de los eventuales aranceles pagados desperdiciados o aprovechados, sino, principalmente, respecto del curso de su vida:  el respeto de su novio/a, o de su eventual novio/a, de sus parientes, amigos, etcétera, su futuro laboral, sus eventuales ingresos económicos, el riesgo del financiamiento económico actual de su vida, el desarrollo de sus intereses intelectuales, etcétera.  Los alumnos estudian más debido a que quieren salir adelante en la vida, en particular, y no por causa del eventual arancelamiento.  El que no quiere estudiar, ni paga arancel en la universidad privada, ni concurre a la universidad pública gratuita.  Los aranceles desperdiciados son un factor de escasa relevancia en las reales decisiones académicas del estudiante.

El arancel, más que fomentar el estudio, lo priva de incentivos.  A todos los sacrificios que implica el estudio, el arancel agrega un costo adicional.

Una vez más, los mal autodenominados “liberales”, intentan ingresar autoritariamente, paternalistamente, totalitariamente, en la vida íntima de las personas, hipertrofiando la presencia estatal.  Estos señores intentan condenar las conductas que no son corrientes, que no se adecuan a lo convencional.  Pero ocurre que no siempre lo corriente es lo correcto, que no siempre lo convencional es lo conveniente, y que no siempre las instituciones son perfectas (recuérdese las instituciones milenarias de la esclavitud, la tiranía, la opresión contra la mujer, etcétera).  Las instituciones de hoy tampoco son perfectas (el estado calamitoso del mundo lo demuestra).  No es saludable condenar a todo aquél que no corre ciegamente al compás de la institución.  Muchas veces, “quien mucho corre, mucho se equivoca”.  Muchas veces, el caballo que marcha más rápido, arrastra su carro lleno solamente de malas hierbas, y el caballo que avanza más lento, trae, él solo, un cargamento de oro.

El estudiante crónico no cuesta más al presupuesto público que el estudiante no crónico.  Cuando el estudiante llamado “crónico” utiliza el servicio educativo, obviamente, “cuesta”, pero en ese momento no es “crónico”, porque está aprovechando el servicio educativo, y en los lapsos en que abandona los estudios, deja de “costar”.  El estudiante que completa su carrera universitaria en diez años, o en veinticinco, no cuesta más que el que la completa en cinco años.  Porque el número total de exámenes rendidos puede ser el mismo por el estudiante crónico y por el estudiante no crónico.  El costo es, en este caso, el salario de los profesores que realizan las evaluaciones en los exámenes, y no representa un mayor costo el estudiante que rinde un examen por año, que aquel que cinco exámenes por año.

No es necesariamente algo negativo que un estudiante vaya lento.

Puede haber motivos más que justificados para que un estudiante vaya lento, como estarse sacrificando por sus hermanos, sus padres, sus abuelos, o incluso por personas que no son ni siquiera sus familiares cercanos.

 

28. El arancelamiento es antisolidario.

 

Por ejemplo, si un alumno sufre la enfermedad grave de un familiar, es probable que tenga que correr de médico en médico, de hospital en hospital, de laboratorio en laboratorio, de angustia en angustia, de trabajo en trabajo.  Su rendimiento académico, obviamente, disminuirá notablemente.  El arancel hace leña del árbol caído.  El arancel es caníbal.  El arancel revictimiza a la víctima.  Hay innumerables situaciones análogas a este ejemplo de la enfermedad.  El arancel siempre cometerá injusticia.

 

29. El impuesto ahorra los costos de gestión de una gratuidad condicional.

El sistema impositivo no tiene el costo de financiar la burocracia que controlaría y determinaría quién es merecedor de la exención del arancel, es decir, de la gratuidad del servicio.  Este costo de gestión burocrática suele ser bastante alto, y además proclive obviamente a la corrupción, al error, a la arbitrariedad, a la estigmatización del beneficiario, etcétera.

 

30. Es justo incluir a los extranjeros.

Es justo que también el estudiante extranjero tenga derecho a la gratuidad de la universidad pública.  El estudiante extranjero también paga impuestos en el país en el que realiza sus estudios universitarios, al menos durante el lapso en que habita en el territorio.  Así el estudiante extranjero contribuye de cierta manera a la financiación del sistema.  El estudiante extranjero no necesariamente retornará a su país de origen después de su graduación, y tampoco el estudiante nacional necesariamente permanecerá en su país de origen después de su graduación.  El porcentaje de estudiantes extranjeros siempre es muy pequeño, incluso en países con universidad gratuita.  No es nada fácil irse a vivir a otro país.  Nada fácil.  Y debe imperar la solidaridad internacional, porque, hay que promover el concepto moral universal de que todo ser humano es hermano de todo ser humano.  Cada habitante del territorio, sea este habitante nacional o extranjero, durante el lapso de permanencia en el territorio, paga los impuestos de dicho territorio y al mismo tiempo tiene derecho a los servicios financiados con dichos impuestos.  Si alguna injusticia es detectada en materia de extranjeros en la universidad pública gratuita, la solución de ninguna manera es el arancel, sino, de ser necesaria y razonable, la regulación impositiva.  Aunque en términos aritméticos no resulte una compensación inmediata, debe predominar el principio de solidaridad internacional, incluso aunque no exista reciprocidad entre países, porque hay que promover un planeta con universidad gratuita.  Una de las mejores maneras es que estudiantes originarios de países donde no existe la universidad gratuita vuelvan a sus países a dar su testimonio de que la universidad pública y gratuita es posible.

En Argentina, y en la mayoría de los países, la inmensa mayoría de los habitantes somos extranjeros, o bien hijos de extranjeros, o bien nietos de extranjeros.  Hoy la minoría de la población es verdaderamente originaria del territorio, porque solamente la minoría de los habitantes pertenece a los pueblos originarios del territorio.  Resulta sumamente inmoral entonces, negar a las nuevas generaciones lo que no se nos negó a nosotros, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos.  Además, otra actitud contradiría el espíritu de la Constitución Nacional argentina, que dice: “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina”, “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos”, “Todos sus habitantes son iguales ante la ley”, “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.

El Papa Francisco recuerda que Jesús dijo: “Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui EXTRANJERO, y me RECIBIERON; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y vinieron a mí”, que Jesús, María y José tuvieron que migrar huyendo de la persecución y que Abraham y el pueblo de Israel fueron migrantes.  (Papa Francisco, Audiencia General, 26 de octubre de 2016).

Consideremos, por ejemplo, la situación de Alemania, donde la universidad es gratuita, incluso para los extranjeros.  “Lo que gana Alemania.  Ahora, con un costo promedio para el país de US$ 14.600 al año por estudiante, la pregunta es: ¿qué gana Alemania?.  Solo en Berlín, por ejemplo, hay 25.000 estudiantes extranjeros, lo que implica una factura anual de US$364,3 millones que es pagada, en última instancia, por los contribuyentes alemanes.  ‘Pero para nosotros no deja de ser atractivo cuando gente de otros países traen conocimiento y experiencias que terminan creando trabajo, como cuando esos estudiantes tienen una idea de negocio y se quedan en Berlín para realizarla’, dice el secretario para temas de ciencia de Berlín, Steffen Krach.  Y según Sebastian Fohrbeck, del DAAD, el 50% de los estudiantes extranjeros se queda viviendo en Alemania.  ‘Incluso sin cobrar matrícula, basta que un 40% se quede por cinco años y pague impuestos para que recuperemos los costos, o sea que el sistema funciona bien’, explica Fohrbeck, para quien la migración de gente calificada también es una buena solución para un país con una población con cada vez más pensionados y cada vez menos jóvenes ingresando al mundo del trabajo.  […]  ‘No vamos a empezar a cobrarle colegiatura a los estudiantes extranjeros’, asegura Krach, el secretario para asuntos de ciencia.  ‘No queremos que la posibilidad de entrar a la universidad dependa del estatus social y no queremos que el intercambio entre países dependa únicamente de temas financieros’, promete.  Y, de regreso en EE.UU., la madre de Hunter, Amy, no deja de preguntarse por qué su propio país no pudo ofrecerle a su hijo una educación de calidad a un precio que ella pudiera permitirse.  ‘Siento que mi hijo está teniendo allá una educación maravillosa, de forma completamente gratis.  Traición tal vez sea una palabra muy fuerte, pero ¿por qué no podemos hacerlo aquí?’, se pregunta.  Y Sebastian Fohrbeck, del DAAD, cree que tanto EE.UU. como otros países podrían aprender algo de la experiencia alemana.  ‘Nadie en EE.UU. se pregunta por qué la escuela secundaria es gratuita’, dice.  ‘Y nuestro éxito económico prueba que no estamos completamente equivocados (al también asegurar la gratuidad de la educación universitaria).  Si uno educa bien a su fuerza de trabajo, eso beneficia a todo el país’, concluye.”  (Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros, http://www.bbc.com, Franz Strasser, BBC, Alemania, 8 junio 2015).

 

31. La injusticia del arancel al graduado.

Los más nobles médicos, abogados, ingenieros, etcétera, nótese, los más nobles, brindan gratuitamente, incluso a pérdida, sus servicios profesionales a los más pobres y a las causas sociales más desamparadas, donde es muy difícil lograr una remuneración para ninguno de los luchadores, y en consecuencia su nivel de ingresos es muy bajo.  Lo justo es que el graduado universitario contribuya al financiamiento de la educación pública y gratuita simplemente en proporción a su nivel de ingreso, en proporción a su riqueza, del mismo modo que la generalidad de la población.  Hay que estimular esta conducta noble en la generalidad de los graduados, en lugar de desalentarla mediante el arancel al graduado.  Claro, esto tal vez sea difícil de comprender para quien no ha hecho personalmente el sacrificio que implica tal nobleza.  Una cosa es la supuesta caridad con lo que me sobra, y otra es la solidaridad que desangra una vida entera para luchar contra el poder perverso.

 

32. El absurdo del “subsidio a la demanda”.

El servicio educativo superior debe ser provisto y producido por el Estado, sin perjuicio de la iniciativa privada paralela, pues es el Estado, mediante universidades autónomas y democráticas, el que debe acreditar y certificar el conocimiento, y quien debe planificar el programa educativo nacional.  El “subsidio a la demanda” es incompatible con estos principios.  El “subsidio a la demanda” conduce en su propia ideología neoliberal, a la eliminación de la universidad pública estatal y su reemplazo por la universidad privada, que supuestamente garantizaría la igualdad de oportunidades mediante supuestas becas, pero que estaría dominada por el afán de lucro, y por intereses privados, y no por proyectos comunitarios de Justicia Social.  Solamente el Estado es capaz de inversiones infraestructurales en este sentido.

 

33. Conclusión.

 

Naturalmente, existen, o existirán, contra argumentaciones en relación con mi investigación.  Al respecto, quiero hacer notar que deben ponerse los “pros” y los “contras” en una balanza.

Por ejemplo:  dinamitar la casa tiene la “ventaja” de matar las hormigas, pero tiene la “desventaja” de destruir un hogar y sus habitantes.  Hay que poner las cosas en la balanza:  ¿qué consecuencia pesa más:  los beneficios ganados –hormigas controladas-, o los beneficios perdidos –vivienda y familia-?.

En primer lugar, recordemos que la proclamación de supuestas ventajas del arancelamiento es, en general, falsa.  Pero, aunque algo de verdad hubiera en el alegato arancelista, la balanza se inclina, definitivamente, abrumadoramente, a favor de la gratuidad.

 

34. Invitación final.

 

Invito a los lectores a difundir este mensaje.  La gran guerra se desarrolla en el terreno de las mentes de las personas.  Los medios de comunicación social, y no solamente la prensa, son el gran instrumento político, y trabajan sobre nuestro pensamiento, emociones y psicología.

Desgraciadamente, ni tú ni yo financiamos los grandes medios de comunicación, porque no somos grandes anunciantes ni mucho menos propietarios de estos medios masivos.  Por lo tanto, los grandes programas de televisión no están demasiado preocupados ni por tu bienestar ni por el mío, sino más bien por nuestra “atención” (“rating”), por los intereses de quienes los financian y por los intereses de sus dueños.

Una nación justa y digna donde vivir, no depende principalmente de los medios de comunicación, y ni siquiera de los políticos:  depende fundamentalmente de la gente común, de ti y de mí.

Los medios de comunicación masivos jamás desarrollarán el tema de la gratuidad de la universidad como en el presente escrito.  Por el contrario, cuidadosamente ocultarán esta argumentación, esta fundamentación, estas razones.  Deliberadamente confundirán a la opinión pública, porque los dueños de los medios de prensa y los demás grandes capitalistas son quienes principalmente deben privarse de algunos lujos para pagar la universidad para todos.

Es usual que la prensa, la gran prensa, la del gran capital, enfoque la “noticia” en la supuesta o real corrupción política (supuestos sobornos, supuestos sobreprecios de la obra pública, etcétera), y deje totalmente fuera de escena a las políticas fundamentales de justicia social y de derechos humanos, para lograr que votes a los candidatos electorales del gran capital, presentados por la gran prensa como “decentes” y que no votes a los que la gran prensa te presenta como “corruptos” (aunque no exista ninguna condena judicial, sino simplemente denuncias de los enemigos políticos).  Los políticos que la gran prensa te presenta insistentemente como “corruptos” son normalmente los candidatos de la justicia social, los candidatos que van a poner un límite al abuso del gran capital.  Cuando la televisión le da demasiado espacio a un político, tenemos que desconfiar.  Normalmente es el gran capital el que está usando a ese político como uno de sus peones en su ajedrez.  A la hora de votar, deberíamos investigar qué políticas de justicia social apoyó o no cada político en su cargo parlamentario previo, o como jefe de gobierno, etcétera.  Los “grandes periodistas” suelen ser simplemente empleados a las órdenes del gran capital.  Presentan en televisión a los políticos que el gran capital elige, y preguntan lo que el gran capital indica.

Bajo el disfraz de “información” y “noticias” la gran prensa hace campaña por los intereses económicos y políticos del gran capital, que es, simplemente, el dueño, directo o indirecto, de la gran prensa.  Por eso, ayúdame a difundir este mensaje.  Por ejemplo, puedes enviar este texto -o solamente su dirección de Internet- a tus amigas y amigos mediante e-mail, Facebook, Whatsapp, etcétera.

 

Mendoza (Argentina), 2006-2016.

José Mariano Rodríguez Suoni.