Equidad de la gratuidad de la educación superior

Las razones de la equidad de la gratuidad universal de la educación superior.

 

Sumario.

 

A . Introducción.

 

1 . La gratuidad universal de la universidad es un derecho humano establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

2 .  El concepto de “gratuidad de la educación superior”.  Gratuidad universal de universidad universal.  A cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad, porque donde hay una necesidad humana, hay un derecho humano.

3 .  Historia política legislativa internacional.  La gratuidad universal universitaria de Alemania, Noruega, Argentina, etcétera.

4 . La historia documentada del anti-populismo en materia de seguridad social y justicia social.  Los conceptos de “populismo”, anti-populismo de “derecha” y anti-populismo de “izquierda”.  El gran capital, la oligarquía y el imperio.  Salario real neto.  Salario indirecto.  Extensión de la jornada laboral asalariada.

 

B . La argumentación. 

 

1 . La educación superior es un “bien público”, un derecho humano, un plan comunitario colectivo para el bien común, el bienestar general y el buen vivir y una condición de soberanía política, científica y cultural.  El absurdo del “subsidio a la demanda” de educación superior.

2 . Se necesita la Universidad Pública Estatal como tribunal público estatal de acreditación de conocimientos y habilitación profesional.

3 . Pretendida supuesta “evaluación” de habilitación profesional por manos ajenas a la Universidad: derechos para pocas y para pocos.  La inconstitucionalidad y el perjuicio al bien común.

4 . Explotación del hombre por el hombre.  Herencia.  Las injusticias del régimen de mercado.  Erradicación de la pobreza, la opresión, la explotación y la desigualdad.  Derechos sociales.  Función social de la propiedad.  Ley laboral.  Redistribución fiscal del ingreso.  Estado de Bienestar y seguridad social integral.  Salario indirecto.  Control de precios de la canasta familiar.  El anti-populismo de derecha es partidario de la “beneficencia”, el “asistencialismo” y los “planes sociales”, y el populismo es su enemigo, y es partidario de los derechos humanos de la seguridad social universal.  ¿Regalar el pescado, o enseñar a pescar y permitir pescar?.  El supuesto desincentivo del trabajo por el Estado de Bienestar.

5 . La erradicación de la pobreza.  Cómo se logra la “pobreza cero”.  Cómo se soluciona el caos, el daño y el mal cometido por el anti-populismo de derecha.  La generación de empleo, inversión, producción, crecimiento económico y justicia social.  Capitalismo, liberalismo y libertarismo: ¿eliminar la pobreza concentrando la riqueza y reduciendo salarios reales?.  Estado gendarme y Estado mínimo.  Seguridad social integral y gratuidad universal.  Jubilación de reparto y jubilación de capitalización.  Democracia, libertad y justicia social.  Anti-populismo de derecha y populismo.  Keynesianismo y neoliberalismo.  John Maynard Keynes, Paul Krugman y Joseph Stiglitz.  Deuda externa, evasión fiscal, guaridas fiscales.  El populismo como base de la riqueza, la libertad y la igualdad del Reino Unido inglés, Alemania, Francia, Canadá, Noruega, etcétera.  Populismo: eliminar la pobreza distribuyendo la riqueza y aumentando salarios reales netos, directos e indirectos.

6 . La medición de la pobreza.  Supuestas estadísticas y justicia social.  ¿Los altos salarios netos reales directos e indirectos “populistas” generan “pobreza”, como afirma el anti-populismo de derecha?.

7 .  Contra la inseguridad, derechos humanos.  Inseguridad y narcotráfico.  Seguridad y justicia social.  Corrupción policial y judicial.  Ley penal.  Derechos humanos y garantías procesales.  La propaganda del anti-populismo en materia de seguridad pública.  Alice Miller.  La enseñanza social católica.

8 . Contra la corrupción (supuesta gran preocupación del anti-populismo de derecha), derechos humanos.  Corrupción y pobreza.  La supuesta corrupción de los Estados populistas.  Sobornos.  Sobreprecio de la obra pública.  Guaridas fiscales.  Corrupción judicial.  Los dueños del mundo son también dueños de la televisión, y demás “medios”, y los usan para seguir siendo los dueños del mundo, para convencerte de que debes ser explotado y un oprimido que defienda la explotación y la opresión, un esclavo que defienda la esclavitud.  Impostores en la televisión y en las “redes sociales”.  Las técnicas maliciosas del pseudoperiodismo a sueldo del anti-populismo de derecha para parecer creíble.  Supuestas “pruebas” contra la supuesta corrupción “populista” presentadas por la televisión y las “redes”.  ¿Votar al anti-populismo de derecha contra la supuesta corrupción populista, o votar al populismo contra la comprobada explotación anti-populista?.  Nadie propone votar al que “roba pero hace”.  El anti-populismo, en realidad, propone votar al que roba sin hacer, y el populismo, en realidad, propone votar al que hace sin robar.  Intentar combatir la corrupción con el voto es como intentar hervir con un colador: la corrupción la deben combatir los tribunales, el voto debe conquistar la justicia social, el agua se hierve en la cacerola, y los tallarines se cuelan en el colador.  Proponer combatir la corrupción con el voto es ser cómplice de la corrupción y del robo.

9 . Contra el desorden urbano y de tránsito automotor (la supuesta gran preocupación del anti-populismo de derecha), derechos humanos.  La protesta social de la militancia populista.  Justicia social, derecho de vivir dignamente, y derecho de transitar.  Violencia política, huelgas, cortes de rutas, tomas de establecimientos, protestas populares.

10 .  Contra el analfabetismo político, contra la ignorancia humanística, educación pública estatal universal gratuita.  Las campañas de prensa de opinión pública del anti-populismo.  El pecado de votar al anti-populismo.  La televisión, la radio, Facebook, la prensa y la escuela.  Impostores en las “redes sociales” como Facebook, Youtube, Twitter, Whatsapp, etcétera.  Pseudo-periodistas que en realidad son propagandistas mentirosos del anti-populismo, a sueldo del gran capital.  Profesionales mintiendo en los “medios”.  La batalla cultural.  Pedagogía crítica.  Paulo Freire.  Iván Illich.  El analfabeto político.  Alfabetización en derechos humanos.  Libertad de cátedra.  El “apolítico”.  Perón y Allende.  ¿Votar contra la supuesta corrupción o votar contra la comprobada opresión?.  ¿Votar contra la supuesta “fiesta populista” o contra la comprobada injusticia social?.  El voto en blanco.  El mal menor.

11 .  El problema de la igualdad de oportunidades.

12 .  El problema de las medidas de equidad en el contexto social amplio.  Seguridad social universal.  La justicia social general.  La jornada laboral máxima general de seis horas.  La renta básica universal.  Autonomía universitaria para el pueblo.  La equidad del ingreso irrestricto en la educación superior, es decir, de la universalidad de la universidad gratuita.  El examen final escrito y anónimo.  Prohibición de castigo al rendimiento académico supuestamente “negativo”.

13 .  El problema de la pobreza de las naciones y la gratuidad de la universidad respecto a las prioridades del gasto público:  “Un país empobrecido no puede darse ciertos lujos”.

14 . El problema de los recursos presupuestarios públicos escasos.

15 .  Distinción entre servicios educativos y para-educativos.

16 .   El impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual.

17 .  El impuesto puede ser general.

18 . Gratuidad de la educación y seguridad social.

19 .  El impuesto es seguro.

20 .  El impuesto puede ser representativo.

21 . El mal llamado “arancel pequeño”.

22 . El impuesto es socialmente necesario.

23 . El impuesto es equitativo.

24 .  La gratuidad incentiva el estudio de los alumnos y el progreso intelectual.  El estudiante crónico.

25 .  El arancelamiento es antisolidario.

26 .  El impuesto ahorra los costos de gestión de una gratuidad condicional.

27 . Es justo incluir a los extranjeros.

28 . La injusticia del arancel al graduado.

 

A . Introducción.

 

1 . La gratuidad universal de la universidad es un derecho humano establecido por la Organización de las Naciones Unidas. 

 

La ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, mediante su Asamblea General, adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Este documento dice exactamente:

LA  ENSEÑANZA  SUPERIOR DEBE  HACERSE  IGUALMENTE  ACCESIBLE A TODOS, SOBRE LA BASE DE LA CAPACIDAD DE CADA  UNO,  POR  CUANTOS MEDIOS  SEAN  APROPIADOS,  Y EN PARTICULAR, POR LA IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LA  ENSEÑANZA  GRATUITA.

(Artículo 13, inciso 2, punto “c”.)

 

2 .  El concepto de “gratuidad de la educación superior”.  Gratuidad universal de universidad universal.  A cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad, porque donde hay una necesidad humana, hay un derecho humano. 

 

“Gratuidad” de la salud pública, de la educación primaria, de la educación universitaria, etcétera, significa en realidad, que cada habitante NO pobre PAGA el servicio público estatal de acceso LIBRE, UNIVERSAL E IRRESTRICTO de salud, educación, etcétera, EN PROPORCIÓN a la riqueza personal de cada habitante NO pobre, mediante los IMPUESTOS generales de la población, y SOLAMENTE mediante los impuestos generales, aplicando el principio moral fundamental de justicia fiscal de dar a cada cual según su necesidad y exigir de cada cual según su capacidad, porque donde hay una necesidad humana, hay un derecho humano.

Los pobres que por su pobreza no logran acceder a la universidad, tampoco pagan la universidad con sus impuestos, porque un sistema tributario progresivo solamente exige pago de impuestos a quienes no son pobres.

Los graduados también pagan el servicio universitario mediante los impuestos generales de la población, en proporción a su concreta riqueza personal, independientemente de su título universitario.

No se exige un certificado de libre deuda de impuestos a cada estudiante cada mes, porque sería redundante con el mecanismo general y ordinario de control estatal del cumplimiento impositivo, y generaría un costo burocrático duplicado.  Por legislación impositiva general, el deudor impositivo termina en remate e incluso en prisión.  Por similares motivos, tampoco exigen un certificado de libre deuda impositiva, por ejemplo, ni los bomberos, ni las escuelas primarias para niños, etcétera.  Además, deben pagar impuestos generales para financiar la universidad no solamente quienes se encuentran estudiando en ellas, sino también quienes ya se graduaron o egresaron, y la población en general, mediante los impuestos generales.  De hecho, el mayor pago de impuestos generales es posterior al egreso o graduación de la universidad, por ser mayor el lapso y por ser el lapso donde normalmente la persona se convierte propietaria de inmuebles, automotores, empresas, etcétera.

En el sistema de gratuidad universitaria, la habilitación para el ejercicio profesional la realizan fundamentalmente las universidades públicas estatales nacionales, y no los colegios profesionales de abogados, de ingenieros, de médicos, etcétera, es decir, las respectivas corporaciones de profesionales u asociaciones de profesionales en ejercicio de la profesión.  No obstante, esas corporaciones profesionales, esos colegios corporativos, que suelen constituir oligarquías universitarias, para eliminar la competencia en el mercado y para frustrar la igualdad de oportunidades y de posibilidades, suelen proponer lo que llaman “regulación de la matrícula” por parte de ellas mismas, mediante un examen posterior a la graduación universitaria, examen que ejecutarían estas mismas corporaciones oligárquicas privilegiadas y oligopólicas y que sería el que, en estas propuestas, habilitaría para ejercer la profesión.

Con motivo de que nadie debería ser tribunal de su propia clientela, la sabiduría popular considera que las universidades privadas “regalan” o “venden” los títulos -graduaciones- a sus alumnos, que también son sus clientes.  Las universidades estatales deberían ser las únicas autorizadas a otorgar títulos o graduaciones o habilitaciones profesionales, sin perjuicio de la posibilidad de que las universidades privadas impartan conocimientos y preparen estudiantes para que se presenten en el examen tomado por las universidades estatales.  No debería estar legalizado algo similar al soborno.  Un aspecto fundamental de la gratuidad de la enseñanza universitaria, es la acreditación del conocimiento en el tribunal examinador, que debe ser público estatal y gratuito.

 

3 .  Historia política legislativa internacional.  La gratuidad universal universitaria de Alemania, Noruega, Argentina, etcétera. 

 

La universidad es gratis en Alemania, Noruega, y otros países y, también, siguiendo el mejor ejemplo internacional, en Argentina, como se puede comprobar en la prensa mundial.  El caso de Alemania es especialmente representativo por tratarse de una nación con un altísimo grado de desarrollo científico, tecnológico, cultural, económico, social, político, etcétera.

Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros.  Franz Strasser.  BBC, Alemania.  […]  Por ejemplo, hay más de 4.600 estudiantes estadounidenses matriculados en universidades alemanas, lo que refleja un aumento del 20% en los últimos tres años.  Mientras Alemania abolió el cobro de matrícula tanto para estudiantes nacionales como extranjeros, en ese mismo período el total de la deuda estudiantil en EE.UU. ascendió a US$ 1,3 billones.  […]  Esta graduada de la Universidad Estatal de Pennsylvania está estudiando una maestría en Cottbus, en el este del país, por menos de US$ 570 al mes, incluyendo alojamiento, transporte y seguro médico.  Y además recibe una beca mensual del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) de US$ 815, con lo que más que cubre sus gastos.  ‘Cuando me di cuenta que, al igual que los alemanes, yo también podía estudiar gratis, me pareció alucinante’, dice Katherine.  ‘El proceso de admisión es bastante sencillo y no cobraban colegiatura.  Fue descubrirlo y pensar: ‘increíble’’.  En comparación, durante el año académico 2014-2015 las universidades privadas en EE.UU. les cobraron en promedio a los estudiantes más de US$ 31.000 en matrícula y colegiaturas, con muchas cobrando más de US$ 50.000.  Las universidades públicas, por su parte, le piden US$ 9.000 a los residentes en sus estados, mientras que los que llegan de afuera tienen que desembolsar US$ 23.000, según el College Board, una organización sin fines de lucro.”  (Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros, www . bbc . com, Franz Strasser, BBC, Alemania, 8 junio 2015).

En Estados Unidos de Norteamérica, el senador demócrata Bernie Sanders, lanzó su campaña presidencial en 2019, durante la presidencia de Donald Trump, proponiendo la gratuidad de las universidades públicas.

Sin impuestos no existe el Estado: en Noruega son altos y, en consecuencia, el Estado está muy presente en todos los aspectos de la vida pública.  Un noruego promedio entrega al Estado en torno al 60% de sus ganancias para que este lo reinvierta en mejorar las condiciones de vida de la población.  La educación es pública y gratuita desde el preescolar hasta la universidad, sin discriminar nativos de inmigrantes, y, al mismo tiempo, se encuentra en el club de los países con los más altos niveles de excelencia educativa del mundo.  La cobertura de salud es óptima para todos los habitantes del territorio y no es necesario pagar ningún tipo de seguro ni obra social adicional.  Nada tiene que envidiarle un hospital público a las mejores clínicas privadas de Estados Unidos y Europa.  El punto central son los altos niveles de igualdad en la distribución de la renta.  El coeficiente de Gini (en el cual 0 es la igualdad perfecta y 1 la desigualdad absoluta) es de 0,225, el mejor del mundo, mientras que el promedio de países de la Unión Europea es 0,307; y Argentina, 0,411.  Por ejemplo, un médico cirujano podría ganar tres o cuatro veces más que un mozo; mientras que en Argentina esta misma relación sería de unas 10 veces.”  (Noruega, el único socialismo del siglo XXI.  www. lanacion. com. Ar, Pablo De Santis, La Nación, Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013)

El Pacto Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y Culturales  de  la  Organización  de las Naciones Unidas se pronuncia a favor de  la  gratuidad  de  la educación  superior.

Según la interpretación seria, lo mismo hace la Constitución de la Nación Argentina de 1994.

El 22 de noviembre de 1949, el presidente de la Nación Argentina, el general Juan Domingo Perón, firmó el Decreto N° 29.337, de Supresión de Aranceles Universitarios.  Por esa razón, en 2007, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, través de la Ley 26.320, declaró el 22 de noviembre como el “Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria”.  La reforma universitaria de 1918 no había incluido la gratuidad universitaria.  Como resultado de estas medidas del General Perón, la matrícula universitaria pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955.  (El fragmento olvidado.  Por Julia Rosenberg.  Historiadora.  Presidencia de la Nación, Secretaría de Políticas Universitarias.

http : // portales . educación . gov . ar / spu / noticias / 64 – aniversario – del – decreto – de – supresión – de -aranceles – universitarios / )

La Ley de Educación Superior de la República Argentina generó en ocasión de su sanción, en 1995, un feroz debate público, político y comunicacional, incluyendo estruendosas manifestaciones estudiantiles, “abrazos” al Congreso nacional, “tomas” de edificios universitarios por parte de los centros de estudiantes, etcétera.  Esta ley, en un artículo de problemática redacción, artículo derogado muchos años después, artículo inconstitucional, parecía autorizar el arancelamiento universitario.

Varios candidatos a la presidencia de la Nación Argentina de las últimas décadas, propusieron públicamente el arancelamiento de la universidad pública.  Varios pronunciamientos judiciales argentinos (contra el Derecho) manifestaron la misma postura.

El presidente de la Nación Argentina Néstor Kirchner, declaró en abril de 2005, que “El arancelamiento de la universidad no tiene sentido.  Tenemos que abrirles las puertas del conocimiento a los jóvenes.”  (Fuerte definición de Kirchner durante la visita a un instituto superior en su gira por Alemania:  “El arancelamiento de la universidad no tiene sentido”.  En:  Página 12, 16   de   abril de   2005.  Argentina, www . pagina12 . com . ar).

El gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner incorporó el siguiente artículo a la Ley de Educación Superior de Argentina:

Artículo 2º bis de la Ley 24.521: Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.  Prohíbase a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.”  (Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

La prensa dio la noticia del registro parlamentario.

11/11/2015 – UNIVERSIDADES – El PRO [el partido político del Presidente Macri, que llegó al poder, en 2015, gracias a su alianza con la Unión Cívica Radical] se opuso a la ley que garantiza la gratuidad de la educación universitaria, promulgada por el Ejecutivo.  El bloque de senadores del PRO estuvo ausente durante la sesión en la que se aprobó la ley que garantiza la gratuidad de la educación universitaria, mientras que los diputados de esa fuerza se opusieron cuando la norma se trató en la Cámara baja.

La ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, cuya promulgación fue publicada hoy en el Boletín Oficial, establece la gratuidad de los estudios superiores y fija la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.

En la sesión del pasado 28 de octubre, los senadores Gabriela Michetti, Alfredo De Angeli y Diego Santilli estuvieron ausentes de la votación, que se aprobó con el voto afirmativo del 100 por ciento de los 52 legisladores presentes.

Asimismo, la norma tuvo su media sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el PRO.

Entre los legisladores de ese momento estaban Gabriela Michetti y un firme postulante a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay.

En esa sesión del 5 de junio también votó en contra Eduardo Amadeo, en ese entonces del bloque Frente Peronista y hoy en Cambiemos, que en un discurso que la diputada Adriana Puiggrós -autora del proyecto- calificó como ‘una joya del neoliberalismo’, se opuso al proyecto porque en la universidad pública ‘hay una invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada’.

La nueva normativa, mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, establece la responsabilidad ‘indelegable y principal’ del Estado respecto de la educación superior, considerándola un ‘bien público’ y un ‘derecho humano’.

Asimismo, garantiza ‘la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas’.

Uno de los puntos más destacados en la nueva ley se encuentra en el bis introducido en el artículo 2, que establece que ‘los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos’. 

El decreto 2358/2015 fue publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Educación, Alberto Sileoni; junto al texto de la nueva normativa.”

( http : // www . telam . com . ar / notas / 201511 / 126745 – educación – universitaria – gratuita – ley – pro . html )

Viernes, 30 de octubre de 2015.  El Congreso prohibió por ley el arancelamiento universitario.  Una garantía para la gratuidad.  El Senado aprobó un proyecto del FpV que modifica la Ley de Educación Superior y establece la responsabilidad ‘indelegable y principal’ del Estado para con las universidades públicas.  El macrismo había votado en contra de la iniciativa en Diputados.  El Congreso aprobó una ley que modifica en uno de sus puntos fundamentales la cuestionada Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.  Respondiendo a una vieja demanda de estudiantes y docentes, el Senado dio en la sesión del miércoles pasado la media sanción que faltaba para convertir en ley el proyecto de Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece taxativamente la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.  ‘Esta ley saca el ladrillo principal de la construcción de la ley del 95’, dijo a Página/12 la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós, autora del proyecto.  No obstante, aclaró que esta reforma no suple la necesidad de elaborar una nueva norma que reemplace íntegramente a la existente.  Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la norma establece la responsabilidad ‘indelegable y principal’ del Estado respecto de la educación superior, considerándola un ‘bien público’ y un ‘derecho humano’, términos que no aparecían en el texto anterior, en el que, según sostienen desde los 90 diversos sectores universitarios, subyacen lineamientos mercantilizadores dictados por los organismos financieros internacionales.  La ley reformada explicita que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la universidad por razones personales o de origen social y hace cargo al Estado de garantizar ese derecho.  El bis introducido en el artículo 2 establece, entre otras cosas, ‘la prohibición de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos’.  […]  Puiggrós señaló que la senadora del PRO Gabriela Michetti había avisado una semana antes que su partido votaría en contra.  Michetti se retiró de la sesión al momento de votar […].  El macrismo sí votó en contra de la iniciativa cuando fue tratada en la Cámara de Diputados, en 2013.  Los legisladores Federico Pinedo y Eduardo Amadeo (entonces en el Frente el Peronista, hoy en Cambiemos) se opusieron, este último con ‘un discurso que es una pieza maestra del neoliberalismo’, señaló Puiggrós.  Según consta en la versión taquigráfica, en aquella ocasión Amadeo dijo que en la universidad pública argentina ‘hay invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada’ y que, por tanto, ‘la universidad pública poco a poco va perdiendo su característica de integradora social’, además de ser ‘ineficiente’.  Siguiendo ese razonamiento, se preguntó: ‘¿Les vamos a seguir regalando la educación?’.  […]  Informe: Delfina Torres Cabreros, www . pagina12 . com . ar , República Argentina.

El documental “Sicko”, de Michael Moore, de 2007, demuestra y defiende el sistema de sanidad universal gratuita de Francia, Canadá, Reino Unido, etcétera.

En Argentina la gratuidad universal universitaria es obra jurídica EXCLUSIVA del peronismo, o movimiento nacional justicialista, mediante el decreto del presidente Perón y la ley de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  La reforma constitucional de 1994 dio lugar a polémica interpretativa, por eso no se la considera una verdadera consagración de la gratuidad universal de la educación superior.  En cambio la “prohibición de aranceles” sí consagra jurídicamente y realmente la gratuidad universal de la educación superior.

 

4 . La historia documentada del anti-populismo en materia de seguridad social y justicia social.  Los conceptos de “populismo”, anti-populismo de “derecha” y anti-populismo de “izquierda”.  El gran capital, la oligarquía y el imperio.  Salario real neto.  Salario indirecto.  Extensión de la jornada laboral asalariada. 

 

El comportamiento parlamentario del anti-populismo de derecha, como podemos comprobar fácilmente, es enemigo de la justicia social.  Por ejemplo, cuando la gratuidad universitaria se hizo Ley en Argentina, el anti-populismo de derecha votó en contra.

Chequeado . com.   La verificación del discurso público.  ¿Es verdad que el PRO [el partido de Mauricio Macri, presidente anti-populista de la Argentina a partir de 2015] votó en contra de las leyes que marca la campaña de Scioli [candidato del peronismo, o populismo argentino]?.  Ariel Riera y Olivia Sohr.  15 noviembre, 2015.  […]  Estatización AFJP [Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones].  La modificación del sistema previsional fue otra de las leyes discutidas.  El oficialismo [en ese momento, año 2008, era presidenta de Argentina la populista Cristina Fernández de Kirchner] acompañó mayoritariamente la medida: en Diputados 115 de sus representantes votaron a favor, aunque otros cinco la rechazaron, entre ellos Felipe Solá.  En el PRO, como marca el folleto, sus nueve diputados votaron en contra.  […]  Gratuidad universitaria.  Menos de tres semanas atrás el Senado aprobó una modificación a la Ley de Educación Superior, que entre otras cosas explicita la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones universitarias estatales e impide cualquier cobro directo o indirecto.  Allí, los dos senadores del PRO (Gabriela Michetti y Diego Santilli) se retiraron del recinto, por lo que se cuentan como ausentes.  La medida ya contaba con media sanción en Diputados, en una sesión caracterizada por las ausencias al momento de la votación (108 representantes de 257) y en la que el PRO se dividió entre votos negativos y faltas.”

Al votarse en el Senado la estatización de las AFJP, rechazaron la propuesta oficialista la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Cívico y Social de Catamarca, Fuerza Republicana (Tucumán), los partidos Renovador (Salta) y Nuevo (Córdoba), los peronistas disidentes y los oficialistas Juan Carlos Romero (Salta) y Sonia Escudero.  Pocos años después la UCR consumaría su entrega a la “derecha”, en palabras textuales del ex presidente fallecido Raúl Alfonsín, permitiendo que el macrismo conquistara la presidencia de la Nación.  Obviamente, los traidores de los principios de la histórica UCR, dicen que si Raúl Alfonsín viviera habría hecho la alianza que en vida condenó.  El traidor, obviamente, no tiene vergüenza ni siquiera de poner palabras en boca de una persona fallecida que no puede defenderse.

El presidente argentino Macri, líder de la alianza electoral anti-populista de derecha integrada por la Unión Cívica Radical, declaró en contra de la reducción de la jornada laboral: “En la puerta de la Casa de Tucumán, el presidente Mauricio Macri ofreció su discurso por el Bicentenario argentino […]  En referencia a los trabajadores, Macri consideró […] que ‘cada vez que un gremio consiguió reducir la jornada laboral todos los argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo, y no está bien’.”  (Diario Página 12, Buenos Aires, Argentina, Sábado, 9 de julio de 2016, www . pagina12 . com . ar / diario / ultimas / 20-303809-2016-07-09 . html; en igual sentido Cronista.com, Laprensa.com.ar, Perfil.com, Lanueva.com, Elintransigente.com, Larazon.com.ar, Rionegro.com.ar, etcétera).  En la política laboral argentina, no obstante, existen proyectos de Ley de reducción de la jornada laboral general -nótese la palabra “general”- provenientes, hasta dicha fecha, de parlamentarios del Frente para la Victoria, es decir, el frente político encabezado por el Partido Justicialista (por ejemplo, Senador Osvaldo Ramón López, Diputado Héctor Pedro Recalde, Senador Daniel Pérsico, etcétera), es decir, el peronismo, el populismo argentino.

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras de República Bolivariana de Venezuela, firmada por el presidente populista Hugo Chávez, el 30/03/12, establece: “Pago del bono nocturno.  Artículo 117.  La jornada nocturna será pagada con un treinta por ciento de recargo, por lo menos, sobre el salario convenido para la jornada diurna.  […]  Límites de la jornada de trabajo.  Artículo 173.  La jornada de trabajo no excederá de cinco días a la semana y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a dos días de descanso, continuos y remunerados durante cada semana de labor.  […]  Progresiva disminución de la jornada de trabajo.  Artículo 174.  Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual, cultural y deportiva de los trabajadores y trabajadoras, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  […]”

“Anti-populismo de derecha” se define, fundamentalmente, mediante el nivel de salario real y salario indirecto, el sistema de seguridad social de reparto o de capitalización, la extensión de la jornada laboral y la edad jubilatoria.

“Salario bruto” es la remuneración total que recibe el trabajador (el asalariado, el empleado) por su trabajo, en determinado lapso (mes, año, etcétera), sumando el sueldo básico y los adicionales o complementos, sin descontar aportes obligatorios a la seguridad social ni otros impuestos a cargo del empleado y retenidos por el empleador (la parte patronal).

“Salario neto” es la remuneración que recibe el trabajador después de descontar las retenciones que realiza el empleador para aportes obligatorios a la seguridad social e impuestos a cargo del trabajador.

“Salario nominal” es la cantidad de dinero, expresada en la moneda efectiva de pago, que recibe el empleado en determinado lapso (mes, año, etcétera).

“Salario real” es la cantidad de bienes o servicios que puede comprarse con el salario nominal recibido por el trabajador mensualmente, o en determinada unidad de tiempo, como hora, semana, etcétera.  El salario real indica, en definitiva, la cantidad de tiempo de trabajo asalariado necesario para comprar determinada cantidad de producto o servicio, por ejemplo, kilogramos de pan, litros de combustible, dólares estadounidenses, etcétera.

Si el salario nominal neto aumenta en un porcentaje inferior al de inflación, en determinado lapso, cae el salario real neto, es decir, el trabajador pierde poder adquisitivo, poder de compra.  Si el salario real cayó, por ejemplo, un 25%, el salario nominal debe ser aumentado en un 33,33% para recuperar el poder de compra perdido.  Esto se puede visualizar, por ejemplo, plegando una hoja de papel en cuatro partes iguales.

El anti-populismo busca la caída del salario real neto, y el populismo aumenta el salario real neto.  El salario real neto mínimo legal permite comparar el salario entre distintos gobiernos de un mismo país y entre distintos países.  El anti-populismo habla lo menos posible de “salario real neto” y el populismo habla lo más posible de “salario real neto”.

“Salario directo” es el salario real neto pagado directamente por el empleador al empleado, en concepto propiamente de salario, y “salario indirecto” es el conjunto de prestaciones de seguridad social a las que tiene derecho el empleado, como salud universal universalmente gratuita, educación, incluso universitaria, universal y universalmente gratuita, subsidios al consumo familiar de energía eléctrica, gas, agua, transporte, etcétera.  Este salario real total (resultado de la suma del salario directo más el salario indirecto) es aumentado por el populismo y es reducido por el anti-populismo.

“Populismo” es, por ejemplo, John Maynard Keynes, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Allende, Perón, etcétera, el movimiento político que está -aunque sus opositores lo nieguen- A FAVOR DEL PUEBLO, a favor de las grandes mayorías de la población, y por lo tanto, está a favor del aumento del salario real, de la reducción de la jornada laboral general sin afectar el salario, del sistema estatal de jubilación, de la reducción de la edad jubilatoria, del sistema estatal de salud universal universalmente gratuita, de la universidad estatal universal y universalmente gratuita, de la estabilidad del empleo (mediante prohibición de despidos e indemnización por despido sin causa), del mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, del desarrollo de la industria nacional, de la inversión estatal en ciencia y técnica, del desendeudamiento nacional externo, de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política nacional.

Anti-populismo de derecha es, por ejemplo, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Pinochet, Videla, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, es el movimiento político que está -aunque por supuesto encubiertamente- CONTRA EL PUEBLO, y promueve la reducción del salario real, el aumento general de la jornada laboral diaria, semanal y anual, la privatización del sistema de jubilaciones, el aumento de la edad de jubilación, la privatización del sistema de salud, la privatización y arancelamiento de la enseñanza universitaria, la inestabilidad del empleo (permisión del despido sin causa y sin indemnización), la reducción de las condiciones de seguridad e higiene del trabajo a cargo del empleador, el endeudamiento nacional, la desindustrialización nacional, la desinversión estatal en ciencia y técnica, el sometimiento a los intereses del imperio, la oligarquía, el gran capital, la injusticia social, la dependencia económica nacional, la vulneración de la soberanía política nacional, etcétera.  El anti-populismo es la representación de la oligarquía y el imperio.  El anti-populismo es enemigo de la solidaridad, de la fraternidad, de la igualdad, y, aunque lo niegue, de la real libertad de las personas.  El anti-populismo desorganiza la vida del pueblo, generando desorden y caos en la vida cotidiana del pueblo.

El anti-populismo, fundamentalmente, es una filosofía pesimista, incrédula, que considera que el ser humano es esencialmente negativo, malo, maligno; que el mundo, y el universo, son esencialmente escasos; que no existe suficiente abundancia para todos; que no se deben permitir “fiestas” populistas; que no se debe permitir que las mayorías populares vivan “demasiado bien”; que es imposible reducir la jornada laboral; que es imposible aumentar el salario real; etcétera.  En definitiva, el anti-populismo está convencido de que el único camino es que la oligarquía y el imperio exploten y esclavicen a las mayorías populares.  El anti-populismo intenta convencer al pueblo de que su única posibilidad es la casi esclavitud, y de que no puede, ni debe, liberarse, ser libre, empoderarse, desarrollar su vida en libertad, en orden, en seguridad, en prosperidad.

El anti-populismo (como su nombre lo indica) es enemigo del populismo, que es el movimiento político de defensa del pueblo, de los intereses del 99% por ciento de los habitantes de un país, es decir, el pueblo, decenas de millones de personas, contra la opresión cometida por la oligarquía, es decir, el uno por ciento de los habitantes de un país, unos pocos miles de familias, que son los dueños de la mayoría de los recursos económicos del país, que a su vez son socios locales de los imperios opresores y explotadores.  El populismo es la defensa de libertad real para todos, la igualdad, la justicia social, la solidaridad, la fraternidad, el bien común, el bienestar general y el buen vivir de todos.

El anti-populismo autodenominado de “izquierda” dice que un Pinochet y un Allende o un Perón son “lo mismo”, y que por lo tanto, en un ballotage entre un seguidor de Pinochet y un seguidor de Perón, hay que votar en blanco.  Para el anti-populismo autodenominado de “izquierda”, el populismo sería supuestamente un mero reformismo que aliviando parcialmente a la clase obrera, impediría con ese alivio parcial, la consciencia obrera sobre la necesidad de una revolución marxista, que expropie los medios de producción de manos del capital, y así el populismo impediría la revolución socialista, o marxista, o trotskista (socialismo anti-stalinista).  Ese anti-populismo autodenominado de “izquierda” no aspira a llegar al poder mediante elecciones, sino que planea llegar al poder mediante un supuesto partido obrero marxista que, finalmente, oportunamente, se militarice, y mediante una guerra civil y un golpe de Estado tome el poder, y ejecute una supuesta “revolución socialista”, donde ni siquiera está determinada la extensión de la jornada laboral general, que podría sospecharse que podría ser todavía mayor que en el populismo actual, más allá de meras declamaciones sobre que “habría” (en verbo potencial) que reducir “en algún momento” la jornada laboral general.  Si ni siquiera está definida la jornada laboral para la supuesta revolución socialista, qué cabe esperar de miles de temas centrales para las condiciones de vida de todas las personas.  La jornada laboral determina la vida misma, la libertad misma, la vida que se vive fuera de la fábrica, fuera de la oficina, fuera de la industria.  El tiempo “libre”, fuera de la jornada laboral asalariada, es realmente la vida propia, la propia vida, de lo nuestro, y los nuestros.

La verdad es que el populismo es el camino hacia conquistas cada vez mayores de libertad real de todo individuo, de toda persona humana, que es lo más importante, de liberación nacional, de justicia social, de igualdad, de salud para todos, de educación para todos, de seguridad para todos, de bienestar para todos, de bien común, de buen vivir para todos, de derechos humanos en general, etcétera.

 

B . La argumentación. 

 

1 . La educación superior es un “bien público”, un derecho humano, un plan comunitario colectivo para el bien común, el bienestar general y el buen vivir y una condición de soberanía política, científica y cultural.  El absurdo del “subsidio a la demanda” de educación superior. 

 

El “subsidio a la demanda” es una propuesta siempre de moda entre los economistas anti-populistas, que consiste en privatizar todo servicio universitario y que supuestamente el Estado entregue subsidios a los habitantes para que paguen los aranceles de ese servicio privado.

El servicio educativo superior debe ser provisto y producido por el Estado, sin perjuicio de la iniciativa privada paralela, pues es el Estado, mediante universidades autónomas y democráticas, el que debe acreditar y certificar el conocimiento, y quien debe planificar el programa educativo nacional.  El “subsidio a la demanda” es incompatible con estos principios.  El “subsidio a la demanda” conduce en su propia ideología neoliberal, a la eliminación de la universidad pública estatal y su reemplazo por la universidad privada, que supuestamente garantizaría la igualdad de oportunidades mediante supuestos subsidios, pero que estaría dominada por el afán de lucro, y por intereses privados, y no por proyectos comunitarios de Justicia Social, bien común y buen vivir.

Solamente el Estado es capaz de inversiones infraestructurales que garanticen un programa comunitario de Justicia Social, bien común y bienestar general, pues el Estado no depende del lucro o del mercado sino, precisamente, del proyecto de sociedad colectivamente establecido.  Por ejemplo, posiblemente no resulte “negocio”, o no sea rentable, para una empresa privada proveer enseñanza de determinadas áreas de la ingeniería, o de las ciencias naturales, o de las ciencias sociales, pero ello es necesario para la sociedad, y por lo tanto es el Estado el que debe proveer el servicio universitario.

La educación solamente en algún aspecto es un “bien privado”, es decir, un servicio que puede ser provisto satisfactoriamente por el sector privado, por el mercado.  Predominantemente la educación es un “bien público”, es decir, un servicio que, de hecho, en la práctica, solamente puede ser provisto y producido por el Estado.

El “subsidio a la demanda” es incompatible con la planificación comunitaria de un programa educativo social independiente de intereses lucrativos y partidarios particulares.  La educación superior integra el programa político de una nación, su proyecto de país.

La Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe del 2008 declara: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado.  Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región”.  Señala Antonio Mangione que la Educación Superior como derecho universal y bien público es necesaria para la soberanía cultural, científica y política, y para el empoderamiento ciudadano.

El llamado “subsidio a la demanda” sería ineficiente, y constituiría en definitiva un saqueo de los recursos públicos por parte de capitales privados y la negación de la igualdad de oportunidades y posibilidades de las personas.

 

2 . Se necesita la Universidad Pública Estatal como tribunal público estatal de acreditación de conocimientos y habilitación profesional. 

 

Inicialmente, en la República Argentina, las instituciones PRIVADAS podían otorgar grados meramente ACADÉMICOS, y sus alumnos debían aprobar exámenes ante instituciones ESTATALES para obtener el título HABILITANTE para el ejercicio profesional.  La atribución de habilitar profesionalmente es delegada a las instituciones PRIVADAS por la dictadura cívico-militar del golpe de Estado de 1955.

Es de sentido común la tendencia de las universidades privadas a “regalar”, o “vender”, los títulos a sus alumnos, que también son sus clientes.  Es decir, la universidad privada es un pseudo-tribunal de acreditación de conocimientos, pues ese pseudo-tribunal tiene interés en la aprobación del examen, pues el alumno examinado aprobado es un cliente satisfecho que seguirá pagando los aranceles.  El tribunal de la universidad privada no es imparcial, y es bastante menos confiable que el tribunal examinador de la universidad pública estatal, pues este tribunal estatal no tiene interés lucrativo o financiero en la aprobación del examen, pues el alumno desaprobado no puede “castigar” al tribunal migrando a otra universidad, pues los ingresos del tribunal estatal no dependen de ningún arancel de ningún alumno.

La solución ideal para este problema es establecer que sean las universidades estatales las únicas autorizadas a otorgar títulos académicos y habilitantes, es decir, a acreditar conocimientos y a conferir la autorización para ejercer la profesión, sin perjuicio de la posibilidad de que las universidades privadas impartan conocimientos y preparen estudiantes para que se presenten en el examen tomado por las universidades estatales.  Una solución no ideal es mejorar el control estatal sobre la universidad privada, fortaleciendo la Universidad pública estatal como referencia y garantía de la idoneidad profesional de sus egresados, que serán por su misma existencia un control sobre la conducta de las Universidades privadas.

Es decir, la universidad pública estatal es garantía de objetividad y justicia en la acreditación académica y habilitación profesional, incluso condicionando con esa mayor exigencia y excelencia a la universidad privada.

 

3 . Pretendida supuesta “evaluación” de habilitación profesional por manos ajenas a la Universidad: derechos para pocas y para pocos.  La inconstitucionalidad y el perjuicio al bien común. 

 

En algunos países se impone una supuesta o pretendida “evaluación” en manos ajenas a las Universidades, para habilitar el ejercicio de las profesiones.  Estas manos ajenas suelen ser los “colegios profesionales”, es decir, la corporación de profesionales de determinada profesión.  Por ejemplo, el “colegio de abogados”.  Este modelo, muy negativo, ha intentado imponerse en algunas provincias argentinas mediante proyectos de ley, que son gravemente inconstitucionales, y contrarios al bien común y a la Justicia, por violar, principalmente, los siguientes artículos de la Constitución de la Nación Argentina: 14, 14 bis, 16, 20, 31, 42, 43 y 75, incisos 18 y 19.

 

3 . 1 . Usurpación de la autoridad del Congreso de la Nación para regular la habilitación profesional por las Universidades.  Miguel Marienhoff, en su Tratado de Derecho Administrativo, enseña que “ […]  Los diplomas o títulos expedidos por la Nación, HABILITAN el EJERCICIO PROFESIONAL en todo el ámbito de la República” […] “La potestad de la Nación para expedir los diplomas atinentes a PROFESIONES LIBERALES surge del artículo 67, inciso 16, de la Constitución, en cuanto ahí se faculta al Congreso para ‘dictar planes de instrucción general y UNIVERSITARIA’” […] “Las provincias pueden ‘reglamentar’ el ejercicio de las profesiones liberales correspondientes a diplomas o títulos otorgados por la Nación, pero en modo alguno tal reglamentación puede implicar una alteración o MENOSCABO del DERECHO reconocido en el DIPLOMA otorgado por la autoridad nacional.  La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que las provincias pueden reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, a cuyo respecto la Nación haya otorgado el correspondiente DIPLOMA, siempre que esa reglamentación no implique enervar el VALOR del TÍTULO […]; por tales razones el alto Tribunal declaró inconstitucional una ley de la Provincia de Jujuy que impedía a los procuradores con título nacional EJERCER su profesión en el territorio de aquélla mientras no probaren haber residido en el mismo durante los dos años inmediatamente anteriores al pedido de inscripción en la matrícula respectiva”. […]  (Tomo IV – Título Noveno – Policía.  Poder de policía.  Capítulo II – Jurisdicción nacional y provincial respecto al poder de policía: su deslinde.  1537. d- Profesiones liberales.  Miguel S. Marienhoff.  Tratado de Derecho Administrativo.  Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1973.  Página 563.)  (Corte Suprema de Justicia de la Nación, ‘Fallos’, tomo 207, páginas 159-165, sentencia del 14 de marzo de 1947.)

Además, véase: ‘Fallos’, tomo 117, página 432; tomo 184, página 556 , y tomo 289, página 315.

La Corte Suprema ha declarado que en esta materia deben PREVALECER las disposiciones previstas en normas NACIONALES (‘Fallos’, tomo 305, página 1094 y siguientes).

Es decir, estos proyectos de ley usurpan competencias delegadas al Congreso de la Nación por los artículos 31 y 75 de la Constitución Nacional, pues el Congreso tiene la atribución PREVALENTE de DICTAR PLANES DE INSTRUCCIÓN GENERAL Y UNIVERSITARIA (art. 75, inc. 18) y de SANCIONAR LEYES DE ORGANIZACIÓN Y DE BASE DE LA EDUCACIÓN (art. 75, inc. 19).

La autoridad o poder nacional en materia de “planes instrucción general y universitaria” incluye e implica la competencia nacional respecto de la habilitación profesional.  Es un poder o atribución nacional o federal explícito, ni siquiera implícito.

La Nación Argentina ratifica este sistema ya desde la ley Avellaneda de 1885.  La ley 13.031, de 1947, establece que: “Son funciones de las universidades, de las cuales no podrán apartarse […] preparar para el ejercicio de las profesiones liberales, de acuerdo con las NECESIDADES DE LA NACIÓN, los adelantos técnicos mundiales y las transformaciones sociales, OTORGANDO LOS TÍTULOS HABILITANTES CON CARÁCTER EXCLUSIVO”.  La ley 14.297, de 1954, dispone: “Las universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido EMINENTEMENTE HUMANISTA Y DE SOLIDARIDAD SOCIAL, a cuyo efecto tendrán los siguientes objetivos: […] el otorgamiento de los títulos o DIPLOMAS PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES LIBERALES y LA REGLAMENTACIÓN DE SU HABILITACIÓN, reválida y reconocimiento, todo ello CON CARÁCTER EXCLUSIVO”.  El principio es ratificado por las sucesivas leyes nacionales 17.245, 20.654, 22.207 y 24.521, Ley de Educación Superior, que establece en su ARTÍCULO 42 que es el título universitario en sí el que HABILITA PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, negando toda supuesta atribución provincial de desconocer esa habilitación profesional nacional.

Ley de Educación Superior Argentina, Ley Nº 24.521:  “Régimen de títulos.  Artículo 40: Corresponde EXCLUSIVAMENTE a las instituciones universitarias otorgar el TÍTULO de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado de magister y doctor […].  Artículo 41:  El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado por el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN.  Los títulos oficialmente reconocidos tendrán VALIDEZ NACIONAL.  Artículo 42: Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y HABILITARÁN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias.  […]”

En 1947 la Corte Nacional declaró que es facultad del Estado nacional determinar los requisitos para que las universidades otorguen los títulos HABILITANTES para el ejercicio profesional, el cual ejercicio puede ser reglamentado por las provincias CON TAL DE NO ENERVAR EL VALOR DEL TÍTULO (Fallos 207:159), es decir, sin afectar la habilitación profesional, que es, obviamente, el valor del título, la esencia del “título habilitante”: “Que es facultad del Gobierno Nacional determinar los requisitos con sujeción a los cuales han de expedirse títulos habilitantes para la práctica de las profesiones liberales por parte de sus universidades cuyos planes de estudio puede dictar el Congreso Nacional (art. 67, inc. 16, de la Constitución).  Pero es atribución de las provincias reglamentarla en tanto en cuanto la reglamentación no enerve el valor del título respectivo […]”.  (Fallos 207:159).

Las sucesivas reformas constitucionales argentinas, hasta la última, de 1994, han entendido en este sentido este aspecto de la Constitución de la Nación Argentina, que es el sentido histórico, establecido por la Soberanía Popular.

Ninguna provincia argentina se ha atrevido a violar este sistema de habilitación para el ejercicio profesional.  Ni siquiera respecto de la escribanía, donde NO se realiza una evaluación corporativa provincial para habilitar profesionalmente, sino un concurso provincial para ocupar, supuestamente, una función pública con vacantes limitadas.

La Constitución Nacional y la Ley Nacional de Educación Superior establecen, según ratifica la Corte Suprema de la Nación, que los gobiernos provinciales tienen un “poder de policía” sobre las profesiones para la vigilancia o control del ejercicio profesional, para sancionar la eventual mala práctica, pero que EN NINGÚN CASO los gobiernos provinciales pueden desconocer la HABILITACIÓN PROFESIONAL conferida por las universidades autorizadas por el Estado nacional.  Es decir, las provincias no pueden cuestionar la acreditación de conocimiento e idoneidad para el ejercicio profesional otorgada por el título universitario en sí mismo, de acuerdo con las normas nacionales.  Ese poder de policía nacional de habilitación profesional, está delegado a las Universidades autorizadas y controladas por el Estado nacional, y no puede ser desconocido por los gobiernos provinciales.

Este sentido de los artículos 75 de la Constitución Nacional, y 42 de la Ley de Educación Superior, es indudable de acuerdo con el sistema histórico de habilitación profesional de la Nación Argentina, incluso referido en el propio proceso parlamentario de dicha Ley.  Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha ratificado esta evidente interpretación.

 

3 . 2 . Usurpación de la autoridad de las Universidades aprobadas por el Estado nacional.  Es justo que la habilitación profesional la confieran las Universidades, donde un centenar de profesores, a lo largo de unos cinco años, y unas treinta o más cátedras y asignaturas, y unos treinta o más exámenes, evalúa a cada estudiante, para finalmente habilitarlo para el ejercicio profesional.  La corporación de profesionales no tiene ni debe tener la autoridad de supervisar a las Universidades, aprobadas y controladas democráticamente por el Estado Nacional.  No debe supeditarse a una sola pretendida “evaluación”, determinada por una corporación sin ninguna legitimidad para hacerlo, la formación universitaria aprobada por el Estado nacional y acreditada para cada estudiante a lo largo de un exhaustivo y profundo proceso de evaluación.  Las universidades, por tener la necesaria IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE INTERESES CORPORATIVOS, garantizan objetividad y justicia mediante la amplia pluralidad de exámenes, examinadores e instancias de evaluación.  Las Universidades, con motivo de su razón de existir, y de su control específico por el Estado nacional, prevén las necesarias GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA y seriedad del proceso de evaluación, para prevenir toda arbitrariedad o fraude.

La Constitución Nacional establece que el Congreso Nacional debe dictar PLANES DE INSTRUCCIÓN GENERAL Y UNIVERSITARIA (art. 75, inc. 18) y SANCIONAR LEYES DE ORGANIZACIÓN Y DE BASE DE LA EDUCACIÓN (art. 75, inc. 19).  Es decir que la Constitución establece a las Universidades como los órganos con el derecho a conferir la habilitación profesional, pues ninguna otra institución con alguna relación con el conocimiento profesional tiene jerarquía constitucional.

Este sistema de habilitación profesional establecido por la Constitución de la Nación es justo, pues el Congreso de la Nación tiene la legitimidad democrática necesaria para determinar UN PROGRAMA DE PAÍS, UN PROYECTO NACIONAL, UN SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS, y un consecuente programa de educación y de formación profesional.  Los colegios profesionales, u otras instituciones ajenas a las universidades, carecen absolutamente de esa legitimidad democrática, y no deben sojuzgar la Soberanía Popular expresada en el Congreso de la Nación Argentina, que ha sancionado la Ley nacional de Educación Superior.

Respecto de los “contenidos”, por ejemplo en la carrera de abogacía, debe considerarse que “saber Derecho, no es saber leyes”.  Por eso no se realiza una evaluación general a los abogados en ejercicio después de cada modificación legislativa, que ocurren con muchísima frecuencia, como un nuevo Código Civil y Comercial, un nuevo Código Procesal Civil, etcétera.  Las leyes cambian, en el tiempo y en el espacio, pero el Derecho permanece, como realidad estructural humana, como problemática de Justicia Social.

Los “colegios profesionales”, estas corporaciones de profesionales, deben ser privadas de toda autoridad pública, y solamente deben tener permitido defender su interés sectorial, corporativo, gremial y profesional.  De ninguna manera deben tener autoridad para habilitar profesionalmente o ser tribunal de disciplina del ejercicio de la profesión.  Esas atribuciones deben ser derogadas, pues en manos de esas corporaciones resultan contrarias a la justicia y al bien común.

 

3 . 3 . Violación del derecho de los usuarios del servicio de abogacía a la libertad de elección y a la defensa de la competencia.  El artículo 42 de la Constitución Nacional, establece que las usuarias y los usuarios de servicios, incluyendo el servicio de las diversas profesiones, como abogacía, medicina, ingeniería, etcétera, tienen derecho a la libertad de elección y a la defensa de la competencia.  Estos proyectos de ley perjudicarían la libertad de ofrecer el servicio, sin justificación alguna, producto de una pretendida y supuesta “evaluación” ilegal e ilegítima, que agravaría la situación de derechos para pocas y para pocos.  Estos proyectos privarían a la comunidad del servicio que le prestarán los nuevos TALENTOS y las nuevas VOCACIONES de las jóvenes y los jóvenes, y que tanto necesita el Pueblo.

 

3 . 4 . Violación del derecho de trabajar y ejercer la profesión: Los artículos 14 y 20, Constitución Nacional, establecen que todas las habitantes y todos los habitantes gozan del derecho de trabajar y de ejercer su profesión.  Este derecho resulta violado, alterado, y no meramente reglamentado, cuando la libertad de su ejercicio pretende ser limitada sin justificación, sin razonabilidad, o sin justicia, como lo harían estos proyectos de ley de una supuesta “evaluación” ilegal e ilegítima.  La Constitución establece que EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA EXISTENCIA HUMANA ES LA LIBERTAD, y toda limitación de la libertad debe estar extraordinariamente fundada, fundamentos que no existen en estos proyectos.  Las “castas” profesionales no son nada buenas para una sociedad.

 

3 . 5 . Explotación laboral de las nuevas y los nuevos profesionales: Este proyecto crearía más graves condiciones de explotación y abuso, por privar a nuevas egresadas y nuevos egresados, de su derecho de ejercer la profesión libremente.  Estas condiciones se producirían mediante una pretendida “evaluación” ilegal, ilegítima, y sin ninguna garantía de objetividad, que presionaría a nuevas y nuevos profesionales sin “matrícula” a trabajar para profesionales ya “matriculados”, lo que ATROPELLA LA DIGNIDAD DEL TRABAJO establecida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

 

3 . 6 . Discriminación de las y los nuevos profesionales:  El artículo 16 de la Constitución establece que todas las y los habitantes son iguales ante la Ley y el artículo 43 condena toda discriminación.  En violación de esta igualdad, estos proyectos de ley pretenden que solamente las nuevas y los nuevos profesionales sean supuestamente “evaluadas” y “evaluados” por las corporaciones profesionales, y los otros profesionales, nunca.  Y una fecha arbitraria separaría a unos de otros.  En la Constitución NO EXISTE EL SUPUESTO DERECHO ADQUIRIDO AL PRIVILEGIO, ni a la discriminación, ni a la injusticia.  Pero en cualquier caso estos proyectos son inconstitucionales e injustos, por diversos motivos.

 

3 . 7 . Derechos para pocas y para pocos.  La verdad evidente es que faltan muchísimas y muchísimos profesionales para servir a las MAYORÍAS POPULARES DESPOSEÍDAS, oprimidas y explotadas, a las más débiles y a los más débiles, excluidas y excluidos.  Se necesita un fuerte aumento del número de profesionales, en defensa de los derechos constitucionales civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, laborales, previsionales, educativos, etcétera, en todo el mundo, donde miles y millones son pisoteadas y pisoteados por los poderosos y privilegiados.  De concretarse estos proyectos de ley, de esta pretendida supuesta “evaluación”, ilegal e ilegítima, se contribuiría a conservar el orden dominante históricamente en las profesiones, de una profesión para pocas y para pocos, y de derechos para pocas y para pocos, se agravaría un régimen de “oligarquía universitaria”, y se impondría un nuevo obstáculo en el camino hacia la Justicia Social.  Se perjudicaría, en síntesis, el derecho del Pueblo a la Justicia, expresada en todos los derechos humanos constitucionales.  Es un mundo muy injusto, donde faltan muchas y muchos profesionales para ayudar a combatir tanta injusticia, en todo el mundo, no solamente sirviendo a las desposeídas y los desposeídos, sino también contribuyendo al progreso del sistema social y político, que, evidentemente, deja mucho que desear.

 

4 . Explotación del hombre por el hombre.  Herencia.  Las injusticias del régimen de mercado.  Erradicación de la pobreza, la opresión, la explotación y la desigualdad.  Derechos sociales.  Función social de la propiedad.  Ley laboral.  Redistribución fiscal del ingreso.  Estado de Bienestar y seguridad social integral.  Salario indirecto.  Control de precios de la canasta familiar.  El anti-populismo de derecha es partidario de la “beneficencia”, el “asistencialismo” y los “planes sociales”, y el populismo es su enemigo, y es partidario de los derechos humanos de la seguridad social universal.  ¿Regalar el pescado, o enseñar a pescar y permitir pescar?.  El supuesto desincentivo del trabajo por el Estado de Bienestar. 

 

El “ingreso” de una persona es el dinero que esa persona “gana” (o percibe, o recibe) por mes o por año.  Ésa es la distribución de riqueza total del país que hace el “mercado”.  El “mercado” es el “libre” (supuestamente) juego de la oferta y la demanda de bienes y servicios en la economía.  Podríamos decir que el “mercado” es lo que todos hacemos para “ganarnos” el pan de cada día.  Pero el “mercado” no distribuye la riqueza (o el “ingreso”) del país con justicia.  Por ejemplo, algunos habitantes, ricos, pueden darse lujos, y otros habitantes, pobres, ni siquiera pueden alimentar su cuerpo; aunque seguramente muchos de estos pobres trabajen más que muchos de esos ricos.  Compárese, por ejemplo, el duro trabajo de un obrero en muchas circunstancias (frío, calor, exposición a tóxicos, dolor, etcétera) con el trabajo de un capitalista acaudalado que heredó un gran conjunto de inversiones (fiestas con aire acondicionado, ceremonias sobre alfombras, discursos con copetín, viajes en avión).  El obrero trabaja igual o más, pero gana menos.  Y no debe tolerarse tanto sufrimiento, el hambre, la desnutrición, la enfermedad, el frío de los niños, etcétera.

Para aclarar que «la relación con la riqueza que tenía esta gente es una relación perjudicial», Santiago usa palabras que, destacó el Pontífice, parecen escritas por alguien que vive «hoy, en una de nuestras ciudades del mundo: “Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando; y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos”».  […]  Quienes se comportan de esta forma, dijo el Pontífice, son «traficantes» y «no se dan cuenta de ello».  Nosotros, explicó, «pensábamos que los esclavos ya no existían: existen.  Es verdad, la gente no va a buscarlos a África para venderlos en América: no.  Pero están en nuestras ciudades», está en la «explotación de la gente, la explotación no sólo de los niños, de los jóvenes», sino de «toda la gente» que, en el trabajo, se la trata «sin justicia».  […]  vemos «que se hace pasar hambre a la gente con su trabajo para mi beneficio.  Vivir de la sangre de la gente.  Y esto es pecado mortal.  Es pecado mortal, que pide mucha penitencia, mucha restitución para convertirse de este pecado».  […]  Concluyendo la homilía, el Papa invitó de nuevo a pensar en «este drama de hoy: la explotación de la gente».  Y no sólo en los tráficos relacionados con la prostitución o el trabajo de menores, sino en «ese tráfico —digamos— más “civilizado”», del que hay quien dice: «Yo te pago hasta aquí, sin vacaciones, sin asistencia sanitaria, todo en negro… así yo llego a ser rico».  (La Santa Sede, PAPA FRANCISCO, MISAS MATUTINAS EN LA CAPILLA DE LA DOMUS SANCTAE MARTHAE, Sanguijuelas de hoy, Jueves 19 de mayo de 2016, w2.vatican.va).

No todo servicio a la comunidad es remunerado por el mercado, porque muchas obras solidarias y hasta santas y heroicas, quedan en el anonimato para la sociedad, porque muchas obras para los desposeídos, y no solo desposeídos económicamente, no son reconocidas ni remuneradas por el mercado.  Muchos tienen la suerte de que su trabajo -muchas veces no el más solidario- sea remunerado y muchos no tienen esa suerte, muchas veces los que más se sacrifican por los demás.  Es decir, el mercado tiene serias deficiencias en dar a cada uno lo suyo, en dar a cada cual lo que cada cual “se ganó”, o “merece”.  ¿Qué decir, por ejemplo, del médico que sacrifica su vida para encontrar la cura de una enfermedad, cuya investigación no es remunerada ni por el Estado ni por el mercado?.  ¿Diremos que no “se ganó” ninguna remuneración?.  ¿Qué decir del que se dedica a esclarecer una gran estafa político-económica contra el pueblo, que no recibe ningún sueldo ni del Estado ni del mercado, pero que sacrifica su vida en ese servicio a la comunidad?.  ¿Diremos que no “se ganó” ninguna remuneración?.  Hay temas que solamente los comprende quien entregó su vida por un ideal, y que difícilmente comprenderán aquellos que vieron pasar su vida entera sin meterse en problemas por luchar contra la injusticia, contra el gran crimen social, aquellos que se dedicaron solamente a acumular dinero para sí mismos, y, a lo sumo, para su familia.  La cosmética moral de dedicar, por ejemplo, una hora semanal a alguna obra de “beneficencia”, no cuenta, por supuesto, entre los ejemplos que estamos dando.  Esa maniobra típica de damas oligárquicas de beneficencia suele ser tan solamente el encubrimiento cosmético de una vida de egoísmo y explotación.  Estamos hablando de los que entregan su vida, y hasta son martirizados, luchando por la justicia, por la verdad, por los derechos de todos.  “Qué triste integridad la del pellejo que nunca se jugó por los demás”.

El ideal de un mundo sin pobreza puede lograrse.  Una de sus condiciones es la educación pública gratuita, incluyendo la educación universitaria.

Puede estimarse que un quinto de la población mundial concentra cuatro quintos del ingreso planetario.  “El 0,7% de la población mundial (34 millones) tiene el 45,2% de la riqueza global.”  (Distribución de la riqueza mundial, El País, Madrid, 13/10/15).

Las principales soluciones que la humanidad ha encontrado hasta ahora para este problema, se llaman “redistribución fiscal del ingreso”, “ley laboral” y “control de precios de la canasta familiar”.  Estas soluciones las aplican, incluso, todos los grandes países liberales (o “no” comunistas) del mundo:  Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido, Francia, Suecia,   Alemania, etcétera.  Estas soluciones consisten básicamente en que el Estado (llamado también “gobierno” o “fisco”) redistribuye el ingreso, fija un salario mínimo legal obligatorio para una jornada laboral máxima y controla los precios de la canasta familiar.

Para redistribuir fiscalmente el ingreso, el Estado cobra impuestos a los más ricos y con ese dinero recaudado paga servicios para los más pobres (alimento para los niños en las escuelas, educación gratuita, salud gratuita, seguro de desempleo, asignación universal por hijo, subsidios a la electricidad, gas, agua y transporte consumidos por las familias, etcétera).  Esta redistribución fiscal es un “salario indirecto”.  Lo ideal, por supuesto, es que no exista la pobreza, y para que no exista la pobreza, hay que fijar salarios mínimos legales que impidan la pobreza, y garantizar mediante el “salario indirecto” de la “redistribución fiscal del ingreso” condiciones de vida que también impidan la pobreza.

La seguridad social del salario indirecto es universal, y son derechos humanos internacionales, y es lo opuesto al “asistencialismo” y a los “planes sociales”, que no son universales.  El anti-populismo es partidario de la “beneficencia”, el “asistencialismo” y los “planes sociales”, y el populismo es su enemigo, y es partidario de los derechos humanos de la seguridad social universal.

La función social de la propiedad está reconocida por el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pero el Estado puede subordinar ese uso y goce al interés social”.

El programa de seguridad social estatal, obligatoria, integral y universal, y de derechos del trabajador, está consagrado, por ejemplo, por el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.  Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga.  Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.  El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.  En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Por ejemplo, la Constitución de la Nación Argentina, en su justa interpretación y aplicación, es populista, es decir, defiende al pueblo, a los desposeídos, frente a los abusos de la oligarquía y del gran capital explotador y opresor.  Lamentablemente muchos gobiernos, jueces y fiscales no respetan la Constitución.

Por ejemplo, el documental “Sicko”, de Michael Moore, de 2007, demuestra y defiende el sistema de sanidad universal gratuita de Francia, Canadá, Reino Unido, etcétera.

Los “liberales” son, básicamente, los que dicen que es bueno que las empresas no sean propiedad del gobierno, sino que los dueños sean los particulares (es decir, cualquier habitante individualmente o sociedades privadas) y que el gobierno les deje bastante libertad de actuación a estas empresas.

Los supuestos “liberales” suelen decir que “no hay que regalar el pescado, sino que hay que enseñar a pescar”.  Pues bien, “enseñar a pescar” es brindar a todos educación universitaria gratuita, para llegar a la “pobreza cero”.  La educación, el “enseñar a pescar”, debe ser gratuita, porque en el mundo real millones de personas no tienen los “pescados” suficientes para pagar su educación superior.  Los pseudo-liberales se oponen a la gratuidad de la educación universitaria, porque no quieren competencia en la “pesca”.  Los supuestos amantes de la “competencia”, no quieren “competencia”, sino que quieren monopolio u oligopolio del conocimiento.  Es inmoral y abominable que la nueva clase media, la moderna oligarquía universitaria, nacida gracias a la gratuidad de la educación y las políticas del “Estado de bienestar” de la seguridad social integral, iniciada alrededor de la década del 40, apoye a gobiernos anti-populistas, enemigos de la gratuidad de la educación superior, y de la seguridad social en general.  Para que todos puedan “pescar” “libremente”, la “playa” no debe ser privada, no debe estar monopolizada, sino que debe tener acceso público y gratuito para todos.

Para que el pobre pueda estudiar, y pueda dejar de ser pobre, debe tener acceso, entre otras condiciones sociales, a la educación universitaria gratuita.  Para que haya universidad gratuita, quienes no son pobres deben financiarla mediante los impuestos que pagan, en proporción a la riqueza de cada cual.  Es decir, que quienes no son pobres, mediante los impuestos que pagan, están pagando, no solamente su propia educación universitaria, sino también la de los pobres.  Entonces establecer un arancel universitario, es absurdo, es una trampa, es un engaño, es cerrar las puertas de la universidad a la mayoría, con la falsa promesa de abrirlas mediante becas y exenciones a cargo de una peligrosísima burocracia administrativa.  Los amantes del arancel universitario son los ricos, pues pagar la educación universitaria mediante impuestos les resulta mucho más caro.  Los pseudo-liberales, que supuestamente detestan la burocracia, son amantes de esta burocracia.  Esas supuestas becas para los pobres supuestamente se financiarían mediante los impuestos de los ricos.  Entonces, en definitiva, los partidarios del arancel prometen que mediante los impuestos de los ricos se financiará la educación del pobre, quien estudiará sin pagar.  Pero la trampa está en la burocracia: habría pocas becas, y los ricos deberían pagar poco impuesto para financiar esas becas, y la mayoría de los pobres quedaría fuera de la universidad.  Es la trampa de la burocracia que defienden estos pseudo-liberales.

Incluso en una sociedad donde, felizmente, no exista la pobreza, en una sociedad de “pobreza cero”, igualmente seguirá siendo necesaria la seguridad social integral estatal, que comprende los fondos de jubilación universal, la salud universal gratuita, la educación universal gratuita, incluso universitaria, subsidios a las familias para el consumo de energía, transporte, etcétera.  Las personas mayores no son todas necesariamente pobres, pero necesitan que la comunidad les garantice la jubilación universal, pues de lo contrario sí se convertirían en pobres.  Casi ningún joven es rico, ni siquiera los hijos de ricos, pues normalmente rico es el padre, no el hijo.  Y la libertad razonable de los jóvenes requiere que tengan acceso a la educación gratuita, incluso universitaria, sin depender del consentimiento o apoyo de los padres.  En uno de los países más avanzados del mundo, Alemania, donde supuestamente se ha dado una de las mayores victorias de la historia humana contra la pobreza, la universidad es gratis, y en el Reino Unido, otra de las naciones más avanzadas, el servicio de salud es gratis para todos, del mismo modo que muchas otras naciones de máximo desarrollo.

La “redistribución fiscal del ingreso” no es regalo de ricos generosos al más pobre, sino justa devolución de bienes a sus verdaderos dueños.  Por ello, el rico que no paga impuestos, roba.  Y su robo es de los más graves y viles, porque le roba su pedazo de pan al niño hambriento.  Mercado no es igual a justo derecho de propiedad.  El mercado es un mecanismo potente de generación de riqueza, de desarrollo de las empresas, de crecimiento de la economía, etcétera.  Pero el mercado tiene importantes errores en lo que hace a la distribución de la riqueza generada.  Esas fallas las corrige el Estado mediante la redistribución del ingreso.

Con los impuestos que le paga la gente al Estado, el Estado le paga a los maestros de escuelas públicas, a los policías, a los médicos de los hospitales públicos, etcétera.

Quien no tiene nada de dinero no debe pagar nada de impuesto.  Quien tiene un poco de dinero debe pagar un poco de impuesto.  Quien tiene mucho dinero debe pagar mucho impuesto.  Es un sistema similar al “diezmo” de   las iglesias.  Cada miembro de la iglesia contribuye al sostenimiento de ella con la décima parte de sus ingresos.  Esto no se considera un “regalo” sino una “devolución”.  Y “no devolver” es “robar”.

Este sistema impositivo es equitativo.  Sería injusto (o inequitativo) que todos los habitantes pagaran la misma cantidad absoluta de dinero de impuesto.  Básicamente, el sistema tributario es proporcional:  impuesto inmobiliario, al automotor, a las ganancias, etcétera.  Estos impuestos son un porcentaje del valor del automotor, de la vivienda, de las ganancias, etcétera.

El valor del arancel de la universidad privada está condicionado por la existencia de la gratuidad y la universalidad de la universidad pública estatal.  La universidad pública deja de ser universal cuando establece “cupos” de ingreso.  Este “cupo” en la universidad pública estatal, explícito o encubierto, por examen eliminatorio de ingreso, por supuesta “regulación de la matrícula profesional”, por horarios de servicio solamente accesibles para privilegiados, por exámenes arbitrarios de las asignaturas, etcétera, provoca un gran aumento del valor del arancel de la universidad privada, y más todavía cuando existe oligopolio o monopolio.  Lo mismo ocurre con el servicio de medicina y en general de atención de la salud.  También por ley de oferta y demanda, el precio de los servicios profesionales (medicina, arquitectura, abogacía, etcétera) está condicionado por la ampliación de la oferta profesional que logra la gratuidad de la universidad.

Toda la población debería completar la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad, en las diversas ramas del conocimiento.  Toda la población adulta debería ser graduada universitaria.

El anti-populismo dice que el Estado de Bienestar provoca que “nadie trabaje” pues “todo es gratis”, y entonces nadie produciría bienes y servicios, y entonces no habría nada que pueda repartir el Estado, y entonces los pobres seguirían siendo pobres.  La historia demuestra que esto es mentira, pues el Estado de Bienestar existe en muchos países desde las primeras décadas del siglo XX, y no desincentivó el trabajo ni el empleo.  Tener las necesidades básicas de sobrevivencia garantizadas gratis por el Estado no desincentiva el empleo, pues las personas, además de tener, por ejemplo, salud, educación, transporte intra-urbano, energía domiciliaria, vivienda, etcétera (provistos gratis o baratos por el Estado), quieren tener teléfonos celulares, viajes, vestimentas lindas, celebraciones, y un millón de cosas más, y trabajan para conseguirlas, pues no las provee el Estado de Bienestar.  Si trabajan como empleados, el Estado les retiene los impuestos, en primer lugar, de su salario, y si trabajan como empleadores, el Estado les cobra los impuestos a sus ganancias, y propiedad inmueble, automotor, etcétera.  Y con esos impuestos se paga la salud gratis universal, la universidad gratis universal, el subsidio a la electricidad domiciliaria, al gas, agua y saneamiento para las familias, al transporte de pasajeros del trabajador, etcétera.  Las mínimas condiciones de vida digna garantizadas por el Estado de Bienestar hacen posible la educación gratuita, que hace posible el trabajo calificado e idóneo, que hace posible la generación de riqueza, el progreso y la prosperidad, que hacen posible a su vez la financiación del Estado de Bienestar, la recaudación impositiva, el superávit fiscal, el desendeudamiento del Estado, etcétera, en un círculo virtuoso que se retroalimenta.  El buen salario de los trabajadores hace posible un buen consumo para la industria y el comercio, que permite el desarrollo industrial y comercial, y el crecimiento de la economía, de la producción, y el desarrollo de la sociedad en general.  La distribución de la riqueza es la fundamental condición de la producción de riqueza.  Es falso que la concentración de riqueza sea la fundamental condición de la producción de riqueza.  El crecimiento económico es resultado de la inclusión, de la igualdad, de la solidaridad, de la hermandad humana universal, de la dignidad de la persona humana, etcétera.  Es un principio incluso espiritual milenario, además de estar científicamente demostrado por el keynesianismo en Ciencias Económicas y por la propia historia.

La mentira sobre el Estado de Bienestar fue el fundamento de la campaña con que ganó las elecciones presidenciales la alianza anti-populista “Cambiemos”, de 2015 en Argentina (alianza entre la UCR, Carrió y el PRO de Macri).  Si bien las principales figuras de esta alianza, bien asesoradas en marketing político electoral, omitieron expresiones claras sobre este tema, e incluso dijeron disentir de esa mentira, los candidatos menores, voceros menores, y todo el aparato de propaganda (pseudoperiodistas) a sueldo del anti-populismo, fueron clarísimos en impulsar estas mentiras en la opinión pública, todo el día, todos los días, en todos los canales de televisión.  Lo mismo hicieron los impostores de las redes sociales, que simulaban ser “ciudadanos comunes” o “periodistas independientes”, que en realidad eran miles de “trolls” de internet que bombardearon todo el día, todos los días, a sueldo del anti-populismo, Facebook, Whatsapp, Youtube, etcétera.  El aparato informal de propaganda de “Cambiemos” hizo famosa la frase “se embarazan por un plan”, en referencia a la asignación universal por hijo (AUH), que es simplemente el “salario familiar” o “asignación por hijo” que incluye tanto a los empleados como a las madres desempleadas o explotadas en trabajo clandestino, para garantizar el alimento y la salud de todos los niños.

Increíble pero real, el fundamental motivo real mayoritario del voto a “Cambiemos” fue eliminar la AUH (el fundamental “plan social”), el más importante derecho social creado por el “populismo” kirchnerista, junto con la jubilación estatal de reparto, propuesta de eliminación que jamás pronunciaron expresamente los principales candidatos de “Cambiemos”, bien asesorados en marketing, pero que sí fue el astuto tema principal del inmenso y poderosísimo aparato informal de propaganda de “Cambiemos”.  “Cambiemos” no tenía en sus planes eliminar la AUH, pero era la fantasía de la mayoría de sus votantes (de obvio analfabetismo político), y el aparato informal de propaganda de “Cambiemos” promovió encubiertamente esa fantasía.  El plan encubierto de “Cambiemos” sí era reducir el ingreso popular, y de hecho lo hicieron, desde un quinto a la mitad, según los sectores sociales y según los economistas que hagan el cálculo.  Y esa caída del ingreso popular real también afectó a la AUH, como a los salarios, las jubilaciones, los ingresos de los comerciantes, industriales, productores rurales medianos y pequeños, etcétera.

Clarín, el principal diario anti-kirchnerista, titula el 15/10/2011: “Miguel del Sel salió a cuestionar los beneficios de la Asignación Universal.  El ex candidato a gobernador santafesino dio a entender que se registra un aumento de los embarazos por el beneficio que otorga el Gobierno.  El ex candidato a gobernador santafesino del PRO, Miguel del Sel, recorrió ayer la provincia de Mendoza y manifestó que es necesario investigar si la Asignación Universal que cobran las mujeres embarazadas repercutió en un aumento de la cantidad de ‘chicas de 12 o 13 años’ que se encuentran en esta situación.  […]  ‘Lo que se anuncia como una buena medida se ve que nadie estudia las consecuencias’, manifestó el humorista.  ‘¿Qué preferís que una piba ignorante se embarace para cobrar una platita todos los meses y ni siquiera se den cuenta que le están arruinando la vida?’, se preguntó ante un grupo de periodistas locales.  Del Sel dijo que conversó con el director médico de un pueblo al norte de Santa Fe y el profesional le dijo que se ‘triplicó o cuadriplicó el embarazo de chicas de 12 o 13 años’.  ‘Si hay más chicas embarazadas es porque hay algo para que se embaracen y cobren una platita’, añadió el ex integrante de Midachi.”

El diario “La Capital” publica el Martes 18 de Mayo de 2010: “Fuertes críticas a Sanz por sus dichos sobre la AUH.  Las declaraciones del presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), el senador Ernesto Sanz, respecto que desde que se implementó la asignación universal por hijo (AUH) aumentó el consumo de drogas.  […]  Por su parte, el Movimiento Evita y el Movimiento Mujeres Evita de Rosario presentarán ante la delegación del Inadi en Santa Fe, una denuncia por ‘discriminación’ contra Sanz por sus declaraciones a LT9 de Santa Fe, donde aseguró que con la asignación universal por hijo ‘aumentaron el consumo de droga y de juego’.

El 17 Octubre de 2014, chequeado . com, tuvo que desmentir, sin mucho éxito dentro del electorado de “Cambiemos”, la mentira del aparato informal de propaganda de “Cambiemos”: “Mitos y Fraudes.  ‘Hay más embarazos por la AUH’.  Olivia Sohr.  17 Octubre, 2014.  Desde su lanzamiento, la cifra total de asignaciones se mantiene estable y las tasas de natalidad y fecundidad adolescente retrocedieron en los últimos años.  ‘Hay más embarazos por la AUH’, es una frase repetida desde muchos sectores desde la implementación, en 2009, de esta transferencia de ingresos a hijos de trabajadores no registrados o desempleados.  Se suele decir que las mujeres que viven en villas y asentamientos son quienes tienen más hijos para cobrar este plan.  Esta idea llegó, incluso, a escucharse en la boca de políticos de distintos partidos, como el diputado Miguel Del Sel (PRO) y el ministro de Salud de la Provincia de Corrientes, Julián Dindart (UCR).  No hay información disponible que permita probar la incidencia de la AUH en los embarazos, aunque algunos indicadores muestran la inconsistencia de esta afirmación.  De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo de la Nación (junio de 2012), la AUH la reciben 3,4 millones de chicos.  Estos beneficiarios están distribuidos en 1,8 millones de titulares (madres o padres).  Esto da como resultado que en el universo total de beneficiarios de AUH, sólo la reciben 1,8 chicos por hogar.  En noviembre de 2009, cuando entró en vigencia la AUH, la cantidad de beneficiarios era de 3,3 millones de chicos, distribuidos en 1,7 millones de hogares.  Con estos datos se obtiene el mismo resultado: 1,8 beneficiarios por titular.  Esto muestra que, no sólo se mantuvo estable el número absoluto de beneficiarios; lo mismo ocurrió con el promedio de asignaciones por titular.  ‘En la Argentina y en América Latina la pregunta está vigente y aún no se pudo demostrar la incidencia del subsidio en el embarazo de las mujeres’, explicó a Chequeado Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).  El Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), realizó en 2013 la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva, la primera del país.  De este informe, se desprende que las mujeres de entre 14 y 49 años que viven en hogares con ingresos menores a $ 4.500 tienen en promedio 2,7 hijos cada una.  En el rango de ingresos que va de los $ 4.500 a 10.000 el promedio es 2,4 hijos, y la misma cifra se obtiene con los hogares con ingresos superiores a 10.000 pesos.  ‘La tasa de embarazo adolescente se mantiene relativamente estable desde hace más de una década.  Es una tasa alta comparada con otros países similares al nuestro como lo son Chile y Uruguay’, aseguró Mónica Rosenfeld, investigadora del área de género y políticas públicas de FLACSO.  ‘El cambio comenzó hace casi una década, antes de la aplicación de la AUH, y lo que sí aumentó es la proporción de madres jóvenes sobre el total de madres, aunque nada indica que eso se deba a la AUH’.  Los informes anuales publicados por el Ministerio de Salud también condicionan esta afirmación.  En 2009 la tasa de natalidad era de 18,6 cada 1000 habitantes, mientras que en 2012 (último dato disponible) descendió a 17,9.  Si sólo se toma la fecundidad adolescente la evolución es similar: en 2009 era de 34,6 cada 1000 habitantes y en 2012 fue de 32,7.  La caída en la natalidad no es un fenómeno nuevo.  Comenzó en la década del ‘70 y no se detuvo hasta la actualidad, como refleja este informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).  La AUH es una transferencia de $644 que se otorga a hijos menores de 18 años cuyos padres no tienen empleo o trabajan en la informalidad.

 

5 . La erradicación de la pobreza.  Cómo se logra la “pobreza cero”.  Cómo se soluciona el caos, el daño y el mal cometido por el anti-populismo de derecha.  La generación de empleo, inversión, producción, crecimiento económico y justicia social.  Capitalismo, liberalismo y libertarismo: ¿eliminar la pobreza concentrando la riqueza y reduciendo salarios reales?.  Estado gendarme y Estado mínimo.  Seguridad social integral y gratuidad universal.  Jubilación de reparto y jubilación de capitalización.  Democracia, libertad y justicia social.  Anti-populismo de derecha y populismo.  Keynesianismo y neoliberalismo.  John Maynard Keynes, Paul Krugman y Joseph Stiglitz.  Deuda externa, evasión fiscal, guaridas fiscales.  El populismo como base de la riqueza, la libertad y la igualdad del Reino Unido inglés, Alemania, Francia, Canadá, Noruega, etcétera.  Populismo: eliminar la pobreza distribuyendo la riqueza y aumentando salarios reales netos, directos e indirectos. 

 

El “keynesianismo” es la tesis económica de John Maynard Keynes, publicada en 1936 como solución a la Gran Depresión de 1929.  Keynes defendió la capacidad estatal de controlar la economía en épocas de recesión o crisis, mediante el gasto presupuestario del Estado, o política fiscal, en virtud del efecto multiplicador del incremento de la demanda agregada.  Las escuelas monetarista y austríaca intentan refutar el keynesianismo, pero el keynesianismo sigue aplicándose en la mayor parte del mundo, y parte de los economistas más importantes son keynesianos, como Paul Krugman y Joseph Stiglitz.  El Estado de Bienestar o Seguridad Social Integral son programas integrantes del keynesianismo.  El anti-populismo es enemigo del keynesianismo.  El anti-populismo es “neoliberal”.

El anti-populismo dice que “hay que bajar los costos, y los salarios son un costo más”, y que los derechos laborales conquistados por los trabajadores generan pobreza, por lo cual se necesita cada vez más “reforma laboral”.  El anti-populismo dice que la justicia social y el combate contra la explotación son causa de pobreza, porque supuestamente desalientan la “inversión” del capital y la “generación de empleo”.

El ciudadano votante del anti-populismo debería al menos sospechar de la rara idea de que la pobreza se combate rebajando salarios.

El discurso de la derecha política es el discurso del eterno sacrificio para en un futuro indeterminado estar supuestamente mejor.  El inmenso detalle es que la derecha siempre reclama sacrificios al pobre, pero jamás reclama sacrificios al rico, al gran capital, sino todo lo contrario, reclama el eterno sacrificio del pobre a favor del gran capital.  El votante de derecha debería al menos sospechar de este discurso del sacrificio desigual.  El discurso de la derecha es que nadie le “regale” nada a nadie, pero el inmenso detalle es que la derecha jamás denuncia que el pobre le “regala” horas y horas de trabajo al rico, al gran capital.  Ese es el único “regalo” que la derecha no condena.  Trabajar todo el día por un plato de arroz, para la derecha no es un “robo”.  El “robo de vida”, que es la explotación del hombre por el hombre, es el crimen que comete y encubre la derecha.  De ese robo, el robo más grande del mundo y de la historia, jamás hablan los pseudoperiodistas mercenarios de la derecha.  Eso debería llevar a sospecha al ciudadano votante, porque “el tiempo es oro”, y el robo de tiempo, el robo de tiempo de trabajo, es uno de los más graves robos, y de ese robo la derecha es autora y encubridora.

La verdad es que la causa fundamental y estructural de la pobreza es la injusticia social, la opresión de la persona humana, la desigualdad y la explotación del hombre por el hombre, entendiendo por Justicia Social el respeto de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

La verdad es que para lograr “pobreza cero”, hay que establecer salario justo por jornada justa, jubilación universal mediante seguridad social estatal, “salario indirecto” de garantía estatal, mediante gratuidad y subsidios, de derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a los servicios públicos, planificación económica estatal, control de precios de la canasta familiar, etcétera.

La “pobreza cero” se logra fundamentalmente mediante:

1 . reducción general de la jornada laboral sin afectar el salario (jornada laboral máxima de seis horas diarias y treinta semanales sin reducción salarial), para combatir el desempleo tecnológico y mejorar la calidad de vida del asalariado,

2 . el salario justo por jornada justa (elevación de salarios reales netos directos e indirectos),

3 . condiciones seguras e higiénicas de labor,

4 . estabilidad en el empleo (prohibición del despido sin causa, indemnización por despido sin causa),

5 . la jubilación universal mediante seguridad social estatal,

6 . el “salario indirecto” de garantía estatal, mediante gratuidad y subsidios, de derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a los servicios públicos,

7 . renta básica universal,

8 . planificación económica estatal soberana e independiente,

9 . protección de la industria nacional mediante la regulación estatal del comercio exterior de la nación, prohibiendo la importación indiscriminada,

10 . inversión estatal en educación e investigación en ciencia y técnica, en definitiva, en conocimiento,

11 . integración regional latinoamericana,

12 . control de precios de la canasta familiar, incluso mediante la producción y provisión estatal, mediante empresas estatales, de alimentos y otros bienes y servicios, incluyendo empresas estatales de producción de alimentos, empresas estatales de fabricación de alimentos, transporte estatal mayorista de cargas en ferrocarril estatal, distribución mayorista mediante mercados centrales estatales, y comercialización minorista mediante supermercados estatales distribuidos, al menos, en cada capital provincial del país,

13 . creación de empresas públicas estatales de diversas industrias, para combatir el desempleo y proveer diversos bienes y servicios esenciales,

14 . nacionalización -estatización y expropiación- de los servicios públicos, de la banca, del comercio exterior, de la construcción, mantenimiento y administración de los caminos, ferrocarriles y puertos, de la minería, del petróleo, del servicio de energía, de las comunicaciones,

15 . reforma agraria y reforma urbana,

16 . prohibición de los monopolios, oligopolios, abusos de mercado, desabastecimientos, etcétera,

17 . reforma tributaria progresiva,

18 . repudio de la deuda externa odiosa o ilegítima,

19 . reforma constitucional que incluya todas estas políticas,

20 . reforma constitucional judicial que democratice los tribunales, fiscalías, defensorías, etcétera,

21 . erradicación del analfabetismo político, moral y humanístico, mediante un programa educativo escolar y de comunicación social, de formación moral y cívica sobre derechos humanos y justicia social, que alcance a niños, jóvenes y a toda la ciudadanía en general,

22 . justicia social, en definitiva, que tiene como condición necesaria a la independencia económica, que a su vez tiene como condición necesaria a la soberanía política nacional, frente a la oligarquía y al imperio.

La derecha es enemiga de todo eso, necesario para combatir la pobreza, con el pretexto de supuestamente permitir la producción, el empleo y la inversión.

Por ejemplo, “gratuidad” de la educación universitaria significa que CADA habitante NO pobre PAGA la universidad universal EN PROPORCIÓN a la riqueza personal de cada habitante NO pobre, mediante los IMPUESTOS GENERALES de la población, y solamente mediante los impuestos generales, en un sistema perfectamente comparable al “diezmo” de las iglesias, y, de hecho, con ese antecedente.

Así el servicio se financia con justicia y nadie se queda afuera, si además de la gratuidad se aplican diversas medidas de equidad adicionales.

Seguridad social estatal, es decir, fondos jubilatorios universales estatales, o sistema de “reparto”, significa SOLIDARIDAD, porque implica, por ejemplo, que el trabajador explotado que no pudo hacer aportes jubilatorios por haber sido sometido por el capital al trabajo clandestino, o “en negro”, igualmente recibirá una jubilación digna, financiada con los fondos estatales generales.  Si los fondos jubilatorios son, en cambio, privados, como quiere la derecha política, estas políticas de solidaridad se hacen imposibles.  Por definición, en un sistema jubilatorio privado (“AFJP”), cada habitante recibe en su retiro solamente lo que aportó durante su vida laboral, y no hay ningún reparto de fondos estatales generales que completen una jubilación digna.

La derecha siempre dice que los gobiernos “populistas” descuidaron el problema de “generación de riqueza” exagerando la “distribución de la riqueza” y que es mucho más grave el problema de “producción” que el de “distribución”.

Pero la verdad es que existe un grave problema de distribución social de la riqueza, y ese problema es causante de pobreza, porque en realidad, y de acuerdo con el keynesianismo, es la distribución de la riqueza la que genera el crecimiento de la economía.  El mundo actual tiene un inmenso problema de justa distribución de la riqueza.  Puede estimarse que un quinto de la población mundial concentra cuatro quintos del ingreso planetario.  “El 0,7% de la población mundial (34 millones) tiene el 45,2% de la riqueza global.”  (Distribución de la riqueza mundial, El País, Madrid, 13/10/15).

ES LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA LA QUE GENERA EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA.  ES UN PRINCIPIO INCLUSO ESPIRITUAL, MILENARIO.  EL PRINCIPIO DE COMPARTIR, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD, COMUNIDAD.

Esta injusticia social es la que genera problemas de producción, empleo y desarrollo.  La justicia social es la que permite el desarrollo económico y la revolución productiva.  Es el salario justo, la salud del pueblo, la educación de todos, la planificación económica estatal central, lo que desarrolla la economía y la producción.  Es el buen salario el que permite vender a la industria, pues la rebaja de salarios provoca caída del nivel de ventas de la industria y del comercio.  A su vez el aumento del nivel general de ventas de la economía del sector privado permite una mayor recaudación impositiva, que permite al Estado desendeudarse e invertir en la infraestructura necesaria para el desarrollo económico, como caminos, energía, ciencia y educación, etcétera.  La caída de los salarios, y la injusticia social en general, es lo que provoca la depresión económica y el endeudamiento del Estado.

Así la derecha genera otro factor estructural de pobreza, que es el endeudamiento del país.  Por ejemplo, en 2017 Argentina es la economía emergente que más deuda externa contrajo en el mundo.  El ranking de la consultora financiera Bloomberg, sobre el período de enero de 2015 a febrero de 2017, el primer lapso del gobierno de derecha en Argentina, después de una década de desendeudamiento externo del gobierno peronista, determina que Argentina aumentó su deuda externa en US$ 55.600 millones.  Es esta deuda externa y eterna la que impide la política satisfactoria de seguridad social, ciencia, educación, salud, etcétera.  La derecha jamás en su discurso denuncia el endeudamiento del país, pues la derecha es la que endeuda los países, generando déficit fiscal.

La derecha también genera déficit fiscal crónico mediante la evasión fiscal del gran capital, que es representado políticamente por la derecha, mediante las botas del golpe de Estado o mediante los votos de un estafado electorado.  Los ultrarricos ocultan su riqueza en guaridas fiscales, es decir, en países extranjeros mal llamados “paraísos” fiscales, pues no son más que “guaridas” para que el gran capital eluda el pago de impuestos en los países donde genera ese dinero.  Esto priva a los Estados locales, donde se originó la riqueza que evade impuestos, de los recursos que necesitan para financiar servicios públicos (como salud o educación) y proyectos de infraestructura (como rutas y hospitales).  Esto agrava la pobreza, por recorte de obras y servicios, y por sobrecarga impositiva sobre las pequeñas empresas y sobre el pueblo trabajador.  El pequeño empresario suele ser votante de la derecha creyendo que un gobierno de ricos aliviará la carga impositiva sobre pequeños industriales y pequeños comerciantes, cuando la realidad es opuesta, pues la derecha traslada sobre los peces chicos la carga impositiva que debería pesar sobre los peces gordos.

El problema de la evasión fiscal y los paraísos fiscales es particularmente alarmante en América Latina, la región más desigual del planeta, según un informe del año pasado del Foro Económico Mundial.” […] “Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), calculó que en 2014 la evasión fiscal de parte de personas y empresas en la región costó más de US$190.000 millones.”  (Paradise Papers: cuán pobres nos hace que los ultrarricos tengan su dinero en paraísos fiscales, Redacción, BBC Mundo, 8 noviembre 2017).

Quien se hizo rico mediante la evasión tributaria, la explotación del obrero y los negociados de saqueo contra el Estado, se hizo rico robando al Estado y al pueblo.  En su inocencia e ingenuidad, el votante de derecha vota al rico porque supuestamente “no va a robar porque es rico”, desconociendo que se hizo rico robando, y seguirá robando para ser todavía más rico, porque la codicia de estos perversos es insaciable.

Por supuesto que la sociedad debe sacrificarse para invertir en el desarrollo de la capacidad productiva, pero ese sacrificio debe ser igualitario, y de ninguna manera realizado por los más pobres, por quienes tienen dificultades incluso de alimentación.  El sacrificio para la inversión en producción no debe realizarse en el salario de los trabajadores.  Pues el salario también es factor de inversión, pues el consumo también es factor de inversión, pues cada trabajador asalariado democráticamente decide mediante su consumo las ramas industriales que es necesario fortalecer.  La minúscula clase capitalista no debe tener el privilegio de decidir autoritariamente y excluyendo al pueblo, qué producir socialmente y cómo producir.  La sociedad es la que debe decidir democráticamente, mediante las instituciones del Estado, qué elementos estructurales producir y cómo producir riqueza y bienestar para todos.  La gran inversión tiene que ser estatal, en infraestructura económica (como fuentes de energía, medios de comunicación, transporte, etcétera), ciencia democrática, educación popular, salud universal, etcétera.  La rebaja salarial no tiene relación con esa gran inversión necesaria, que debe ser estatal y democrática.

Ferrocarriles Nacionales de Noruega es la empresa pública que maneja 4000 kilómetros de vías que conectan de sur a norte con servicios de corta, media y larga distancia.  Desde 1996 se hizo exclusivamente estatal para aumentar los niveles de eficiencia que los privados no incorporaban.  Las formaciones son de alta velocidad (pueden alcanzar los 200 km/h), extremadamente puntuales, tienen pantallas LED, Internet inalámbrico gratuito, asientos ergonómicos y hasta cestos para reciclar basura.  Si el servicio se demora, le reembolsan el pasaje.”  (Noruega, el único socialismo del siglo XXI.  www. lanacion. com. Ar, Pablo De Santis, La Nación, Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013)

La verdad es que la derecha política desea que exista una pobreza importante, y un desempleo alto, porque son los pobres y los desempleados quienes aceptan empleos con bajos salarios, y con precarias condiciones laborales, y hacen posible el descenso general de los salarios y la precarización general de las condiciones de trabajo.  Debería ser evidente para el ciudadano votante que el objetivo de la derecha es la caída del salario y de las condiciones dignas y seguras de labor.  De hecho, es bastante explícito el programa de la derecha política.

Hay que desconfiar de la derecha política, que se llena la boca de la palabra “democracia”, pero nunca pronuncia palabras como “explotación”, “opresión”, “desigualdad”, o “injusticia social”, que son condiciones que hacen imposible la real democracia.  Un sistema político esclavista o explotador no es democrático, porque la gran mayoría de sus integrantes no son realmente libres, y no tienen la posibilidad de una real participación cívica y política.  La real democracia es hija de la real libertad, y la real libertad es hija de la justicia social.

Los supuestos “liberales” o “libertarios”, los partidarios del Estado mínimo, del Estado “gendarme”, limitado a “seguridad y sistema judicial” (tribunales), la derecha política, que proponen una pseudo-libertad de los desposeídos, de los desafortunados, de los vulnerables, una falsa libertad de los explotados, no son en realidad partidarios de la libertad, ni de la democracia.

 

6 . La medición de la pobreza.  Supuestas estadísticas y justicia social.  ¿Los altos salarios netos reales directos e indirectos “populistas” generan “pobreza”, como afirma el anti-populismo de derecha?. 

 

Muchas estadísticas que se publican sobre la pobreza no son confiables, porque no son compatibles con el contexto de políticas de justicia social.  Lo confiable para medir la pobreza son las políticas de justicia social que todos podemos verificar por nuestros propios medios, como por ejemplo, que nuestra abuela que nunca pudo aportar por haber estado siempre en “negro” -trabajo explotado clandestino- se pudo jubilar gracias a la estatización de los fondos jubilatorios -estatización de las Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones-, o que nuestro sobrino pudo estudiar en la universidad estatal gratuita.  ¿Cómo es posible, por ejemplo, que si hay mayores derechos laborales y sociales de los trabajadores, haya mayor pobreza?.

A los gobiernos de justicia social la derecha los acusa de “populistas” (dando a la palabra “populista” un sentido negativo).  La derecha gana elecciones prometiendo que “podemos vivir mejor” que en épocas de “populismo”, pero gobierna diciendo que “vivíamos demasiado bien” en tiempos de “populismo”.  El votante de derecha debería, al menos, sospechar de este discurso.  ¿Cómo es posible que si “vivíamos demasiado bien” en tiempos de “populismo” haya habido tanta supuesta pobreza?.  ¿Cómo es posible que si los salarios eran “demasiado altos” en tiempos “populistas” haya habido tanta supuesta pobreza?.  ¿Cómo es posible que si la electricidad y el gas eran “demasiado baratos” haya habido tanta supuesta pobreza en tiempos “populistas”?.

La derecha tiene un discurso así: “Usted no me prestó ningún caldero, además yo se lo devolví a Usted sano, y cuando Usted me lo prestó ya estaba roto”.

Para el votante que no se deja engañar por falsas estadísticas sobre pobreza, sino que confía en lo que vio con sus propios ojos, la derecha tiene esta explicación de las épocas de justicia social: “Estábamos bien en los tiempos de ‘populismo’, pero íbamos mal; en cambio ahora, con el gobierno de derecha, estamos mal, pero vamos bien, porque ahora estamos pagando la ‘fiesta populista’”.  La derecha dice que “hay que pasar el invierno” en todas las estaciones del año, todos los años.  El inmenso detalle es que la derecha nunca concreta en cifras ni en datos cuál es la supuesta “deuda” nacional que dejó como “herencia” la supuesta “fiesta populista”.  La realidad es que los populismos desendeudan los países, es decir, reducen notablemente la deuda externa, y que la derecha endeuda los países, es decir, incrementa espantosamente la deuda del Estado en dólares.

El verdadero combate contra la pobreza -sin engaños- puede evaluarse, en especial, mediante la evolución del salario real y las jubilaciones y pensiones directas, es decir, el salario mínimo legal general neto, la jubilación mínima legal, y el salario general promedio neto, medidos en dólares, sumados al salario indirecto, constituido por los subsidios universales a los servicios públicos de agua, gas, electricidad, transporte público, construcción de viviendas, por la salud y la educación públicas estatales universales gratuitas, etcétera.

 

7 .  Contra la inseguridad, derechos humanos.  Inseguridad y narcotráfico.  Seguridad y justicia social.  Corrupción policial y judicial.  Ley penal.  Derechos humanos y garantías procesales.  La propaganda del anti-populismo en materia de seguridad pública.  Alice Miller.  La enseñanza social católica. 

 

Una frecuente propaganda de la derecha es un supuesto combate contra el narcotráfico y la inseguridad pública en general, entendiendo por ésta básicamente los robos o asaltos a mano armada, cometidos por las supuestas “manzanas podridas” de la sociedad.  La supuesta propuesta de la derecha contra la inseguridad y el narcotráfico se basaría en la “mano dura”, consistente explícitamente en aumento de la cantidad de personal policial armado, elevación de penas, devaluación del principio de inocencia, expansión de la prisión sin condena y disminución de la edad de imputabilidad, e implícitamente (encubiertamente) en gatillo fácil policial, torturas y golpizas cometidas por la policía, linchamientos callejeros, falsas denuncias policiales contra los participantes en la protesta social, discriminación racial (racismo), xenofobia (odio y rechazo a los extranjeros), aporofobia (odio y rechazo a los pobres), deportación de extranjeros, eliminación del Estado de Bienestar, que supuestamente generaría “vagancia”, “pereza”, “flojera”, “destrucción de la cultura del trabajo” y, en supuesta consecuencia, “delincuencia”.

Los asaltos serían consecuencia, supuestamente, para la derecha, de los derechos sociales, de los “planes sociales”, de la “asignación universal por hijo”, etcétera.  Es decir, para la derecha, la inseguridad, supuestamente, es consecuencia del Estado de Bienestar y de los derechos sociales, pues así supuestamente “la gente se acostumbra a vivir sin trabajar” y, en supuesta consecuencia, cuando necesita algo, “en lugar de trabajar, roba”.  La derecha dice, entonces, que la inseguridad es consecuencia del populismo.

La realidad es que la inseguridad y el narcotráfico tienen como causa profunda principalmente a la explotación, la opresión, la desigualdad, y a la injusticia social en general, porque la opresión y la injusticia social destruyen las personas, destruyen su integridad física y mental, destruyen las familias, quiebran a las personas.  “Ningún pibe nace chorro”.  Ningún niño nace delincuente.  Es la vulneración de sus fundamentales derechos humanos prácticamente desde bebé, lo que hace que los niños más vulnerables se terminen quebrando en su ser y caigan en el delito.

El votante de derecha debería desconfiar del simplista, cínico e hipócrita discurso de la derecha sobre “manzanas podridas” y “mano dura” y, dado que el votante de derecha se suele autocalificar como “católico”, debería escuchar, al menos, al Papa Francisco.  Pero la televisión argentina, y las “redes sociales”, como Facebook, Youtube, Twitter, Whatsapp, etcétera, han logrado que buena parte del pueblo católico argentino odie al Papa argentino, el Papa Francisco, y buena parte del electorado ha quedado muy a la derecha del Vaticano:  “En este contexto, en las últimas décadas se difundió la convicción de que a través de la pena pública se pueden resolver los más disparatados problemas sociales, como si para las más diversas enfermedades se nos recomendaría la misma medicina.  No se trata de confianza en alguna función social tradicionalmente atribuida a la pena pública, sino más bien en la creencia de que mediante tal pena se pueden obtener los beneficios que requerirían la implementación de otro tipo de política social, económica y de inclusión social.  No se buscan sólo chivos expiatorios que paguen con su libertad y con su vida por todos los males sociales, como era típico en las sociedades primitivas, pero además de esto algunas veces existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos: figuras estereotipadas, que concentran en sí mismas todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas.  Los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos que, en su momento, permitieron la expansión de las ideas racistas.”  (Discurso del Papa Francisco a la Delegación Internacional de Derecho Penal).

Además, por supuesto, la verdad es que es necesario erradicar la corrupción de la policía, los fiscales y los jueces.  Esto se logra democratizando el aparato policial y judicial del Estado, con medidas que jamás propone la derecha, como el juicio por jurado popular, la elección popular periódica del jefe de los fiscales, o procurador general, o procuradores generales por materias, y el control democrático popular directo del aparato policial del Estado.

Una década de gobierno de derecha destruye una sociedad.  Y reconstruir el tejido social demanda al menos dos décadas, porque es más rápido destruir que construir.  Pero el gobierno de justicia social que sucede al gobierno de derecha, es injustamente acusado de ser el causante de un problema de inseguridad heredado, que es lento resolver, porque se trata de reconstruir familias destruidas, y de rescatar muchas personas destruidas en su integridad física y mental.  Los gobiernos de justicia social, por las políticas de justicia social en sí mismas, libran así el único combate de fondo contra la inseguridad y el narcotráfico.  Son los derechos humanos la condición necesaria de la seguridad pública, la vida segura y en paz y el orden de la vida cotidiana de todos.  La derecha es el mal y el caos.

La derecha jamás reconoce que las causas profundas del narcotráfico están en la injusticia social, y que las causas profundas de la inseguridad pública están en la explotación del hombre por el hombre, en la opresión de la persona humana, en la desigualdad.  La derecha, para supuestamente combatir el narcotráfico y la inseguridad propone en primer lugar a la policía, al aparato armado del Estado, sin hablar nunca de la profunda democratización que necesita la policía para impedir su profunda y perpetua corrupción.  La derecha habla solamente de “mano dura”, o, para disimular su brutalidad, “mano firme”.

La derecha política pone el foco también en la “elevación de penas”, lo cual es absurdo, y es una política de encubrimiento y de impunidad, porque lo que hay que elevar es el índice de esclarecimiento del crimen, lo cual se logra con las reformas judiciales democratizadoras.

La experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales, ni logra disminuir los índices de delincuencia.”  (Carta del Papa Francisco al Congreso Internacional de Derecho Penal).  “San Juan Pablo II condenó la pena de muerte (cf. Carta enc. Evangelium vitae, 56), como lo hace también el Catecismo de la Iglesia católica (n. 2267).”  (Discurso del Papa Francisco a la Delegación Internacional de Derecho Penal).

Más todavía, deberían despenalizarse muchísimas conductas, porque no tienen gravedad suficiente para el castigo penal, que es el más extremo, y, además, la penalización de muchas conductas es fuente de corrupción policial y judicial.  La verdad es que no todo problema social se resuelve con la ley penal, y puede ser “peor el remedio que la enfermedad”.

Se ha debilitado la concepción del derecho penal como ultima ratio, como último recurso a la sanción, limitado a los hechos más graves contra los intereses individuales y colectivos más dignos de protección.  Se ha debilitado también el debate sobre la sustitución de la cárcel con otras sanciones penales alternativas.  En este contexto, la misión de los juristas no puede ser otra más que la de limitar y contener tales tendencias.”  (Discurso del Papa Francisco a la Delegación Internacional de Derecho Penal).

La derecha es también enemiga de lo que llama “derechos humanos”, refiriéndose con esa expresión básicamente al “principio de inocencia”, es decir al principio moral y jurídico de que toda persona debe ser considerada inocente, y por tanto, estar en libertad, si no se ha demostrado públicamente y con certeza su culpa por un fiscal ante un tribunal imparcial que dicte sentencia firme con oportunidad de derecho de defensa, para que cada persona quede protegida de falsas denuncias, confusiones y gravísimas injusticias.

Por ser enemiga del principio de inocencia, la derecha es partidaria de la prisión sin condena, de la prisión durante el juicio penal, no solamente como excepción para casos extremos y muy fundados de peligro de fuga u obstáculo a la investigación.

La prisión preventiva -cuando de forma abusiva procura un anticipo de la pena, previa a la condena, o como medida que se aplica ante la sospecha más o menos fundada de un delito cometido- constituye otra forma contemporánea de pena ilícita oculta, más allá de un barniz de legalidad.”  (Discurso del Papa Francisco a la delegación internacional de Derecho Penal).

La verdad es que el Derecho procesal debe lograr tanto la condena del culpable como la absolución del inocente.  El procedimiento penal es la salvaguardia de los hombres de bien, de los inocentes.  Es moralmente preferible la absolución de cien culpables a la condena de un inocente.  A eso tienden las garantías constitucionales.  La verdad es que los derechos humanos, las garantías constitucionales, existen para proteger a los inocentes, a los decentes, a los hombres de bien, y para que los verdaderos culpables no queden en libertad por causa de la condena de un inocente.  La derecha, en cambio, dice que las garantías constitucionales protegen a los delincuentes.  La verdad es que las garantías constitucionales protegen en primer lugar a los inocentes, a los decentes.

La verdad es que las garantías constitucionales del proceso penal protegen a los inocentes y, además, combaten la impunidad de los culpables.

“[…] encomendándolos al Señor Jesús, que en los días de su vida terrena, fue apresado y condenado injustamente a muerte, y se identificó con todos los encarcelados, culpables o no (‘Estuve preso y me visitaron’, Mt 25,36).”  (Carta del Papa Francisco al Congreso Internacional de Derecho Penal).

La derecha descalifica a estos principios fundamentales de la civilización como “garantismo” y “derechos humanos solamente para los delincuentes”.

El discurso de la derecha sobre la inseguridad y el narcotráfico es una gran estafa, un fraude contra la ciudadanía, una maniobra, en realidad, de encubrimiento e impunidad, escondida en cantos de sirena de “mano dura contra los delincuentes”, contra las supuestas “manzanas podridas”.  El poder, el gran capital, y la derecha, que los representa, en realidad necesitan al “ladrón de gallinas”, para dar pretexto a la existencia de un aparato policial estatal que tiene como verdadera función, oculta, encubierta, la ilegítima represión de la protesta social y de la organización popular y para encubrir a los “ladrones de guante blanco”, a la explotación y a la injusticia social.

El gran capital, y la derecha, que lo representa, prefieren a un adolescente drogado y asaltante que a un adolescente pensante y denunciante de la explotación, de la opresión, de la desigualdad y de la injusticia social.

Ya tenemos varias décadas perdidas pensando y creyendo que todo se resuelve aislando, apartando, encarcelando, sacándonos los problemas de encima, creyendo que esas medidas solucionan verdaderamente los problemas.  […]  La misericordia divina nos recuerda que las cárceles son un síntoma de cómo estamos en sociedad, son un síntoma en muchos casos de silencios y de omisiones que han provocado una cultura del descarte.  Son un síntoma de una cultura que ha dejado de apostar por la vida; de una sociedad que, poco a poco, ha ido abandonando a sus hijos.  […]  El problema de la seguridad no se agota solamente encarcelando, sino que es un llamado a intervenir afrontando las causas estructurales y culturales de la inseguridad, que afectan a todo el entramado social.  La preocupación de Jesús por atender a los hambrientos, a los sedientos, a los sin techo o a los presos (Mt 25,34-40), era para expresar las entrañas de misericordia del Padre, que se vuelve un imperativo moral para toda sociedad que desea tener las condiciones necesarias para una mejor convivencia.  […]  Trabajen para que esta sociedad que usa y tira a la gente, no siga cobrándose víctimas.  Y, al decirles estas cosas, recuerdo aquellas palabras de Jesús: «El que esté sin pecado que tire la primera piedra», y yo me tendría que ir.  Al decirles estas cosas no lo hago como quien da cátedra, con el dedo en alto, lo hago desde la experiencia de mis propias heridas, de errores y pecados que el Señor quiso perdonar y reeducar.  Lo hago desde la conciencia de que, sin su gracia y mi vigilancia, podría volver a repetirlos.  Hermanos, siempre me pregunto al entrar a una cárcel: «¿Por qué ellos y no yo?».  Y es un misterio de la misericordia divina; pero esa misericordia divina hoy la estamos celebrando todos mirando hacia delante en esperanza.”

(La Santa Sede, Viaje apostólico del Papa Francisco a México, 12-18 de febrero de 2016, Visita al Centro de Readaptación Social -Cereso 3- de Ciudad Juárez, miércoles 17 de febrero de 2016, https : // w2. vatican. va).

La psicóloga Alice Miller sostiene que la raíz de la violencia está en el maltrato contra los niños: “Cuando explotamos al niño para satisfacer nuestras necesidades de adulto, cuando le pegamos, castigamos, manipulamos, descuidamos, abusamos de él, o lo engañamos, sin que jamás ningún testigo intervenga en su favor, su integridad sufrirá de una herida incurable.  […]  Estos sentimientos de cólera, de impotencia, de desesperación, de nostalgia, de angustia y de dolor, desconectados de su verdadero origen, tratan por todos los medios de expresarse a través de actos destructores, que se dirigirán contra otros (criminalidad, genocidio), o contra sí mismo (toxicomanía, alcoholismo, prostitución, trastornos psíquicos, suicidio).  […]  Para que un niño maltratado no se convierta ni en un criminal, ni en un enfermo mental es necesario que encuentre, al menos una vez en su vida, a alguien que sepa pertinentemente que no es él quien está enfermo, sino las personas que lo rodean.”

 

8 . Contra la corrupción (supuesta gran preocupación del anti-populismo de derecha), derechos humanos.  Corrupción y pobreza.  La supuesta corrupción de los Estados populistas.  Sobornos.  Sobreprecio de la obra pública.  Guaridas fiscales.  Corrupción judicial.  Los dueños del mundo son también dueños de la televisión, y demás “medios”, y los usan para seguir siendo los dueños del mundo, para convencerte de que debes ser explotado y un oprimido que defienda la explotación y la opresión, un esclavo que defienda la esclavitud.  Impostores en la televisión y en las “redes sociales”.  Las técnicas maliciosas del pseudoperiodismo a sueldo del anti-populismo de derecha para parecer creíble.  Supuestas “pruebas” contra la supuesta corrupción “populista” presentadas por la televisión y las “redes”.  ¿Votar al anti-populismo de derecha contra la supuesta corrupción populista, o votar al populismo contra la comprobada explotación anti-populista?.  Nadie propone votar al que “roba pero hace”.  El anti-populismo, en realidad, propone votar al que roba sin hacer, y el populismo, en realidad, propone votar al que hace sin robar.  Intentar combatir la corrupción con el voto es como intentar hervir con un colador: la corrupción la deben combatir los tribunales, el voto debe conquistar la justicia social, el agua se hierve en la cacerola, y los tallarines se cuelan en el colador.  Proponer combatir la corrupción con el voto es ser cómplice de la corrupción y del robo. 

 

La derecha política, suele culpar también de la pobreza a la llamada “corrupción”, que consiste básicamente, para la derecha, en supuestos sobornos a funcionarios por sobreprecios en licitaciones de obra pública o supuestos sobreprecios de compras del Estado en general.  Esa corrupción no es, obviamente, la causa estructural de la pobreza.  En particular en una república donde mínimamente existen leyes razonables de administración pública, de obra pública, de contabilidad pública, los tribunales de cuentas independientes, las auditorías o mecanismos normales de control de los fondos públicos, con aprobación parlamentaria del presupuesto público y organismos independientes de control de las cuentas públicas, es decir, control del proceso de ingresos y gastos del Estado.

Sí es importante causa de pobreza, la corrupción que permite la evasión tributaria en las guaridas fiscales, mal llamadas “paraísos fiscales”, pero la derecha nunca habla de esta grave corrupción.  La derecha propone presidentes, por ejemplo, contrabandistas y evasores de impuestos, con sociedades y cuentas en guaridas fiscales.

El votante de derecha debería al menos sospechar del muy selectivo discurso de derecha sobre el “robo”, que habla de quien recibe sobornos, pero no de quien los paga -que también roba al Estado mediante el sobreprecio de la obra pública-, ni de quien evade impuestos mediante guaridas fiscales, investigadas, por ejemplo, en los “Panamá Papers” y “Paradise Papers”, que también es dinero que corresponde al Estado, ni del millonario que no paga al Estado lo que le debe, ni del millonario que recibe subsidios especiales del Estado.  Y roba al Estado tanto el funcionario que es cómplice de un sobreprecio, como el gran capitalista que no paga los impuestos, o recibe subsidios especiales.

La derecha política, en realidad, no combate la llamada “corrupción”, porque la corrupción se combate promoviendo mejoras judiciales como el juicio por jurado popular, la elección directa y periódica por plebiscito popular del jefe de los fiscales o procurador general, o, mejor, procuradores generales por materias, el control democrático directo del aparato policial del Estado, las apropiadas condiciones laborales del factor humano judicial de esclarecimiento del crimen, y en general reformas constitucionales que profundicen la democracia y el control popular sobre el gobierno.

La derecha política jamás plantea estas reformas judiciales.  Seguramente porque la derecha política está acusada, y con fundamento, de los más grandes robos.  Por ejemplo Alejandro Olmos Gaona, Periodista Independiente, informa, como se puede chequear en expedientes judiciales públicos:

“[…] Simultáneamente con la Comunicación A31 del Banco Central que comenzó el procedimiento de la estatización de la deuda privada en junio de 1981, se constituyó la offshore Kagemusha, de la cual Mauricio Macri fue Vicepresidente, que está vigente, y sobre la cual no ha dado explicación alguna.  En ese procedimiento de estatización de la deuda privada, que permitió transferir a todo el pueblo argentino las especulaciones de gran cantidad de empresarios, la familia Macri se vio favorecida con la transferencia al Estado Nacional de las siguientes sumas: Sevel 124.142.000 dólares, Sideco americana 60.751.000 dólares, Fiat: 51.000.000.  En el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, se encuentran las pruebas de parte de la auditoría hecha entre 1983 y 1985 por auditores del Banco Central que mostraron la fraudulencia de las operaciones del endeudamiento privado.  En el año 2001, las siguientes empresas de la familia Macri y de las cuales Mauricio era directivo y accionista fugaron al exterior las siguientes sumas: Sideco 27.128.866 dólares, Socma 9.316.000 dólares, Socma Americana 6.415.344, Correo Argentino 4.891.000.  Todo lo cual fue debidamente documentado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas en el año 2001.  También cabe recordar, que siendo Mauricio Macri Presidente de Sevel en el año 1994, 42.000 vehículos fueron fabricados con fallas en su caja de dirección, provocando en un caso la muerte de unas personas, lo que determinó no solo que SEVEL pagara una indemnización, sino que se viera obligada a revisar todos los automotores fabricados y repararlos en un fallo inédito.  Finalmente, hay que recordar, el procesamiento de Franco Macri y Mauricio Macri, por el delito de contrabando producido a través de 1900 vehículos.  La Corte Suprema de la mayoría automática del menemismo, los sobreseyó, no por inexistencia del delito, sino por un artilugio judicial, que fue fulminado en los dictámenes en disidencia de los Ministros de la Corte Carlos Fayt, Augusto C. Belluscio y Enrique Petracchi.  […]  Las fuentes son: Causa Olmos I, Causa Olmos II, causa Olmos III, que tramitan en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del Dr. Ramos, por la Secretaría N° 4, interviene el Ministerio Público Fiscal a través del Dr. Federico Delgado; Comisión Investigadora de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados de la Nación.  Respecto a la causa por contrabando está en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo referido a los 42.000 autos, en la Cámara Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal”.

Los que deben y pueden castigar la llamada “corrupción” de los políticos, si la comprueban, son los tribunales.  Esto es obvio, pero la derecha dice que la corrupción se combate con el “voto”.  El votante de la derecha debería sospechar de este raro discurso político.

Dado que la derecha política en realidad no quiere combatir la corrupción, jamás plantea las reformas judiciales necesarias, y ni siquiera menciona los mecanismos de esclarecimiento del crimen.

Los jueces y fiscales se han caracterizado históricamente por obedecer a la derecha política hasta el punto de ser cómplices del terrorismo de Estado, de la destrucción inconstitucional de derechos sociales y de campañas electorales mentirosas de la derecha, que coordinan el aparato judicial mentiroso con la prensa mentirosa, la televisión, la radio, los actuales impostores en las “redes sociales”, a sueldo de la derecha, como Facebook, Whatsapp, etcétera.

Los Mártires de Chicago, inocentes luchadores por la justicia social, fueron condenados a muerte o prisión, por fiscales y tribunales corruptos.  No fue ni la primera ni la última vez en que los luchadores por la justicia social, siendo inocentes, son acusados por fiscales corruptos y condenados por tribunales corruptos.

La Carta del Papa Francisco al Congreso Internacional de Derecho Penal declara: “[…] encomendándolos al Señor Jesús, que en los días de su vida terrena, fue apresado y condenado injustamente a muerte, y se identificó con todos los encarcelados, culpables o no (‘Estuve preso y me visitaron’, Mt 25,36).”

Los dueños del mundo son también dueños de la televisión, y demás “medios”, y usan la televisión y los demás medios para seguir siendo los dueños del mundo, para convencerte de que debes ser un explotado y un oprimido que defienda la explotación y la opresión de las que eres víctima, un esclavo que defienda la esclavitud a la que estás sometido.  Los dueños del mundo son en gran medida, por ese motivo, dueños también de tu vida, de todo el tiempo que dedicas a trabajar para ellos.  Y quieren seguir siendo dueños de la mayor parte de tu vida.  Y para eso usan los “medios de comunicación”, que les pertenecen.  Los sujetos que se presentan en la televisión y demás medios como supuestos “periodistas” son en realidad empleados de los dueños de esos medios de “comunicación”, y como empleados, deben seguir el guión, el libreto, que les imponen los dueños de esos medios.  En realidad no suele existir la libertad de prensa.  Los periodistas no son realmente libres de contarle a la opinión pública la verdad que han conocido, porque deben obedecer a los dueños de los medios.  En realidad, estos sujetos son propagandistas de la derecha, de los dueños del mundo, que se disfrazan de periodistas para mentirle a la opinión pública.  La supuesta “información”, las supuestas “noticias”, en realidad, en gran medida, son directamente propaganda mentirosa que pronuncian los pseudo-periodistas, a sueldo del gran capital, de los dueños del mundo, del imperio, de la oligarquía.

Los pseudo-periodistas, a sueldo de los dueños del mundo y de la derecha, no van presos por mentir en materia política, a lo sumo pueden ser condenados a pagar una indemnización por daños a la víctima, pero son lo suficientemente astutos como para no incurrir en mentiras sobre hechos concretos y específicos, mentiras que los harían responsables de una indemnización, sino que ejecutan campañas mentirosas de opinión pública mediante el silencio absoluto sobre algunos hechos y el sobredimensionamiento del discurso sobre otros hechos.  La campaña mentirosa no es burda, es sofisticada, para garantizar la impunidad de los pseudo-periodistas mentirosos.  Menos todavía irán presos los impostores contratados por la derecha para mentir en Facebook y demás “redes sociales”.  La ley penal no castiga las injurias y calumnias que los pseudo periodistas cometen mintiendo contra los políticos de la justicia social.  No existe en la ley penal delito de injuria cuando se trata de supuestas noticias políticas.  Solamente existe la indemnización de daños.  Los falsos periodistas mercenarios de la derecha pueden acusar falsamente e impunemente de “corrupción” a los políticos de la justicia social, mediante técnicas sofisticadas de mentir, que los dejan a salvo de condenas penales o civiles.  Estos falsos periodistas pueden engañar a la mitad del electorado, aprovechándose de la inocencia del pueblo y del desconocimiento general que existe sobre los temas de justicia social.  Entonces los ciudadanos, de buena fe, aunque engañados, se llenan de odio contra los políticos de la justicia social, porque es difícil que los políticos de la justicia social, tengan suficiente presencia en las redes sociales, en la televisión y en la prensa para difundir frente a la ciudadanía suficientemente su defensa respecto de las falsas acusaciones.

El votante de derecha cree haber visto “pruebas” de la supuesta corrupción “populista”.  En televisión, en Facebook, en Whatsapp, etcétera, los falsos periodistas, y los impostores de las redes sociales, a sueldo de la derecha, le mostraron a su electorado, al ciudadano común, bolsos llenos de dólares, bóvedas con estanterías donde supuestamente se depositarían esos bolsos, imágenes secuestradas de videovigilancia donde aparecen personas contando billetes.  Y el falso periodista le afirma al ciudadano, simulando indignación cívica, que allí está la “prueba”, la “comprobación”, la “demostración”, de la supuesta corrupción “populista”, que ese es el dinero “robado” por los políticos populistas.  La realidad es que ninguna de esas imágenes, salvo rarísimas excepciones, prueba absolutamente nada contra esos políticos populistas.  Por ejemplo, el bolso con dólares de un funcionario corrupto de tercer o cuarto nivel jerárquico, no dice nada sobre los principales políticos del gobierno populista, ni sobre su programa político, ni sobre el numeroso grupo de funcionarios populistas.

Los pseudoperiodistas que mienten a sueldo para la derecha, y que demonizan al populismo, usan titulares engañosos en sus notas pseudoperiodísticas, contradichos en el cuerpo de la nota pseudoperiodística, pero el lector de derecha solamente lee el titular, y es engañado por el titular.  Estos pseudoperiodistas usan diversas técnicas de engaño del lector, oyente o televidente.

Estos pseudoperiodistas nunca denuncian las políticas de injusticia social de los gobiernos de derecha.  En cambio, se encargan de “demonizar” a los políticos de la justicia social, es decir, los populistas.  También “demonizan” a los periodistas populistas y a los pocos medios de comunicación populistas.  El pseudoperiodista a sueldo de la derecha se dice “independiente”.  La verdad es que el periodismo “independiente” es posible que exista, en el sentido de no estar a sueldo de un patrón, pero es imposible hacer periodismo desde un “no lugar” ideológico moral.  Un periodista puede ser independiente, pero es absolutamente imposible que no sea ni populista ni anti-populista.  O se está a favor del pueblo (populismo) o se está contra el pueblo (anti-populismo) o se está en la indiferencia, en una especie de muerte en vida, en el aislamiento de la vida social, en la deserción de la lucha por la justicia social.

Los pseudoperiodistas de la derecha son mafiosos que integran una asociación ilícita con jueces, fiscales, servicios de espionaje o “inteligencia” del gobierno nacional y extranjero, “investigadores” privados, presidentes, ministros, parlamentarios, grandes capitalistas, etcétera.  El imperio y la oligarquía encargan a los “servicios” de “inteligencia”, locales y/o extranjeros, buscar pretextos para supuestas denuncias de supuesta corrupción contra los políticos de la justicia social.  Estos pretextos, supuestas pruebas de supuesta sospecha de supuesta corrupción, son entregados por estos espías a los pseudoperiodistas, que publican la supuesta noticia, y sobre la base de la supuesta noticia, fiscales y jueces corruptos arman causas judiciales para desprestigiar en la opinión pública a los políticos de la justicia social.

Estos pseudoperiodistas, para tener la credibilidad que no merecen, golpean a la derecha donde no duele, golpeando siempre antes, donde hace daño, al populismo.  Estos pseudoperiodistas golpean, por ejemplo, a un presidente de la derecha desgastado en la opinión pública, pero al mismo tiempo elogian frente a la opinión pública a un nuevo candidato de la derecha, en reemplazo del presidente desgastado, que es presentado, finalmente, como inútil o como corrupto.  Mientras presentan en televisión al “nuevo” candidato, mantienen sin interrupción la demonización de los políticos de la justicia social.

Los líderes populistas, de honestidad inquebrantable, de lucha incorruptible por el pueblo, de capacidades intelectual, moral y emocional suficientes, son fenómenos extraordinarios de la historia, como los genios de la música, de las ciencias o del deporte.  No es fácil reemplazarlos para el pueblo.  Por eso el imperio y la oligarquía se ensañan con estos líderes, porque vale la pena, porque al pueblo le costará encontrar reemplazo, y porque, si no son destruidos estos líderes, continuarán defendiendo al pueblo y a la nación.

Así, con todas estas técnicas maliciosas, los pseudoperiodistas de la derecha simulan ser imparciales, neutrales, objetivos, independientes, creíbles.  El votante de derecha, debido a la explotación laboral, no ve mucha televisión, pero el domingo a las 21 horas recibe su dosis de mentiras “mediáticas” en televisión abierta, y cuando viaja en el transporte público de pasajeros hacia su empleo, en su teléfono celular (teléfono móvil) recibe mentiras por Facebook, Whatsapp, Youtube, etcétera, de parte de impostores a sueldo de la derecha que simulan ser periodistas independientes o incluso ciudadanos comunes.

En todo gobierno, por ser un grupo humano, hay algunos corruptos.  Pero solamente en los gobiernos de derecha el programa político en sí mismo es estructuralmente corrupto, la legislación en su contenido fundamental es corrupta, injusta, explotadora, saqueadora.

Por ejemplo, las supuestas bóvedas presentadas en televisión pueden en realidad tener la función de almacenar documentación, y no guardar dinero, o guardar dinero perfectamente lícito de acuerdo con la naturaleza de la empresa.  Por ejemplo, las personas contando dinero en un video secuestrado pueden ser personal de una sucursal bancaria o financiera realizando una operación normal y totalmente legal.  Por ejemplo, los supuestos testigos que acusan por televisión a los políticos populistas luego se desdicen en juicio, se retractan frente al tribunal, niegan frente a los jueces lo que anteriormente dijeron en televisión días previos al acto electoral.  En general, todas esas supuestas “pruebas” presentadas en televisión no prueban nada de lo que afirman los pseudo-periodistas a sueldo de la derecha.

La televisión, y el resto de los “medios”, dicen que, oh casualidad, todos los presidentes populistas son corruptos, desde México hasta Argentina, y que todos los políticos de derecha, desde México hasta Argentina, pasando por toda América Latina, son “honestos”.  Oh, casualidad, los “medios”, que son del gran capital, realizan la misma operación en todo un continente.

La realidad es que no suele existir ni una sola prueba real de la supuesta corrupción contra los políticos de la justicia social, aunque se haya producido una condena judicial (corrupta), y el ciudadano que llegó a odiarlos, no tiene ni una sola prueba real, no conoce ni una sola prueba real, pero se convence de su odio porque “la televisión lo dice”, la radio lo dice, la prensa lo dice, y/o lo leyó en muchísimas publicaciones de Facebook y/o Youtube y/o Twitter y/o Whatsapp, bajo la forma de supuestas noticias, y por tanto se convence de que “es verdad”.

Los tribunales y los fiscales, que históricamente han sido en su mayoría meros mercenarios de la derecha, y cómplices de las políticas de injusticia social, pueden decretar embargos multimillonarios contra los políticos de la justicia social, sin que exista ninguna sentencia firme de condena, encarcelarlos sin sentencia firme de condena, sin haber existido oportunidad de defensa en juicio para la demostración de inocencia e incluso condenarlos sin ninguna prueba real que demuestre la culpabilidad.  Pero la audiencia televisiva, y los usuarios de las redes sociales, en su desconocimiento de las reglas básicas del proceso penal, y de la histórica corrupción judicial, se convencen de que los que sufren estos embargos, detenciones y condenas, son culpables, aunque de ninguna manera se haya demostrado realmente su culpabilidad.

La derecha política, dado que no quiere en realidad combatir la corrupción, en lugar de poner el foco en la democratización de los tribunales, pone el acento en el voto electoral para presidente o diputado, porque ese voto es la más débil herramienta para combatir la llamada “corrupción”, pues el voto puede ser manipulado por propagandistas mentirosos simuladores de periodismo, o por impostores de las redes sociales, sin dar derecho de defensa al supuesto corrupto, y sin seguir un debido proceso judicial de investigación y demostración de culpas.

Las falsas denuncias o falsas acusaciones son comunes en política.  De hecho, la derecha se especializa en denunciar falsamente a los políticos de la justicia social.

La prensa dominante, y demás “medios”, que son propiedad fundamentalmente de la derecha, es decir, del gran capital, y los impostores de las “redes sociales”, convierten estas falsas acusaciones en la supuesta “noticia” permanente.

Los “fueros parlamentarios” no impiden que un parlamentario (diputado o senador) sea enjuiciado y condenado, sino que solamente impiden que sea efectivamente encarcelado, pues para la ejecución efectiva de la sentencia de condena se requiere que la cámara parlamentaria respectiva retire los fueros del condenado.  Defender los fueros de un parlamentario no es “encubrir corruptos”, sino garantizar que un fiscal o juez corruptos no priven injustamente de libertad, a un parlamentario posiblemente inocente que lucha por la justicia social.  Defender la inmunidad parlamentaria es defender de la corrupción judicial a los representantes del Pueblo que luchan por la Justicia Social.

El voto ciudadano debe apoyar siempre los candidatos de la justicia social, desconfiando siempre incluso de las condenas por supuestos casos de corrupción, incluso si la condena está firme, es decir, cuando ha podido ser supuestamente controlada por el tribunal superior.  La supuesta corrupción es muy difícil de evaluar por el ciudadano, y es demasiado común la falsa acusación y hasta la condena de inocentes.  El pueblo debe votar políticas de justicia social que puede comprobar en su vida diaria y, definitivamente, no basar su voto en las campañas propagandísticas de la prensa del capital simuladora de periodismo, repetida en las “redes”, sobre retorcidos expedientes judiciales referentes a supuestas irregularidades administrativas de supuesta “corrupción”, expedientes de cientos o miles de páginas que casi nadie puede ni necesita leer para poder votar por la justicia social.  La derecha política puede usar una condena judicial corrupta contra un inocente candidato de la Justicia Social, para proscribirlo electoralmente, e impedir que el pueblo cumpla su voluntad de elegirlo como su representante.

Esto es votar al que “hace sin robar”.  Esto es votar al que se puede comprobar por todos que “hace” sin ser coautor del gran robo de la explotación laboral y el saqueo de la Patria.  Hay que votar al que “hace” sin robar mediante la explotación.  Del robo de la corrupción, se deben ocupar los tribunales (aunque normalmente son corruptos y no son creíbles) y NO el votante, pues carece de acceso a los expedientes judiciales, normalmente corrompidos por fiscales y jueces corruptos.  Discutir corrupción en lugar de explotación y opresión, es un crimen político.

La derecha intenta convencer al pueblo, mediante sus propagandistas mentirosos simuladores de periodismo o profesionalismo, y mediante los impostores de las “redes”, de usar el voto contra la supuesta “corrupción” y no contra la “injusticia social” ni contra la “explotación”.  La palabra “explotación” no figura en el discurso de la derecha, y la palabra “corrupción” es la favorita del político de derecha, de sus mercenarios que simulan ser periodistas, y de los impostores de las redes sociales, que venden su alma al mal por un plato de lentejas.

El gran capital y la derecha política, que lo representa, se hicieron ricos robándole al Estado, explotando al pueblo y saqueando a la Patria, mediante presidentes, parlamentarios, jueces y fiscales títeres del gran capital, con la complicidad de la prensa mentirosa del capital, y de los actuales mercenarios impostores de las llamadas “redes sociales”.

Con el supuesto “voto contra la corrupción” la derecha y el gran capital se garantizan la impunidad y el encubrimiento, pues con ese voto no se combate realmente ni la supuesta corrupción ni mucho menos la explotación.

La derecha propone votar al que roba sin hacer, al que roba mediante la explotación y el saqueo, y al que ni siquiera hace seguridad pública ni justicia en los tribunales, a pesar de ser la supuesta propuesta de Estado mínimo de la derecha.  La derecha no quiere que el Estado “haga” nada, o casi nada, porque es partidaria del Estado mínimo, del Estado gendarme, del Estado solamente de los ricos y para los ricos, custodio de la explotación, guardián de la oligarquía, garante del robo mediante la explotación y el saqueo.

Solamente un pueblo educado y consciente podrá combatir, no solamente la corrupción, sino también la explotación, la pobreza, la opresión, la inseguridad, etcétera.

 

9 . Contra el desorden urbano y de tránsito automotor (la supuesta gran preocupación del anti-populismo de derecha), derechos humanos.  La protesta social de la militancia populista.  Justicia social, derecho de vivir dignamente, y derecho de transitar.  Violencia política, huelgas, cortes de rutas, tomas de establecimientos, protestas populares. 

 

Los pseudoperiodistas de la derecha, y los impostores que repiten sus mentiras en televisión, radio, Facebook, Whatsapp, Youtube, etcétera, insisten cada día, todo el día, todos los días, en que el único -o casi el único- problema de un país son los “piquetes” (o cortes de calles), que impiden la fluida circulación del tránsito vehicular, y los que llaman “negros de mi*rda”, que (supuestamente) hacen piquetes permanentemente para (supuestamente) lograr “subsidios” estatales que les permitan (supuestamente) “vivir sin trabajar” para que la “gente honesta que trabaja”, supuestamente de “clase media”, supuestamente los “mantenga” con “sus impuestos”.

La derecha política se opone a que los sectores populares usen la huelga como medio de autodefensa contra la explotación que realiza el gran capital contra los trabajadores.  La derecha es enemiga de que el pueblo realice corte de rutas, de calles o tome escuelas, universidades u otros establecimientos públicos como protesta social contra el gobierno.

La verdad es que la explotación del hombre por el hombre obliga a la parte débil de la relación laboral, es decir, el trabajador, a abstenerse de realizar las tareas para el gran capital, como medio de reclamo de una jornada laboral humana, condiciones dignas y seguras de labor y salario justo.

El culpable de la huelga es el gran capital, que es la parte fuerte de la relación laboral, la parte que comete la explotación del hombre por el hombre.

Según la legislación vigente, día no trabajado es día no pagado, pero la huelga no es causa justa de despido ni de ninguna sanción.  En los países mínimamente civilizados existe este derecho de los sindicatos a la huelga, siempre que no se afecten derechos humanos fundamentales, por lo que deben existir guardias mínimas en hospitales para emergencias, etcétera.  No obstante, la parte patronal, el gran capital, dispone en la práctica de un enorme poder de disuasión mediante diversas represalias contra los trabajadores, para lograr que no adhieran a una huelga resuelta por el sindicato.

Por este motivo se justifica el corte de rutas por parte de los sindicatos, con el paso libre para toda eventual emergencia, para que los trabajadores no sean obligados por la patronal a violar la huelga, para que tengan la legítima excusa de la falta de transporte.  La verdad es que un par de horas de molestias de tránsito, con el paso libre para toda eventual emergencia, está justificado por el derecho de las familias a su salud, a su alimentación, a su techo, a su educación, a su dignidad.  Todos estos derechos son superiores al derecho a un tránsito cómodo.  Basuras que simulan ser periodistas, pero no son más que mentirosos propagandistas de la derecha, defienden como supuesto supremo derecho humano el derecho a transitar cómodamente por las autopistas.

La verdad es que, por ejemplo, la gratuidad de la educación universitaria se defendió mediante TOMAS DE FACULTADES POR LOS ESTUDIANTES, cuando los gobiernos de derecha intentaron establecer el arancelamiento en los años 90 en Argentina.

El agua pura del pueblo de Mendoza, Argentina, se defendió con un corte de ruta en Alvear que conquistó la famosa Ley 7722 de control de la megaminería contaminante, secante y saqueante.  Las asambleas populares mediante esta metodología de reclamo, de denuncia y de protesta, han protegido los derechos humanos del pueblo y los intereses de la Nación, cuando no había otra herramienta posible para enfrentar a un poder enemigo de los derechos del pueblo y de la Nación.

El poder es dueño también de la televisión, de la prensa y de todo medio masivo de comunicación, y obviamente, el poder también es dueño de los pseudoperiodistas mercenarios y mentirosos que hacen propaganda política simuladora de información.  Muchas veces la única alternativa que tiene el pueblo en defensa de sus derechos frente al poder es el corte de ruta o la toma de una facultad.

La derecha suele decir que “comparte el reclamo pero no el método”, pero la verdad es que no comparte el reclamo popular, y por eso los métodos violentos más criminales han sido usados por la derecha contra el pueblo, como bombardear la plaza de Mayo en 1955 en un intento de golpe de Estado contra el peronismo, matando a más de 308 personas e hiriendo a más de 700, y asesinar a 30.000 opositores políticos a partir del golpe de Estado contra el peronismo de 1976, además de torturar de las maneras más perversas, violar y robar.

Éste es el poder siniestro y perverso, autor del terrorismo de Estado, que con sus pseudoperiodistas condena un corte popular de ruta o una toma estudiantil de escuelas, que en defensa de los superiores derechos del pueblo y de la Nación, causan una molestia de tránsito, con el paso siempre habilitado para cualquier eventual emergencia, sin causar ningún otro inconveniente, sin usar armas, como lo hace la derecha, que siempre es asesina, porque siempre que puede impone políticas asesinas.

Está totalmente justificado afectar el derecho de transitar por alguna ruta o tomar escuelas, en defensa de derechos superiores del pueblo y la Nación.  Estas molestias de tránsito no deberían ser en ningún caso un delito penal, sino como máximo una falta contravencional, es decir, de reglamentos meramente vecinales, municipales, de mera convivencia local.

La derecha no hace escándalo cuando el derecho de circular se afecta por el festejo de un partido de fútbol, para realizar las pericias policiales en un accidente de tránsito con lesionados, para efectuar alguna obra vial, alguna instalación cloacal domiciliaria particular o, especialmente, por las protestas de la oligarquía, del gran capital, aunque corten rutas durante meses e incluso desabastezcan a la población de lo esencial.  La derecha es cínica.

Los desposeídos, los oprimidos, los explotados, los saqueados, no tienen otra alternativa que reunirse en el espacio público en asambleas populares, y gritar la insoportable injusticia en el medio de la calle, pues no son, como la derecha, dueños de la televisión, ni de miles de impostores de Whatsapp o Facebook, ni de cadenas de provisión de alimentos que pueden cortar para desabastecer a un pueblo y hacer caer a un gobierno, ni de grandes capitales que pueden despedir empleados en represalia por una huelga.

Este derecho a la protesta de las asambleas populares debería estar legalmente garantizado en lugar de condenado, porque se trata de una garantía de respeto de los derechos humanos fundamentales.

Las leyes fundamentales de una Nación, lamentablemente, no necesitan para su vigencia ser aprobadas mediante plebiscito.  Entonces al pueblo no le queda más remedio que la protesta, cuando los supuestos representantes, supuestos mandatarios, traicionan al electorado ciudadano, que es el legítimo mandante, estableciendo intolerablemente injustas políticas tributarias, de endeudamiento externo nacional, de presupuesto público, de jornada de trabajo, de salario mínimo legal, de jubilaciones, de educación, de salud, etcétera.

El derecho de protesta popular es garante de la soberanía popular, de la democracia, de la República y de los derechos humanos.

La derecha condena que en estas protestas haya manifestantes encapuchados para defenderse de una policía corrupta y asesina, usada por presidentes, jueces y fiscales igualmente corruptos y asesinos, pero no condena que el gobierno traidor del pueblo use la policía de investigaciones y los servicios de inteligencia (espionaje) del Estado para infiltrar las manifestaciones populares con agentes disfrazados de civiles, para generar disturbios y tener pretexto para golpear, reprimir, asesinar, detener personas y armar causas penales fraudulentas basadas en falsas denuncias.  La política represiva de la derecha es ilegal, inconstitucional y asesina.  Los gobiernos de derecha dan al aparato armado del Estado (policía y demás cuerpos de “seguridad pública”) esta directiva textual: “Golpeen y disparen contra los manifestantes, contra el pueblo, y si muere algún ciudadano, que muera; habrá impunidad para el personal policial, porque este gobierno garantizará la impunidad, porque el juez que desobedezca a la presidencia o la gobernación, será destituido”.

Por ejemplo, protestando contra la rebaja perpetua de jubilaciones cometida por la derecha argentina en 2017, varias personas perdieron un ojo, por haber sido impactadas por balas de goma de la policía dirigida por la derecha política.  Muchísimas personas manifestantes, e incluso no manifestantes, fueron detenidas sin justificación alguna por la policía dirigida por la derecha política, con el único fin de desalentar la justa protesta popular.  Frente a una policía corrupta y asesina, que enfrenta al pueblo para defender la explotación que los poderosos cometen contra el pueblo, incluso puede resultar justificada en el caso concreto la autodefensa del pueblo con piedras y baldosas.  La derecha política es autora de la violencia política asesina de miles y ladrona de cientos de miles de millones, pero sus pseudoperiodistas solamente hablan de la “violencia” del pueblo que lanza una piedra contra un sistema policial corrupto, asesino, armado hasta los dientes y equipado con poderosos elementos de represión de la protesta popular.

 

10 .  Contra el analfabetismo político, contra la ignorancia humanística, educación pública estatal universal gratuita.  Las campañas de prensa de opinión pública del anti-populismo.  El pecado de votar al anti-populismo.  La televisión, la radio, Facebook, la prensa y la escuela.  Impostores en las “redes sociales” como Facebook, Youtube, Twitter, Whatsapp, etcétera.  Pseudo-periodistas que en realidad son propagandistas mentirosos del anti-populismo, a sueldo del gran capital.  Profesionales mintiendo en los “medios”.  La batalla cultural.  Pedagogía crítica.  Paulo Freire.  Iván Illich.  El analfabeto político.  Alfabetización en derechos humanos.  Libertad de cátedra.  El “apolítico”.  Perón y Allende.  ¿Votar contra la supuesta corrupción o votar contra la comprobada opresión?.  ¿Votar contra la supuesta “fiesta populista” o contra la comprobada injusticia social?.  El voto en blanco.  El mal menor. 

 

La derecha política, al mismo tiempo que promueve el voto contra el pobre, intenta convencer al electorado de que votar no tiene sentido, promoviendo mentiras como las siguientes: “todos los candidatos son iguales”, “ningún político cumple sus promesas”, “todo político es corrupto”, “gane quien gane hay que seguir trabajando igual” (por el mismo salario real, la misma jornada laboral, con las mismas condiciones de seguridad, la misma estabilidad o inestabilidad), “son lo mismo”, etcétera.  El mensaje de la derecha es: “no votar, y si se vota, votar contra el pobre”.

Pero la verdad es que, por ejemplo, votar a Juan Domingo Perón o a Salvador Allende tuvo sentido, tanto sentido, que el gran capital hizo golpes de Estado (en 1955 y 1976 contra el peronismo, y en 1973 contra Salvador Allende), usando a las fuerzas armadas para derrocar a estos políticos de la Justicia Social elegidos por el pueblo.  Evidentemente, Perón y Allende no fueron iguales a la derecha, cumplieron sus promesas de Justicia Social y no fueron corruptos.  La historia demuestra que votar tiene sentido, y, por eso el voto fue prohibido muchas veces mediante dictaduras militares y proscripciones electorales.

Ni Allende ni Perón respondían a supuestas conspiraciones secretas de un supuesto gobierno mundial secreto, ni fueron agentes de un programa político mundial secreto pre-establecido.  Esa teoría conspiracionista no tiene fundamento, aunque es obvio y manifiesto que existe una oligarquía mundial que tiene un programa político que suele imponerse en todo el mundo.  Pero precisamente a esta oligarquía enfrentaron Perón y Allende, y como la oligarquía no podía derrotarlos en las urnas, recurrió al golpe de Estado militar y al terrorismo de Estado.

Las llamadas “teorías de la conspiración” suelen hacer propaganda encubierta para la derecha.  No hablan de oligarquía ni de imperio, ni de Perón ni de Allende, ni de Pinochet ni de Videla, sino, incluso en la televisión abierta hegemónica, de supuestos gobiernos secretos mundiales que nada tienen que ver con la oligarquía y el gran capital.  Así, quien les cree, descree de la política, y concluye que, supuestamente, Allende y Pinochet son lo mismo, pues supuestamente serían por igual ambos meros títeres de un supuesto gobierno secreto mundial.

En las frecuentes apariciones televisivas la autodenominada “izquierda” se dedica a atacar al populismo, con más energía que al anti-populismo de derecha, y a decir que el populismo y la derecha son “lo mismo”.

No es “lo mismo” un gobierno que logra la disminución, por ejemplo, de las tasas de mortalidad infantil y embarazo adolescente, que otro que las aumenta.  No es “lo mismo” un gobierno que logra el aumento, por ejemplo, de la estatura promedio de los niños, por su mejor nutrición, que otro que la disminuye.  No es “lo mismo” un gobierno que aumenta el número de estudiantes universitarios que otro que lo disminuye.  No da “lo mismo” votar por un partido, por otro, o no votar.  No da “lo mismo” una ley de jornada laboral semanal de 45 horas, 40 ó 30.  No es “lo mismo” un gobierno que aumenta el salario real de bolsillo -medido en dólares- que otro gobierno que lo disminuye.  No da “lo mismo” para la familia, para el matrimonio, para los niños, para la salud, para la cultura, etcétera.  Excepcionalmente, “da lo mismo” el triunfo de cualquier partido, en casos de proscripción electoral de los partidos populistas, fraude asegurado, etcétera, y en tales excepcionales supuestos se justifica el “voto en blanco” o la abstención electoral.  Pero casi siempre existe un partido que es el “mal menor”, que es el menor de los males, el menos malo.  Y la única manera de no ser cómplice de mayores males, es votar por el mal menor.

El buen ciudadano se informa sobre política para averiguar qué políticos luchan por la Justicia Social, por la reducción de la jornada laboral, por un salario suficiente para acceder a la canasta familiar, por condiciones dignas y seguras de labor, por la salud universal gratuita, por la educación universitaria universal gratuita, etcétera.

El gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht (1898-1955) dijo:  “El peor analfabeto es el analfabeto político.  El que no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.  El que no sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado o de las medicinas, dependen de decisiones políticas.  El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política.  No sabe el imbécil, que de su ignorancia política nace la mujer en situación de prostitución, el menor abandonado, el asaltante y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.

La derecha hace política contra el pueblo, y para lograrlo necesita hacer política sin el pueblo.  Por eso la derecha promueve en el pueblo la posición “apolítica”.  El “apolítico” es cómplice de los peores políticos, y de las peores políticas, es decir, de las peores medidas políticas.  El apolítico dice que “los políticos son todos iguales”, porque no entiende que las medidas políticas o legislaciones no son todas iguales, que hay políticas de justicia social, y que hay políticas de injusticia social.

Para combatir la pobreza y la inseguridad, el electorado debe castigar las políticas contrarias a la justicia social, chequeando la conducta parlamentaria de los políticos.  El voto también debe favorecer las políticas de democratización de la justicia, como el juicio por jurado popular, la elección popular periódica del jefe de los fiscales, etcétera, que son las auténticas herramientas de lucha contra la corrupción, herramientas jamás defendidas por la derecha.

El voto valioso es el voto a políticos de la justicia social.  El voto popular debe, en primer lugar, defender la justicia social, y los tribunales y fiscales deben combatir la corrupción de los gobernantes, porque si el voto popular no combate la injusticia social ni la explotación, tampoco lo harán los jueces, que se limitan a aplicar las leyes, por más injustas y explotadoras que estas leyes sean.

El voto de la ciudadanía debe custodiar, por ejemplo, la jubilación de nuestros padres y la educación universitaria de nuestros hijos o sobrinos, la seguridad social de todos los mayores y la ciencia y la educación de todos.

Votar a la derecha, según textual declaración oficial de los curas por los pobres de Argentina, es “pecado”, por ser un voto causante de pobreza, por ser un voto enemigo de la justicia social, por ser un voto a favor de la explotación del hombre por el hombre.

La televisión, la radio, la prensa, que son fundamentalmente propiedad del gran capital, y sus repetidores a sueldo en Facebook y demás medios de comunicación audiovisuales de internet, intentan convencer a la ciudadanía, al electorado, de votar contra la justicia social, argumentando falsamente que la justicia social es en realidad negativa.  En general, este conjunto de televisión, radio, prensa, redes sociales de internet, etcétera, puede englobarse con la denominación de “medios de comunicación” o, simplemente, “medios”.

La televisión dominante, y los “medios” en general, son propiedad del gran capital y son usados por el gran capital como aparato de propaganda política mentirosa simuladora de periodismo.  En las redes sociales, como por ejemplo “Facebook”, y en la prensa en general, el capital tiene un ejército de impostores a sueldo, que usan para el mal sus títulos profesionales de periodistas, abogados, economistas, médicos, politólogos, sociólogos, psicólogos, etcétera.

Por ejemplo, la derecha argumenta falsamente que la asignación universal por hijo (AUH, un salario familiar universal pagado por el Estado) solamente “mantiene vagos” (o flojos, o perezosos, o haraganes) y provoca que las adolescentes “se embaracen por un plan” social, como la AUH.  Las estadísticas científicas demuestran, por supuesto, que estas campañas de la derecha son totalmente falsas, pero la derecha suele ganar la batalla cultural.

La derecha aporta falsos argumentos al votante de clase social media, que dicen que la clase baja, los pobres, los, según la derecha, “negros de mi*rda”, son la causa de todos los problemas del país, y que se necesita votar contra los pobres, contra la clase baja, para lograr supuestamente mejorar.  Estos falsos argumentos encuentran terreno fértil en el arraigado e inmoral gusto por la desigualdad social, el darwinismo social y las castas, es decir, el racismo de clase.

Votar contra el pobre, viola los principios morales y religiosos básicos de solidaridad, y por este motivo los curas por los pobres de Argentina han declarado oficialmente y textualmente que votar a la derecha, en concreto a la alianza “Cambiemos” nacida en 2015, es un pecado para el cristianismo y el catolicismo.

El voto de derecha es el voto contra el pobre, en un racismo de clase, y el remordimiento de consciencia o sentimiento de culpa se sofoca con pretextos como una supuesta lucha contra una supuesta corrupción (de la que no suele existir ni una sola prueba real) de los candidatos de la justicia social, e ideas desmentidas por las estadísticas científicas, como que “el pobre es pobre por vago, por flojo, por haragán”, “a mí nadie me regaló nada, logré todo gracias a mi esfuerzo personal individual”, “me cansé de mantener vagos con mis impuestos”, etcétera.  Ese pensamiento soberbio de autosuficiencia individual, ignora que cada persona prospera gracias a las condiciones familiares, comunitarias, sociales, políticas, económicas, culturales, donde se encuentra.  La persona logró prosperar gracias a su contexto social.  Si esa persona lo desconoce, además de ignorante, es ingrato e inmoral, y se constituye en un peligro comunitario para sí mismo y los otros.

El “apolítico”, o el de “centro”, o el “neutral”, siempre vota a la derecha, y mientras más extrema, más le gusta.  El “apolítico” está convencido de que los políticos son todos malos, pero que el menos malo es aquel que combate a los pobres, que constituyen, para el apolítico, la mayor maldad del mundo, porque serían, supuestamente, para el apolítico, “flojos” y “delincuentes”.  El “apolítico” no se informa sobre política, y, en su ignorancia, siempre está en campaña contra los pobres, y a favor del político más enemigo de los pobres.

La televisión, y los demás “medios”, como la radio, la prensa, las “redes sociales” de internet, etcétera, son fundamentalmente del gran capital, y emplean sofisticados mecanismos de marketing y propaganda política, que generan en el electorado de derecha sentimientos irracionales de profundo odio hacia los políticos de la justicia social.  Tan grande es el odio provocado que se pierde la capacidad del ciudadano para informarse y razonar sobre la justicia social.  Las estrategias de propaganda política de la derecha emplean sofisticadas herramientas de psicología perversa para manipular subconscientemente a la opinión pública de la ciudadanía y mantenerla así en el engaño y en la estafa electoral.  La derecha permanentemente opera para anular las capacidades racionales del pueblo, profundizar la ignorancia y potenciar las emociones irracionales.  La televisión y demás “medios”, propiedad del gran capital, simulan informar pero en realidad hacen propaganda mentirosa de derecha.  Pseudoperiodistas mercenarios se hacen millonarios mintiendo contra la Justicia Social y haciendo propaganda para la derecha, disfrazados de “periodistas”.

Las “redes sociales”, como Facebook, Youtube, Twitter, Whatsapp, etcétera, si bien tienen supuestamente una participación igualitaria de las personas del pueblo, en realidad son usadas por el gran capital para realizar campañas de propaganda política de la derecha, mediante enormes grupos de empleados encubiertos del gran capital y de la derecha, que adoptan en dichas redes identidades falsas y se ocupan de difundir falsas noticias, y falsas opiniones, que constituyen la gran campaña de opinión pública de la derecha política, bajo la apariencia o simulación de tratarse de publicaciones de personas independientes, que no son empleadas de partidos políticos.  Así el usuario de las redes sociales se convence de lo que la derecha y el gran capital quieren convencerlo, aunque este usuario no vea nunca televisión, ni lea nunca los diarios o periódicos, ni conozca los nombres de los pseudo-periodistas dominantes en la opinión pública.  Porque el libreto que inunda las redes sociales, lo escribe originalmente el gran capital, luego lo publica la prensa escrita, y finalmente lo repiten la televisión y los impostores de las redes sociales, ese enorme grupo de gente que funciona como un ejército mercenario de internet.

Paulo Freire, figura principal de la pedagogía crítica, señaló que los educadores deben tener una posición revolucionaria para la liberación de las clases sociales oprimidas y explotadas, que genere consciencia popular sobre la ideología opresora.  Iván Illich también criticó a la educación escolar e hizo aportes para una sociedad más humana y libre.

La función del sistema educativo (la “escuela pública”), además de alfabetizar y enseñar matemática fundamental, y desarrollar el deporte, el arte, la ciencia, la técnica, la moral, etcétera, es impedir que la derecha engañe a la población mediante la televisión, la radio, la prensa, Facebook, Youtube, Whatsapp, etcétera.  Si un partido de derecha gana las elecciones, es fundamentalmente porque falló el sistema educativo, la escuela primaria, la enseñanza media y la universidad, porque la educación fue previamente dominada por la derecha.  La escuela no debe hacer campaña de propaganda partidaria política de opinión pública.  La escuela debe permitir el aprendizaje de los conocimientos fundamentales de las ciencias sociales, políticas, económicas, culturales y jurídicas, que impidan que el Pueblo sea engañado por el sistema de prensa, televisión, etcétera, de la derecha, de los grandes capitales, de los explotadores, de los opresores.  Es la ignorancia la que permite el engaño.  Y la escuela existe para combatir la ignorancia del Pueblo.  En la escuela primaria y secundaria debe enseñarse, de acuerdo a las diversas edades, por ejemplo, la estructura del sistema de jubilación estatal de reparto, y su historia nacional e internacional, los derechos del trabajador, como por ejemplo, la huelga o paro, la historia de la deuda externa nacional, los fundamentos del Derecho del Trabajo en la explotación del desposeído, su historia nacional e internacional, la estructura y fundamentos de la salud pública gratuita, de la educación pública gratuita, del Estado de Bienestar en general, de la seguridad social estatal integral, la estructura económica de los canales de televisión abierta, de la prensa hegemónica, etcétera.  Quien sobre-estime la importancia de los contenidos sobre la antigüedad egipcia, o los ríos de Asia, debe saber que lo hace a expensas de una cultura cívica y política básica imprescindible para la liberación de los pueblos, poniendo al pueblo en peligro de analfabetismo político y de derrota en la batalla cultural.  No se trata, fundamentalmente, de opciones individuales de los maestros, profesores y docentes en general de todos los niveles, sino que esto es responsabilidad, fundamentalmente, del programa oficial de contenidos educativos, establecidos por la Ley, por el parlamento, máxima autoridad política democrática, mediante la Ley Nacional de Educación.  Se debe reformar la Ley Nacional de Educación, estableciendo un nuevo programa de contenidos educativos.  Se necesita potenciar la escuela pública, reforzarla, y, especialmente, creer en ella.

Existe la libertad de cátedra, como existe la libertad ciudadana en general, pero no existe la soberanía de cátedra.  La libertad de cátedra no confiere el privilegio de violar la ley ni la Constitución, y la educación pública estatal debe ser gobernada democráticamente mediante la legislación del Congreso de la Nación.  De ninguna manera es el docente individual, bajo el pretexto de una supuesta “libertad de cátedra”, quien tiene el poder monárquico de gobernar la educación e imponer su ideología y su censura ideológica a sus alumnos.  No existe una supuesta “libertad de cátedra” para suprimir la pluralidad de voces en debate y en disidencia, en nombre de una supuesta “verdad científica” que el docente individual cree poseer.  No existe una supuesta “libertad de cátedra” que confiere al docente individual el supuesto derecho de violar el derecho del alumno de conocer en la escuela pública estatal la pluralidad de voces en debate y disidencia sobre las diversas materias del conocimiento.  La negación del debate es la negación de la ciencia, la censura de voces disidentes es la negación de la ciencia, y es la clausura del camino hacia la verdad científica.  Dejar al alumno en la ignorancia del pensamiento disidente, en la ignorancia de la existencia de debate y discusión sobre las diversas materias de conocimiento, es privarlo de su libertad, porque la ignorancia es una reducción de la libertad.  Existe la plena libertad de pensamiento de todo ciudadano, no solamente del docente, y una razonable libertad de expresión, de todo ciudadano, no solamente del docente, pero esas libertades no implican usar el poder que el docente tiene sobre los alumnos para adoctrinarlos a gusto del docente individual.

Es el analfabetismo político de la población, lo que permite el triunfo electoral de la derecha, con mentiras repetidas incesantemente por la televisión y demás “medios”, como, por ejemplo, una supuesta “pesada herencia” “populista”, o una supuesta necesidad de “pagar la fiesta” “populista”.  Estas mentiras no serían creídas por la población si en cada año o grado del sistema escolar o educativo, desde los seis años de edad hasta la graduación universitaria, fuera obligatorio para los estudiantes acreditar, por ejemplo, conocer el monto, evolución y porcentaje de la deuda externa nacional de cada año en relación con el PBI nacional y con el resto de los países.  Pues si el país no está endeudado en moneda extranjera, o está endeudado en niveles razonables, por ejemplo, no hay “cuenta” o “deuda” que pagar, y, por lo tanto, no hay “fiesta” que “pagar”, ni “pesada herencia” “populista” que pagar con el sacrificio popular en salario real, salud pública gratuita, educación pública gratuita, subsidios a los servicios públicos de las familias, etcétera.

Los ciudadanos, producto de su analfabetismo político, ignoran asuntos fundamentales de la política, y, lo que es todavía peor, ignoran que ignoran, es decir, no son siquiera conscientes de su gravísimo desconocimiento de la realidad política, de su casi total ignorancia de las grandes verdades de la vida de su comunidad nacional.  Por causa de esta inconsciencia, los ciudadanos votan a la derecha, repitiendo frases hechas por la incesante reiteración televisiva, como por ejemplo, “hay que pagar la fiesta”, sin percatarse de que desconocen en qué consistió concretamente esa supuesta “fiesta”, y, específicamente, cuál es la supuesta deuda generada por esa supuesta fiesta, y cuáles son las cifras, y en qué fechas, es decir, cuál es el valor en dólares de esa supuesta deuda nacional, y qué monto alcanzó en cuál fecha.

Cuando exista alfabetización política, que actualmente no existe, todo ciudadano comprenderá que es completamente falso que “todo lo que tiene se lo ganó trabajando”, “nunca nadie le regaló nada”, “el país sale adelante trabajando”, “los pobres son pobres por flojos”, etcétera, y que es falso porque, por ejemplo:

– la mayoría de la población, casi dos tercios, explotada y oprimida, trabaja de sol a sol, y de lunes a domingo, y vive pobre y muere pobre,

– una minoría de clase media, más o menos un tercio de la población, logra aprovechar una situación familiar afortunada, y puede estar un poco mejor que la clase baja, pero también trabajando de sol a sol y aprovechando que pueden vender sus productos y servicios gracias al mercado interno, con mayor o menor consumo debido al mayor o menor salario real conquistado por el “populismo”,

– y porque menos del uno por ciento de la población, unas mil familias de un país, son la oligarquía, los dueños de medio país, sin haber conocido en su vida, desde sus bisabuelos, lo que es trabajar, y gozando del privilegio de la fortuna y el ocio por el solo hecho de ser herederos de sucesivas generaciones de saqueadores y asesinos desde los tiempos de colonia y genocidio, y ser, ellos mismos, explotadores del trabajo ajeno y opresores de los pueblos.

En definitiva, comprenderá el ciudadano alfabetizado políticamente, que es falso que “gane quien gane hay que seguir trabajando igual”.  No será necesario expropiar canales de televisión, ni prohibir internet, para impedir el triunfo electoral de la derecha, pues el ciudadano bien formado en la escuela, no podrá ser engañado por los “medios”.

La alfabetización política y moral debe ser planificada, gradual, progresiva y paulatina.  No se puede comprender la operación matemática de división con números decimales si previamente no se entendió la suma, la resta, la multiplicación, etcétera.  Del mismo modo, no se puede comprender el valor moral y político del Estado de Bienestar y de los derechos sociales si previamente no se comprendió la explotación del hombre por el hombre, los principios morales elementales de la dignidad de la persona humana, etcétera.  Debe existir una pedagogía, una didáctica, un método, una estrategia, de la alfabetización política y moral.

Debe existir una alfabetización política, una alfabetización moral y una alfabetización emocional.  No es adoctrinamiento, ni propaganda, ni totalitarismo, es educación básica, instrucción cívica elemental, cultura fundamental, libertad individual, democracia y derechos humanos.  Es educación en derechos humanos.  Los derechos humanos son expresión de una base moral universal.  Los derechos humanos económicos y sociales figuran en la Constitución nacional, por ejemplo, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina.  Si hubiera una mínima instrucción cívica sobre el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, nunca volvería a ganar una elección el anti-populismo, y estaría ganada para siempre la batalla cultural contra la explotación, la opresión y la desigualdad.  No se trata de propaganda totalitaria, se trata de enseñar la Constitución en la escuela primaria, secundaria y en la universidad, y con mayor detalle y profundidad en sus fundamentos, por ejemplo, el artículo 14 bis.  No solamente debe reformularse la instrucción cívica, para que nunca más la derecha política vuelva a estafar al pueblo, también sería importante reformular todas las materias.  Por ejemplo, en literatura no censurar a los autores de denuncia de la explotación y la opresión, sino presentar todas las voces, en pluralidad científica.  Sin pluralidad de voces, no hay ciencia, hay dogma.  Sin discusión ni debate, no hay ciencia, hay dogma.  Una educación científica, sin censura de voces, haría imposible un triunfo electoral de la derecha.  Por ejemplo, en matemática, dar también lugar a la matemática que necesita el obrero para defenderse de la explotación, por ejemplo elemental, el cálculo del porcentaje de aumento necesario del salario nominal para que el salario real no pierda frente a la inflación.  En biología, dar también lugar a la biología necesaria para comprender las condiciones seguras e higiénicas de labor de los obreros.  No se hace ciencia desde un “no lugar” ideológico.  Toda ciencia se hace desde una ideología, de un lugar ideológico político moral que determina lo “importante” y lo “no importante”.  En Historia, por ejemplo, no debería censurarse la evolución del salario real, de la deuda externa del Estado, del sistema previsional, de la extensión general de la jornada laboral, de los derechos sociales en general, de la industrialización nacional, de la inversión estatal en ciencia y técnica, del Estado de Bienestar, la historia del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar neoliberal de Argentina de 1976, de Pinochet y de la región en general, la doctrina de Keynes y su papel en la historia mundial, etcétera.  En Geografía, no debería censurarse la geopolítica imperial y oligárquica.  Es imposible hacer ciencia desde un “no lugar” ideológico, político y moral.  Si hay censura, no hay ciencia, hay adoctrinamiento totalitario.

El adoctrinamiento totalitario aparece cuando no es el gobierno democráticamente electo quien determina la política educativa, sino el gran capital, el imperio y la oligarquía, mediante el monopolio de los “medios de comunicación”.  El ciudadano, mediante el sistema educativo estatal, debe adquirir actitud crítica frente a los “medios de comunicación”, es decir, estar preparado para percatarse de que le están mintiendo bajo el disfraz de periodismo, información, noticia o supuesta “ciencia”.

Es una medida interesante la expropiación y/o fraccionamiento legal de monopolios de la “comunicación” pero eso no genera actitud crítica de los ciudadanos frente a los “medios”.  Siempre existe la posibilidad de que, a pesar de no existir monopolio ni oligopolio de los “medios”, sus operadores y protagonistas sean “comprados” por el gran capital, el imperio y la oligarquía.  Además, el gran capital, el imperio y la oligarquía, disponen de un ejército de impostores de las redes sociales, en Facebook, Youtube, Twitter, Whatsapp, etcétera, que hace propaganda política mentirosa, a sueldo de la derecha política.  El ciudadano común recibe más publicaciones por las llamadas “redes”, que por la prensa tradicional, la radio o la televisión.  De poco serviría que dejen de mentir la televisión, la radio y la prensa, si el ciudadano no tiene actitud crítica frente a las “redes sociales”.  Y esa actitud crítica deben despertarla la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad.

En el debate presidencial argentino de 2015, el candidato anti-populista, Macri, dijo al canditato populista, Scioli, en televisión, frente obviamente a una gran audiencia, “Daniel, ¿en qué te has transformado?, o, ¿en qué te han transformado?, parecés un panelista de ‘6-7-8’.”  “6-7-8” era el programa de televisión, de la televisión pública estatal, que hacía periodismo a favor del gobierno populista de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  Es imposible hacer periodismo desde un “no lugar” ideológico moral.  Y “6-7-8” hacía periodismo, explícitamente, desde el lugar ideológico populista.  Si se quiere, todo periodismo es propaganda, en el sentido de que nadie puede hacer periodismo desde un “no lugar” ideológico moral, pero hay propaganda mentirosa y propaganda que dice la verdad.  La propaganda en sí no es mala, es mala cuando miente.  “6-7-8” intentaba generar actitud crítica ciudadana frente a los “medios” dominantes, hegemónicos, que hacían propaganda mentirosa, disfrazada de periodismo, a favor de la derecha política.  Cuando se miente, se hace pseudo-periodismo.  El periodista de verdad, no miente, aunque, indefectiblemente, haga propaganda política.  “6-7-8” hacía periodismo populista contra el pseudo-periodismo anti-populista.  Macri ganó el “ballotage”, o segunda vuelta electoral, por aproximadamente el 51% de los votos, suponiendo que no hubo fraude electoral.  En cualquier caso, la batalla cultural fue perdida por el populismo.  Todo el país sabía perfectamente de la existencia del programa “6-7-8”, y de algún que otro canal de televisión populista.  La mitad del país, decidió no creer el mensaje populista de “6-7-8” y demás programas televisivos populistas.  El pueblo, desde cierta perspectiva, pudo “elegir” -supuestamente- a quien creer en televisión.  La verdad es que el ignorante en realidad no “elige” realmente.  Y, en su ignorancia, el 51% en el ballotage eligió lo falso, y fue engañado y estafado.  El votante de Macri en 2015, casi en su totalidad, fue una persona engañada y estafada, debido a su ignorancia política, a su analfabetismo político, a pesar de tratarse, incluso, de un académico investigador con grado de licenciado universitario o de doctor, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), donde se calcula que el 85% votó por Macri en 2015.  Entre los votantes de Macri en 2015, además ignorantes, hubo inmorales, pero estos fueron la minoría dentro de ese 51% del ballotage, esa minoría partidaria consciente de la explotación del hombre por el hombre, de la opresión, de la desigualdad, esa misma minoría que sigue reivindicando el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar de 1976.

La solución para ganar la batalla cultural política no es la batalla televisiva, aunque es importante, ni la batalla en radio, prensa, redes sociales, etcétera.  La solución en la batalla cultural es el sistema educativo estatal, la escuela, primaria y secundaria fundamentalmente.  La instrucción cívica real y verdadera.  Sin una verdadera instrucción cívica, ninguna expropiación de monopolios televisivos impedirá los triunfos electorales de la derecha.  La televisión no puede reemplazar a la escuela.  Ni la televisión antipopulista ni la televisión populista pueden reemplazar a la escuela.

La mitad del pueblo argentino en 2015 creyó las cinco mentiras anti-populistas:

1) que la clase media, textualmente, “mantenía” -textualmente- “negras de mi*erd*” que “se embarazan por un plan” (supuestamente, la Asignación Universal por Hijo), y este fue el motivo mayoritario fundamental del voto a la alianza antipopulista, llamada “Cambiemos”, -increíble racismo, pero existió, y existe-,

2) que la presidenta CFK y su supuesta “banda” de principales funcionarios “se robaron dos PBI” (algo matemáticamente y manifiestamente imposible, algo que no creería quien tenga la más mínima instrucción cívica verdadera, pero que quiso ser creído por medio país),

3) que el gobierno populista había promovido la pobreza (algo increíble, para quien tenga una mínima instrucción cívica verdadera, considerando que el nivel de salario real y jubilación real era de los más altos del continente, que se jubiló la totalidad de la población, que el desempleo era muy bajo en la comparación internacional, que se garantizaron las necesidades básicas con educación universal gratuita, salud universal gratuita, electricidad y gas domiciliarios baratísimos gracias al subsidio estatal, etcétera),

4) que el país estaba gravemente endeudado (algo increíble para quien tenga la menor instrucción cívica, pues en fuentes periodísticas internacionales independientes podía fácilmente constatarse que el país era de los más desendeudados del mundo), se hablaba de un “país en llamas”,

5) que la presidenta Cristina mandó matar al fiscal Nisman para impedir la marcha de una denuncia que este fiscal había hecho contra la presidenta CFK, cuando es obvia la falsedad de la tesis para cualquiera con la menor instrucción cívica.

 

11 .  El problema de la igualdad de oportunidades. 

 

Uno de los principales objetivos de la redistribución del ingreso es lograr la igualdad de oportunidades.

Debe lograrse que quien trabaje más y mejor, gane más dinero; pero también debe lograrse que todos puedan estudiar en las mejores condiciones razonablemente posibles.  No es justo que el pobre gane poco toda su vida porque nunca tuvo oportunidad de estudiar.  Mediante la redistribución del ingreso se paga la educación gratuita (con los impuestos).  La educación gratuita permite igualdad de oportunidades de acceso a la educación y a trabajos mejores.  Lo ideal es que no exista la pobreza.  Es decir, lo ideal es que no existan personas pobres.  Y una de las principales herramientas para que no existan personas pobres es la educación gratuita, incluso la universitaria.  En cualquier etapa de su vida la persona tiene derecho a la educación, incluso universitaria.  Incluso si la persona ya tiene hijos, con las obligaciones financieras que eso implica.  Por ejemplo, según la Ley argentina, el salario mínimo mensual para la jornada legal completa de trabajo es a partir del 1° de enero de 2017, de PESOS OCHO MIL SESENTA ($ 8.060), que equivalen aproximadamente a 525 US$ (dólares de Estados Unidos de América).  Por ejemplo, una de las universidades privadas más tradicionales de Argentina, la Universidad Católica Argentina, tiene un arancel mensual en 2017 para la carrera de Medicina, de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 13.240), que equivalen aproximadamente a 862 US$ (dólares de Estados Unidos de América).  Es decir, el salario mínimo legal, aunque se destinara completamente al arancel universitario, no es suficiente para pagarlo, ni mucho menos.  Además, no se podría pagar, obviamente, ni vivienda, ni alimentación, ni vestimenta, ni servicios públicos, ni transporte, etcétera.  Obviamente, existen aranceles menores en Argentina, incluso para Medicina, pero este ejemplo es plenamente relevante.  Muchas universidades son inaccesibles para el obrero, no solamente por sus aranceles, sino por sus horarios de clases obligatorias, de prácticas obligatorias de laboratorio, etcétera, que se superponen con la jornada laboral.  No siempre existe, por ejemplo, el turno noche, ni el sistema de enseñanza no presencial, es decir mediante Internet.

NO  ES “SUFICIENTE” (AUNQUE ES “NECESARIA”) LA GRATUIDAD  DE LA  ENSEÑANZA  PARA  IGUALAR  LAS  OPORTUNIDADES  ENTRE  LOS ESTUDIANTES  DE DISTINTOS NIVELES DE INGRESO.  HAY DOS VÍAS QUE DEBEN SUMARSE PARA EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

1 . LA GRATUIDAD (COMO MEDIDA MÍNIMA O BÁSICA)

2 . DIVERSAS MEDIDAS DE EQUIDAD.

El arancelamiento es una barrera que viola la igualdad de oportunidades.  No es la única barrera que hay que derribar, mediante la gratuidad universal de la universidad universal, pero que no sea la única no implica que no haya que derribarla, o que haya que re-imponerla una vez derribada.  Es un argumento absurdo el de imponer una barrera debido a que no es la única.  Las diversas condiciones de injusticia social también son violaciones de la igualdad de oportunidades, y son barreras que también hay que derribar para el ingreso de todos en la universidad.  Si una persona que sufre pobreza y no logra acceder a la universidad la está “pagando” mediante sus impuestos, el problema está en el sistema tributario regresivo, y no en la gratuidad.  En tal caso no se debe arancelar, sino modificar el sistema tributario para hacerlo progresivo, es decir, que más impuesto pague quien más riqueza tiene.  Y que ningún habitante padezca una carga tributaria tan regresiva que este habitante termine pagando servicios públicos a los que la injusticia social le impide acceder.  Derribar la barrera del arancel expone, revela, la injusticia social general, pues evidencia que a pesar de la gratuidad los sectores populares más desfavorecidos no logran acceder a la universidad.  Es siempre positivo el derribo de la barrera del arancel.  Nunca es algo negativo.  La hipocresía no es derribar barreras injustas.  La hipocresía es oponerse al derribo de barreras injustas.  Si hay pobres que no llegan a la universidad, lo que hay que eliminar es la pobreza, no las universidades, ni su gratuidad universal.  Para que un pobre llegue a la universidad, una condición fundamental necesaria es que exista esa universidad, y que sea universalmente gratuita.  Es perverso decir que “dado que los pobres no llegan a la universidad, hay que eliminar las universidades públicas, o arancelarlas”.  Eso equivale a decir que para que los pobres accedan a la universidad, deben dejar de ser pobres, y en tal caso no es necesaria la universidad gratuita.  Pero la verdad es que para que los pobres dejen de serlo, una de las condiciones es que la universidad sea universalmente gratuita, junto a las demás condiciones necesarias de justicia social.

 

12 .  El problema de las medidas de equidad en el contexto social amplio.  Seguridad social universal.  La justicia social general.  La jornada laboral máxima general de seis horas.  La renta básica universal.  Autonomía universitaria para el pueblo.  La equidad del ingreso irrestricto en la educación superior, es decir, de la universalidad de la universidad gratuita.  El examen final escrito y anónimo.  Prohibición de castigo al rendimiento académico supuestamente “negativo”. 

 

Estas diversas medidas de “equidad” que se suman a la gratuidad están incluidas, junto con la gratuidad, en la efectiva protección integral de los derechos humanos de los niños, los adolescentes y los adultos.  Especialmente se trata de las que mencionaré enseguida.  Cuando pasemos revista a estas medidas, sobre todo los habitantes de Iberoamérica, Asia o África, podremos pensar que se trata de la “Isla de la Fantasía” o del “País de Nunca Jamás”.  Pero, por ejemplo, Suecia, es un país que históricamente se ha acercado mucho a esto.  Estas políticas se aplican efectivamente en algunos países del mundo (no en todos, evidentemente).  Algunas se aplican solamente en algunas universidades del mundo.  Otras quizá no se han aplicado nunca, y son, entonces, todavía solamente una propuesta para construir una mayor equidad.  La mayoría de las propuestas de equidad están indicadas en las convenciones internacionales sobre derechos humanos y en las constituciones nacionales.

Aquí estoy argumentando sobre qué medidas educativas son (o serían) equitativas.  Es parte de mi argumentación “moral”.

A continuación, entonces, enumeraré las principales medidas de equidad.  Por supuesto, propongo, establecer todas estas medidas simultáneamente, y de ningún modo postergar la gratuidad hasta tanto se haya logrado la equidad absoluta en la sociedad.  Debe establecerse la gratuidad absoluta de la universidad pública de inmediato en los países donde todavía no existe, y, al mismo tiempo, también de inmediato, avanzar en las medidas de equidad necesarias para complementar a la gratuidad.

 

2 . 1 .  Un  sistema  de salud pública física y  psíquica  y  de nutrición  neurológica completa universal accesible a todos los  niños (incluso  los más pobres) desde su concepción, y a su  madre desde antes de la concepción, dando aplicación a la doctrina de las Naciones Unidas de la protección integral de los derechos humanos de los niños y de los adolescentes, consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño, de Nueva York, 1989.

2 . 2 . Un régimen serio de seguridad social universal, especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde su concepción hasta la conclusión del período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y la lactancia, que reemplace la tradicional, horrorosa y paupérrima “guarda del patronato del Estado sobre los menores en situación irregular”.  Idealmente, debería establecerse en particular la “renta básica universal”, propuesta por Philippe Van Parijs, autor del libro “Real Freedom for All”.  En castellano, existe, por ejemplo, “Las condiciones materiales de la libertad”, de Daniel Raventós.  La Ley del Congreso, o su incorporación constitucional como derecho humano, puede ser de un artículo único:  “Artículo 1.  Derecho a la Renta Básica.  Se establece el derecho de todo persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas.  La Renta Básica se constituye como derecho individual, universal e incondicional.

(http://ilprentabasica.org/texto-de-la-ilp/)

Al menos debería establecerse una provisión menor de subsistencia de emergencia, es decir, una renta universal inferior al planteo anterior.

2 . 3 .    La    situación   ideal   que    debería    lograrse progresivamente,  es  un  sistema  económico  y  social  que permita que los estudiantes de menores recursos no  trabajen o  trabajen  poco mientras cursan los niveles  de  educación (superior e inferiores).  Hay que insistir en que idealmente, debería establecerse en particular la “renta básica universal”.  El estudio serio es un duro trabajo.  Este   sistema debe incluir   ciertas   becas, préstamos, y justicia social general en la sociedad.  La jornada laboral general máxima justa es de 6 horas diarias, 30 horas semanales y diez meses y medio anuales.  El estudiante universitario debe poder trabajar incluso menos, como máximo unas cuatro horas cada día en condiciones dignas, y así financiar sus necesidades básicas, y estudiar el resto del día laborable.  El Estado debería posibilitar esto.

2 . 4 . Enseñanza efectiva para todos de técnicas de estudio, aprendizaje y pensamiento, durante los doce años previos al nivel superior, con la misma intensidad horaria y jerarquía que Matemática o Lengua.

2 . 5 . En todos los niveles de educación preuniversitarios, brindar un servicio educativo de efectiva calidad didáctica y científica, de modo que todos -ricos y pobres- lleguen igualmente formados al nivel superior.

2 . 6 .  INGRESO LIBRE, IRRESTRICTO Y UNIVERSAL EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.  La gratuidad debe implicar la universalidad del acceso a la educación superior.  Así lo establece la Ley de Educación Superior de Argentina de acuerdo con la modificación incorporada por el gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner: “Artículo 7º – Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior.  Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador.”  (Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

Es de una brutalidad inconcebible determinar el futuro de una persona con “un” examen, el “examen de ingreso”, que se rinde “un” día, en “un” instante de la vida de una persona, para privar a esa persona de la oportunidad de realizar la carrera universitaria que desea.  Haber aprobado el nivel de educación preuniversitario, aprobación compuesta de muchísimos exámenes, en muchísimas oportunidades, o bien aprobar el examen para los mayores de 25 años, en la primera oportunidad o en oportunidades subsiguientes, es la única selección admisible para el ingreso en la universidad.  Otra clase de selección o exclusión es irracional e inmoral.  También es inmoral e irracional determinar el ingreso en la universidad en función del promedio de calificaciones de la educación preuniversitaria, pues precisamente los más pobres, desamparados y vulnerados en sus derechos, probablemente hayan logrado un menor nivel de calificaciones.  Este tipo de exclusiones privan de la oportunidad de la educación superior precisamente a quienes más lo merecen, porque son los que mayor injusticia social sufrieron en su niñez y en su adolescencia.

Además, la sociedad se privaría de tantos genios que no sobresalieron nunca por estudiar para aprobar y obtener buenas calificaciones, sino que estudiaron siempre para aprender, para investigar y para expandir la frontera del conocimiento humano.

Toda exclusión en el ingreso en la universidad es injusta, incluso la edad, por ejemplo, la usual edad de injusta exclusión en el ingreso laboral, los 40 años de edad.  De hecho, una persona de más de 40 años de edad, injustamente excluida del ingreso laboral, tiene todavía más necesidad de ingresar en la universidad gratuita.

La universidad debe ser gratuita y universal, para toda la población joven y adulta.  Debe estar prohibido todo examen de ingreso y todo cupo.

2 . 7 . UN COMPONENTE CENTRAL DE LA “EQUIDAD” ES UN RAZONABLE DISEÑO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA, ORIENTADO A LO QUE SE DENOMINA “EDUCACIÓN ABIERTA” (QUE INCLUYE A LA EDUCACIÓN A DISTANCIA).  Lamentablemente, la universidad estatal suele tener horarios incompatibles con los horarios de trabajo de los estudiantes, por lo cual un pequeño porcentaje de los estudiantes puede asistir normalmente a las clases.  Esto se soluciona con la educación abierta y a distancia, aprovechando las modernas tecnologías, en particular internet.

2 . 8 . Una universidad más equitativa debe ser verdaderamente autónoma del gobierno de turno, pero considero que el gobierno universitario autónomo no debe ser elegido por los profesores empleados de las universidades, y ni siquiera por los privilegiados que logran permanecer estudiando en estas, sino por todo el Pueblo de la Nación, para que participen de la elección todos los excluidos por las políticas elitistas de un gobierno universitario autónomo, pero elitista.  El carácter anti-obrero que en la práctica tiene la universidad pública estatal, por horarios incompatibles con el trabajo del estudiante, métodos de enseñanza solamente aptos para privilegiados, etcétera, se corrige mediante la democratización de la universidad pública estatal, mediante la elección de autoridades universitarias por el voto popular directo.  La universidad privada, debido al control del mercado, suele tener tiene métodos y condiciones de enseñanza mucho más democráticos, razonables y justos que la universidad pública, pues las injusticias acarrean pérdidas de clientes.  Este control del mercado sobre la universidad privada, en la universidad pública debe ser reemplazado por el control del voto popular directo de autoridades universitarias.

2 . 9 . Los exámenes finales en mi opinión deben ser por regla, mientras sea posible, escritos y anónimos, para evitar la arbitrariedad, la corrupción, la injusticia y un agotamiento absolutamente injustificado por estrés extremo de los alumnos.  Los estudiantes se quejan -con razón- de la arbitrariedad y hasta la locura de los exámenes orales de las universidades públicas estatales, y de su injustificada dificultad para ser aprobados.  La solución es en la medida de lo posible la obligatoriedad del examen escrito y anónimo, para evitar arbitrariedades, discriminaciones, etcétera.

2 . 10 .  Medidas establecidas en la redacción que dio a la Ley de Educación Superior de Argentina el gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner, como becas, consideración de las discapacidades, etcétera:

Artículo 2º – […]  La responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación superior, implica:

a ) Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley;

b ) Proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias económicas verificables;

c ) Promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales;

d ) Establecer las medidas necesarias para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias;  […]”  (Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

2 . 11 .  Prohibición de toda norma de exclusión de estudiantes por lentitud en el estudio.  Quien menos tuvo o tiene en la vida, o aquel con circunstancias más desfavorables, o aquel con opciones de vida menos comunes, pero no por ello menos meritorias, probablemente aprobará menos exámenes por año, pero no por ello es justo privarlo de los logros alcanzados y expulsarlo de la universidad.

 

El ideal de un mundo sin pobreza puede lograrse.  Una de sus condiciones necesarias es la educación pública gratuita, incluyendo la educación universitaria.  Otras condiciones necesarias, aunque no sean suficientes, que deben sumarse para lograr un mundo sin pobreza, son las que hemos enumerado.

 

13 .  El problema de la pobreza de las naciones y la gratuidad de la universidad respecto a las prioridades del gasto público:  “Un país empobrecido no puede darse ciertos lujos”. 

 

1 .  Es falso que sobren profesionales.  Es falso que haya exceso   de “oferta” profesional.  El día   que   sobren profesionales, las personas más pobres podrán acceder a sus servicios, porque serán más baratos.  No habrá un abismo entre el ingreso de un profesional y el de un obrero.  Habrá, por ejemplo, más profesionales en el campo y menos cola de personas de pocos recursos para ser atendidas médicamente.  Faltan muchas décadas para que exista “exceso de oferta profesional”.  Ese día habrá desaparecido la oligarquía universitaria, y todo obrero tendrá una remuneración mensual no demasiado inferior a la de un profesional promedio, lo cual es lo justo.  ¿O es justo que “sobren” obreros pero no que “sobren” profesionales?.  ¿O los que alzan su voz por el exceso de profesionales tienen la misma preocupación por el exceso de obreros, que, por supuesto, es aprovechado para la reducción general de salarios y la precarización de condiciones de trabajo?.

Nadie, autoritariamente, debería cerrar a nadie las puertas de su vocación.  No hay argumentos válidos para limitar la oferta profesional.

2 .    Quien  genera  riqueza  hoy,  lo  hace  gracias   al conocimiento  que  la sociedad en su  conjunto  posee.  Por ejemplo,  el empresario se enriquece y crea trabajo a  causa de  su  trabajo  como empresario,  pero  también  debido  al conocimiento  de los ingenieros que preparan  las  máquinas, etcétera.

3 .   La ignorancia produce en muchas personas falta de trabajo, también es causa de enfermedades y en otros casos crea condiciones de delito.  La falencia de inversión pública en educación genera enormes problemas sociales.

4 .  Toda persona del siglo veintiuno tiene el derecho moral de tratar de adquirir una formación lo más alta que pueda, en cualquiera de las innumerables áreas del saber.  Eso  es gran  parte  del  mandato ancestral de “ganarse  el  pan”  y “cuidar  los  hijos, el cónyuge y el prójimo”  en  el  siglo veintiuno.

5 .  El arancelamiento universitario público favorece que hayan pocos profesionales, que presten servicios mediocres, y que cobren excesivos honorarios.  Los verdaderos   liberales quieren competencia en el mercado.  La competencia verdadera exige igualdad de oportunidades.  Los verdaderos liberales -que es raro encontrar- quieren la gratuidad de la educación universitaria pública.  Los ricos antiliberales -aunque erróneamente se los llame “liberales”- quieren el arancelamiento, porque no quieren competencia.

6 . Los mismos motivos que existen para la gratuidad de la educación primaria pública (inicial y general básica) existen para la gratuidad de la educación superior.

7 . Un país -con mayor razón si está empobrecido- “no” puede darse el “lujo” de “no” tener una universidad pública gratuita.  “Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico.  Y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen.  La ciencia no es cara, cara es la ignorancia.”  Es ya parte del sentido común, desde las revoluciones ilustradas del siglo XVIII, que “saber es poder”, que “somos la civilización del conocimiento”, que “la riqueza de las naciones es la educación de su pueblo” y que “debemos educar al soberano”.

 

14 . El problema de los recursos presupuestarios públicos escasos. 

 

Si lo recaudado mediante impuestos es poco y el presupuesto es escaso, debe reducirse el gasto en:

1 . Sistemas, según creo, obsoletos y carísimos de enseñanza universitaria, como el puramente presencial (el usual, el de los alumnos sentados en un aula anotando lo que ya está, o puede estar, escrito en un manual).

2 . Muchos profesores que en realidad no enseñan.

3 . Muchos investigadores que en realidad no investigan.

4 . Muchos cursos para-curriculares y de postgrado no prioritarios.

5 . Muchas actividades de extensión no prioritarias.

Una universidad con más alumnos no es -por esa razón- una universidad más cara para el pueblo contribuyente (“contribuyente” es el que paga impuestos).  Lo que cuesta caro no son los alumnos ni el lapso de graduación de estos.  Lo que cuesta caro a los contribuyentes es la dirigencia política (diputados, presidentes, jueces, etcétera) corrupta, mucha burocracia inútil que crece a su alrededor y el saqueo perpetrado por la oligarquía, por el gran capital, por los dueños de los países y del mundo.  Un pueblo educado no permite el robo que hacen los políticos y sus burócratas.  Lo que sale caro a los pueblos es la ignorancia.

Es contradictorio decir que “debido a que el Estado no tiene dinero para financiar la universidad, hay que arancelarla”.  Lo  real es que si el arancel es la solución,  quiere  decir que  con  los  aranceles  puede  pagarse  el  costo  de   la universidad.  Si se puede arancelar, quiere decir que hay dinero para pagar el arancel.  Si hay dinero para pagar el arancel, se pueden pagar, en lugar del arancel, impuestos destinados a educación.  Y si se pueden pagar impuestos, la universidad puede ser gratis.  La verdad es que, quien dice que se puede arancelar, debe aceptar, para no contradecirse, que la universidad puede ser gratis.  Queda por analizar el problema del llamado “arancel pequeño”, que en realidad es un “semiarancel”, y que analizaremos más abajo.

 

15 .  Distinción entre servicios educativos y para-educativos. 

 

Los servicios para-educativos son aquellos servicios que no son educativos, pero que acompañan al servicio educativo.

 

Por “educación” se entienden los siguientes servicios:

1 . Acreditación del conocimiento del estudiante (exámenes, inscripciones, libreta universitaria, diploma).

2 . Publicación del conocimiento (clases, biblioteca, escritos de cátedra).

3 . Consultas al docente.

4 . Prácticas de laboratorio y análogas.

No son propiamente servicios públicos de “educación”, a los fines de su gratuidad, en principio:

1 . Trabajo de estudio que realiza el alumno (es decir, el ingreso financiero del alumno no es parte del servicio educativo).

2 . Transporte del alumno (es decir, el subsidio al transporte del estudiante, que es muy positivo, no forma parte, no obstante, del servicio educativo propiamente dicho).

3 . Útiles del alumno.

4 . Libros y materiales escritos que compra el alumno.

5 . Certificaciones extraordinarias (certificados analíticos, etcétera).

La playa de estacionamiento de la universidad no está incluida en el servicio propiamente “educativo”.  Puede y debe ser arancelada tanto para docentes como para estudiantes.  Así también otros servicios y beneficios para-educativos o extra-educativos.  Pero el arancel por estos servicios debe ser razonable.

 

16 .   El impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual. 

 

El arancel es fijo.  Por ejemplo, el “rico” (usemos este término práctico) paga 150  dólares por  mes,  el  de  clase  media  (ni  rico  ni  pobre,  sino intermedio)  también paga 150 dólares mensuales, y el  pobre que no puede pagar nada solamente estudia si es becado (con  beca completa o parcial).  Solamente “algunos” pobres serán becados.

Es correcto que una universidad privada cubra sus costos así, porque sus costos son de aproximadamente 150 dólares por alumno.

Pero no es justo que la universidad pública adopte ese sistema.  Es equitativo que:

– el pobre que no puede pagar nada, no pague la porción  de 150 dólares que le correspondería, (que quede eximido);

– quien  solamente  puede pagar su porción,  pague  150  dólares mensuales;

– quien  puede pagar su parte y la de un pobre,  pague  300 dólares,

– quien puede pagar su parte y las de dos pobres, pague 450 dólares mensuales.

– y así sucesivamente.

Este financiamiento solamente es posibilitado por el sistema tributario (sistema de impuestos).  Ello es así porque el impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual.

Hay que aclarar que la educación superior puede costar por cada alumno y por mes, mucho menos que 150 dólares.  Eso es lo máximo (y no lo mínimo) que la educación privada puede cobrar.  La educación estatal a distancia o mixta es infinitamente más barata, en términos absolutos y relativos.

 

17 .  El impuesto puede ser general. 

 

El arancel se cobra solamente a quien estudia.  Solamente los alumnos, y no el resto de la población, pagarían aranceles.  Si la universidad pública cobrara sumas proporcionales a la riqueza individual solamente  a  quien  estudia  en  ella, al rico le convendrá ir  a la facultad privada, donde no tiene que  subsidiar  al pobre  (donde  no  tiene  que  pagarle  al  pobre).  ¿Quién financiará entonces la universidad pública?  El pobre no, porque no puede -no tiene plata-, el rico tampoco, porque se habrá ido a la facultad privada.  A la universidad pública, entonces, solamente asistirían los que pueden pagar su arancel y solamente su arancel.  La universidad pública se convertiría, de hecho, en una universidad privada más.  Y en tal caso, la igualdad de oportunidades de educación para el pobre habría desaparecido.

Debe financiar obligatoriamente el servicio tanto quien lo usa como quien no lo usa.  Supongamos que quien carece de dinero quiere estudiar y que quien tiene dinero de sobra no quiere estudiar, o ya estudió.  Hay que diseñar   una universidad donde todos estudien (o lo hayan hecho) y donde todos -por consiguiente- la financien.

 

18 . Gratuidad de la educación y seguridad social. 

 

Los padres pueden pelearse con los hijos y no financiarles la universidad o cierta carrera que a los progenitores les disgusta.  También puede ocurrir con motivo del divorcio.  En otros casos, por ejemplo, los progenitores, a cambio de un plato de comida, generan tal tormento sicofísico en el hijo, que lo obligan a independizarse económicamente de ellos.

Es falso con demasiada frecuencia que el patrimonio de los padres es el de los hijos.

“Todos” los jóvenes del mundo, en cierto sentido, son “pobres”.  Los “ricos”, si lo son, son sus “padres”.

La educación gratuita, además de una garantía en protección del pobre, es también una garantía que protege al niño y al joven de los abusos de los adultos.

El Estado liberal social establece un sistema de seguridad social.  Dos de sus ramas más importantes son el sistema de educación pública y el sistema de previsión social de la ancianidad.

Cada generación adulta (económicamente activa) subsidia a la generación joven mediante la educación gratuita y a la generación anciana mediante la jubilación y la pensión.  Cada generación adulta, a su vez, fue subsidiada cuando joven y será subsidiada cuando se convierta en anciana.  Todos los padres financian la educación de todos los hijos.  Cuando estos hijos sean adultos financiarán la ancianidad de todos los padres.

Se trata de un seguro solidario intergeneracional de ingreso y retiro respecto del mercado laboral.

 

19 .  El impuesto es seguro. 

 

A la hora del error o falta humanos, más vale equivocarse o errar en favor del pobre.  Debe establecerse la gratuidad  y perseguirse el financiamiento mediante un sistema tributario justo, que le cobre mucho al rico, nada al pobre, un poco al que tiene poco, y así sucesivamente.

Es preferible que un rico estudie sin contribuir al financiamiento educativo, por fallas del sistema tributario (porque no se le cobran impuestos), antes que un pobre quede fuera de la universidad por errores de un sistema arancelario con exenciones destinadas al pobre, y que por error no se le apliquen.

En épocas de crisis económicas, la injusticia de un arancel sería mucho mayor, porque mucha más gente que no puede pagar quedaría sin estudiar (porque mucha más gente pobre vería reducidos sus ingresos).

 

20 .  El impuesto puede ser representativo. 

 

El   organismo encargado de la recaudación (cobro)   de impuestos   es   la “Dirección   General   Impositiva”   (o Administración Federal de Ingresos Públicos, o como se llame).  Si la DGI funciona mal, debe mejorarse su funcionamiento,   y   no   crear   un   organismo   paralelo -seguramente   con los mismos vicios- que   aumente   la burocracia.  El partidario del arancel debe aceptar que termina   proponiendo una Dirección   General   Impositiva paralela dependiente de las Universidades.  Cada universidad debería crear dentro de sí misma una pequeña DGI similar a la DGI originaria y principal.  Lo cual es un absurdo aumento de la burocracia, la ineficiencia y la injusticia.

Esa “comisión administradora de la DGI paralela  dependiente de  las  universidades” representaría a  la  elite  (pequeño grupo  privilegiado)  universitaria,  no  a  la   población.  Representaría  a  los  profesores  -que  son  empleados  con intereses de empleados, como todo empleado- y a los  alumnos -que   no  representan  la  composición  de  la   sociedad-.  Evidentemente, en muchas naciones todavía pocos pobres (aunque muchos más de lo que se piensa), no obstante la gratuidad, acceden a la universidad.  En la sociedad en general predominan los pobres.  En la universidad no.  Los pobres no están representados por los alumnos de la universidad.  Tampoco por los profesores.

Una  comisión  formada por los empleados  del  sistema  -los profesores-  y predominantemente por alumnos no  pobres,  no favorecería  las medidas de equidad que hemos enumerado  más arriba.  Digámoslo así:  un sistema administrado por ricos no favorece al pobre.

El  Congreso  Nacional es quien hace -y así  debe  ser-  las leyes  tributarias  y  las leyes  de  funcionamiento  de  la Dirección General Impositiva.  Los miembros del Congreso son elegidos mediante un voto por cada ciudadano del país.  El rico tiene un solo voto para elegir diputados.  El pobre también tiene un voto para elegir diputados.  Es de esperar que se vote cada vez mejor, a pesar de que la prensa, el sistema de medios masivos de comunicación, normalmente son instrumentos comprados por el gran capital y los poderosos para engañar al electorado.  El Congreso Nacional, que es quien gobierna a la DGI que ya existe, sí representa -y puede y debe representar cada vez más- a toda la población, ricos y pobres, empleados públicos, empleados privados y trabajadores independientes.  La mejor representatividad del Congreso es un cambio que puede hacerse y debe hacerse.  La equidad gubernamental tiene un solo método básico:  “justicia tributaria”.  Hay soluciones para que la DGI combata la evasión fiscal.  Pero solamente un pueblo sano y educado puede exigirlas.

 

21 . El mal llamado “arancel pequeño”. 

 

Algunos hablan de lo que llaman “arancel pequeño” (de, por ejemplo, veinte dólares por mes y por alumno).  Este “pequeño arancel” solamente lo pagaría “el que pueda”.  En realidad no hay aranceles “pequeños” ni “grandes”.  El único “arancel” verdadero es el que cubre el “costo” individual del servicio.  Si el pago no cubre el costo es   un “semiarancel”.  Un  semiarancel  de  veinte dólares  no alcanzaría  para  pagar  el costo  de  la  universidad en su estructura vigente.  No cubriría   casi   nada.  La educación   debería   seguirse financiando (pagando, sosteniendo) mediante impuestos.  Es decir, que el semi-arancel sería inútil, inservible.  Pero el semiarancel sí provocaría algo:  causaría un obstáculo más que impediría que el pobre ingrese a la universidad.

El arancel es el gran engaño que el rico astuto le hace al “opinador”   improvisado que se cree “progresista pero realista” (“progresista” significa “liberal bastante socialista”).  El semiarancel es un engaño todavía más sutil, una segunda carta bajo la manga del rico.  El rico piensa:  “Está bien, pago la educación del pobre, mediante los impuestos.  Pero, de todos modos, voy a evitar que ingrese en la universidad, y que luego me compita a mí cuando se convierta en profesional.  Lo elimino -u obstaculizo- con el semiarancel.”  Completa su engaño diciendo:  “Eximiremos al pobre del arancel” (“semiarancel”).

Y allí vuelve a proponer una DGI paralela.  Nadie  sueñe con que será posible que funcione bien  la  DGI paralela  si  no  se logra hacer funcionar  bien  a  la  DGI originaria.  Por otro lado, esta DGI paralela sería mucho más peligrosa que la originaria, porque podría cobrarle arancel al pobre, y dejarlo fuera de la universidad.

El semiarancel quedará perpetuamente establecido.  Además, aumentará hasta convertirse en un arancel verdadero.

 

22 . El impuesto es socialmente necesario. 

 

El individuo necesita ser educado y que otros individuos sean educados.  Ello es un motivo más por el cual cada individuo, se eduque o no, debe financiar la educación -en proporción a su riqueza-, porque todos necesitamos que todos estemos   educados.  Y la educación es   una   necesidad   enormemente importante en la actual sociedad, tan complejizada y tecnologizada:  la educación ahorra dinero en medicina, en policía y en funerales.

 

23 . El impuesto es equitativo. 

 

El rico debe pagar impuestos para sostener la educación, no solamente porque él o su hijo usa o usó el servicio.  Los debe pagar porque ello es una justa distribución de la riqueza entre los seres humanos.  No importa si el rico o su hijo estudia o no.  Debe devolver a la comunidad lo que el mercado injustamente le otorgó de más.

En el mostrador o ventanilla (o enlace de internet) de la DGI, o Administración Tributaria, el rico paga su facultad, la del pobre, y la beca del pobre.  El rico quiere pagar arancel, porque le resulta más barato que el impuesto.  El rico quiere pagar en la oficina de la universidad, y no en el edificio de la DGI (Administración Tributaria).

TODO ALUMNO “PAGA” SU EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA, EQUITATIVAMENTE, CUANDO, EN EL CURSO DE TODA SU VIDA, PAGA LOS IMPUESTOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO.  EL ALUMNO “DEVUELVE” EQUITATIVAMENTE EL FINANCIAMIENTO DE SU EDUCACIÓN GRATUITA, PAGANDO LOS IMPUESTOS EN EL MOSTRADOR O VENTANILLA DE LA ADMINISTRACIÓN IMPOSITIVA DEL ESTADO, A LO LARGO DE TODA SU VIDA.

Los partidos políticos de la derecha, es decir, los partidos políticos de los ricos, siempre han promovido el arancelamiento de la universidad.  Los ricos siempre han dicho que prefieren pagarse su universidad mediante los aranceles.  Es natural que los ricos sean “arancelistas” porque así solamente pagan su estudio universitario, y no subsidian a ningún pobre.  Los ricos, y, por lo tanto, sus partidos políticos, los partidos de derecha, siempre se han opuesto a la gratuidad de la universidad, porque en caso de gratuidad absoluta, los ricos deben pagar, mediante los impuestos de un sistema tributario progresivo, no solamente su propio estudio universitario, sino además también el estudio universitario de los pobres.  El pretexto de la derecha para promover el arancelamiento de la universidad pública siempre ha sido, supuestamente, evitar que los pobres paguen mediante los impuestos la educación de los ricos.  Pero obviamente es muy sospechosa la supuesta preocupación de los ricos por la economía familiar de los pobres y por las condiciones de vida de los pobres, dado que al mismo tiempo los ricos se oponen al aumento del salario de la clase obrera y a la reducción de su jornada laboral.

Los ricos pagan campañas políticas en las elecciones para que esos futuros gobernantes, cuando sean elegidos, no les cobren impuestos.  Un político que haga  mucha  propaganda publicitaria  cara,  seguramente  va a  tener  que  devolver muchos  favores, y seguramente no al pobre, sino a  costa  del pobre.

Los ricos han montado una campaña periodística a favor del arancel.  El   debate no debe   ser   “¿La nación debe arancelar?”, a pesar de su perpetuo retorno a la prensa, sino “¿La nación debe hacer funcionar la DGI?”.  Sobre esta última pregunta no verás campañas de prensa.  Es muy sencillo hacer funcionar la DGI, la Administración Tributaria.  Estados Unidos de Norteamérica,   Reino Unido,   Alemania,   Suecia,   Francia, etcétera, ya descubrieron cómo se hace.  Solamente hay que copiarles el método.  Para ello solamente se requiere “voluntad política”.  Eso quiere decir “políticos que quieran ser decentes”.  Hay que votar mejor.  Nadie espere que un político inmoral lleve adelante una política moral.  No le pidamos peras al olmo.

Por supuesto que las actuales democracias son muy poco democráticas, pero la solución es hacer más democráticos los gobiernos, y no arancelar las universidades.

 

24 .  La gratuidad incentiva el estudio de los alumnos y el progreso intelectual.  El estudiante crónico. 

 

El alumno evalúa la relación costo-beneficio de su decisión de ser o no ser un estudiante que aprueba rápidamente los exámenes, no en función de los eventuales aranceles pagados desperdiciados o aprovechados, sino, principalmente, respecto del curso de su vida:  el respeto de su novio/a, o de su eventual novio/a, de sus parientes, amigos, etcétera, su futuro laboral, sus eventuales ingresos económicos, el riesgo del financiamiento económico actual de su vida, el desarrollo de sus intereses intelectuales, etcétera.  Los alumnos estudian más debido a que quieren salir adelante en la vida, en particular, y no por causa del eventual arancelamiento.  El que no quiere estudiar, ni paga arancel en la universidad privada, ni concurre a la universidad pública gratuita.  Los aranceles desperdiciados son un factor de escasa relevancia en las reales decisiones académicas del estudiante.

El arancel, más que fomentar el estudio, lo priva de incentivos.  A todos los sacrificios que implica el estudio, el arancel agrega un costo adicional.

Una vez más, los mal autodenominados “liberales”, intentan ingresar autoritariamente, paternalistamente, totalitariamente, en la vida íntima de las personas, hipertrofiando la presencia estatal.  Estos señores intentan condenar las conductas que no son corrientes, que no se adecuan a lo convencional.  Pero ocurre que no siempre lo corriente es lo correcto, que no siempre lo convencional es lo conveniente, y que no siempre las instituciones son perfectas (recuérdese las instituciones milenarias de la esclavitud, la tiranía, la opresión contra la mujer, etcétera).  Las instituciones de hoy tampoco son perfectas (el estado calamitoso del mundo lo demuestra).  No es saludable condenar a todo aquél que no corre ciegamente al compás de la institución.  Muchas veces, “quien mucho corre, mucho se equivoca”.  Muchas veces, el caballo que marcha más rápido, arrastra su carro lleno solamente de malas hierbas, y el caballo que avanza más lento, trae, él solo, un cargamento de oro.

El estudiante crónico no cuesta más al presupuesto público que el estudiante no crónico.  Cuando el estudiante llamado “crónico” utiliza el servicio educativo, obviamente, “cuesta”, pero en ese momento no es “crónico”, porque está aprovechando el servicio educativo, y en los lapsos en que abandona los estudios, deja de “costar”.  El estudiante que completa su carrera universitaria en diez años, o en veinticinco, no cuesta más que el que la completa en cinco años.  Porque el número total de exámenes rendidos puede ser el mismo por el estudiante crónico y por el estudiante no crónico.  El costo es, en este caso, el salario de los profesores que realizan las evaluaciones en los exámenes, y no representa un mayor costo el estudiante que rinde un examen por año, que aquel que cinco exámenes por año.

No es necesariamente algo negativo que un estudiante vaya lento.

Puede haber motivos más que justificados para que un estudiante vaya lento, como estarse sacrificando por sus hermanos, sus padres, sus abuelos, o incluso por personas que no son ni siquiera sus familiares cercanos.

El estudiante crónico, o incluso el estudiante que nunca se gradúa, igualmente aprende, se perfecciona, incorpora conocimiento, y ser una persona con mayor formación intelectual le permite aportar más al desarrollo colectivo.

 

25 .  El arancelamiento es antisolidario. 

 

Por ejemplo, si un alumno sufre la enfermedad grave de un familiar, es probable que tenga que correr de médico en médico, de hospital en hospital, de laboratorio en laboratorio, de angustia en angustia, de trabajo en trabajo.  Su rendimiento académico, obviamente, disminuirá notablemente.  El arancel hace leña del árbol caído.  El arancel es caníbal.  El arancel revictimiza a la víctima.  Hay innumerables situaciones análogas a este ejemplo de la enfermedad.  El arancel siempre cometerá injusticia.

 

26 .  El impuesto ahorra los costos de gestión de una gratuidad condicional. 

 

El sistema impositivo no tiene el costo de financiar la burocracia que controlaría y determinaría quién es merecedor de la exención del arancel, es decir, de la gratuidad del servicio.  Este costo de gestión burocrática suele ser bastante alto, y además proclive obviamente a la corrupción, al error, a la arbitrariedad, a la estigmatización del beneficiario, etcétera.

 

27 . Es justo incluir a los extranjeros. 

 

Es justo que también el estudiante extranjero tenga derecho a la gratuidad de la universidad pública.  Hay que rechazar y combatir la explotación y la opresión en el extranjero, pero no rechazar al extranjero que busca refugio, ni tampoco al que decide libremente vivir en el extranjero.

El estudiante extranjero también paga impuestos en el país en el que realiza sus estudios universitarios, al menos durante el lapso en que habita en el territorio.  Así el estudiante extranjero contribuye a la financiación del sistema.  Cada habitante del territorio, sea este habitante nacional o extranjero, durante el lapso de permanencia en el territorio, paga los impuestos de dicho territorio y al mismo tiempo tiene derecho a los servicios financiados con dichos impuestos.

El estudiante extranjero no necesariamente retornará a su país de origen después de su graduación, y tampoco el estudiante nacional necesariamente permanecerá en su país de origen después de su graduación.

El porcentaje de estudiantes extranjeros siempre es muy pequeño, incluso en países con universidad gratuita.  No es fácil irse a vivir a otro país.

Debe imperar la solidaridad internacional, porque, hay que promover el concepto moral universal de que todo ser humano es hermano de todo ser humano.  Aunque en términos aritméticos no resulte una compensación inmediata, debe predominar el principio de solidaridad internacional, incluso aunque no exista reciprocidad entre países, porque hay que promover un planeta con universidad gratuita.  Una de las mejores maneras es que estudiantes originarios de países donde no existe la universidad gratuita vuelvan a sus países a dar su testimonio de que la universidad pública y gratuita es posible.  Solidaridad es construir un mundo mejor, y lo bueno de vivir en un mundo mejor, y no parece obvio, es vivir en un mundo mejor.

En Argentina, y en la mayoría de los países, la inmensa mayoría de los habitantes somos extranjeros, o bien hijos de extranjeros, o bien nietos de extranjeros.  Hoy la minoría de la población es verdaderamente originaria del territorio, porque solamente la minoría de los habitantes pertenece a los pueblos originarios del territorio.  Resulta sumamente inmoral entonces, negar a las nuevas generaciones lo que no se nos negó a nosotros, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos.

Además, otra actitud contradiría el espíritu de la Constitución Nacional argentina, que dice: “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina”, “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos”, “Todos sus habitantes son iguales ante la ley”, “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.

El Papa Francisco recuerda que Jesús dijo: “Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui EXTRANJERO, y me RECIBIERON; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y vinieron a mí”, que Jesús, María y José tuvieron que migrar huyendo de la persecución y que Abraham y el pueblo de Israel fueron migrantes.  (Papa Francisco, Audiencia General, 26 de octubre de 2016).

Consideremos, por ejemplo, la situación de Alemania, donde la universidad es gratuita, incluso para los extranjeros.  “Lo que gana Alemania.  Ahora, con un costo promedio para el país de US$ 14.600 al año por estudiante, la pregunta es: ¿qué gana Alemania?.  Solo en Berlín, por ejemplo, hay 25.000 estudiantes extranjeros, lo que implica una factura anual de US$364,3 millones que es pagada, en última instancia, por los contribuyentes alemanes.  ‘Pero para nosotros no deja de ser atractivo cuando gente de otros países traen conocimiento y experiencias que terminan creando trabajo, como cuando esos estudiantes tienen una idea de negocio y se quedan en Berlín para realizarla’, dice el secretario para temas de ciencia de Berlín, Steffen Krach.  Y según Sebastian Fohrbeck, del DAAD, el 50% de los estudiantes extranjeros se queda viviendo en Alemania.  ‘Incluso sin cobrar matrícula, basta que un 40% se quede por cinco años y pague impuestos para que recuperemos los costos, o sea que el sistema funciona bien’, explica Fohrbeck, para quien la migración de gente calificada también es una buena solución para un país con una población con cada vez más pensionados y cada vez menos jóvenes ingresando al mundo del trabajo.  […]  ‘No vamos a empezar a cobrarle colegiatura a los estudiantes extranjeros’, asegura Krach, el secretario para asuntos de ciencia.  ‘No queremos que la posibilidad de entrar a la universidad dependa del estatus social y no queremos que el intercambio entre países dependa únicamente de temas financieros’, promete.  Y, de regreso en EE.UU., la madre de Hunter, Amy, no deja de preguntarse por qué su propio país no pudo ofrecerle a su hijo una educación de calidad a un precio que ella pudiera permitirse.  ‘Siento que mi hijo está teniendo allá una educación maravillosa, de forma completamente gratis.  Traición tal vez sea una palabra muy fuerte, pero ¿por qué no podemos hacerlo aquí?’, se pregunta.  Y Sebastian Fohrbeck, del DAAD, cree que tanto EE.UU. como otros países podrían aprender algo de la experiencia alemana.  ‘Nadie en EE.UU. se pregunta por qué la escuela secundaria es gratuita’, dice.  ‘Y nuestro éxito económico prueba que no estamos completamente equivocados (al también asegurar la gratuidad de la educación universitaria).  Si uno educa bien a su fuerza de trabajo, eso beneficia a todo el país’, concluye.”  (Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros, http://www.bbc.com, Franz Strasser, BBC, Alemania, 8 junio 2015).

 

28 . La injusticia del arancel al graduado. 

 

Los más nobles médicos, abogados, ingenieros, etcétera, nótese, los más nobles, brindan gratuitamente, incluso a pérdida, sus servicios profesionales a los más pobres y a las causas sociales más desamparadas, donde es muy difícil lograr una remuneración para ninguno de los luchadores, y en consecuencia su nivel de ingresos es muy bajo.  Lo justo es que el graduado universitario contribuya al financiamiento de la educación pública y gratuita simplemente en proporción a su nivel de ingreso, en proporción a su riqueza, del mismo modo que la generalidad de la población.  Hay que estimular esta conducta noble, desinteresada respecto del lucro, en la generalidad de los graduados, en lugar de desalentarla mediante el arancel al graduado, que es una presión hacia el lucro y el egoísmo, en lugar de hacia el servicio desinteresado y solidario al bien común y al prójimo.  Claro, esto tal vez sea difícil de comprender para quien no ha hecho personalmente el sacrificio de una vida entera que implica tal nobleza.  Una cosa es la supuesta caridad con lo que me sobra, y otra es la solidaridad que desangra una vida entera para luchar contra el poder perverso.  Se hace justicia respecto del graduado simplemente mediante el pago por el graduado de los impuestos generales de la población en proporción a la riqueza concreta personal de cada habitante.  El impuesto al graduado es un arancel diferido, y es la negación del principio de equidad de que la educación debe ser financiada por cada habitante en proporción a su riqueza personal mediante los impuestos.

Debería ser obvio que, por ejemplo, un graduado docente va a tener una riqueza mil veces menor que, por ejemplo, un futbolista famoso sin graduación y que, por lo tanto, el impuesto no debe estar en función de la graduación sino de la riqueza personal de cada habitante.

Además, por ejemplo, no existen impuestos especiales para quienes completaron la escuela primaria, o la escuela secundaria.  Tampoco deben existir para quienes completaron la educación terciaria, superior o universitaria.

 

=== FIN ===

 

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