Equidad de la gratuidad de la educación superior

Las razones de la equidad de la gratuidad de la educación superior.

 

Sumario.

 

A. Introducción.

 

1. La gratuidad de la universidad es un derecho humano establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

2.  El concepto de “gratuidad de la educación superior”.

3.  Historia política legislativa internacional.

 

B. La argumentación.

 

1. Los peligros de la universidad privada.

2. La injusticia de la “regulación de las matrículas” por parte de los “colegios” o corporaciones de profesionales.

3. El absurdo del “subsidio a la demanda”.  La educación como “bien público”, como derecho humano y como plan comunitario y colectivo.

4.  El problema de la redistribución fiscal del ingreso.  Cómo lograr “pobreza cero”.  “Regalar el pescado o enseñar a pescar”.  Capitalismo y pseudoliberalismo.  Estado de Bienestar y seguridad social integral.

5.  El problema de la igualdad de oportunidades.

6.  El problema de las medidas de equidad en el contexto social amplio.  Seguridad social universal.  La justicia social general.  La jornada laboral máxima general de seis horas.  La renta básica universal.  Autonomía universitaria para el pueblo.  La equidad del ingreso irrestricto en la educación superior.  El examen final escrito y anónimo.  Prohibición de castigo al rendimiento académico supuestamente “negativo”.

7.  El problema de la pobreza de las naciones y la gratuidad de la universidad respecto a las prioridades del gasto público:  “Un país empobrecido no puede darse ciertos lujos”.

8. El problema de los recursos presupuestarios públicos escasos.

9. Distinción entre servicios educativos y para-educativos.

10. El impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual.

11. El impuesto puede ser general.

12. Gratuidad de la educación y seguridad social.

13. El impuesto es seguro.

14. El impuesto puede ser representativo.

15. El mal llamado “arancel pequeño”.

16. El impuesto es socialmente necesario.

17. El impuesto es equitativo.

18. La gratuidad incentiva el estudio de los alumnos y el progreso intelectual.  El estudiante crónico.

19. El arancelamiento es antisolidario.

20. El impuesto ahorra los costos de gestión de una gratuidad condicional.

21. Es justo incluir a los extranjeros.

22. La injusticia del arancel al graduado.

 

A. Introducción.

 

1. La gratuidad de la universidad es un derecho humano establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

 

La ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, mediante su Asamblea General, adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Este documento dice exactamente:

LA  ENSEÑANZA  SUPERIOR DEBE  HACERSE  IGUALMENTE  ACCESIBLE A TODOS, SOBRE LA BASE DE LA CAPACIDAD DE CADA  UNO,  POR  CUANTOS MEDIOS  SEAN  APROPIADOS,  Y EN PARTICULAR, POR LA IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE  LA  ENSEÑANZA  GRATUITA.

(Artículo 13, inciso 2, punto “c”.)

 

2.  El concepto de “gratuidad de la educación superior”.

 

“Gratuidad” de la educación universitaria significa que cada habitante paga la universidad en proporción a la riqueza personal de cada habitante, mediante los impuestos generales de la población, y que los graduados también pagan el servicio universitario mediante los impuestos generales de la población, en proporción a su concreta riqueza personal, independientemente de su título universitario.

No se exige un certificado de libre deuda de impuestos a cada estudiante cada mes, porque sería redundante con el mecanismo general y ordinario de control estatal del cumplimiento impositivo, y generaría un costo burocrático duplicado.  Por legislación impositiva general, el deudor impositivo termina en remate e incluso en prisión.  Por similares motivos, tampoco exigen un certificado de libre deuda impositiva, por ejemplo, ni los bomberos, ni las escuelas primarias para niños, etcétera.  Además, deben pagar impuestos para financiar la universidad no solamente quienes se encuentran estudiando en ellas, sino también quienes ya se graduaron o egresaron.  De hecho, el mayor pago de impuestos es posterior al egreso o graduación de la universidad, por ser mayor el lapso y por ser el lapso donde normalmente la persona se convierte propietaria de inmuebles, automotores, empresas, etcétera.

En el sistema de gratuidad universitaria, la habilitación para el ejercicio profesional la realizan fundamentalmente las universidades públicas estatales nacionales, y no los colegios profesionales de abogados, de ingenieros, de médicos, etcétera, es decir, las respectivas corporaciones de profesionales u asociaciones de profesionales en ejercicio de la profesión.  No obstante, esas corporaciones profesionales, esos colegios corporativos, que suelen constituir oligarquías universitarias, para eliminar la competencia en el mercado y para frustrar la igualdad de oportunidades y de posibilidades, suelen proponer lo que llaman “regulación de la matrícula” por parte de ellas mismas, mediante un examen posterior a la graduación universitaria, examen que ejecutarían estas mismas corporaciones oligárquicas privilegiadas y oligopólicas y que sería el que, en estas propuestas, habilitaría para ejercer la profesión.

Suele acusarse a las universidades privadas de “regalar” o “vender” los títulos a sus alumnos, que también son sus clientes.  Pues en tal caso habrá que establecer que sean las universidades estatales las únicas autorizadas a otorgar títulos, sin perjuicio de la posibilidad de que las universidades privadas impartan conocimientos y preparen estudiantes para que se presenten en el examen tomado por las universidades estatales, o, al menos, mejorar el control estatal sobre la universidad privada.

 

3.  Historia política legislativa internacional.

 

La universidad es gratis en Alemania, Venezuela, México, Suecia, Finlandia, Francia, también, siguiendo el mejor ejemplo internacional, en Argentina, etcétera.

Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros.  Franz Strasser.  BBC, Alemania.  […]  Por ejemplo, hay más de 4.600 estudiantes estadounidenses matriculados en universidades alemanas, lo que refleja un aumento del 20% en los últimos tres años.  Mientras Alemania abolió el cobro de matrícula tanto para estudiantes nacionales como extranjeros, en ese mismo período el total de la deuda estudiantil en EE.UU. ascendió a US$ 1,3 billones.  […]  Esta graduada de la Universidad Estatal de Pennsylvania está estudiando una maestría en Cottbus, en el este del país, por menos de US$ 570 al mes, incluyendo alojamiento, transporte y seguro médico.  Y además recibe una beca mensual del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) de US$ 815, con lo que más que cubre sus gastos.  ‘Cuando me di cuenta que, al igual que los alemanes, yo también podía estudiar gratis, me pareció alucinante’, dice Katherine.  ‘El proceso de admisión es bastante sencillo y no cobraban colegiatura.  Fue descubrirlo y pensar: ‘increíble’’.  En comparación, durante el año académico 2014-2015 las universidades privadas en EE.UU. les cobraron en promedio a los estudiantes más de US$ 31.000 en matrícula y colegiaturas, con muchas cobrando más de US$ 50.000.  Las universidades públicas, por su parte, le piden US$ 9.000 a los residentes en sus estados, mientras que los que llegan de afuera tienen que desembolsar US$ 23.000, según el College Board, una organización sin fines de lucro.”  (Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros, http://www.bbc.com, Franz Strasser, BBC, Alemania, 8 junio 2015).

El Pacto Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y Culturales  de  la  Organización  de las Naciones Unidas se pronuncia a favor de  la  gratuidad  de  la educación  superior.

Según la interpretación seria, lo mismo hace la Constitución de la Nación Argentina de 1994.

El 22 de noviembre de 1949, el presidente de la Nación Argentina, el general Juan Domingo Perón, firmó el Decreto N° 29.337, de Supresión de Aranceles Universitarios.  Por esa razón, en 2007, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, través de la Ley 26.320, declaró el 22 de noviembre como el “Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria”.

La reforma universitaria de 1918, por lo tanto, no había incluido la gratuidad universitaria.

Como resultado de estas medidas del General Perón, la matrícula universitaria pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955.  (El fragmento olvidado.  Por Julia Rosenberg.  Historiadora.  Presidencia de la Nación, Secretaría de Políticas Universitarias.

http://portales.educacion.gov.ar/spu/noticias/64-aniversario-del-decreto-de-supresion-de-aranceles-universitarios/)

La Ley de Educación Superior de la República Argentina generó en ocasión de su sanción, en 1995, un feroz debate público, político y comunicacional, incluyendo estruendosas manifestaciones estudiantiles, “abrazos” al Congreso nacional, “tomas” de edificios universitarios por parte de los centros de estudiantes, etcétera.  Esta ley, en un artículo de problemática redacción, artículo derogado muchos años después, artículo inconstitucional, parecía autorizar el arancelamiento universitario.

Varios candidatos a la presidencia de la Nación Argentina de las últimas décadas, propusieron públicamente el arancelamiento de la universidad pública.  Varios pronunciamientos judiciales argentinos (contra el Derecho) manifestaron la misma postura.

El presidente de la Nación Argentina Néstor Kirchner, tuvo que decir públicamente en abril de 2005, que “El arancelamiento de la universidad no tiene sentido.  Tenemos que abrirles las puertas del conocimiento a los jóvenes.”  (Fuerte definición de Kirchner durante la visita a un instituto superior en su gira por Alemania:  “El arancelamiento de la universidad no tiene sentido”.  En:  Página 12, 16   de   abril de   2005.  Argentina, http://www.pagina12.com.ar).

Este problema de redacción de la Ley de Educación Superior de Argentina fue resuelto durante el gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner mediante la incorporación del siguiente artículo:

Artículo 2º bis de la Ley 24.521: Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.  Prohíbase a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.”  (Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

La prensa dio la noticia del registro parlamentario.

11/11/2015 – UNIVERSIDADES – El PRO [el partido político del Presidente Macri, que llegó al poder, en 2015, gracias a su alianza con la Unión Cívica Radical] se opuso a la ley que garantiza la gratuidad de la educación universitaria, promulgada por el Ejecutivo.  El bloque de senadores del PRO estuvo ausente durante la sesión en la que se aprobó la ley que garantiza la gratuidad de la educación universitaria, mientras que los diputados de esa fuerza se opusieron cuando la norma se trató en la Cámara baja.

La ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, cuya promulgación fue publicada hoy en el Boletín Oficial, establece la gratuidad de los estudios superiores y fija la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.

En la sesión del pasado 28 de octubre, los senadores Gabriela Michetti, Alfredo De Angeli y Diego Santilli estuvieron ausentes de la votación, que se aprobó con el voto afirmativo del 100 por ciento de los 52 legisladores presentes.

Asimismo, la norma tuvo su media sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el PRO.

Entre los legisladores de ese momento estaban Gabriela Michetti y un firme postulante a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay.

En esa sesión del 5 de junio también votó en contra Eduardo Amadeo, en ese entonces del bloque Frente Peronista y hoy en Cambiemos, que en un discurso que la diputada Adriana Puiggrós -autora del proyecto- calificó como ‘una joya del neoliberalismo’, se opuso al proyecto porque en la universidad pública ‘hay una invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada’.

La nueva normativa, mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, establece la responsabilidad ‘indelegable y principal’ del Estado respecto de la educación superior, considerándola un ‘bien público’ y un ‘derecho humano’.

Asimismo, garantiza ‘la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas’.

Uno de los puntos más destacados en la nueva ley se encuentra en el bis introducido en el artículo 2, que establece que ‘los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos’. 

El decreto 2358/2015 fue publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Educación, Alberto Sileoni; junto al texto de la nueva normativa.”

(http:// http://www.telam.com.ar/ notas/ 201511/ 126745- educacion- universitaria- gratuita- ley- pro.html)

Viernes, 30 de octubre de 2015.  El Congreso prohibió por ley el arancelamiento universitario.  Una garantía para la gratuidad.  El Senado aprobó un proyecto del FpV que modifica la Ley de Educación Superior y establece la responsabilidad ‘indelegable y principal’ del Estado para con las universidades públicas.  El macrismo había votado en contra de la iniciativa en Diputados.  El Congreso aprobó una ley que modifica en uno de sus puntos fundamentales la cuestionada Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.  Respondiendo a una vieja demanda de estudiantes y docentes, el Senado dio en la sesión del miércoles pasado la media sanción que faltaba para convertir en ley el proyecto de Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece taxativamente la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.  ‘Esta ley saca el ladrillo principal de la construcción de la ley del 95’, dijo a Página/12 la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós, autora del proyecto.  No obstante, aclaró que esta reforma no suple la necesidad de elaborar una nueva norma que reemplace íntegramente a la existente.  Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la norma establece la responsabilidad ‘indelegable y principal’ del Estado respecto de la educación superior, considerándola un ‘bien público’ y un ‘derecho humano’, términos que no aparecían en el texto anterior, en el que, según sostienen desde los 90 diversos sectores universitarios, subyacen lineamientos mercantilizadores dictados por los organismos financieros internacionales.  La ley reformada explicita que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la universidad por razones personales o de origen social y hace cargo al Estado de garantizar ese derecho.  El bis introducido en el artículo 2 establece, entre otras cosas, ‘la prohibición de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos’.  […]  Puiggrós señaló que la senadora del PRO Gabriela Michetti había avisado una semana antes que su partido votaría en contra.  Michetti se retiró de la sesión al momento de votar […].  El macrismo sí votó en contra de la iniciativa cuando fue tratada en la Cámara de Diputados, en 2013.  Los legisladores Federico Pinedo y Eduardo Amadeo (entonces en el Frente el Peronista, hoy en Cambiemos) se opusieron, este último con ‘un discurso que es una pieza maestra del neoliberalismo’, señaló Puiggrós.  Según consta en la versión taquigráfica, en aquella ocasión Amadeo dijo que en la universidad pública argentina ‘hay invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada’ y que, por tanto, ‘la universidad pública poco a poco va perdiendo su característica de integradora social’, además de ser ‘ineficiente’.  Siguiendo ese razonamiento, se preguntó: ‘¿Les vamos a seguir regalando la educación?’.  […]  Informe: Delfina Torres Cabreros, http://www.pagina12.com.ar, República Argentina.

Chequeado.com.   La verificación del discurso público.  ¿Es verdad que el PRO votó en contra de las leyes que marca la campaña de Scioli?.  Ariel Riera y Olivia Sohr.  15 noviembre, 2015.  […]  Estatización AFJP.  La modificación del sistema previsional fue otra de las leyes discutidas.  El oficialismo acompañó mayoritariamente la medida: en Diputados 115 de sus representantes votaron a favor, aunque otros cinco la rechazaron, entre ellos Felipe Solá.  En el PRO, como marca el folleto, sus nueve diputados votaron en contra.  […]  Gratuidad universitaria.  Menos de tres semanas atrás el Senado aprobó una modificación a la Ley de Educación Superior, que entre otras cosas explicita la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones universitarias estatales e impide cualquier cobro directo o indirecto.  Allí, los dos senadores del PRO (Gabriela Michetti y Diego Santilli) se retiraron del recinto, por lo que se cuentan como ausentes.  La medida ya contaba con media sanción en Diputados, en una sesión caracterizada por las ausencias al momento de la votación (108 representantes de 257) y en la que el PRO se dividió entre votos negativos y faltas.”

 

B. La argumentación.

 

1. Los peligros de la universidad privada.

 

Suele acusarse a las universidades privadas de “regalar” o “vender” los títulos a sus alumnos, que también son sus clientes.  Pues en tal caso habrá que establecer que sean las universidades estatales las únicas autorizadas a otorgar títulos, sin perjuicio de la posibilidad de que las universidades privadas impartan conocimientos y preparen estudiantes para que se presenten en el examen tomado por las universidades estatales, o, al menos, mejorar el control estatal sobre la universidad privada.

En cualquier caso, la universidad pública estatal es garantía de objetividad y justicia en la habilitación profesional, incluso condicionando con esa mayor exigencia y excelencia a la universidad privada.

 

2. La injusticia de la “regulación de las matrículas” por parte de los “colegios” o corporaciones de profesionales.

La “habilitación profesional” es la autorización estatal para el ejercicio profesional.  En Argentina la habilitación profesional siempre correspondió al reconocimiento oficial del título universitario, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional.  En virtud de la Ley de Educación Superior de Argentina, la habilitación profesional se otorga de manera colectiva, bajo determinadas condiciones, a todos los poseedores de un determinado título universitario.  En cambio, la “matriculación profesional” es la inscripción en los colegios profesionales de los profesionales de las denominadas “profesiones liberales”.  Las provincias delegan en los colegios profesionales la vigilancia del ejercicio de esas profesiones o “control del ejercicio profesional”, pero estos colegios de profesionales carecen de autoridad para conferir la habilitación profesional.

La Ley de Educación Superior de Argentina habilita al poseedor del título universitario el ejercicio de la profesión, como sucede en Francia y como sucedió en Argentina a lo largo de su historia, pero estableciendo regulaciones durante el proceso de formación universitaria de los alumnos.  Por esto se requiere la acreditación de las carreras universitarias para el reconocimiento oficial por el Estado Nacional.  Esta ley ratifica la histórica posición de Argentina de que el título universitario de grado habilita el ejercicio profesional sin necesidad de ningún examen de habilitación posterior, siguiendo la antigua tradición legislativa -iniciada por la Ley Avellaneda y continuada por las leyes posteriores- que confiere a las universidades la atribución de otorgar los títulos habilitantes, de acuerdo con la tradición latina, napoleónica, diferente a la anglosajona.

El Estado nacional ha delegado en los colegios profesionales o en las jurisdicciones provinciales -de acuerdo como sea la profesión de que se trate- el trámite de matriculación, que se cumple, en general, con el solo requisito de presentación del diploma de grado universitario.

Ley de Educación Superior Argentina, Ley Nº 24.521:  “Régimen de títulos.  Artículo 40: Corresponde EXCLUSIVAMENTE a las instituciones universitarias otorgar el TÍTULO de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado de magister y doctor […].  Artículo 41:  El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado por el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN.  Los títulos oficialmente reconocidos tendrán VALIDEZ NACIONAL.  Artículo 42: Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y HABILITARÁN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias.  […]”

No obstante, periódicamente es noticia el intento de los colegios de profesionales de arrogarse la habilitación profesional, bajo el rótulo de “regular la matrícula”.  Esta clase de propuestas oligárquicas, como la “regulación de las matrículas”, niegan la autoridad de las universidades para determinar la idoneidad profesional, lo que incluso es inconstitucional, pues la Constitución confiere la autoridad de acreditación del conocimiento profesional a las universidades, las cuales cuentan con la debida autonomía, tanto del partido político de turno en el poder, como de los intereses de las corporaciones de profesionales, u oligarquías universitarias.  Es nula o inválida la delegación de facultades de las Universidades a los colegios de profesionales, pues las universidades, al menos las estatales, tienen, o deben tener, un régimen de gobierno democrático y armónico con los principios republicanos.

Es evidente que las corporaciones de profesionales tienen la natural tendencia a evitar la competencia profesional en el mercado y que carecen de la autoridad para determinar la idoneidad profesional para el ingreso en la profesión y para acreditar los conocimientos necesarios para iniciar el ejercicio de la correspondiente rama del conocimiento.  La prueba de esta mala intención es que estos colegios de profesionales, estas oligarquías universitarias, jamás lanzan esta propuesta de “regulación de la matrícula”, sometiéndose ellos mismos al examen post-graduación universitaria, de manera anual, y tomado por las universidades nacionales estatales, y no por ellos mismos.

En cambio, una universidad, además de tener la necesaria imparcialidad e independencia, garantiza objetividad y justicia mediante la amplia pluralidad de exámenes, examinadores e instancias de evaluación.

Es una completa hipocresía de estos colegios de profesionales, generalmente de derecha política, que supuestamente abogan por la “economía de mercado”, por el “capitalismo”, por la “competencia”, por la tesis de que “la frase que hace grande a un país es ‘estás despedido’”, que en materia de mercado profesional aboguen por la limitación de la competencia en el mercado, por el oligopolio, por la represión de la oferta, por la represión de la igualdad de oportunidades y posibilidades de libre competencia.

 

3. El absurdo del “subsidio a la demanda”.  La educación como “bien público”, como derecho humano y como plan comunitario y colectivo.

 

El “subsidio a la demanda” es una propuesta siempre de moda entre los economistas de derecha, que consiste en privatizar todo servicio universitario y que supuestamente el Estado entregue subsidios a los habitantes para que paguen los aranceles de ese servicio privado.

El servicio educativo superior debe ser provisto y producido por el Estado, sin perjuicio de la iniciativa privada paralela, pues es el Estado, mediante universidades autónomas y democráticas, el que debe acreditar y certificar el conocimiento, y quien debe planificar el programa educativo nacional.  El “subsidio a la demanda” es incompatible con estos principios.  El “subsidio a la demanda” conduce en su propia ideología neoliberal, a la eliminación de la universidad pública estatal y su reemplazo por la universidad privada, que supuestamente garantizaría la igualdad de oportunidades mediante supuestos subsidios, pero que estaría dominada por el afán de lucro, y por intereses privados, y no por proyectos comunitarios de Justicia Social.

Solamente el Estado es capaz de inversiones infraestructurales que garanticen un programa comunitario de Justicia Social, pues el Estado no depende del lucro o del mercado sino, precisamente, del proyecto de sociedad colectivamente establecido.  Por ejemplo, posiblemente no resulte “negocio”, o no sea rentable, para una empresa privada proveer enseñanza de determinadas áreas de la ingeniería, o de las ciencias naturales, o de las ciencias sociales, pero ello es necesario para la sociedad, y por lo tanto es el Estado el que debe proveer el servicio universitario.

La educación solamente en algún aspecto es un “bien privado”, es decir, un servicio que puede ser provisto satisfactoriamente por el sector privado, por el mercado.  Predominantemente la educación es un “bien público”, es decir, un servicio que solamente puede ser provisto y producido por el Estado.

El “subsidio a la demanda” es incompatible con la planificación comunitaria de un programa educativo social independiente de intereses lucrativos y partidarios particulares.

 

4.  El problema de la redistribución fiscal del ingreso.  Cómo lograr “pobreza cero”.  “Regalar el pescado o enseñar a pescar”.  Capitalismo y pseudoliberalismo.  Estado de Bienestar y seguridad social integral.

 

El “ingreso” de una persona es el dinero que esa persona gana por mes o por año.  Ésa es la distribución de riqueza total del país que hace el “mercado”.  El “mercado” es el libre juego de la oferta y la demanda de bienes y servicios en la economía.  Podríamos decir que el “mercado” es lo que todos hacemos para ganarnos el pan de cada día.  Pero el “mercado” no distribuye la riqueza (o el “ingreso”) del país con total justicia.  Por ejemplo, algunos habitantes, ricos, pueden darse lujos, y otros habitantes, pobres, ni siquiera pueden alimentar su cuerpo; aunque seguramente algunos de estos pobres trabajen más que algunos de esos ricos.  Compárese, por ejemplo, el duro trabajo de un obrero en muchas circunstancias (frío, calor, exposición a tóxicos, dolor) con el trabajo de un capitalista acaudalado que heredó un gran conjunto de inversiones (fiestas con aire acondicionado, ceremonias sobre alfombras, discursos con copetín, viajes en avión).  El obrero trabaja igual o más, pero gana menos.  Y no debe tolerarse tanto sufrimiento, el hambre, la desnutrición, la enfermedad, el frío de los niños, etcétera.

No todo servicio a la comunidad es remunerado por el mercado, porque muchas obras solidarias y hasta santas y heroicas, quedan en el anonimato para la sociedad, porque muchas obras para los desposeídos, y no solo desposeídos económicamente, no son reconocidas ni remuneradas por el mercado.  Muchos tienen la suerte de que su trabajo -muchas veces no el más solidario- sea remunerado y muchos no tienen esa suerte, muchas veces los que más se sacrifican por los demás.  Es decir, el mercado tiene serias deficiencias en dar a cada uno lo suyo, en dar a cada cual lo que cada cual “se ganó”, o “merece”.  ¿Qué decir, por ejemplo, del médico que sacrifica su vida para encontrar la cura de una enfermedad, cuya investigación no es remunerada ni por el Estado ni por el mercado?.  ¿Diremos que no “se ganó” ninguna remuneración?.  ¿Qué decir del que se dedica a esclarecer una gran estafa político-económica contra el pueblo, que no recibe ningún sueldo ni del Estado ni del mercado, pero que sacrifica su vida en ese servicio a la comunidad?.  ¿Diremos que no “se ganó” ninguna remuneración?.  Hay temas que solamente los comprende quien entregó su vida por un ideal, y que difícilmente comprenderán aquellos que vieron pasar su vida entera sin meterse en problemas por luchar contra la injusticia, contra el gran crimen social, aquellos que se dedicaron solamente a acumular dinero para sí mismos, y, a lo sumo, para su familia.  La cosmética moral de dedicar, por ejemplo, una hora semanal a alguna obra de “beneficencia”, no cuenta, por supuesto, entre los ejemplos que estamos dando.  Esa maniobra típica de damas oligárquicas de beneficencia suele ser tan solamente el encubrimiento cosmético de una vida de egoísmo y explotación.  Estamos hablando de los que entregan su vida, y hasta son martirizados, luchando por la justicia, por la verdad, por los derechos de todos.  “Qué triste integridad la del pellejo que nunca se jugó por los demás”.

El ideal de un mundo sin pobreza puede lograrse.  Una de sus condiciones es la educación pública gratuita, incluyendo la educación universitaria.

Puede estimarse que un quinto de la población mundial concentra cuatro quintos del ingreso planetario.  “El 0,7% de la población mundial (34 millones) tiene el 45,2% de la riqueza global.”  (Distribución de la riqueza mundial, El País, Madrid, 13/10/15).

Las principales soluciones que la humanidad ha encontrado hasta ahora para este problema, se llaman “redistribución fiscal del ingreso” y “ley laboral”.  Estas dos soluciones las aplican, incluso, todos los grandes países liberales (o “no” comunistas) del mundo:  Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido, Francia, Suecia,   Alemania, etcétera.  Estas soluciones consisten en que el Estado (llamado también “gobierno” o “fisco”) redistribuye el ingreso y fija un salario mínimo legal obligatorio para una jornada laboral máxima.  Para redistribuir fiscalmente el ingreso, el Estado cobra impuestos a los más ricos y con ese dinero recaudado paga servicios para los más pobres (alimento para los niños en las escuelas, educación gratuita, salud gratuita, seguro de desempleo, asignación universal por hijo, subsidios a la electricidad, gas, agua y transporte consumidos por las familias, etcétera).  Esta redistribución fiscal es un “salario indirecto”.  Lo ideal, por supuesto, es que no exista la pobreza, y para que no exista la pobreza, hay que fijar salarios mínimos legales que impidan la pobreza, y garantizar mediante el “salario indirecto” de la “redistribución fiscal del ingreso” condiciones de vida que también impidan la pobreza.  “Pobreza cero” es salario justo por jornada justa, jubilación universal mediante seguridad social estatal, “salario indirecto” de garantía estatal, mediante gratuidad y subsidios, de derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a los servicios públicos, planificación económica estatal, control de precios de la canasta familiar, etcétera.

Los “liberales” son, básicamente, los que dicen que es bueno que las empresas no sean propiedad del gobierno, sino que los dueños sean los particulares (es decir, cualquier habitante individualmente o sociedades privadas) y que el gobierno les deje bastante libertad de actuación a estas empresas.

Los supuestos “liberales” suelen decir que “no hay que regalar el pescado, sino que hay que enseñar a pescar”.  Pues bien, “enseñar a pescar” es brindar a todos educación universitaria gratuita, para llegar a la “pobreza cero”.  La educación, el “enseñar a pescar”, debe ser gratuita, porque en el mundo real millones de personas no tienen los “pescados” suficientes para pagar su educación superior.  Los pseudo-liberales se oponen a la gratuidad de la educación universitaria, porque no quieren competencia en la “pesca”.  Los supuestos amantes de la “competencia”, no quieren “competencia”, sino que quieren monopolio u oligopolio del conocimiento.  Es inmoral y abominable que la nueva clase media, la moderna oligarquía universitaria, nacida gracias a la gratuidad de la educación y las políticas del “Estado de bienestar” de la seguridad social integral, iniciada en la década del 40, apoye a gobiernos de derecha, enemigos de la gratuidad de la educación superior, y de la seguridad social en general.  Para que todos puedan “pescar” “libremente”, la “playa” no debe ser privada, no debe estar monopolizada, sino que debe tener acceso público y gratuito para todos.

Para que el pobre pueda estudiar, y pueda dejar de ser pobre, debe tener acceso a la educación universitaria gratuita.  Para que haya universidad gratuita, quienes no son pobres deben financiarla mediante los impuestos que pagan, en proporción a la riqueza de cada cual.  Es decir, que quienes no son pobres, mediante los impuestos que pagan, están pagando, no solamente su propia educación universitaria, sino también la de los pobres.  Entonces establecer un arancel universitario, es absurdo, es una trampa, es un engaño, es cerrar las puertas de la universidad a la mayoría, con la falsa promesa de abrirlas mediante becas y exenciones a cargo de una peligrosísima burocracia administrativa.  Los amantes del arancel universitario son los ricos, pues pagar la educación universitaria mediante impuestos les resulta mucho más caro.  Los pseudo-liberales, que supuestamente detestan la burocracia, son amantes de esta burocracia.  Esas supuestas becas para los pobres supuestamente se financiarían mediante los impuestos de los ricos.  Entonces, en definitiva, los partidarios del arancel prometen que mediante los impuestos de los ricos se financiará la educación del pobre, quien estudiará sin pagar.  Pero la trampa está en la burocracia: habría pocas becas, y los ricos deberían pagar poco impuesto para financiar esas becas, y la mayoría de los pobres quedaría fuera de la universidad.  Es la trampa de la burocracia que defienden estos pseudo-liberales.

Incluso en una sociedad donde, felizmente, no exista la pobreza, en una sociedad de “pobreza cero”, igualmente seguirá siendo necesaria la seguridad social integral estatal, que comprende los fondos de jubilación universal, la salud universal gratuita, la educación universal gratuita, incluso universitaria, subsidios a las familias para el consumo de energía, transporte, etcétera.  Las personas mayores no son todas necesariamente pobres, pero necesitan que la comunidad les garantice la jubilación universal, pues de lo contrario sí se convertirían en pobres.  Casi ningún joven es rico, ni siquiera los hijos de ricos, pues normalmente rico es el padre, no el hijo.  Y la libertad razonable de los jóvenes requiere que tengan acceso a la educación gratuita, incluso universitaria, sin depender del consentimiento o apoyo de los padres.  En uno de los países más avanzados del mundo, Alemania, donde supuestamente se ha dado una de las mayores victorias de la historia humana contra la pobreza, la universidad es gratis, y en el Reino Unido, otra de las naciones más avanzadas, el servicio de salud es gratis para todos, del mismo modo que muchas otras naciones de máximo desarrollo.

La “redistribución fiscal del ingreso” no es regalo de ricos generosos al más pobre, sino justa devolución de bienes a sus verdaderos dueños.  Por ello, el rico que no paga impuestos, roba.  Y su robo es de los más graves y viles, porque le roba su pedazo de pan al niño hambriento.  Mercado no es igual a justo derecho de propiedad.  El mercado es un mecanismo potente de generación de riqueza, de desarrollo de las empresas, de crecimiento de la economía, etcétera.  Pero el mercado tiene importantes errores en lo que hace a la distribución de la riqueza generada.  Esas fallas las corrige el Estado mediante la redistribución del ingreso.

Con los impuestos que le paga la gente al Estado, el Estado le paga a los maestros de escuelas públicas, a los policías, a los médicos de los hospitales públicos, etcétera.

Quien no tiene nada de dinero no debe pagar nada de impuesto.  Quien tiene un poco de dinero debe pagar un poco de impuesto.  Quien tiene mucho dinero debe pagar mucho impuesto.  Es un sistema similar al “diezmo” de   las iglesias.  Cada miembro de la iglesia contribuye al sostenimiento de ella con la décima parte de sus ingresos.  Esto no se considera un “regalo” sino una “devolución”.  Y “no devolver” es “robar”.

Este sistema impositivo es equitativo.  Sería injusto (o inequitativo) que todos los habitantes pagaran la misma cantidad absoluta de dinero de impuesto.  Básicamente, el sistema tributario es proporcional:  impuesto inmobiliario, al automotor, a las ganancias, etcétera.  Estos impuestos son un porcentaje del valor del automotor, de la vivienda, de las ganancias, etcétera.

 

5.  El problema de la igualdad de oportunidades.

 

Uno de los principales objetivos de la redistribución del ingreso es lograr la igualdad de oportunidades.

Debe lograrse que quien trabaje más y mejor, gane más dinero; pero también debe lograrse que todos puedan estudiar en las mejores condiciones razonablemente posibles.  No es justo que el pobre gane poco toda su vida porque nunca tuvo oportunidad de estudiar.  Mediante la redistribución del ingreso se paga la educación gratuita (con los impuestos).  La educación gratuita permite igualdad de oportunidades de acceso a la educación y a trabajos mejores.  Lo ideal es que no exista la pobreza.  Es decir, lo ideal es que no existan personas pobres.  Y una de las principales herramientas para que no existan personas pobres es la educación gratuita, incluso la universitaria.  En cualquier etapa de su vida la persona tiene derecho a la educación, incluso universitaria.  Incluso si la persona ya tiene hijos, con las obligaciones financieras que eso implica.  Por ejemplo, según la Ley argentina, el salario mínimo mensual para la jornada legal completa de trabajo es a partir del 1° de enero de 2017, de PESOS OCHO MIL SESENTA ($ 8.060), que equivalen aproximadamente a 525 US$ (dólares de Estados Unidos de América).  Por ejemplo, una de las universidades privadas más tradicionales de Argentina, la Universidad Católica Argentina, tiene un arancel mensual en 2017 para la carrera de Medicina, de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 13.240), que equivalen aproximadamente a 862 US$ (dólares de Estados Unidos de América).  Es decir, el salario mínimo legal, aunque se destinara completamente al arancel universitario, no es suficiente para pagarlo, ni mucho menos.  Además, no se podría pagar, obviamente, ni vivienda, ni alimentación, ni vestimenta, ni servicios públicos, ni transporte, etcétera.  Obviamente, existen aranceles menores en Argentina, incluso para Medicina, pero este ejemplo es plenamente relevante.  Muchas universidades son inaccesibles para el obrero, no solamente por sus aranceles, sino por sus horarios de clases obligatorias, de prácticas obligatorias de laboratorio, etcétera, que se superponen con la jornada laboral.  No siempre existe, por ejemplo, el turno noche, ni el sistema de enseñanza no presencial, es decir mediante Internet.

NO  ES “SUFICIENTE” (AUNQUE ES “NECESARIA”) LA GRATUIDAD  DE LA  ENSEÑANZA  PARA  IGUALAR  LAS  OPORTUNIDADES  ENTRE  LOS ESTUDIANTES  DE DISTINTOS NIVELES DE INGRESO.  HAY DOS  VÍAS QUE   DEBEN  SUMARSE  PARA  EL  LOGRO  DE  LA  IGUALDAD   DE OPORTUNIDADES:

1. LA GRATUIDAD (COMO MEDIDA MÍNIMA O BÁSICA)

2. DIVERSAS MEDIDAS DE EQUIDAD.

 

6.  El problema de las medidas de equidad en el contexto social amplio.  Seguridad social universal.  La justicia social general.  La jornada laboral máxima general de seis horas.  La renta básica universal.  Autonomía universitaria para el pueblo.  La equidad del ingreso irrestricto en la educación superior.  El examen final escrito y anónimo.  Prohibición de castigo al rendimiento académico supuestamente “negativo”.

 

Estas diversas medidas de “equidad” que se suman a la gratuidad están incluidas, junto con la gratuidad, en la efectiva protección integral de los derechos humanos de los niños, los adolescentes y los adultos.  Especialmente se trata de las que mencionaré enseguida.  Cuando pasemos revista a estas medidas, sobre todo los habitantes de Iberoamérica, Asia o África, podremos pensar que se trata de la “Isla de la Fantasía” o del “País de Nunca Jamás”.  Pero, por ejemplo, Suecia, es un país que históricamente se ha acercado mucho a esto.  Estas políticas se aplican efectivamente en algunos países del mundo (no en todos, evidentemente).  Algunas se aplican solamente en algunas universidades del mundo.  Otras quizá no se han aplicado nunca, y son, entonces, todavía solamente una propuesta para construir una mayor equidad.  La mayoría de las propuestas de equidad están indicadas en las convenciones internacionales sobre derechos humanos y en las constituciones nacionales.

Aquí estoy argumentando sobre qué medidas educativas son (o serían) equitativas.  Es parte de mi argumentación “moral”.

A continuación, entonces, enumeraré las principales medidas de equidad.  Por supuesto, propongo, establecer todas estas medidas simultáneamente, y de ningún modo postergar la gratuidad hasta tanto se haya logrado la equidad absoluta en la sociedad.  Debe establecerse la gratuidad absoluta de la universidad pública de inmediato en los países donde todavía no existe, y, al mismo tiempo, también de inmediato, avanzar en las medidas de equidad necesarias para complementar a la gratuidad.

 

2.1.  Un  sistema  de salud pública física y  psíquica  y  de nutrición  neurológica completa accesible a todos los  niños (incluso  los más pobres) desde su concepción, y a su  madre desde antes de la concepción, dando aplicación a la doctrina de las Naciones Unidas de la protección integral de los derechos humanos de los niños y de los adolescentes, consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño, de Nueva York, 1989.

2.2. Un régimen serio de seguridad social universal, especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde su concepción hasta la conclusión del período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y la lactancia, que reemplace la tradicional, horrorosa y paupérrima “guarda del patronato del Estado sobre los menores en situación irregular”.  Idealmente, debería establecerse en particular la “renta básica universal”, propuesta por Philippe Van Parijs, autor del libro “Real Freedom for All”.  En castellano, existe, por ejemplo, “Las condiciones materiales de la libertad”, de Daniel Raventós.  La Ley del Congreso, o su incorporación constitucional como derecho humano, puede ser de un artículo único:  “Artículo 1.  Derecho a la Renta Básica.  Se establece el derecho de todo persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas.  La Renta Básica se constituye como derecho individual, universal e incondicional.”

(http://ilprentabasica.org/texto-de-la-ilp/)

Al menos debería establecerse una provisión menor de subsistencia de emergencia, es decir, una renta universal inferior al planteo anterior.

2.3.    La    situación   ideal   que    debería    lograrse progresivamente,  es  un  sistema  económico  y  social  que permita que los estudiantes de menores recursos no  trabajen o  trabajen  poco mientras cursan los niveles  de  educación (superior e inferiores).  Hay que insistir en que idealmente, debería establecerse en particular la “renta básica universal”.  El estudio serio es un duro trabajo.  Este   sistema debe incluir   ciertas   becas, préstamos, y justicia social general en la sociedad.  La jornada laboral general máxima justa es de 6 horas diarias, 30 horas semanales y diez meses y medio anuales.  El estudiante universitario debe poder trabajar incluso menos, como máximo unas cuatro horas cada día en condiciones dignas, y así financiar sus necesidades básicas, y estudiar el resto del día laborable.  El Estado debería posibilitar esto.

2.4. Enseñanza efectiva para todos de técnicas de estudio, aprendizaje y pensamiento, durante los doce años previos al nivel superior, con la misma intensidad horaria y jerarquía que Matemática o Lengua.

2.5. En todos los niveles de educación preuniversitarios, brindar un servicio educativo de efectiva calidad didáctica y científica, de modo que todos -ricos y pobres- lleguen igualmente formados al nivel superior.

2.6.  INGRESO IRRESTRICTO EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.  Así lo establece la Ley de Educación Superior de Argentina de acuerdo con la modificación incorporada por el gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner: “Artículo 7º – Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior.  Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador.”  (Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

Es de una brutalidad inconcebible determinar el futuro de una persona con “un” examen, el “examen de ingreso”, que se rinde “un” día, en “un” instante de la vida de una persona, para privar a esa persona de la oportunidad de realizar la carrera universitaria que desea.  Haber aprobado el nivel de educación preuniversitario, aprobación compuesta de muchísimos exámenes, en muchísimas oportunidades, o bien aprobar el examen para los mayores de 25 años, en la primera oportunidad o en oportunidades subsiguientes, es la única selección admisible para el ingreso en la universidad.  Otra clase de selección o exclusión es irracional e inmoral.  También es inmoral e irracional determinar el ingreso en la universidad en función del promedio de calificaciones de la educación preuniversitaria, pues precisamente los más pobres, desamparados y vulnerados en sus derechos, probablemente hayan logrado un menor nivel de calificaciones.  Este tipo de exclusiones privan de la oportunidad de la educación superior precisamente a quienes más lo merecen, porque son los que mayor injusticia social sufrieron en su niñez y en su adolescencia.

Además, la sociedad se privaría de tantos genios que no sobresalieron nunca por estudiar para aprobar y obtener buenas calificaciones, sino que estudiaron siempre para aprender, para investigar y para expandir la frontera del conocimiento humano.

Toda exclusión en el ingreso en la universidad es injusta, incluso la edad, por ejemplo, la usual edad de injusta exclusión en el ingreso laboral, los 40 años de edad.  De hecho, una persona de más de 40 años de edad, injustamente excluida del ingreso laboral, tiene todavía más necesidad de ingresar en la universidad gratuita.

2.7. ENTIENDO QUE UN COMPONENTE CENTRAL DE LA “EQUIDAD” ES UN RAZONABLE DISEÑO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA, ORIENTADO A LO QUE SE DENOMINA “EDUCACIÓN ABIERTA” (QUE INCLUYE A LA EDUCACIÓN A DISTANCIA).  Lamentablemente, la universidad estatal suele tener horarios incompatibles con los horarios de trabajo de los estudiantes, por lo cual un pequeño porcentaje de los estudiantes puede asistir normalmente a las clases.  Esto se soluciona con la educación abierta y a distancia, aprovechando las modernas tecnologías, en particular internet.

2.8. Una universidad más equitativa debe ser verdaderamente autónoma del gobierno de turno, pero considero que el gobierno universitario autónomo no debe ser elegido por los profesores empleados de las universidades, y ni siquiera por los privilegiados que logran permanecer estudiando en estas, sino por todo el Pueblo de la Nación, para que participen de la elección todos los excluidos por las políticas elitistas de un gobierno universitario autónomo, pero elitista.  El carácter anti-obrero que en la práctica tiene la universidad pública estatal, por horarios incompatibles con el trabajo del estudiante, métodos de enseñanza solamente aptos para privilegiados, etcétera, se corrige mediante la democratización de la universidad pública estatal, mediante la elección de autoridades universitarias por el voto popular directo.  La universidad privada, debido al control del mercado, suele tener tiene métodos y condiciones de enseñanza mucho más democráticos, razonables y justos que la universidad pública, pues las injusticias acarrean pérdidas de clientes.  Este control del mercado sobre la universidad privada, en la universidad pública debe ser reemplazado por el control del voto popular directo de autoridades universitarias.

2.9. Los exámenes finales en mi opinión deben ser por regla, mientras sea posible, escritos y anónimos, para evitar la arbitrariedad, la corrupción, la injusticia y un agotamiento absolutamente injustificado por estrés extremo de los alumnos.  Los estudiantes se quejan -con razón- de la arbitrariedad y hasta la locura de los exámenes orales de las universidades públicas estatales, y de su injustificada dificultad para ser aprobados.  La solución es en la medida de lo posible la obligatoriedad del examen escrito y anónimo, para evitar arbitrariedades, discriminaciones, etcétera.

2.10.  Medidas establecidas en la redacción que dio a la Ley de Educación Superior de Argentina el gobierno de la Presidenta Cristina de Kirchner, como becas, consideración de las discapacidades, etcétera:

“Artículo 2º – […]  La responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación superior, implica:

a) Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley;

b) Proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias económicas verificables;

c) Promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales;

d) Establecer las medidas necesarias para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias;  […]”  (Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)

2.11.  Prohibición de toda norma de exclusión de estudiantes por lentitud en el estudio.  Quien menos tuvo o tiene en la vida, o aquel con circunstancias más desfavorables, o aquel con opciones de vida menos comunes, pero no por ello menos meritorias, probablemente aprobará menos exámenes por año, pero no por ello es justo privarlo de los logros alcanzados y expulsarlo de la universidad.

 

El ideal de un mundo sin pobreza puede lograrse.  Una de sus condiciones necesarias es la educación pública gratuita, incluyendo la educación universitaria.  Otras condiciones necesarias, aunque no sean suficientes, que deben sumarse para lograr un mundo sin pobreza, son las que hemos enumerado.

 

7.  El problema de la pobreza de las naciones y la gratuidad de la universidad respecto a las prioridades del gasto público:  “Un país empobrecido no puede darse ciertos lujos”.

 

1.  Es falso que sobren profesionales.  Es falso que haya exceso   de “oferta” profesional.  El día   que   sobren profesionales, las personas más pobres podrán acceder a sus servicios, porque serán más baratos.  No habrá un abismo entre el ingreso de un profesional y el de un obrero.  Habrá, por ejemplo, más profesionales en el campo y menos cola de personas de pocos recursos para ser atendidas médicamente.  Faltan muchas décadas para que exista “exceso de oferta profesional”.  Ese día habrá desaparecido la oligarquía universitaria, y todo obrero tendrá una remuneración mensual no demasiado inferior a la de un profesional promedio, lo cual es lo justo.  ¿O es justo que “sobren” obreros pero no que “sobren” profesionales?.  ¿O los que alzan su voz por el exceso de profesionales tienen la misma preocupación por el exceso de obreros, que, por supuesto, es aprovechado para la reducción general de salarios y la precarización de condiciones de trabajo?.

Nadie, autoritariamente, debería cerrar a nadie las puertas de su vocación.  No hay argumentos válidos para limitar la oferta profesional.

2.    Quien  genera  riqueza  hoy,  lo  hace  gracias   al conocimiento  que  la sociedad en su  conjunto  posee.  Por ejemplo,  el empresario se enriquece y crea trabajo a  causa de  su  trabajo  como empresario,  pero  también  debido  al conocimiento  de los ingenieros que preparan  las  máquinas, etcétera.

3.   La ignorancia produce en muchas personas falta de trabajo, también es causa de enfermedades y en otros casos crea condiciones de delito.  La falencia de inversión pública en educación genera enormes problemas sociales.

4.  Toda persona del siglo veintiuno tiene el derecho moral de tratar de adquirir una formación lo más alta que pueda, en cualquiera de las innumerables áreas del saber.  Eso  es gran  parte  del  mandato ancestral de “ganarse  el  pan”  y “cuidar  los  hijos, el cónyuge y el prójimo”  en  el  siglo veintiuno.

5.  El arancelamiento universitario público favorece que hayan pocos profesionales, que presten servicios mediocres, y que cobren excesivos honorarios.  Los verdaderos   liberales quieren competencia en el mercado.  La competencia verdadera exige igualdad de oportunidades.  Los verdaderos liberales -que es raro encontrar- quieren la gratuidad de la educación universitaria pública.  Los ricos antiliberales -aunque erróneamente se los llame “liberales”- quieren el arancelamiento, porque no quieren competencia.

6. Los mismos motivos que existen para la gratuidad de la educación primaria pública (inicial y general básica) existen para la gratuidad de la educación superior.

7. Un país -con mayor razón si está empobrecido- “no” puede darse el “lujo” de “no” tener una universidad pública gratuita.  “Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico.  Y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen.  La ciencia no es cara, cara es la ignorancia.”  Es ya parte del sentido común, desde las revoluciones ilustradas del siglo XVIII, que “saber es poder”, que “somos la civilización del conocimiento”, que “la riqueza de las naciones es la educación de su pueblo” y que “debemos educar al soberano”.

 

8. El problema de los recursos presupuestarios públicos escasos.

 

Si lo recaudado mediante impuestos es poco y el  presupuesto es escaso, debe reducirse el gasto en:

1. Sistemas, según creo, obsoletos y carísimos de enseñanza universitaria, como el puramente presencial (el usual, el de los alumnos sentados en un aula anotando lo que ya está, o puede estar, escrito en un manual).

2. Muchos profesores que en realidad no enseñan.

3. Muchos investigadores que en realidad no investigan.

4. Muchos cursos para-curriculares y de postgrado no prioritarios.

5. Muchas actividades de extensión no prioritarias.

Una universidad con más alumnos no es -por esa razón- una universidad más   cara para el pueblo contribuyente (“contribuyente” es el que paga impuestos).  Lo que cuesta caro no son los alumnos ni el lapso de graduación de estos.  Lo que cuesta caro a los contribuyentes es la dirigencia política (diputados, presidentes, jueces, etcétera) corrupta y toda la burocracia inútil que crece a su alrededor.  Un pueblo educado no permite el robo que hacen los políticos y sus burócratas.  Lo que sale caro a los pueblos es la ignorancia.

Es contradictorio decir que “debido a que el Estado no tiene dinero para financiar la universidad, hay que arancelarla”.  Lo  real es que si el arancel es la solución,  quiere  decir que  con  los  aranceles  puede  pagarse  el  costo  de   la universidad.  Si se puede arancelar, quiere decir que hay dinero para pagar el arancel.  Si hay dinero para pagar el arancel, se pueden pagar, en lugar del arancel, impuestos destinados a educación.  Y si se pueden pagar impuestos, la universidad puede ser gratis.  La verdad es que, quien dice que se puede arancelar, debe aceptar, para no contradecirse, que la universidad puede ser gratis.  Queda por analizar el problema del llamado “arancel pequeño”, que en realidad es un “semiarancel”, y que analizaremos más abajo.

 

9.  Distinción entre servicios educativos y para-educativos.

 

Los servicios para-educativos son aquellos servicios que no son educativos, pero que acompañan al servicio educativo.

 

Por “educación” se entienden los siguientes servicios:

1. Acreditación del conocimiento del estudiante (exámenes, inscripciones, libreta universitaria, diploma).

2. Publicación del conocimiento (clases, biblioteca, escritos de cátedra).

3. Consultas al docente.

4. Prácticas de laboratorio y análogas.

No son propiamente servicios públicos de “educación”, a los fines de su gratuidad, en principio:

1. Trabajo de estudio que realiza el alumno (es decir, el ingreso financiero del alumno no es parte del servicio educativo).

2. Transporte del alumno (es decir, el subsidio al transporte del estudiante, que es muy positivo, no forma parte, no obstante, del servicio educativo propiamente dicho).

3. Útiles del alumno.

4. Libros y materiales escritos que compra el alumno.

5. Certificaciones extraordinarias (certificados analíticos, etcétera).

La playa de estacionamiento de la universidad no está incluida en el servicio propiamente “educativo”.  Puede y debe ser arancelada tanto para docentes como para estudiantes.  Así también otros servicios y beneficios para-educativos o extra-educativos.  Pero el arancel por estos servicios debe ser razonable y no exceder los valores de mercado.

 

10.   El impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual.

 

El arancel es fijo.  Por ejemplo, el “rico” (usemos este término práctico) paga 150  dólares por  mes,  el  de  clase  media  (ni  rico  ni  pobre,  sino intermedio)  también paga 150 dólares mensuales, y el  pobre que no puede pagar nada solamente estudia si es becado (con  beca completa o parcial).  Solamente “algunos” pobres serán becados.

Es correcto que una universidad privada cubra sus costos así, porque sus costos son de aproximadamente 150 dólares por alumno.

Pero no es justo que la universidad pública adopte ese sistema.  Es equitativo que:

– el pobre que no puede pagar nada, no pague la porción  de 150 dólares que le correspondería, (que quede eximido);

– quien  solamente  puede pagar su porción,  pague  150  dólares mensuales;

– quien  puede pagar su parte y la de un pobre,  pague  300 dólares,

– quien puede pagar su parte y las de dos pobres, pague 450 dólares mensuales.

– y así sucesivamente.

Este financiamiento solamente es posibilitado por el sistema tributario (sistema de impuestos).  Ello es así porque el impuesto puede ser proporcional a la riqueza individual.

Hay que aclarar que la educación superior puede costar por cada alumno y por mes, mucho menos que 150 dólares.  Eso es lo máximo (y no lo mínimo) que la educación privada puede cobrar.  La educación estatal a distancia o mixta es infinitamente más barata, en términos absolutos y relativos.

 

11.  El impuesto puede ser general.

 

El arancel se cobra solamente a quien estudia.  Solamente los alumnos, y no el resto de la población, pagarían aranceles.  Si la universidad pública cobrara sumas proporcionales a la riqueza individual solamente  a  quien  estudia  en  ella, al rico le convendrá ir  a la facultad privada, donde no tiene que  subsidiar  al pobre  (donde  no  tiene  que  pagarle  al  pobre).  ¿Quién financiará entonces la universidad pública?  El pobre no, porque no puede -no tiene plata-, el rico tampoco, porque se habrá ido a la facultad privada.  A la universidad pública, entonces, solamente asistirían los que pueden pagar su arancel y solamente su arancel.  La universidad pública se convertiría, de hecho, en una universidad privada más.  Y en tal caso, la igualdad de oportunidades de educación para el pobre habría desaparecido.

Debe financiar obligatoriamente el servicio tanto quien lo usa como quien no lo usa.  Supongamos que quien carece de dinero quiere estudiar y que quien tiene dinero de sobra no quiere estudiar, o ya estudió.  Hay que diseñar   una universidad donde todos estudien (o lo hayan hecho) y donde todos -por consiguiente- la financien.

 

12. Gratuidad de la educación y seguridad social.

 

Los padres pueden pelearse con los hijos y no financiarles la universidad o cierta carrera que a los progenitores les disgusta.  También puede ocurrir con motivo del divorcio.  En otros casos, por ejemplo, los progenitores, a cambio de un plato de comida, generan tal tormento sicofísico en el hijo, que lo obligan a independizarse económicamente de ellos.

Es falso con demasiada frecuencia que el patrimonio de los padres es el de los hijos.

“Todos” los jóvenes del mundo, en cierto sentido, son “pobres”.  Los “ricos”, si lo son, son sus “padres”.

La educación gratuita, además de una garantía en protección del pobre, es también una garantía que protege al niño y al joven de los abusos de los adultos.

El Estado liberal social establece un sistema de seguridad social.  Dos de sus ramas más importantes son el sistema de educación pública y el sistema de previsión social de la ancianidad.

Cada generación adulta (económicamente activa) subsidia a la generación joven mediante la educación gratuita y a la generación anciana mediante la jubilación y la pensión.  Cada generación adulta, a su vez, fue subsidiada cuando joven y será subsidiada cuando se convierta en anciana.  Todos los padres financian la educación de todos los hijos.  Cuando estos hijos sean adultos financiarán la ancianidad de todos los padres.

Se trata de un seguro solidario intergeneracional de ingreso y retiro respecto del mercado laboral.

 

13.  El impuesto es seguro.

 

A la hora del error o falta humanos, más vale equivocarse o errar en favor del pobre.  Debe establecerse la gratuidad  y perseguirse el financiamiento mediante un sistema tributario justo, que le cobre mucho al rico, nada al pobre, un poco al que tiene poco, y así sucesivamente.

Es preferible que un rico estudie sin contribuir al financiamiento educativo, por fallas del sistema tributario (porque no se le cobran impuestos), antes que un pobre quede fuera de la universidad por errores de un sistema arancelario con exenciones destinadas al pobre, y que por error no se le apliquen.

En épocas de crisis económicas, la injusticia de un arancel sería mucho mayor, porque mucha más gente que no puede pagar quedaría sin estudiar (porque mucha más gente pobre vería reducidos sus ingresos).

 

14.  El impuesto puede ser representativo.

 

El   organismo encargado de la recaudación (cobro)   de impuestos   es   la “Dirección   General   Impositiva”   (o Administración Federal de Ingresos Públicos, o como se llame).  Si la DGI funciona mal, debe mejorarse su funcionamiento,   y   no   crear   un   organismo   paralelo -seguramente   con los mismos vicios- que   aumente   la burocracia.  El partidario del arancel debe aceptar que termina   proponiendo una Dirección   General   Impositiva paralela dependiente de las Universidades.  Cada universidad debería crear dentro de sí misma una pequeña DGI similar a la DGI originaria y principal.  Lo cual es un absurdo aumento de la burocracia, la ineficiencia y la injusticia.

Esa “comisión administradora de la DGI paralela  dependiente de  las  universidades” representaría a  la  elite  (pequeño grupo  privilegiado)  universitaria,  no  a  la   población.  Representaría  a  los  profesores  -que  son  empleados  con intereses de empleados, como todo empleado- y a los  alumnos -que   no  representan  la  composición  de  la   sociedad-.  Evidentemente, en muchas naciones todavía pocos pobres (aunque muchos más de lo que se piensa), no obstante la gratuidad, acceden a la universidad.  En la sociedad en general predominan los pobres.  En la universidad no.  Los pobres no están representados por los alumnos de la universidad.  Tampoco por los profesores.

Una  comisión  formada por los empleados  del  sistema  -los profesores-  y predominantemente por alumnos no  pobres,  no favorecería  las medidas de equidad que hemos enumerado  más arriba.  Digámoslo así:  un sistema administrado por ricos no favorece al pobre.

El  Congreso  Nacional es quien hace -y así  debe  ser-  las leyes  tributarias  y  las leyes  de  funcionamiento  de  la Dirección General Impositiva.  Los miembros del Congreso son elegidos mediante un voto por cada ciudadano del país.  El rico tiene un solo voto para elegir diputados.  El pobre también tiene un voto para elegir diputados.  Es de esperar que se vote cada vez mejor, a pesar de que la prensa, el sistema de medios masivos de comunicación, normalmente son instrumentos comprados por el gran capital y los poderosos para engañar al electorado.  El Congreso Nacional, que es quien gobierna a la DGI que ya existe, sí representa -y puede y debe representar cada vez más- a toda la población, ricos y pobres, empleados públicos, empleados privados y trabajadores independientes.  La mejor representatividad del Congreso es un cambio que puede hacerse y debe hacerse.  La equidad gubernamental tiene un solo método básico:  “justicia tributaria”.  Hay soluciones para que la DGI combata la evasión fiscal.  Pero solamente un pueblo sano y educado puede exigirlas.

 

15. El mal llamado “arancel pequeño”.

 

Algunos hablan de lo que llaman “arancel pequeño” (de, por ejemplo, veinte dólares por mes y por alumno).  Este “pequeño arancel” solamente lo pagaría “el que pueda”.  En realidad no hay aranceles “pequeños” ni “grandes”.  El único “arancel” verdadero es el que cubre el “costo” individual del servicio.  Si el pago no cubre el costo es   un “semiarancel”.  Un  semiarancel  de  veinte dólares  no alcanzaría  para  pagar  el costo  de  la  universidad en su estructura vigente.  No cubriría   casi   nada.  La educación   debería   seguirse financiando (pagando, sosteniendo) mediante impuestos.  Es decir, que el semiarancel sería inútil, inservible.  Pero el semiarancel sí provocaría algo:  causaría un obstáculo más que impediría que el pobre ingrese a la universidad.

El arancel es el gran engaño que el rico astuto le hace al “opinador”   improvisado que se cree “progresista pero realista” (“progresista” significa “liberal bastante socialista”).  El semiarancel es un engaño todavía más sutil, una segunda carta bajo la manga del rico.  El rico piensa:  “Está bien, pago la educación del pobre, mediante los impuestos.  Pero, de todos modos, voy a evitar que ingrese en la universidad, y que luego me compita a mí cuando se convierta en profesional.  Lo elimino -u obstaculizo- con el semiarancel.”  Completa su engaño diciendo:  “Eximiremos al pobre del arancel” (“semiarancel”).

Y allí vuelve a proponer una DGI paralela.  Nadie  sueñe con que será posible que funcione bien  la  DGI paralela  si  no  se logra hacer funcionar  bien  a  la  DGI originaria.  Por otro lado, esta DGI paralela sería mucho más peligrosa que la originaria, porque podría cobrarle arancel al pobre, y dejarlo fuera de la universidad.

El semiarancel quedará perpetuamente establecido.  Además, aumentará hasta convertirse en un arancel verdadero.

 

16. El impuesto es socialmente necesario.

 

El individuo necesita ser educado y que otros individuos sean educados.  Ello es un motivo más por el cual cada individuo, se eduque o no, debe financiar la educación -en proporción a su riqueza-, porque todos necesitamos que todos estemos   educados.  Y la educación es   una   necesidad   enormemente importante en la actual sociedad, tan complejizada y tecnologizada:  la educación ahorra dinero en medicina, en policía y en funerales.

 

17. El impuesto es equitativo.

 

El rico debe pagar impuestos para sostener la educación, no solamente porque él o su hijo usa o usó el servicio.  Los debe pagar porque ello es una justa distribución de la riqueza entre los seres humanos.  No importa si el rico o su hijo estudia o no.  Debe devolver a la comunidad lo que el mercado injustamente le otorgó de más.

En el mostrador o ventanilla (o enlace de internet) de la DGI, o Administración Tributaria, el rico paga su facultad, la del pobre, y la beca del pobre.  El rico quiere pagar arancel, porque le resulta más barato que el impuesto.  El rico quiere pagar en la oficina de la universidad, y no en el edificio de la DGI (Administración Tributaria).

TODO ALUMNO “PAGA” SU EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA, EQUITATIVAMENTE, CUANDO, EN EL CURSO DE TODA SU VIDA, PAGA LOS IMPUESTOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO.  EL ALUMNO “DEVUELVE” EQUITATIVAMENTE EL FINANCIAMIENTO DE SU EDUCACIÓN GRATUITA, PAGANDO LOS IMPUESTOS EN EL MOSTRADOR O VENTANILLA DE LA ADMINISTRACIÓN IMPOSITIVA DEL ESTADO, A LO LARGO DE TODA SU VIDA.

Los partidos políticos de la derecha, es decir, los partidos políticos de los ricos, siempre han promovido el arancelamiento de la universidad.  Los ricos siempre han dicho que prefieren pagarse su universidad mediante los aranceles.  Es natural que los ricos sean “arancelistas” porque así solamente pagan su estudio universitario, y no subsidian a ningún pobre.  Los ricos, y, por lo tanto, sus partidos políticos, los partidos de derecha, siempre se han opuesto a la gratuidad de la universidad, porque en caso de gratuidad absoluta, los ricos deben pagar, mediante los impuestos de un sistema tributario progresivo, no solamente su propio estudio universitario, sino además también el estudio universitario de los pobres.  El pretexto de la derecha para promover el arancelamiento de la universidad pública siempre ha sido, supuestamente, evitar que los pobres paguen mediante los impuestos la educación de los ricos.  Pero obviamente es muy sospechosa la supuesta preocupación de los ricos por la economía familiar de los pobres y por las condiciones de vida de los pobres, dado que al mismo tiempo los ricos se oponen al aumento del salario de la clase obrera y a la reducción de su jornada laboral.

Los ricos pagan campañas políticas en las elecciones para que esos futuros gobernantes, cuando sean elegidos, no les cobren impuestos.  Un político que haga  mucha  propaganda publicitaria  cara,  seguramente  va a  tener  que  devolver muchos  favores, y seguramente no al pobre, sino a  costa  del pobre.

Los ricos han montado una campaña periodística a favor del arancel.  El   debate no debe   ser   “¿La nación debe arancelar?”, a pesar de su perpetuo retorno a la prensa, sino “¿La nación debe hacer funcionar la DGI?”.  Sobre esta última pregunta no verás campañas de prensa.  Es muy sencillo hacer funcionar la DGI, la Administración Tributaria.  Estados Unidos de Norteamérica,   Reino Unido,   Alemania,   Suecia,   Francia, etcétera, ya descubrieron cómo se hace.  Solamente hay que copiarles el método.  Para ello solamente se requiere “voluntad política”.  Eso quiere decir “políticos que quieran ser decentes”.  Hay que votar mejor.  Nadie espere que un político inmoral lleve adelante una política moral.  No le pidamos peras al olmo.

Por supuesto que las actuales democracias son muy poco democráticas, pero la solución es hacer más democráticos los gobiernos, y no arancelar las universidades.

 

18.  La gratuidad incentiva el estudio de los alumnos y el progreso intelectual.  El estudiante crónico.

 

El alumno evalúa la relación costo-beneficio de su decisión de ser o no ser un estudiante que aprueba rápidamente los exámenes, no en función de los eventuales aranceles pagados desperdiciados o aprovechados, sino, principalmente, respecto del curso de su vida:  el respeto de su novio/a, o de su eventual novio/a, de sus parientes, amigos, etcétera, su futuro laboral, sus eventuales ingresos económicos, el riesgo del financiamiento económico actual de su vida, el desarrollo de sus intereses intelectuales, etcétera.  Los alumnos estudian más debido a que quieren salir adelante en la vida, en particular, y no por causa del eventual arancelamiento.  El que no quiere estudiar, ni paga arancel en la universidad privada, ni concurre a la universidad pública gratuita.  Los aranceles desperdiciados son un factor de escasa relevancia en las reales decisiones académicas del estudiante.

El arancel, más que fomentar el estudio, lo priva de incentivos.  A todos los sacrificios que implica el estudio, el arancel agrega un costo adicional.

Una vez más, los mal autodenominados “liberales”, intentan ingresar autoritariamente, paternalistamente, totalitariamente, en la vida íntima de las personas, hipertrofiando la presencia estatal.  Estos señores intentan condenar las conductas que no son corrientes, que no se adecuan a lo convencional.  Pero ocurre que no siempre lo corriente es lo correcto, que no siempre lo convencional es lo conveniente, y que no siempre las instituciones son perfectas (recuérdese las instituciones milenarias de la esclavitud, la tiranía, la opresión contra la mujer, etcétera).  Las instituciones de hoy tampoco son perfectas (el estado calamitoso del mundo lo demuestra).  No es saludable condenar a todo aquél que no corre ciegamente al compás de la institución.  Muchas veces, “quien mucho corre, mucho se equivoca”.  Muchas veces, el caballo que marcha más rápido, arrastra su carro lleno solamente de malas hierbas, y el caballo que avanza más lento, trae, él solo, un cargamento de oro.

El estudiante crónico no cuesta más al presupuesto público que el estudiante no crónico.  Cuando el estudiante llamado “crónico” utiliza el servicio educativo, obviamente, “cuesta”, pero en ese momento no es “crónico”, porque está aprovechando el servicio educativo, y en los lapsos en que abandona los estudios, deja de “costar”.  El estudiante que completa su carrera universitaria en diez años, o en veinticinco, no cuesta más que el que la completa en cinco años.  Porque el número total de exámenes rendidos puede ser el mismo por el estudiante crónico y por el estudiante no crónico.  El costo es, en este caso, el salario de los profesores que realizan las evaluaciones en los exámenes, y no representa un mayor costo el estudiante que rinde un examen por año, que aquel que cinco exámenes por año.

No es necesariamente algo negativo que un estudiante vaya lento.

Puede haber motivos más que justificados para que un estudiante vaya lento, como estarse sacrificando por sus hermanos, sus padres, sus abuelos, o incluso por personas que no son ni siquiera sus familiares cercanos.

 

19.  El arancelamiento es antisolidario.

 

Por ejemplo, si un alumno sufre la enfermedad grave de un familiar, es probable que tenga que correr de médico en médico, de hospital en hospital, de laboratorio en laboratorio, de angustia en angustia, de trabajo en trabajo.  Su rendimiento académico, obviamente, disminuirá notablemente.  El arancel hace leña del árbol caído.  El arancel es caníbal.  El arancel revictimiza a la víctima.  Hay innumerables situaciones análogas a este ejemplo de la enfermedad.  El arancel siempre cometerá injusticia.

 

20.  El impuesto ahorra los costos de gestión de una gratuidad condicional.

 

El sistema impositivo no tiene el costo de financiar la burocracia que controlaría y determinaría quién es merecedor de la exención del arancel, es decir, de la gratuidad del servicio.  Este costo de gestión burocrática suele ser bastante alto, y además proclive obviamente a la corrupción, al error, a la arbitrariedad, a la estigmatización del beneficiario, etcétera.

 

21. Es justo incluir a los extranjeros.

 

Es justo que también el estudiante extranjero tenga derecho a la gratuidad de la universidad pública.  Hay que rechazar y combatir la explotación y la opresión en el extranjero, pero no rechazar al extranjero que busca refugio, ni tampoco al que decide libremente vivir en el extranjero.  El estudiante extranjero también paga impuestos en el país en el que realiza sus estudios universitarios, al menos durante el lapso en que habita en el territorio.  Así el estudiante extranjero contribuye de cierta manera a la financiación del sistema.  El estudiante extranjero no necesariamente retornará a su país de origen después de su graduación, y tampoco el estudiante nacional necesariamente permanecerá en su país de origen después de su graduación.  El porcentaje de estudiantes extranjeros siempre es muy pequeño, incluso en países con universidad gratuita.  No es nada fácil irse a vivir a otro país.  Nada fácil.  Y debe imperar la solidaridad internacional, porque, hay que promover el concepto moral universal de que todo ser humano es hermano de todo ser humano.  Cada habitante del territorio, sea este habitante nacional o extranjero, durante el lapso de permanencia en el territorio, paga los impuestos de dicho territorio y al mismo tiempo tiene derecho a los servicios financiados con dichos impuestos.  Si alguna injusticia es detectada en materia de extranjeros en la universidad pública gratuita, la solución de ninguna manera es el arancel, sino, de ser necesaria y razonable, la regulación impositiva.  Aunque en términos aritméticos no resulte una compensación inmediata, debe predominar el principio de solidaridad internacional, incluso aunque no exista reciprocidad entre países, porque hay que promover un planeta con universidad gratuita.  Una de las mejores maneras es que estudiantes originarios de países donde no existe la universidad gratuita vuelvan a sus países a dar su testimonio de que la universidad pública y gratuita es posible.

En Argentina, y en la mayoría de los países, la inmensa mayoría de los habitantes somos extranjeros, o bien hijos de extranjeros, o bien nietos de extranjeros.  Hoy la minoría de la población es verdaderamente originaria del territorio, porque solamente la minoría de los habitantes pertenece a los pueblos originarios del territorio.  Resulta sumamente inmoral entonces, negar a las nuevas generaciones lo que no se nos negó a nosotros, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos.  Además, otra actitud contradiría el espíritu de la Constitución Nacional argentina, que dice: “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina”, “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos”, “Todos sus habitantes son iguales ante la ley”, “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.

El Papa Francisco recuerda que Jesús dijo: “Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui EXTRANJERO, y me RECIBIERON; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y vinieron a mí”, que Jesús, María y José tuvieron que migrar huyendo de la persecución y que Abraham y el pueblo de Israel fueron migrantes.  (Papa Francisco, Audiencia General, 26 de octubre de 2016).

Consideremos, por ejemplo, la situación de Alemania, donde la universidad es gratuita, incluso para los extranjeros.  “Lo que gana Alemania.  Ahora, con un costo promedio para el país de US$ 14.600 al año por estudiante, la pregunta es: ¿qué gana Alemania?.  Solo en Berlín, por ejemplo, hay 25.000 estudiantes extranjeros, lo que implica una factura anual de US$364,3 millones que es pagada, en última instancia, por los contribuyentes alemanes.  ‘Pero para nosotros no deja de ser atractivo cuando gente de otros países traen conocimiento y experiencias que terminan creando trabajo, como cuando esos estudiantes tienen una idea de negocio y se quedan en Berlín para realizarla’, dice el secretario para temas de ciencia de Berlín, Steffen Krach.  Y según Sebastian Fohrbeck, del DAAD, el 50% de los estudiantes extranjeros se queda viviendo en Alemania.  ‘Incluso sin cobrar matrícula, basta que un 40% se quede por cinco años y pague impuestos para que recuperemos los costos, o sea que el sistema funciona bien’, explica Fohrbeck, para quien la migración de gente calificada también es una buena solución para un país con una población con cada vez más pensionados y cada vez menos jóvenes ingresando al mundo del trabajo.  […]  ‘No vamos a empezar a cobrarle colegiatura a los estudiantes extranjeros’, asegura Krach, el secretario para asuntos de ciencia.  ‘No queremos que la posibilidad de entrar a la universidad dependa del estatus social y no queremos que el intercambio entre países dependa únicamente de temas financieros’, promete.  Y, de regreso en EE.UU., la madre de Hunter, Amy, no deja de preguntarse por qué su propio país no pudo ofrecerle a su hijo una educación de calidad a un precio que ella pudiera permitirse.  ‘Siento que mi hijo está teniendo allá una educación maravillosa, de forma completamente gratis.  Traición tal vez sea una palabra muy fuerte, pero ¿por qué no podemos hacerlo aquí?’, se pregunta.  Y Sebastian Fohrbeck, del DAAD, cree que tanto EE.UU. como otros países podrían aprender algo de la experiencia alemana.  ‘Nadie en EE.UU. se pregunta por qué la escuela secundaria es gratuita’, dice.  ‘Y nuestro éxito económico prueba que no estamos completamente equivocados (al también asegurar la gratuidad de la educación universitaria).  Si uno educa bien a su fuerza de trabajo, eso beneficia a todo el país’, concluye.”  (Buenas y gratuitas: las razones por las que las universidades de Alemania atraen a cada vez más estudiantes extranjeros, http://www.bbc.com, Franz Strasser, BBC, Alemania, 8 junio 2015).

 

22. La injusticia del arancel al graduado.

 

Los más nobles médicos, abogados, ingenieros, etcétera, nótese, los más nobles, brindan gratuitamente, incluso a pérdida, sus servicios profesionales a los más pobres y a las causas sociales más desamparadas, donde es muy difícil lograr una remuneración para ninguno de los luchadores, y en consecuencia su nivel de ingresos es muy bajo.  Lo justo es que el graduado universitario contribuya al financiamiento de la educación pública y gratuita simplemente en proporción a su nivel de ingreso, en proporción a su riqueza, del mismo modo que la generalidad de la población.  Hay que estimular esta conducta noble, desinteresada respecto del lucro, en la generalidad de los graduados, en lugar de desalentarla mediante el arancel al graduado, que es una presión hacia el lucro y el egoísmo, en lugar de hacia el servicio desinteresado y solidario al bien común y al prójimo.  Claro, esto tal vez sea difícil de comprender para quien no ha hecho personalmente el sacrificio de una vida entera que implica tal nobleza.  Una cosa es la supuesta caridad con lo que me sobra, y otra es la solidaridad que desangra una vida entera para luchar contra el poder perverso.  Se hace justicia respecto del graduado simplemente mediante el pago por el graduado de los impuestos generales de la población en proporción a la riqueza concreta personal de cada habitante.  El impuesto al graduado es un arancel diferido, y es la negación del principio de equidad de que la educación debe ser financiada por cada habitante en proporción a su riqueza personal mediante los impuestos.

Debería ser obvio que, por ejemplo, un graduado docente va a tener una riqueza mil veces menor que, por ejemplo, un futbolista famoso sin graduación y que, por lo tanto, el impuesto no debe estar en función de la graduación sino de la riqueza personal de cada habitante.

Además, por ejemplo, no existen impuestos especiales para quienes completaron la escuela primaria, o la escuela secundaria.  Tampoco deben existir para quienes completaron la educación terciaria, superior o universitaria.

 

=== FIN ===

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